El Poder Ejecutivo de General Roca y los gremios ATM, UPCN, SOYEN y ATE llegaron a un nuevo acuerdo salarial. Se trata de un incremento del 32% para los próximos tres meses.

Según informaron desde el Municipio, los trabajadores municipales percibirán un 11% de aumento en el básico de los sueldo del mes de mayo; mismo porcentaje con los salarios de junio; y un incremento del 10% con los haberes de julio.

Todos estos incrementos tienen carácter acumulativo.

La paritaria se dio en medio de una denuncia del gremio ATM, quien hizo público los salarios de las categorías más bajas de los trabajadores municipales. Incluso hubo mucha tensión en las últimas horas en las puertas del Municipio.

Luego de un extenso plenario federal con más de 1000 delegados de todo el país, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió por unanimidad realizar una nueva Jornada Nacional de Lucha este jueves (16/05) con movilización a la sede central de Techint, esgrimiendo que es donde realmente se toman las decisiones de Gobierno, y anunció que marcharán al Congreso el día que se trate la Ley Bases en el Senado.

«Llegó la hora de movilizarnos a la sede en la que realmente funciona el Gobierno. Las principales decisiones ya no se toman en Balcarce 50. Tenemos que poner en evidencia a quienes realmente gobiernan. Estamos frente a cuatro o cinco grupos empresarios que con sus fortunas tomaron por asalto el Poder Ejecutivo. El presidente, su hermana y una gran parte de quienes los rodean se han convertido en figuras decorativas», disparó Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

Tras la votación unánime en favor de la medida de fuerza, se resolvió concentrar el jueves (16/05) a las 12 en la Secretaría de Trabajo (Av. Leandro N. Alem 650, CABA) y movilizar desde allí a la sede de Techint con dirección en Bouchard 557. Además, cada una de las provincias y municipios definirán su propia modalidad de protesta.

Frente a los principales reclamos que ATE mantiene, entre los cuales se destacan los despidos masivos, el congelamiento de salarios y el intento de privatización de empresas públicas, el dirigente evaluó que «en esas empresas están los que redactaron el DNU y escribieron la Ley Bases, sustancias letales que intentan suministrarnos como sociedad. Despiden trabajadores, siguen desmantelando el Estado y destruyendo salarios y jubilaciones. En el sector público, la pérdida de salario real desde que asumió el presidente Milei alcanza el 26%».

«Paolo Rocca no sólo designó a la máxima autoridad de Trabajo en la Argentina para asegurarse una reforma laboral absolutamente regresiva en materia de derechos y que genere el aumento de la explotación de los trabajadores y maximizar sus ganancias, sino que también aportó a varios funcionarios al resto del Gabinete nacional. Estamos ante un hecho inédito en el que distintos grupos económicos no se presentaron a las elecciones pero están ejerciendo el Gobierno», agregó el secretario general de ATE.

En esta línea, Aguiar completó «que el Gobierno no venga a hacer propaganda con la baja de la inflación y la teoría económica de la V, porque los trabajadores y jubilados ya cayeron y no van a rebotar».

«En un plenario federal, con más de 1000 dirigentes de toda la Argentina y por el voto unánime, hemos decidido profundizar nuestro plan de lucha para demandar una inmediata recomposición salarial, la reincorporación de todos los trabajadores despedidos y que se frene el cierre de organismo y las privatizaciones de empresas públicas», concluyó el referente estatal.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) adherirá al paro general lanzado por las centrales obreras para este jueves 9 de mayo y amplió la convocatoria a las tres esferas del Estado: nacionales, provinciales y municipales.

«En la Administración Pública, salvo las guardias mínimas en servicios esenciales, nadie va a concurrir a sus puestos de trabajo. Hay un creciente malestar social, estamos ingresando en una depresión económica que golpea absolutamente a todos los sectores sociales», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. Durante la medida de fuerza, sólo se garantizarán guardias mínimas en los hospitales, centros asistenciales de adultos mayores, adolescentes y niños, y en servicios esenciales para hacer frente a emergencias.

El dirigente evaluó que «en la gente hay una oposición mayoritaria a todas las medidas que impulsa el Gobierno nacional» y detalló que «la reforma laboral que se propone en la Ley Bases configura un retroceso a la última Dictadura Militar. Fue en gobiernos de facto donde se creó un fondo de cese laboral y se puso en disponibilidad a todos los trabajadores».

«Este paro tiene varios destinatarios. No sólo las demandas son para el presidente Milei, sino también para los gobernadores y los senadores que tendrán que tratar la Ley Bases, y para los cuatro o cinco grupos empresarios que en este momento son socios del Ejecutivo nacional», apuntó el secretario general de ATE Nacional.

«Tenemos que pensar para el día que se fije el tratamiento de la ley en el Senado, declarar un paro activo en todo el país. En el caso de ATE, después del 9 de mayo vamos a convocar inmediatamente a nuestras instancias orgánicas para definir nuevas medidas de fuerza y darle continuidad al plan de acción dentro del Estado», concluyó Rodolfo Aguiar.

La medida de fuerza alcanzará a las administraciones públicas de las 23 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los más de 2.200 municipios de todo el país, los cuales en su gran mayoría son los sectores más postergados en materia salarial.

ATE impulsa el llamado a una huelga general desde hace meses a través de las instancias orgánicas de la CTA Autónoma, central obrera que integra el sindicato estatal, entendiendo que «las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei no solo perjudican al sector público, sino a toda la población en general».

En este marco, el sindicato reclamará por «reincorporación inmediata de todas las y los cesanteados y detención de los despidos, regularización de todos los vínculos contractuales y pase a planta permanente de todas las y los trabajadores, aumento salarial y en las jubilaciones que supere la inflación, rechazo a la restitución del Impuesto a las Ganancias, cese de las políticas de ajuste, miseria y hambre, rechazo a cualquier privatización de empresas públicas, defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todas las y los
trabajadores jubilados, anulación del Protocolo anti-movilizaciones, cese de las políticas de amedrentamiento hacia las y los trabajadores estatales, no a la restitución del Impuesto a las Ganancias, anulación del DNU 70/23 y rechazo a la Ley Bases».