Judiciales
Lo sancionaron con 20 días de arresto por mandar una nota sin seguir la vía jerárquica
Un efectivo policial envió un reclamo a la Jefatura, en vez de a su unidad. Un fallo judicial consideró inválida la sanción tomada por el entonces jefe de Policía.
Un policía fue sancionado con 20 días de arresto porque en el marco de un reclamo por un expediente disciplinario, hizo un pedido de pronto despacho “sin seguir la vía jerárquica correspondiente”. Envió la nota a la Jefatura en vez de a su unidad. Un fallo judicial consideró inválida la sanción tomada por el entonces Jefe de Policía.
El efectivo de seguridad relató que la Jefatura de Policía de Río Negro le instruyó oportunamente un sumario administrativo. En ese marco solicitó un recurso de reconsideración que no fue tratado y entonces presentó por mesa de entradas de la Jefatura una nota solicitando pronto despacho. Luego de ese reclamo se lo sancionó con veinte días de arresto policial. Entonces, presentó un reclamo judicial para que se declare nula esta sanción.
“Respetar la cadena de mandos”
El apoderado de la Provincia contestó en el expediente que el agente “incurrió en la comisión de la falta disciplinaria grave” en virtud “de haber cursado nota de pronto despacho al Jefe de la Policía de Río Negro, sin seguir la vía jerárquica conforme reglamentación en vigencia». Expresó que el pronto despacho debió haberse presentado ante la unidad donde presta servicios el actor y no ante la Jefatura de Policía.
Señaló que “en el caso no se configura una situación de ilegalidad ni tampoco de irrazonabilidad en la actuación de la fuerza policial”. Al respecto, afirma que “la conducta del actor cuadra en el tipo disciplinario descripto y por tanto la falta aparece cometida, por lo que la actividad sancionatoria no hizo otra cosa que ajustarse a la legislación y reglamentación vigente en la materia”.
Agregó, según consta en el fallo que “el orden disciplinario exhibe gran importancia en las fuerzas policiales, tanto por el respeto a sus superiores como así también por la aceptación de las normas, las leyes y los preceptos creados para brindar un mejor servicio”. En ese orden de ideas, destacó “que el régimen disciplinario puesto en duda en esta acción justamente se orienta a obtener un orden básico en la fuerza policial, teniendo en cuenta que la subordinación según el grado del agente a su superior jerárquico obedece a la necesidad de respetar la cadena de mandos, con el propósito de efectivizar el servicio en procura del bien común de la sociedad toda”.
“El ejercicio de un derecho procesal”
El fallo de la Cámara aclara inicialmente que “es un principio que la revisión judicial de la actividad disciplinaria de la Administración debe encararse con criterio restrictivo, porque, más allá de los aspectos reglados que hacen al ejercicio de dicha potestad, siempre subyace un trasfondo de discrecionalidad que se vincula con el objetivo de lograr la mayor eficacia o la mejor prestación del servicio público”.
Agrega: “ello con mayor razón debe ser así cuando se trata del control de esa actividad desplegada en el ámbito de una fuerza de seguridad, porque el régimen policial se encuentra estructurado de un modo verticalista a partir de normas que regulan las relaciones de su personal sobre la base de la subordinación jerárquica y la disciplina”.
Sin embargo, argumenta que “de ningún modo puede entenderse que se comprometa la subordinación jerárquica por el hecho de que un subalterno presente el pedido de «pronto despacho» a que se refiere la Ley de Procedimiento Administrativo en las condiciones y ante la autoridad que ella dispone. Muy lejos de constituir un acto de indisciplina, tal proceder denota el ejercicio de un derecho procesal, tal como se halla legalmente establecido”.
La sentencia recordó “la máxima según la cual el ejercicio regular de un derecho no puede constituir como ilícito ningún acto (art. 10 del actual Código Civil y Comercial de la Nación)”. De esa manera, consideró que la resolución de arresto era inválida por falta de causal.
Judiciales
La Justicia ratificó la prisión preventiva para la banda acusada de 12 violentos robos en la región
Tras el fallo, continúan vigentes las calificaciones y medidas cautelares dictadas luego de los allanamientos simultáneos del 13 de noviembre, que derivaron en la detención de los 5 acusados.
El juez de juicio no hizo lugar este martes (09/12) a los agravios presentados por las defensas particulares de los 5 imputados señalados por la Fiscalía como integrantes de una asociación ilícita que habría perpetrado 12 hechos delictivos en el Alto Valle. Con esta decisión, se mantienen en pie tanto la acusación fiscal como la calificación legal y las prisiones preventivas solicitadas oportunamente por el Ministerio Público Fiscal.
La formulación de cargos había tenido lugar el pasado 13 de noviembre, tras una serie de allanamientos simultáneos realizados por la Policía de Río Negro en General Roca y Cipolletti. En aquella audiencia, el juez de Garantías dispuso la prisión preventiva por 4 meses para todos los imputados.
Según la acusación, el grupo actuaba bajo un modus operandi reiterado y minucioso: realizaban tareas previas de vigilancia sobre objetivos seleccionados, utilizaban uno o dos vehículos sustraídos para trasladarse y irrumpían violentamente por accesos traseros, trepando paredones y techos. En el interior, reducían a las víctimas con armas de fuego, las ataban con alambres o precintos y exigían dólares y la ubicación de cajas fuertes.
También se llevaban elementos de valor como oro, dispositivos electrónicos -aunque no teléfonos celulares- y los DVR de cámaras de seguridad, para borrar registros de su ingreso.
Los 12 hechos imputados ocurrieron entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, 11 en General Roca y uno en Allen.
Además de la acusación por integrar una asociación ilícita, a los imputados se les atribuyen distintos delitos según su presunta participación en cada caso: robo simple y agravado por ser cometido en poblado y en banda, en algunos episodios agravado por escalamiento, y privación ilegítima de la libertad con violencia. Algunos enfrentan también cargos por robo y hurto de vehículos.
Durante la audiencia, la Fiscalía reiteró que «estas 5 personas se dedicaban a trabajar de esto: hay una selectividad de objetivos, un análisis prolijo de las víctimas y una estrategia definida para concretar los hechos».
La fiscal jefa agregó que la conducta «supera la mera actuación plural circunstancial» y que los hechos «han conmocionado a la sociedad», sin descartar que puedan surgir nuevas evidencias o involucrados.
Con el rechazo de los agravios, la situación procesal de los 5 acusados continúa sin modificaciones y se mantienen las medidas cautelares establecidas por el juez de Garantías.
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Un adolescente, una mamá y dos papás: Un fallo de Roca admite la triple filiación
El joven solicitó al Poder Judicial constituir una triple filiación, es decir, mantener un vínculo jurídico con su padre biológico y su padre de crianza, junto a su madre.
Un adolescente vive desde los 4 años con su mamá y el esposo de ella. Desde entonces, comparte la vida cotidiana en familia y mantiene un vínculo muy fuerte con el hombre. Esa figura paterna lo acompaña en todos sus proyectos de vida, le brinda amor y contención.
Comparten intereses como el dibujo y la actividad física. Pero un hecho fortaleció aún más ese lazo: la pareja adoptó a un niño y la familia creció con la llegada de un hermanito. El adolescente sintió que era momento de cambiar su apellido, pero finalmente solicitó la adopción por integración.
Su padre biológico, con quien mantiene una relación más esporádica, comprendió el profundo deseo de su hijo y no se opuso al cambio de apellido. En relación con la adopción, expresó que desea seguir siendo el padre del chico y que este continúe contando con él, aunque sea como «papá suplente».
El adolescente solicitó al Poder Judicial constituir una triple filiación, es decir, mantener un vínculo jurídico con su padre biológico y su padre de crianza, junto a su madre.
El fuero de Familia de Roca aceptó el requerimiento del joven y declaró la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 558 del Código Civil y Comercial, el cual establece que ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales.
La aplicación literal del artículo «colocaría al adolescente en posición de elegir entre sus dos figuras paternas, cuando los tres adultos involucrados desean permanecer en su vida, acompañando su crecimiento y desarrollo, todos ellos desde un rol de afecto, cariño, amor y contención, como lo han hecho toda la vida», argumentó la jueza.
El fallo otorgó la adopción integrativa plena del adolescente, manteniendo a su vez el vínculo jurídico con el padre biológico. También autorizó la modificación del nombre del joven, respetando así su derecho a la identidad y su voluntad.
La sentencia analiza que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha receptado la noción de familias en plural, ya que sostiene que la Convención Americana de Derechos Humanos no impone un concepto cerrado de familia ni protege un único modelo tradicional.
«De este modo, se brinda un estándar de protección amplio que busca garantizar un derecho filial que responda a la identidad de las personas que integran el grupo familiar. En ese contexto, la noción de socioafectividad resulta clave para comprender el proceso de desbiologización de los vínculos filiales».
El fallo recuerda también que la adopción por integración siempre mantiene el vínculo filiatorio y todos sus efectos entre el adoptado y su progenitor de origen. Ese efecto dependerá de si el adoptado posee un doble o un simple vínculo filial. En el caso del adolescente del Alto Valle, tiene doble vínculo filial, y su intención -al igual que la de los adultos involucrados- fue sumar un vínculo más.
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Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
