Judiciales
Primer juicio por jurados en Roca: Doble veredicto unánime por la muerte de Nahiara
Al padrastro se lo declaró culpable por el delito de femicidio mientras que a la madre de la víctima de 3 años se la acusó por abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo.
Luego de tres horas de deliberación, el jurado popular declaró a Carlos Erbin culpable del delito de femicidio por el cual había sido llevado a juicio por la muerte de una niña de 3 años, ocurrida en abril de 2020 en un campo cercano a Los Menucos. Con respecto a la imputada Valeria Miranda, madre de la niña víctima, el jurado decidió declararla culpable del delito de abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo.
La siguiente etapa del juicio, en la que ya no actuará un jurado popular sino solo el juez técnico Gastón Martín, es la discusión sobre la pena que corresponderá aplicar a ambos. La Oficina Judicial de Roca fijará a la brevedad una audiencia específica con ese fin.
Las 12 personas que integraron el jurado popular en el juicio que se llevó adelante en Roca ingresaron a deliberar este viernes (27/08) a las 15.10 horas, después de haber escuchado desde la mañana los alegatos de clausura de las partes y las instrucciones para la deliberación que les brindó el juez que dirige el proceso.
El jurado debía pronunciar su veredicto sobre la culpablidad o no culpabilidad de cada una de las personas imputadas de manera independiente, pues el hombre y la mujer llegaron a juicio acusados por diferentes delitos en torno a los mismos hechos que provocaron la muerte de la niña.
En los alegatos finales, la Fiscalía -representada por Santiago Márquez Gauna, Andrés Nelli y Georgina Amaro- y la querella -a cargo de los abogados Marcelo Hertzriken Velasco y Joaquín Hertzriken Catena- había acusado al hombre como autor del delito de femicidio. En cuanto a la mujer, habían pedido al jurado que la declare culpable del delito de “abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo”.
Por su parte, el defensor público Eduardo Luis Carrera, quien representa a la mujer imputada, había pedido al jurado un veredicto de absolución. El defensor particular Carlos Vila, en representación del hombre imputado, había solicitado que se declare a Erbin inocente. Sin embargo, como segunda opción, entre las instrucciones acordadas por la partes se brindó al jurado la alternativa de declararlo autor de un delito menor, como lo es el homicidio simple, sin la agravante de la violencia de género.
El veredicto unánime del jurado se conoció este viernes a las 18.20.
El primer juicio por jurados de la Segunda Circunscripción Judicial -que fue el tercero en la historia de la provincia- comenzó el pasado lunes 23 con los alegatos de apertura de las partes acusadoras y las defensas. Desde ese día y hasta el jueves, el jurado pudo ver y escuchar a más de 30 testigos y peritos que fueron interrogados por todas las partes. También tuvieron acceso a la evidencia material colectada en la investigación y a los informes forenses. Esta primera etapa del juicio finalizó hoy, con los alegatos de clausura, la deliberación y el veredicto. El próximo paso del proceso es el juicio de cesura.
Al finalizar la audiencia, el juez Martín agradeció el trascendental aporte que brindaron los ciudadanos y ciudadanas del jurado al servicio de justicia de Río Negro.
Pedido de medida cautelar
El hombre imputado llegó a juicio cumpliendo prisión preventiva, la cual se mantiene tras el veredicto del jurado. En tanto que la mujer imputada llegó a esta etapa del proceso en libertad.
Una vez conocido el veredicto, ya sin la presencia del jurado en la sala, la Fiscalía solicitó al juez de la causa que se le imponga a Valeria Miranda la medida cautelar de prisión preventiva.
La parte querellante se opuso al pedido, al igual que el defensor oficial que representa a la imputada.
Tras analizar los argumentos de cada parte, el juez denegó el pedido de detención y explicó que la prisión preventiva es de aplicación restrictiva y “sólo puede aplicarse cuando se acredita sin lugar a dudas un riesgo procesal como el de fuga”, circunstancia que no consideró probada en el caso. En definitiva, resolvió que la mujer deberá conservar el domicilio donde reside en la actualidad y que el planteo de prisión preventiva podrá volver a analizarse en la audiencia de cesura, a realizarse en los próximos días.
Judiciales
Juicio por la muerte de Valentín Mercado: Fuertes acusaciones contra el anestesista
Los fiscales aseguraron que Mauricio Atencio Krausse se distrajo, salió de la sala y no monitoreó al paciente. El defensor negó negligencia y atribuyó el episodio a un coágulo. La sentencia se leerá el 3 de diciembre.
Luego de escuchar a 14 testigos durante tres días de debate, el Ministerio Público Fiscal y la querella solicitaron que el juez unipersonal declare penalmente responsable al anestesiólogo Mauricio Atencio Krausse, imputado por el delito de homicidio culposo por la muerte de Valentín Mercado Toledo. En contrapartida, la defensa requirió el sobreseimiento. La sentencia se conocerá el 3 de diciembre a las 12:30.
El fiscal del caso sostuvo que «hemos acreditado la teoría del caso planteada: demostramos que el hecho ocurrió cuando el niño ingresó vivo a la sala de cirugía y jamás volvió a estar consciente, producto de la impericia y negligencia del profesional imputado«.
A lo largo del debate quedó acreditado que la operación no era de alta complejidad, ,tal como explicaron tanto el cirujano como la médica de terapia intensiva pediátrica. Además, la familia había firmado un contrato con Atencio Krausse, en el que éste garantizaba su presencia durante todo el procedimiento.
El Ministerio Público señaló que fue el anestesiólogo quien autorizó el inicio del acto quirúrgico, tras realizar los chequeos correspondientes. Los testigos coincidieron en que la máquina de monitoreo funcionaba correctamente y que continuó en uso incluso después de la cirugía. También afirmaron que nadie obstruyó el equipo y que su control estaba exclusivamente a cargo del médico imputado.
Según la fiscalía, Atencio Krausse no sólo debía vigilar el monitor, sino también observar al paciente. Sin embargo, testigos indicaron que salió dos veces de la sala -para hablar por teléfono y para buscar un cargador- y que en otros momentos se lo vio mirando su celular durante la intervención.
La situación se agravó cuando las instrumentadoras advirtieron signos de cianosis. Ante ello, Atencio Krausse convocó a colegas anestesistas, quienes constataron que el niño estaba en paro. Se aplicaron maniobras de reanimación y adrenalina, lo que logró reactivar su sistema cardiovascular. Luego se descubrió que un coágulo obstruía la punta del tubo traqueal, el cual fue reemplazado.
La fiscalía subrayó que el monitor se había desconectado hacia el final de la cirugía y que fue un enfermero quien lo reconectó, momento en que comenzó a mostrar los valores reales del niño. «Fue un error humano, no de la máquina», remarcaron.
Respecto del daño causado, el fiscal afirmó que el niño sufrió un daño intenso e irreversible desde el inicio del paro. También destacó lo expuesto por la psicóloga de OFAVI: la familia padeció una «estafa emocional», ya que no se les brindó información clara durante los días posteriores.
La querella sostuvo que la muerte fue «el resultado directo de una conducta negligente” y que el imputado “incumplió estándares básicos de su especialidad, omitiendo controles indispensables en un contexto donde la vida de Valentín dependía de él».
Por su parte, la defensa argumentó que no hubo desatención por parte de Atencio Krausse y que la hipoxia se produjo por la obstrucción abrupta del tubo traqueal, desligando responsabilidad del anestesista respecto de la taquicardia generada por la adrenalina.
El Tribunal Unipersonal dará a conocer la sentencia el miércoles 3 de diciembre a las 12.30.
Judiciales
Deberá indemnizar a una mujer que chocó contra la puerta de su auto mal abierta
El Tribunal rechazó los argumentos de la aseguradora, que buscó responsabilizar a la motociclista y negó la cobertura del hecho.
Una motociclista de General Roca resultó gravemente herida luego de chocar contra la puerta de un auto que se abrió de manera repentina mientras ella circulaba por calle San Juan. El hecho ocurrió cuando la mujer, que manejaba con casco protector, se aproximaba al cruce con calle Padre Nazario y se encontró con un vehículo estacionado a su derecha.
En ese momento, el conductor del automóvil abrió la puerta sin advertir la proximidad del tránsito. La motociclista no tuvo margen para esquivar el obstáculo y terminó impactando de lleno contra la chapa, lo que provocó su caída violenta sobre el asfalto.
El golpe le ocasionó severas lesiones en el brazo y en el hombro derecho, por las cuales debió ser intervenida quirúrgicamente. Las secuelas derivaron en una incapacidad parcial permanente, motivo por el cual inició una demanda civil al no alcanzar ningún acuerdo extrajudicial con el conductor ni con la compañía aseguradora.
En su defensa, la aseguradora intentó eximir responsabilidad argumentando que debe existir un “espacio de resguardo” entre los vehículos estacionados y los que circulan, destinado al ascenso y descenso de los ocupantes. Afirmó que la motociclista habría invadido indebidamente ese sector y buscó atribuirle la culpa del choque.
Sin embargo, el tribunal civil rechazó por completo esa postura. La sentencia consideró probado que el siniestro se generó por la apertura intempestiva de la puerta del auto mientras la mujer circulaba correctamente por la vía pública y sin infringir normas de tránsito. El fallo también desestimó la versión de la aseguradora por falta de sustento técnico y jurídico.
Las pericias médicas confirmaron una incapacidad producto de las secuelas físicas, mientras que el informe psicológico determinó un trastorno por estrés postraumático con carácter irreversible. Además, se acreditaron los daños materiales sufridos en la motocicleta.
La Justicia también observó que la aseguradora no rechazó la cobertura en tiempo y forma ni demostró que la póliza estuviera anulada antes del hecho, por lo que la consideró responsable solidaria junto al propietario del vehículo.
El fallo ordenó una indemnización que contempla daño físico, daño moral, afectaciones psicológicas y perjuicios materiales, marcando un precedente más sobre la obligación de los automovilistas de abrir las puertas del vehículo con la debida precaución para evitar siniestros.
Judiciales
Cayó de una escalera mientras podaba, lo operaron tres veces, continuó con dolor y le negaron la cobertura
El fuero Laboral de Roca aceptó la demanda presentada por el peón y condenó a la ART a brindar todas las prestaciones médicas necesarias para tratar su dolencia.
Un hombre cumplía tareas diarias como peón general en una chacra de Roca. Una mañana, mientras realizaba trabajos de poda, cayó de una escalera. El golpe le provocó múltiples fracturas en la mano derecha y un trauma directo en el dedo índice.
El hombre denunció el accidente ante la aseguradora de riesgos del trabajo. Por indicación médica, lo operaron en tres oportunidades. Luego, se le determinó una incapacidad laboral por limitación funcional. Recibió el alta, aunque continuó con dolor.
En una nueva consulta médica, le indicaron otra cirugía para extraer el material quirúrgico colocado en la mano. Acudió nuevamente a la ART, pero dictaminaron que las prestaciones otorgadas habían sido suficientes.
El fuero Laboral de Roca aceptó la demanda presentada por el peón y condenó a la ART a brindar todas las prestaciones médicas necesarias para tratar su dolencia. El fallo señaló especialmente la cirugía pendiente en el dedo índice de la mano derecha.
Durante el trámite judicial, se produjo toda la prueba. El perito médico designado por el tribunal informó que el hombre presenta una deformidad persistente en el dedo índice, con dolor y limitación funcional. Este cuadro justifica una nueva intervención quirúrgica. Ninguna de las partes impugnó el dictamen, por lo que el Tribunal lo consideró válido y determinante.
El Tribunal resolvió que las ART deben brindar prestaciones médicas hasta la curación completa o mientras persistan síntomas incapacitantes. En este caso, se comprobó la persistencia de síntomas, por lo que la aseguradora debe continuar con la cobertura médica requerida por el trabajador.
También se resolvió que la negativa de la ART a autorizar nuevas prestaciones careció de fundamentos técnicos. La empresa rechazó de forma genérica la documentación aportada por el hombre sin justificar su decisión. Esta conducta fue cuestionada por el tribunal por carecer de sustento probatorio.
