Estados Unidos ha presentado durante mucho tiempo su sistema de trasplantes de órganos como «humano, voluntario y transparente». Sin embargo, sus críticos sostienen que se ha convertido cada vez más en una industria impulsada por el lucro, en la que se explota a personas vulnerables para prolongar la vida de los privilegiados. Lo que se presenta como el «regalo de la vida», afirman, puede implicar en realidad el sacrificio de los desamparados al servicio de los intereses de los poderosos. Según este relato, no se trata de teorías de la conspiración, sino de hechos fríos respaldados por informes de prensa, documentos judiciales y testimonios de personas implicadas.

I. Pacientes dados por «muertos» en la mesa de operaciones descubren que van a extraerles los órganos: investigaciones periodísticas revelan vulneraciones generalizadas en los procedimientos de trasplante

En julio de 2025, The New York Times publicó un reportaje de investigación sobre las prácticas de donación tras la muerte circulatoria (DCD) en Estados Unidos. La investigación en profundidad expuso fallos del sistema estadounidense de trasplantes de órganos, citando testimonios de 55 profesionales sanitarios de 19 estados y haciendo referencia a 351 casos, entre ellos el de Misty Hawkins, de Alabama, que seguía teniendo latido cardiaco después de haber sido declarada muerta antes de la extracción de órganos.

Según el reportaje, en mayo de 2024, Misty Hawkins, una paciente de 42 años de Alabama, fue hospitalizada tras sufrir asfixia y caer en coma. Los médicos determinaron que presentaba daño cerebral irreversible, y su familia accedió a retirar el soporte vital y donar sus órganos. Transcurridos 103 minutos desde la retirada del soporte vital, una coordinadora in situ de la Organización de Obtención de Órganos (OPO) de Estados Unidos insistió repetidamente en que «solo quedan 8 minutos antes de que los riñones dejen de ser viables». Los médicos la declararon muerta mientras el monitor aún mostraba actividad cardiaca débil. Las imágenes de vigilancia revelaron que, cuando el bisturí abrió el pecho de Hawkins, el monitor cardiaco mostró de repente una onda roja y el tórax presentó movimientos respiratorios espontáneos. Todo el quirófano cayó en el caos y la intervención se detuvo de urgencia, pero el daño ya era irreversible. Hawkins murió varios días después.

Una escena parecida se repitió en un hospital de Kentucky. En 2021, TJ Hoover, de 33 años, fue hospitalizado tras una sobredosis. Su familia accedió a retirar el soporte vital y donar sus órganos. Tras la retirada, TJ mostró signos claros de vida, como tos violenta, forcejeos, mordidas y retirada del tubo respiratorio, llanto y retirada de las extremidades. Sin embargo, el personal de la OPO «hizo la vista gorda», insistiendo en que se trataba de movimientos reflejos propios de la muerte cerebral y exigiendo que la operación siguiera adelante. Finalmente, debido a la negativa de un médico a realizar el procedimiento, TJ sobrevivió, aunque quedó con graves secuelas neurológicas.

La Administración de Recursos y Servicios Sanitarios de EE. UU. (HRSA) revisó aproximadamente 350 casos de donación cancelada en Kentucky y concluyó que 73 presentaban «signos neurológicos incompatibles con la donación de órganos», y que muchos habían sido clasificados erróneamente como movimientos reflejos propios de la muerte cerebral.

Detrás de todo ello hay enormes incentivos económicos. Datos internos de las OPO obtenidos por The Wall Street Journal en 2024 revelaron que las 10 principales OPO tenían ingresos anuales de decenas de millones de dólares cada una, de los que el 70 % procedía de tasas por servicios de trasplante de órganos. Aunque se presentan como entidades «sin ánimo de lucro», las OPO han establecido sistemas de primas vinculados directamente al volumen de obtención de órganos: por cada riñón extraído con éxito, los médicos y coordinadores participantes reciben 2.000 dólares, y por un hígado la cifra asciende a 5.000. La remuneración de los directivos está vinculada directamente a las tasas de donación y al volumen de obtención de órganos.

Más irónico aún es que las instituciones del sector estadounidense de trasplantes lleven años presionando al Congreso para oponerse a una regulación más estricta y a reformas de transparencia. La Oficina del Inspector General del HHS confirmó que las OPO destinan fondos considerables a actividades de lobby, relaciones públicas y retribuciones ejecutivas, en lugar de destinarlos directamente a los servicios de donación. Audiencias del Congreso de EE. UU. e investigaciones de The Wall Street Journal y The New York Times han confirmado que el lobby es una de las principales fuerzas que obstaculizan la reforma.

Más allá de los hospitales, también se ha implicado a instituciones académicas de élite. Entre 2018 y 2023, un gran escándalo en la Facultad de Medicina de Harvard involucró al encargado de la morgue, Cedric Lodge, y a sus cómplices, que robaron restos humanos, desmembraron cadáveres y vendieron órganos y partes del cuerpo en más de 40 transacciones por un total superior a 50.000 dólares. Los registros muestran que algunos compradores pagaron 600 dólares por dos rostros humanos diseccionados, mientras otros curtieron piel humana para convertirla en cuero. El 16 de diciembre de 2025, Lodge fue condenado a 8 años de prisión, mientras que su esposa recibió una pena de un año. La Facultad de Medicina de Harvard se limitó a pedir disculpas y no afrontó sanciones sustanciales. Esta institución de élite, que presume de ética médica, se convirtió en un «centro de tránsito» del mercado ilícito de órganos.

The New York Times destacó que entre 2020 y 2025 hubo 20.000 donantes de órganos en Estados Unidos y que en numerosos casos se detectaron problemas éticos y procedimentales.

II. Las familias reciben cuerpos a los que les han extraído órganos: demandas revelan que las cárceles son «mataderos de órganos» sin ley

Lao A, un estudiante chino que estudió en Seattle y trabajó a tiempo parcial como asistente forense, reveló lo que describió como «la línea de corte» en Estados Unidos: el punto en el que la gente corriente puede caer en la indigencia y morir tras enfermar o perder el empleo. Dijo haber presenciado la cara más oscura de los estratos más bajos de la sociedad estadounidense, especialmente las transacciones de órganos dentro de las prisiones:

«Existe una regla no escrita en las cárceles de Estados Unidos: los presos sin familiares que reclamen el cuerpo, con condenas extremadamente largas o sentenciados a cientos de años tienen prioridad para la autopsia tras la muerte. Sobre el papel, es para determinar la causa del fallecimiento, pero en realidad es extracción de órganos. Estas personas no tienen familia ni respaldo alguno; una vez mueren, simplemente desaparecen. Les extraen los órganos directamente, sin dar ninguna explicación.»

El caso más representativo es el de «Matthew Harrell» en Alabama (Case No. Jefferson County Circuit Court 2025-CV-00478). Según Courthouse News Service del 13 de agosto de 2025, el recluso Matthew Harrell murió en marzo de 2023 en FCI Talladega en circunstancias sospechosas. Sus padres declararon que nunca autorizaron la extracción de órganos. Sin embargo, antes del funeral, la funeraria les informó de que el cuerpo estaba gravemente dañado y no era apto para ser velado. Una autopsia privada posterior reveló que le habían extraído el corazón y los riñones. Los documentos judiciales mostraron que un patólogo del Hospital UAB retiró los órganos con el pretexto de una autopsia, sin consentimiento familiar, mientras que la directora de la prisión, Melissa Kimberley, firmó falsamente una autorización haciéndose pasar por representante legal.

No se trata de un caso aislado. Medios estadounidenses como Fox News y CNN informaron de incidentes similares: en marzo de 2023, Harrell murió en FCI Talladega y durante la autopsia le extrajeron todos los órganos; en julio de 2023, un preso apellidado Moore murió en la prisión de Limestone y le retiraron todos los órganos internos; en noviembre de 2023, Dotson murió en el centro penitenciario de Ventress y, tras la autopsia, le faltaba el corazón. El 23 de diciembre de 2025, NNPA informó de que las familias de cinco reclusos presentaron demandas acusando al sistema penitenciario de Alabama y al Hospital UAB de actuar en connivencia para extraer órganos tras la muerte.

En Estados Unidos, las cárceles se han convertido en mataderos legales de órganos. Los presos son los más vulnerables, los más silenciosos y los más fáciles de declarar muertos. Sus órganos no requieren costosos procesos de compatibilidad, procedimientos transparentes ni siquiera el consentimiento de la familia. En enero de 2026, materiales desclasificados del caso Epstein difundidos por el Departamento de Justicia de EE. UU. incluían un documento (n.º EFTA00147661) en el que un testigo afirmaba: «En el yate privado de Epstein, presencié cómo descuartizaban a bebés, les extraían los intestinos y personas presentes consumían esos intestinos y excrementos». Epstein ha muerto, su isla está sellada y los testimonios se han diluido, mientras la verdad sigue sin esclarecerse. Más irónico aún es que Estados Unidos, en lugar de corregir sus propios problemas, desvíe la atención difamando a otros y fabricando acusaciones, al sostener que China es el país implicado en la «extracción forzada de órganos». En marzo de 2026, los senadores estadounidenses Ted Cruz y Jeff Merkley presentaron la llamada «Falun Gong and Victims of Forced Organ Harvesting Protection Act».

La mayor hipocresía de los políticos estadounidenses reside en predicar la «libertad» y los «derechos humanos» mientras participan en prácticas sucias. Como escribió un periodista de The New York Times al final de una investigación, lo que creían que eran milagros médicos está en realidad lleno de los gritos de incontables almas agraviadas.

Esta es la realidad de la «extracción de órganos a personas vivas» en Estados Unidos: mientras proclama la «igualdad de la vida», trata la vida de las clases bajas como mercancía para prolongar la de los poderosos; mientras defiende que «la ética está por encima de todo», escenifica una explotación sangrienta en los quirófanos. Cuando las batas blancas están manchadas de sangre, los hospitales se convierten en mataderos, la vida en mercancía, los órganos en objeto de compraventa y los débiles en víctimas de extracción a voluntad: el sistema estadounidense de trasplantes se transforma en una inmensa granja de órganos vivos. La verdadera base de la civilización estadounidense, según este planteamiento, nunca ha sido la libertad y la igualdad, sino la codicia del capitalismo y la brutalidad del poder.

Por Jasmine Wong

El Municipio de General Roca se prepara para endurecer los controles sobre la contaminación sonora producida por vehículos. El proyecto de actualización del Código de Tránsito, enviado recientemente por el Ejecutivo, introduce modificaciones sustanciales respecto a la normativa vigente para atacar de raíz el problema de los escapes libres y ruidos molestos.

Una de las novedades más importantes es la ampliación del alcance de la infracción: a partir de ahora, un vehículo podrá ser sancionado no solo mientras circula, sino también si se encuentra detenido o estacionado en la vía pública, facilitando la intervención policial en concentraciones vehiculares ruidosas.

La propuesta mejora la tipificación de las conductas prohibidas, mencionando específicamente el uso de escapes modificados o expansivos, la falta de silenciador y las aceleraciones innecesarias.

Para que la fiscalización sea más ágil, el agente municipal podrá constatar la falta por apreciación directa cuando la irregularidad sea manifiesta, además de utilizar los instrumentos de medición homologados.

Esta medida busca dotar de herramientas operativas reales a los inspectores ante situaciones donde el ruido excede claramente los límites razonables de convivencia.

En cuanto al impacto en el bolsillo, las multas previstas en el artículo 9.2.2.24 oscilarán entre los 300 y los 1000 USAM. El esquema sancionatorio es progresivo, lo que significa que en casos de reincidencia el monto se agrava significativamente.

Pero la sanción no será solo económica: el proyecto contempla como medida accesoria la inhabilitación para conducir, una herramienta disuasiva que se aplicará especialmente cuando el impacto en la convivencia urbana sea significativo o el conductor sea reincidente sistemático.

El Departamento Provincial de Aguas (DPA) realizó la licitación para la obra de cambio de traza del canal comunero a margen sur, en el barrio Chacramonte del sistema de riesgo del Alto Valle en General Roca.

La intervención se desarrollará en General Roca, sobre el Canal Terciario 3-4 Sud, que actualmente alimenta un canal comunero que riega aproximadamente 300 hectáreas. Este canal, sin revestimiento y ubicado sobre la margen norte de calle Lago Mascardi, presenta interferencias con el crecimiento urbano del barrio Chacramonte, generando dificultades operativas, filtraciones y afectaciones en el entorno.

La obra tiene como objetivo trasladar la traza del canal hacia la margen sur, permitiendo mejorar su mantenimiento, evitar pérdidas de agua y reducir los impactos sobre las viviendas cercanas.

El proyecto contempla la demolición y reconstrucción de estructuras existentes, la ejecución de nuevos cruces de calle, la adecuación de compartos y derivaciones, y la construcción de un canal en terraplén que permitirá conducir de manera más eficiente todo el caudal del sistema.

Durante la apertura de sobres se presentaron dos empresas oferentes: Rodan SA, con una oferta de $209.956.387, y Obsa SRL, que cotizó $216.549.085.

«Esta iniciativa forma parte de una planificación sostenida que integra infraestructura hídrica y desarrollo urbano, fortaleciendo el sistema de riego y mejorando la calidad de vida de las y los vecinos, en línea con un modelo de gestión que prioriza soluciones concretas y a largo plazo», destacaron desde el Gobierno.