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El juez roquense Barotto presidirá el STJ a partir de febrero

Será la segunda vez que ejerza la presidencia del máximo Tribunal rionegrino; ya lo había hecho en el año 2014.

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El juez Sergio Barotto presidirá el Superior Tribunal de Justicia a partir del 1 de febrero de 2022. Así lo decidió el máximo órgano judicial de la provincia en el Acuerdo Institucional desarrollado ayer (13/12).

La Carta Orgánica establece que “la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia será ejercida anualmente por el Juez o la Jueza que el mismo Cuerpo designe en la primera quincena de diciembre de cada año. En la misma oportunidad se establecerá el orden en que sus integrantes reemplazarán la Presidencia en caso de ausencia u otro impedimento”.

También se dispuso, en el Acuerdo, quienes serán las juezas y jueces delegados del STJ en cada una de las Circunscripciones. En la Primera, la labor recaerá sobre la jueza Liliana Piccinini; en la Segunda, Sergio Ceci; en la Tercera, continuará la jueza Cecilia Criado y en la Cuarta, Ricardo Apcarián, que finalizará en la presidencia del cuerpo el 31 de enero.

El orden de subrogancias en la presidencia dispuso en primer término a la vocal Liliana Piccinini, en segundo a Sergio Ceci, en tercero a Cecilia Criado y en cuarto a Ricardo Apcarián.

En cuanto a las representaciones institucionales, se dispuso que Sergio Barotto continúe en la Escuela de Capacitación Judicial, Liliana Piccinini en la Oficina de Derecho Humanos y Género, Sergio Ceci será el representante titular ante el Foro Patagónico de Tribunales de Justicia y en el Centro de Documentación Jurídica, Cecilia Criado será delegada en los Juzgados de Paz, Ricardo Apcarian continuará en el Comité de Informatización de la Gestión Judicial. La presidencia también representará al STJ en la Jufejus.

Será la segunda vez que el juez Barotto ejerza la presidencia del máximo Tribunal rionegrino. Ya lo había hecho en el año 2014.

Sergio Barotto es Magister en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bologna, Italia. También Profesor de grado y posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Además, es profesor de la carrera de Licenciatura en Comercio Exterior de la Universidad Nacional de Río Negro, actualmente en uso de licencia.

Fue profesor de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional del Sur y también Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue.

Presidió el Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Justicia y es Miembro de número de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional, del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional y del Instituto para el Desarrollo Constitucional.

Además, es autor de capítulos de libros, de publicaciones en revistas especializadas y conferencista en campos del Derecho Constitucional y del Derecho Procesal Constitucional.

Judiciales

Nuevos elementos del celular de la víctima reconfiguran la investigación por el crimen de Julián Dobra de la Canal

El juez de Garantías declaró la causa como compleja y extendió el plazo de investigación hasta mayo de 2026.

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El Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción reformuló cargos en la causa que investiga el homicidio de Julián Dobra de la Canal, ocurrido el 17 de abril pasado en General Roca. La medida se basó en nuevos elementos incorporados a la investigación, principalmente el análisis del celular de la víctima, que permitió precisar detalles sobre el hecho y las responsabilidades de cada imputado.

Según la hipótesis fiscal, el crimen ocurrió entre las 19.48 y las 20.23, en una zona ubicada detrás de la defensa aluvional. En ese lapso, cuatro hombres agredieron a la víctima con golpes y un arma de fuego, cumpliendo un plan previamente ideado por una quinta persona.

Dobra fue arrastrado y abandonado detrás de unos arbustos, donde finalmente falleció a causa de las lesiones en el cráneo. Posteriormente, los agresores se apoderaron de su automóvil y lo utilizaron para ingresar a su departamento, donde sustrajeron una bicicleta y una consola de juegos.

Además, se acreditó que un sexto implicado omitió brindar información sobre el paradero de la víctima pese a conocer lo ocurrido, mientras que un séptimo hombre ocultó el vehículo sustraído en una vivienda de calle Urquiza.

El análisis del celular, clave para el avance de la causa

El avance de la investigación se fortaleció a partir del trabajo técnico de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General, que logró acceder al contenido del celular de Dobra sin necesidad de enviarlo al exterior.

Del dispositivo se recuperaron más de 1.400 puntos de geolocalización, registros de llamadas, mensajes, videos e imágenes que vinculan directamente a los imputados entre sí y con la víctima.

La información fue cotejada con testimonios, informes del 911 y pericias previas, confirmando la hipótesis del Ministerio Público.

También se hallaron mensajes entre los acusados donde coordinaban acciones posteriores al homicidio, como ocultar el vehículo e incluso intentar incendiarlo.

7 imputados y causa declarada compleja

Dos de los implicados fueron acusados de homicidio triplemente agravado (por el concurso premeditado de dos o más personas, por el uso de arma de fuego y por la intervención de menores). A uno de ellos se le sumó el cargo de hurto calificado por el uso de llave verdadera sustraída.

Tres personas menores de edad fueron imputadas por los mismos delitos en concurso real con hurto calificado, y un cuarto adolescente también fue acusado de portación ilegal de arma de fuego de uso civil. Los dos restantes fueron imputados por encubrimiento agravado.

Durante la audiencia, las partes debatieron sobre la complejidad del caso. Finalmente, el juez de Garantías admitió la reformulación de cargos y declaró la causa como compleja, extendiendo el plazo de investigación hasta el 9 de mayo de 2026.

El magistrado también resolvió prorrogar la prisión preventiva de los imputados mayores de edad hasta esa fecha, y mantener las medidas cautelares para los menores. Uno de ellos deberá presentarse periódicamente ante la Fiscalía.

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Judiciales

Fue liberado al mediodía y volvió a ser detenido horas después

Un hombre con antecedentes por violencia y daños fue arrestado nuevamente tras violar una orden judicial y causar destrozos en una vivienda de la zona rural.

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Personal de la Comisaría 22º de Cervantes detuvo nuevamente a un hombre por desobediencia judicial y daños, pocas horas después de haber recuperado la libertad por una causa de similares características.

El hecho ocurrió durante la tarde del martes (04/11), cuando la unidad policial recibió un llamado alertando sobre disturbios en una chacra ubicada en la zona rural. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el individuo se encontraba causando daños en una vivienda, pese a tener una prohibición de acercamiento vigente hacia ese domicilio.

El hombre había forzado y dañado la puerta de ingreso, por lo que fue aprehendido en el lugar y trasladado a la dependencia policial.

De acuerdo con la información oficial, el mismo sujeto había sido liberado horas antes, en cumplimiento de un oficio emitido por el Juzgado de Garantías de General Roca, tras haber estado detenido por otro hecho de similares características.

Intervino en el caso la Fiscalía N° 7, que dispuso que el hombre permanezca nuevamente detenido mientras avanza la investigación.

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Judiciales

Condenaron a un trabajador de la SENAF por abuso y amenazas a niños bajo su cuidado

El hombre reconoció los hechos ocurridos entre 2021 y 2023 en un Centro de Atención Integral de Roca. Recibió una pena de 3 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

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Esta mañana (05/11), uno de los dos imputados por delitos cometidos en el marco de su función en un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) de General Roca fue condenado a 3 años de prisión condicional, tras reconocer su responsabilidad en los hechos.

El hombre, que se desempeñaba como auxiliar asistencial, aceptó los cargos de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la guarda y amenazas coactivas continuadas, cometidos entre abril de 2021 y septiembre de 2023.

Según detalló la Fiscalía, el acusado ejercía violencia y amenazas contra los menores, generándoles temor para evitar que contaran lo ocurrido. En uno de los episodios, ocurrido entre julio y agosto de 2023, abusó de una adolescente en el sector de la cocina del establecimiento.

La condena fue dictada en el marco de un acuerdo abreviado, con el aval de la defensora de menores que representa a las víctimas. Además de la pena de prisión condicional, se impuso la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos en la administración pública, la inscripción en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (REPROCOINS) y el pago de las costas del proceso.

El condenado deberá cumplir reglas de conducta durante 3 años: fijar domicilio, no acercarse ni contactar a la víctima, directa o indirectamente, y abstenerse de todo tipo de vínculo con menores en el ámbito institucional.

La investigación incluyó denuncias institucionales, testimonios de operadores y psicólogos, pericias forenses y registros de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

Por su parte, la segunda persona imputada en la causa, una mujer, continúa bajo proceso judicial: la audiencia de control de acusación se retomará el próximo lunes (10/11) a las 10.00.

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