Un trágico accidente laboral ocurrió este viernes (09/03) en una obra de ampliación del sistema cloacal en General Roca, donde tres operarios quedaron atrapados tras el derrumbe de una excavación. Dos de ellos fueron rescatados con vida y trasladados al Hospital Francisco López Lima, mientras que el tercero fue encontrado sin vida.

El hecho ocurrió en la intersección de Mendoza y Canal Grande, donde se realizaban trabajos vinculados al sistema de desagües cloacales. En un primer momento se pensaba que eran sólo dos los trabajadores atrapados, aunque posteriormente se confirmó que en realidad eran tres, justamente éste último fue hallado sin signos vitales.

Personal de Bomberos Voluntarios desplegó un importante operativo de rescate en el lugar. Dos operarios lograron ser rescatados con vida y fueron trasladados en ambulancias del SIARME al Hospital con lesiones y golpes, aunque se encontraban conscientes.

Horas más tarde, los rescatistas lograron retirar al tercer trabajador, quien ya no presentaba signos vitales. Hasta el momento no se informó oficialmente su identidad.

El derrumbe ocurrió en una obra que forma parte del Plan Director de Desagües Cloacales impulsado a nivel nacional para mejorar la infraestructura sanitaria en distintas ciudades del país. El proyecto comenzó en 2023 y está a cargo de la empresa Ecosur Bahía S.A., con un plazo de ejecución estimado de 30 meses desde el inicio de los trabajos. Originalmente, la obra se enmarcaba dentro del programa PAyS II, que dependía del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). Sin embargo, este organismo fue posteriormente disuelto durante la gestión del presidente Javier Milei.

Un derrumbe registrado en una obra de ampliación de cloacas generó un importante operativo de emergencia en General Roca este mediodía (09/03), luego de que dos operarios quedaran atrapados en una excavación.

El accidente ocurrió en la zona de Mendoza y Canal Grande. Tras el colapso del sector donde se desarrollaban los trabajos, los trabajadores quedaron atrapados debajo de los escombros.

Personal de Bomberos Voluntarios desplegó un operativo en el lugar y logró rescatar a uno de los operarios. El trabajador fue trasladado por una ambulancia del SIARME al Hospital Francisco López Lima, donde recibe atención médica. Presentaba lesiones y golpes, aunque se encuentra estable.

Luego continuaron las tareas para liberar al segundo operario, que fue trasladado de urgencia al nosocomio local en grave estado.

Ampliaremos.

Un fallo de un juez laboral de Roca resolvió una acción de amparo presentada por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER), contra el Ministerio de Educación provincial.

El sindicato solicitó que se ordenara el cese de medidas que implicaban la supresión y reorganización de cargos docentes del Nivel Inicial. También pidieron que se restituyeran los cargos existentes antes de las decisiones administrativas cuestionadas.

El gremio sostuvo que el Consejo Provincial de Educación dictó diversas resoluciones de cargos docentes con base en criterios cuantitativos vinculados a la matrícula escolar.

El magistrado entendió que la información aportada por el Ministerio de Educación mostraba que el procedimiento aplicado respetó la normativa vigente. En particular, destacó que los docentes titulares afectados permanecieron con su sueldo y con derecho a una nueva asignación.

En relación a docentes interinos o suplentes, el juez tomó antecedentes y señaló que su estabilidad es limitada por la propia naturaleza de sus designaciones. Así, comprendió que la finalización de esos cargos no constituye una vulneración ilegal de derechos.

También se evaluó la eventual afectación al derecho a la educación. Sobre este punto la sentencia señaló que no se acreditó la existencia de cierres de salas obligatorias ni reclamos generalizados de familias. Además, recordó que la educación obligatoria en el nivel inicial comprende las salas de cuatro y cinco años, las cuales continúan garantizadas según la información oficial.

En la presentación, la UnTER también señaló que la medida provocó desplazamientos funcionales, alteraciones en las condiciones de trabajo y riesgo para la estabilidad de docentes titulares. También afirmó que las decisiones afectaban el funcionamiento institucional de los establecimientos, la continuidad pedagógica y la calidad del servicio educativo destinado a niñas y niños.

A criterio de la organización gremial, esa modalidad degradaba la situación jurídica de docentes titulares y vulneraba la estabilidad prevista en el Estatuto del Docente.

En tanto, la Provincia de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y de la Fiscalía de Estado, mencionó que no existe un daño concreto ni una afectación actual de derechos que justificara el amparo.

Argumentaron que las decisiones formaban parte de políticas públicas educativas adoptadas dentro de las facultades propias del Consejo Provincial de Educación. Explicó que el proceso de reorganización respondió a un análisis territorial de la matrícula que detectó una reducción significativa de estudiantes en distintas zonas.

El Estado también mencionó que no hubo despidos ni pérdida de estabilidad para docentes titulares. También indicó que las salas de cuatro y cinco años continuaban garantizadas por el sistema educativo.

Durante el proceso el magistrado también analizó la legitimación del sindicato para promover la acción. Señaló que el gremio puede actuar en representación de sus afiliados y de la comunidad educativa cuando se denuncian afectaciones a derechos colectivos vinculados con el sistema educativo. No obstante, recordó que la acción de amparo tiene carácter excepcional y sólo procede cuando existe una ilegalidad manifiesta, un daño grave y urgente, y cuando no existen otras vías judiciales adecuadas para resolver el conflicto.

Al evaluar el caso concreto, la sentencia consideró que la normativa cuestionada fue elaborada mediante un proceso institucional en el que participaron distintos sectores, incluido el propio sindicato. Ese documento se estableció la reorganización del sistema educativo del nivel inicial con vigencia desde el ciclo lectivo 2026.

El fallo del juez Juan Huenumilla concluyó en que no se verificaba una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que habilitara la vía del amparo. Tampoco se comprobó un daño grave e irreparable ni una urgencia extrema que justificara el uso de ese proceso excepcional.

Consideró que las decisiones adoptadas forman parte de la planificación del sistema educativo, una competencia propia del Consejo Provincial de Educación que sólo puede ser revisada judicialmente cuando se demuestre una afectación concreta de derechos fundamentales.