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Lago Escondido: Masiva marcha «por la soberanía y nuestros recursos»
Nuevamente, como hace 2 años, la movilización volvió a toparse con un camino bloqueado con rejas, alambres de púa y un cordón de efectivos policiales.

A cumplirse dos años de la última y masiva movilización al camino de Tacuifí, centrales obreras junto a sectores del campo popular volvieron a movilizarse el pasado lunes (7/02) por la soberanía con una nueva marcha por la recuperación del Lago Escondido, usurpado por el magnate inglés Joe Lewis.
«A 45 kilómetros al norte de El Bolsón, la columna encabezada por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, ATE y su Seccional Bariloche volvió a toparse con el escenario de todos los años: un camino bloqueado con rejas, alambres de púa y fundamentalmente un cordón de efectivos de la Policía Río Negro que garantizaban a punta de pistola el resguardo del territorio extranjerizado», indicaron en un comunicado de prensa.
A pesar de un fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Río Negro en 2013 y otro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2009, hoy el tránsito libre hacia lago continúa bloqueado. «Y en cada movilización, como hace dos años, nos reprimen con piedras y machetes, con complicidad de la policía, que libera la zona y custodia al empresario. Ahora, los patoteros de Lewis dijeron: ‘Vamos a hacer asado con ustedes'», agregaron desde las centrales obreras.
«Mientras se jacta de su gira por Europa, la gobernadora Arabela Carreras desde Madrid se lamentó este lunes por los ‘pobladores de la zona de Lago Escondido’, ya que según la propia Cerreras ‘ven alterada su vida tranquila por una cuestión muy ideológica’, dijo y así volvió a ratificar de qué lado está», remarcaron.
Denunciaron asimismo que «la Justicia rionegrina también se subordina a Lewis, ya que el juez Mariano Castro rechazó un hábeas corpus para garantizar el libre tránsito hacia Lago Escondido y la integridad de los manifestantes que habían sido interceptados en el sendero de montaña por unos 50 punteros de Lewis armados y a caballo, cuando intentaban llegar al lago.
La propia Secretaría de Derechos Humanos de la Nación intervino ante el último suceso y planteó que ‘ese es un camino autorizado por la Justicia para poder acceder al lago’ y pidieron a las autoridades de la provincia de Río Negro ‘que garanticen la seguridad y libre circulación de todos ellos'», añadieron.
«Esta historia ya la conocemos. La primera movilización por la segunda y definitiva independencia fue en el año 2017 donde planteamos el reclamo. Exactamente el 8 de febrero de 2020, antes de la pandemia, llevábamos adelante una nueva marcha por la Soberanía del Lago Escondido», recordaron. «En esa oportunidad, un gran contingente encabezado por la CCC, el PCR y PTP junto a organizaciones como la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca) recibimos piedras y palos y cero respuestas del poder político y judicial. Una mujer había sido herida de gravedad por un piedrazo en la cabeza. En aquella marcha, al ex intendente de El Bolsón, el radical Cacho Romera, fue visto organizando a los paisanos a caballo», indicaron.
«Como ya lo dijimos, Lewis construyó un Estado Paralelo con sello inglés en nuestra Patagonia, a pocos kilómetros de las Islas Malvinas. Desde esa porción de nuestra provincia, sangran nuestros recursos estratégicos al servicio de intereses de grupos económicos extranjeros no solo ingleses, también yankees», expresaron las centrales obreras.
«En la década del 90, Lewis recibió en bandeja de la mano de gobiernos radicales más de 12.000 hectáreas incluyendo el acceso público al lago Escondido, territorio donde construyó su mansión y montó dos usinas hidroeléctricas en el río Escondido. Allí fortalece su imperio energético Hidden Lake y abastece de energía al sistema interconectado nacional tres veces más cara y en base a todos nuestros recursos naturales que saquea impunemente.
A más de tres décadas de esa infame entrega, hoy el gobierno de Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro) con su poder de policía y de la mano de la justicia rionegrina; continúan protegiendo al multimillonario, quien sigue amasando sus grandes fortunas, alentado por su propio amigo personal, el expresidente Mauricio Macri, quien no ocultó haber vacacionado en esa mansión», agregaron.
«Hoy es uno de los principales accionistas de la empresa Pampa Energía que tuvo un crecimiento exponencial amparada por el macrismo: adquirió la empresa Iecsa (propiedad de la familia Macri) luego de las sospechas de corrupción con el caso Odebrecht. A través de Pampa Energía, Lewis es dueño parcial de varias represas y posee áreas hidrocarburíferas en la zona de Vaca Muerta», enfatizaron.
«Además, montó un aeropuerto privado en cercanías a Sierra Grande de dimensiones similares al aeropuerto Jorge Newbery de Capital Federal en otras 14.000 hectáreas. Además cuenta con un helipuerto comercial en Lago Escondido», concluyeron.
Por ello, las centrales obreras reclaman la urgente habilitación del camino de acceso al Lago Escondido y que «los gobiernos provincial y nacional hagan cumplir los fallos judiciales». Asimismo,, exigen la «expropiación de los bienes como las usinas eléctricas y nuestros recursos naturales, además de la estatización del aeropuerto».
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Sin convocatoria de la CGT, el Frente de Sindicatos Unidos decidió lanzar una movilización al Congreso el viernes
«Esta reforma laboral es la continuidad de la que inició a sangre y fuego hace 50 años la dictadura militar. Tenemos que evitar que salga del Congreso», dijo Aguiar.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran ATE junto a la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras, lanzó una movilización al Congreso el viernes (27/02) mientras la reforma laboral es tratada nuevamente en el Senado. ATE además lanzará un Paro Nacional para ese día.
«Esta reforma laboral es la continuidad de la que inició a sangre y fuego hace 50 años la dictadura militar. Tenemos que evitar que salga del Congreso. Debemos pelear hasta el último momento. Comprando votos hicieron del Senado una escribanía. Que Milei y Bullrich no festejen por anticipado», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Los mismos dirigentes que confiaron en los gobernadores y el Congreso a pesar de que los votos nunca estuvieron, ahora nos dicen que confían en la Justicia. La pregunta es cuándo van a confiar en los trabajadores. Por más que no se haya convocado a un paro, tenemos que movilizar igual. No le podemos regalar la calle al Gobierno», agregó el referente estatal.
En este marco, el dirigente apuntó que «tenemos que evitar que se apruebe una ley que va a profundizar la precarización de todos los trabajadores porque se trata de una norma que sólo beneficia a los empleadores».
«Tienen que saber que en la Argentina el día viernes no se termina nada, empieza todo. No les vamos a regalar los derechos que llevaron años conquistar. En todo caso serán los responsables de que aumente la tensión social y crezca la conflictividad», concluyó Aguiar.
El Frente de Sindicatos concentrará el viernes a partir de las 12 en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen (CABA). La movilización fue definida mediante una reunión que el FreSU mantuvo en la sede de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), ubicada en San José 243 (CABA). Cada organización evaluará y definirá sus modalidades de protesta.
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En la previa al paro de 36 horas, escala la tensión entre ATE y el Gobierno por la amenaza de no pagar salarios en febrero
“Es responsabilidad del Gobierno que la conflictividad escale”, señaló Aguiar.

El Gobierno amenazó a los trabajadores de la Administración Pública Nacional con no pagar parte de sus sueldos del mes de febrero y la Asociación Trabajadores del Estado decidió profundizar su plan de lucha con un paro de 36 horas con movilización para esta semana en el marco del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que ATE integra junto a la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras.
«Al congelamiento salarial de la administración pública, ahora se le suma una medida inédita que no tiene precedentes y es la de dejar de pagar parte de los sueldos, aplicar directamente una rebaja privando a los trabajadores del cobro de adicionales tales como el premio estímulo a la asistencia y otros. El Gobierno decidió clausurar la paritaria. Enfrentamos una clara práctica desleal y mala fe en las negociaciones al no retomar el cuarto intermedio que se acordó el pasado 26 de diciembre», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En todos los casos se trata de un monto superior a los $50.000 por agente. En este marco, el dirigente apuntó que «exigimos que el Gobierno cumpla en tiempo y forma con el pago de sueldos. Todos los rubros forman parte integral de los salarios. No vamos a tolerar un nuevo recorte. Esto repercutirá de manera negativa en la prestación de todos los servicios».
El reclamo se suma a la lucha que el Frente de Sindicatos mantiene en rechazo a la reforma laboral que volverá a ser tratada esta semana en la Cámara Alta del Congreso. «Es responsabilidad del Gobierno que la conflictividad escale. Debemos avanzar en una nueva huelga de 36 horas para rechazar la reforma laboral. El viernes quieren hacer del Senado una escribanía y lo tenemos que impedir», indicó.
«No podemos permanecer sin reaccionar y en silencio frente al mayor ataque que se recuerde a todos nuestros derechos. El Frente tiene que profundizar su plan de acción. Esta es una ley inaplicable que está destinada a fracasar», concluyó Aguiar.
ATE además exige la inmediata reapertura de las paritarias que se encuentran congeladas desde diciembre del 2025 y señaló que el poder de compra de los salarios estatales ya perdió más de un 45,3% durante la gestión de Javier Milei.
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Más de 98% de acatamiento al paro de ATE en todo el país
«Esta iniciativa nos conduce a los trabajadores directamente al matadero. Es una ley criminal», dijo Aguiar.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reportó un nivel de acatamiento casi total al paro nacional, promediando el 98% en todo el país en la previa a la movilización que realizarán al Congreso a partir del mediodía para exigir el rechazo al proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. «Esta reforma laboral nos conduce a los trabajadores directamente al matadero. Es una ley criminal. Dejar de pagarle su salario a quien está realizando un tratamiento de quimioterapia y que no pueda sostener a su familia es una conducta delictiva», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.
«Nos gobierna una banda de delincuentes que comprende perfectamente la criminalidad de sus actos. La reforma laboral forma parte de una de sus políticas criminales, y los gobernadores, senadores y diputados que la avalan son cómplices necesarios de provocar esta tragedia social», apuntó el dirigente estatal.
En esta línea, argumentó que «es la historia la que prueba que quitando derechos no van a crear un solo puesto de trabajo nuevo. Si se aprueba esta norma, va a haber más desempleo y más precarización porque siempre pasó lo mismo con este tipo de legislaciones en la Argentina y en el mundo».
«Es una ley escrita a medida de la AEA y la UIA, y que sólo busca disciplinar a la clase trabajadora y abaratar el costo laboral. Estamos peleando contra el poder real. El mandato que tenemos es seguir confrontando sin dar tregua», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Desde las 00 horas de este jueves sólo se están garantizando guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.
Otros servicios que ya comenzaron a verse afectados son la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del el Senasa, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), migraciones y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros. Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.








