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Lago Escondido: Masiva marcha «por la soberanía y nuestros recursos»
Nuevamente, como hace 2 años, la movilización volvió a toparse con un camino bloqueado con rejas, alambres de púa y un cordón de efectivos policiales.

A cumplirse dos años de la última y masiva movilización al camino de Tacuifí, centrales obreras junto a sectores del campo popular volvieron a movilizarse el pasado lunes (7/02) por la soberanía con una nueva marcha por la recuperación del Lago Escondido, usurpado por el magnate inglés Joe Lewis.
«A 45 kilómetros al norte de El Bolsón, la columna encabezada por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, ATE y su Seccional Bariloche volvió a toparse con el escenario de todos los años: un camino bloqueado con rejas, alambres de púa y fundamentalmente un cordón de efectivos de la Policía Río Negro que garantizaban a punta de pistola el resguardo del territorio extranjerizado», indicaron en un comunicado de prensa.
A pesar de un fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Río Negro en 2013 y otro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2009, hoy el tránsito libre hacia lago continúa bloqueado. «Y en cada movilización, como hace dos años, nos reprimen con piedras y machetes, con complicidad de la policía, que libera la zona y custodia al empresario. Ahora, los patoteros de Lewis dijeron: ‘Vamos a hacer asado con ustedes'», agregaron desde las centrales obreras.
«Mientras se jacta de su gira por Europa, la gobernadora Arabela Carreras desde Madrid se lamentó este lunes por los ‘pobladores de la zona de Lago Escondido’, ya que según la propia Cerreras ‘ven alterada su vida tranquila por una cuestión muy ideológica’, dijo y así volvió a ratificar de qué lado está», remarcaron.
Denunciaron asimismo que «la Justicia rionegrina también se subordina a Lewis, ya que el juez Mariano Castro rechazó un hábeas corpus para garantizar el libre tránsito hacia Lago Escondido y la integridad de los manifestantes que habían sido interceptados en el sendero de montaña por unos 50 punteros de Lewis armados y a caballo, cuando intentaban llegar al lago.
La propia Secretaría de Derechos Humanos de la Nación intervino ante el último suceso y planteó que ‘ese es un camino autorizado por la Justicia para poder acceder al lago’ y pidieron a las autoridades de la provincia de Río Negro ‘que garanticen la seguridad y libre circulación de todos ellos'», añadieron.
«Esta historia ya la conocemos. La primera movilización por la segunda y definitiva independencia fue en el año 2017 donde planteamos el reclamo. Exactamente el 8 de febrero de 2020, antes de la pandemia, llevábamos adelante una nueva marcha por la Soberanía del Lago Escondido», recordaron. «En esa oportunidad, un gran contingente encabezado por la CCC, el PCR y PTP junto a organizaciones como la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca) recibimos piedras y palos y cero respuestas del poder político y judicial. Una mujer había sido herida de gravedad por un piedrazo en la cabeza. En aquella marcha, al ex intendente de El Bolsón, el radical Cacho Romera, fue visto organizando a los paisanos a caballo», indicaron.
«Como ya lo dijimos, Lewis construyó un Estado Paralelo con sello inglés en nuestra Patagonia, a pocos kilómetros de las Islas Malvinas. Desde esa porción de nuestra provincia, sangran nuestros recursos estratégicos al servicio de intereses de grupos económicos extranjeros no solo ingleses, también yankees», expresaron las centrales obreras.
«En la década del 90, Lewis recibió en bandeja de la mano de gobiernos radicales más de 12.000 hectáreas incluyendo el acceso público al lago Escondido, territorio donde construyó su mansión y montó dos usinas hidroeléctricas en el río Escondido. Allí fortalece su imperio energético Hidden Lake y abastece de energía al sistema interconectado nacional tres veces más cara y en base a todos nuestros recursos naturales que saquea impunemente.
A más de tres décadas de esa infame entrega, hoy el gobierno de Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro) con su poder de policía y de la mano de la justicia rionegrina; continúan protegiendo al multimillonario, quien sigue amasando sus grandes fortunas, alentado por su propio amigo personal, el expresidente Mauricio Macri, quien no ocultó haber vacacionado en esa mansión», agregaron.
«Hoy es uno de los principales accionistas de la empresa Pampa Energía que tuvo un crecimiento exponencial amparada por el macrismo: adquirió la empresa Iecsa (propiedad de la familia Macri) luego de las sospechas de corrupción con el caso Odebrecht. A través de Pampa Energía, Lewis es dueño parcial de varias represas y posee áreas hidrocarburíferas en la zona de Vaca Muerta», enfatizaron.
«Además, montó un aeropuerto privado en cercanías a Sierra Grande de dimensiones similares al aeropuerto Jorge Newbery de Capital Federal en otras 14.000 hectáreas. Además cuenta con un helipuerto comercial en Lago Escondido», concluyeron.
Por ello, las centrales obreras reclaman la urgente habilitación del camino de acceso al Lago Escondido y que «los gobiernos provincial y nacional hagan cumplir los fallos judiciales». Asimismo,, exigen la «expropiación de los bienes como las usinas eléctricas y nuestros recursos naturales, además de la estatización del aeropuerto».
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Para Aguiar, «el Consejo del Salario es inservible, una puesta en escena para convalidar los acuerdos entre empresarios y el Gobierno»
«El Consejo del Salario es la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores», indicó el titular de ATE Nacional.

Finalizada la reunión del Consejo del Salario Mínimo en la que los empresarios propusieron un aumento de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio».
«El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación», agregó el dirigente estatal.
En esta línea, cargó directamente contra el ámbito tripartito que reúne a trabajadores, empresarios y el Poder Ejecutivo. «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. ¿El Consejo existe? Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer», indicó.
«Este organismo nació para garantizar dignidad y no pobreza legal como sucede hoy. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne sólo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno», agregó Aguiar.
En referencia a la intención del Ejecutivo de implementar un salario mínimo garantizado de 1 millón de pesos para los convenios privados, apuntó que «y ahora queda claro que el Gobierno acaba de inventar un salario mínimo paralelo con el objetivo de frenar la actualización de las asignaciones sociales como la AUH y otros programas».
Cabe recordar que, según el último informe del INDEC, la línea de pobreza en la Argentina se ubica en $1.564.716 y la de indigencia en $708.016.
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ATE rechazó el 1,7% mensual y prepara medidas de fuerza contra «una nueva paritaria por debajo de la inflación»
«Milei está más cerca de lograr la paritaria cero que la inflación cero», indicó Aguiar. El ofrecimiento contempla además una suma fija por única vez de $80.000 en diciembre.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el ofrecimiento de la paritaria de 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, además de una suma fija de $80.000 no remunerativa por única vez para el último mes del año.
«Milei está más cerca de lograr la paritaria cero que la inflación cero. Con la ayuda de UPCN, el presidente cumple lo que dijo y sigue recortando los salarios en el sector público. Después de la firma, deben estar festejando juntos», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el sindicato convocará en las próximas horas a un plenario federal de delegados para la semana que viene y evaluar el plan de acción. «Tenemos que definir nuevas medidas de fuerza y lograr que el Gobierno se siga debilitando. O se terminan de debilitar ellos, o nosotros desaparecemos. No hay término medio», indicó.
«Para nosotros esta negociación es inaceptable. Se trata nuevamente de incrementos por debajo de la inflación y bonos por única vez en diciembre que no sirven para nada. Es una tomada de pelo. No alcanza ni siquiera para llenar un tanque de nafta. Y si lo imaginamos a fin de año, no va a alcanzar ni para un alfajor. No queda ninguna duda, después de esta paritaria los estatales estamos mucho peor que antes», concluyó Aguiar.
Desde que asumió Javier Milei, la pérdida del poder adquisitivo supera el 44% en la administración pública nacional (CCT 214/06), con paritarias a la baja rechazadas sistemáticamente por ATE y aceptadas por UPCN.
Cabe recordar que ATE realizó una encuesta a trabajadores de todos los organismos y ministerios en cada una de las provincias y arrojó como resultado que el 87% tiene deudas vigentes, y de ese grupo, el 73% las tiene con varias entidades a la vez. En cuanto a para qué usan ese dinero, el 40% dijo que lo destina a urgencias médicas, gastos de educación o al pago de alquiler y expensas, y el 37% lo usa para pagar otras deudas o cubrir comida y ropa.
Paralelamente, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros, movimientos sociales y decenas de organizaciones de todas las centrales obreras, en su informe mensual realizado con datos oficiales del Indec y ponderado en función de las necesidades básicas de los trabajadores, señaló que el Salario Mínimo, Vital y Móvil debiera ser de $3.065.161 para no ser pobre.
El mismo informe da cuenta de que en promedio, cada trabajador de la Administración Pública perdió en promedio 14,9 millones de pesos durante la gestión de Javier Milei.
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Marcha contra el endeudamiento: Aguiar no descarta que «el creciente nivel de deudas se convierta en el desencadenante de un estallido social en el país»
«El presidente miente cuando dice que no le pusieron una pistola en la cabeza a la gente. Son sus políticas económicas y las de Caputo las que se convirtieron en una 9 milímetros que ahora está apoyada en la sien de millones de argentinos», indicó.

En el inicio de la movilización contra el creciente endeudamiento de las familias trabajadoras, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «no hay que descartar que sea el alto nivel de endeudamiento el que se termine convirtiendo en el desencadenante de un estallido social en el país. La situación que en este momento atraviesan millones de hogares en Argentina es dramática».
«El Gobierno no puede seguir mirando para otro lado. Tiene todas las herramientas para ponerle límites a la usura e implementar un programa de desendeudamiento de todas las familias que se endeudaron para poder sobrevivir», agregó.
En este marco, Aguiar apuntó que «el presidente miente cuando dice que no le pusieron una pistola en la cabeza a la gente. Son sus políticas económicas y las de Caputo las que se convirtieron en una 9 milímetros que ahora está apoyada en la sien de millones de argentinos».
«Es un Gobierno que le da todo a los que más tienen y nada a los que están sufriendo. Es increíble que hayan beneficiado con 68.000 millones de dólares en contribuciones a Mercado Pago y que los ciudadanos tengan que endeudarse para llegar a fin de mes. Hoy existen claramente dos argentinas: una llena de privilegios, con beneficios y subsidios, y otra Argentina llena de injusticias», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Según los propios datos del Banco Central, son más de 20 millones de personas las que mantienen deudas con bancos y entidades no bancarias en la Argentina. Además, la morosidad de las familias se cuadriplicó desde diciembre de 2023 y llegó al 17,5% de los créditos personales.
En paralelo, ATE realizó una encuesta para monitorear cómo afecta esta situación en el sector público de todo el país y el resultado arrojó que el 87% tiene deudas vigentes, y de ese grupo, el 73% las tiene con varias entidades a la vez. En cuanto a para qué usan ese dinero, el 40% dijo que lo destina a urgencias médicas, gastos de educación o al pago de alquiler y expensas, y el 37% lo usa para pagar otras deudas o cubrir comida y ropa.
El relevamiento también mostró un impacto fuerte en la salud mental: el 85,4% de los estatales consultados reportó un deterioro en su bienestar emocional y psicológico durante el último año. El 19,5% mencionó ansiedad, el 17% angustia y agotamiento, el 16% desánimo y el 15% insomnio.








