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Lago Escondido: Masiva marcha «por la soberanía y nuestros recursos»
Nuevamente, como hace 2 años, la movilización volvió a toparse con un camino bloqueado con rejas, alambres de púa y un cordón de efectivos policiales.
A cumplirse dos años de la última y masiva movilización al camino de Tacuifí, centrales obreras junto a sectores del campo popular volvieron a movilizarse el pasado lunes (7/02) por la soberanía con una nueva marcha por la recuperación del Lago Escondido, usurpado por el magnate inglés Joe Lewis.
«A 45 kilómetros al norte de El Bolsón, la columna encabezada por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, ATE y su Seccional Bariloche volvió a toparse con el escenario de todos los años: un camino bloqueado con rejas, alambres de púa y fundamentalmente un cordón de efectivos de la Policía Río Negro que garantizaban a punta de pistola el resguardo del territorio extranjerizado», indicaron en un comunicado de prensa.
A pesar de un fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Río Negro en 2013 y otro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2009, hoy el tránsito libre hacia lago continúa bloqueado. «Y en cada movilización, como hace dos años, nos reprimen con piedras y machetes, con complicidad de la policía, que libera la zona y custodia al empresario. Ahora, los patoteros de Lewis dijeron: ‘Vamos a hacer asado con ustedes'», agregaron desde las centrales obreras.
«Mientras se jacta de su gira por Europa, la gobernadora Arabela Carreras desde Madrid se lamentó este lunes por los ‘pobladores de la zona de Lago Escondido’, ya que según la propia Cerreras ‘ven alterada su vida tranquila por una cuestión muy ideológica’, dijo y así volvió a ratificar de qué lado está», remarcaron.
Denunciaron asimismo que «la Justicia rionegrina también se subordina a Lewis, ya que el juez Mariano Castro rechazó un hábeas corpus para garantizar el libre tránsito hacia Lago Escondido y la integridad de los manifestantes que habían sido interceptados en el sendero de montaña por unos 50 punteros de Lewis armados y a caballo, cuando intentaban llegar al lago.
La propia Secretaría de Derechos Humanos de la Nación intervino ante el último suceso y planteó que ‘ese es un camino autorizado por la Justicia para poder acceder al lago’ y pidieron a las autoridades de la provincia de Río Negro ‘que garanticen la seguridad y libre circulación de todos ellos'», añadieron.
«Esta historia ya la conocemos. La primera movilización por la segunda y definitiva independencia fue en el año 2017 donde planteamos el reclamo. Exactamente el 8 de febrero de 2020, antes de la pandemia, llevábamos adelante una nueva marcha por la Soberanía del Lago Escondido», recordaron. «En esa oportunidad, un gran contingente encabezado por la CCC, el PCR y PTP junto a organizaciones como la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca) recibimos piedras y palos y cero respuestas del poder político y judicial. Una mujer había sido herida de gravedad por un piedrazo en la cabeza. En aquella marcha, al ex intendente de El Bolsón, el radical Cacho Romera, fue visto organizando a los paisanos a caballo», indicaron.
«Como ya lo dijimos, Lewis construyó un Estado Paralelo con sello inglés en nuestra Patagonia, a pocos kilómetros de las Islas Malvinas. Desde esa porción de nuestra provincia, sangran nuestros recursos estratégicos al servicio de intereses de grupos económicos extranjeros no solo ingleses, también yankees», expresaron las centrales obreras.
«En la década del 90, Lewis recibió en bandeja de la mano de gobiernos radicales más de 12.000 hectáreas incluyendo el acceso público al lago Escondido, territorio donde construyó su mansión y montó dos usinas hidroeléctricas en el río Escondido. Allí fortalece su imperio energético Hidden Lake y abastece de energía al sistema interconectado nacional tres veces más cara y en base a todos nuestros recursos naturales que saquea impunemente.
A más de tres décadas de esa infame entrega, hoy el gobierno de Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro) con su poder de policía y de la mano de la justicia rionegrina; continúan protegiendo al multimillonario, quien sigue amasando sus grandes fortunas, alentado por su propio amigo personal, el expresidente Mauricio Macri, quien no ocultó haber vacacionado en esa mansión», agregaron.
«Hoy es uno de los principales accionistas de la empresa Pampa Energía que tuvo un crecimiento exponencial amparada por el macrismo: adquirió la empresa Iecsa (propiedad de la familia Macri) luego de las sospechas de corrupción con el caso Odebrecht. A través de Pampa Energía, Lewis es dueño parcial de varias represas y posee áreas hidrocarburíferas en la zona de Vaca Muerta», enfatizaron.
«Además, montó un aeropuerto privado en cercanías a Sierra Grande de dimensiones similares al aeropuerto Jorge Newbery de Capital Federal en otras 14.000 hectáreas. Además cuenta con un helipuerto comercial en Lago Escondido», concluyeron.
Por ello, las centrales obreras reclaman la urgente habilitación del camino de acceso al Lago Escondido y que «los gobiernos provincial y nacional hagan cumplir los fallos judiciales». Asimismo,, exigen la «expropiación de los bienes como las usinas eléctricas y nuestros recursos naturales, además de la estatización del aeropuerto».
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Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
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ATE exigió un examen médico psicofísico para conocer el estado de salud de Milei
«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», apuntó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó a Javier Milei para que informe si existe algún examen, junta médica, certificado, dictamen o protocolo que haya evaluado su aptitud psicofísica y/o psíquica para ejercer su rol de presidente y, en caso de que no exista, que lo realice inmediatamente. Además, el sindicato impulsará una iniciativa para que a partir del 2027 quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico para ejercer sus cargos.
«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. La intimación será remitida a la Jefatura de Gabinete de Ministros con copia a Presidencia de la Nación.
En relación a los requisitos que se le solicitan a quienes ingresan a la administración pública, apuntó que «es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado. Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda. Además es muy peligroso porque en el caso de Milei, es quien encabeza la administración pública nacional».
«Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función. Porque si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas. La mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos», agregó.
«Y no tenemos que olvidarnos que el presidente también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sus actos tienen impacto no solo en la estabilidad institucional y en el funcionamiento del Estado, sino también en la seguridad nacional», completó Aguiar.
En este marco, el dirigente estatal explicó que «estamos ejerciendo el derecho a la información pública y el acceso ciudadano a la información estatal, derechos que están amparados en las leyes, en la Constitución Nacional y además en los tratados internacionales».
«Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también examen psicofísicos a todos los cargos electivos a partir del año que viene. Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a suceder», concluyó el titular de ATE Nacional.
La intimación de ATE se ampara en el artículo 88 de la Constitución Nacional, haciendo saber que conocer el estado de salud del presidente no responde a una mera curiosidad particular, sino a una cuestión de notorio interés público e institucional que hace a la transparencia y a la confianza ciudadana en el ejercicio regular de la primera magistratura.
En su pedido, el sindicato aclaró que los trabajadores de la Administración Pública Nacional deben someterse a exámenes preocupacionales y periódicos de aptitud psicofísica, cuyo resultado condiciona directamente la continuidad del vínculo de empleo, según lo establece la la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164. Es en este marco que se lo insta al máximo responsable del Estado argentino a realizar evaluaciones similares.
Cabe destacar que ATE, en su requerimiento, deja en manifiesto que no busca acceder a ningún tipo de información médica privada, ni de historia clínica ni diagnósticos. sino que únicamente busca saber si existe una evaluación y cuál fue su conclusión: apto/no apto.
Detalles de la solicitud de ATE
- Exigir que el Gobierno informe si existe algún examen, junta médica, certificado, protocolo o dictamen que haya evaluado la aptitud psicofísica y/o psíquica del Presidente para ejercer el cargo.
- Si existe esa evaluación, informar la fecha, el organismo o profesional que intervino y el resultado, limitado a si fue considerado «apto» o «no apto», sin solicitar información clínica, diagnósticos ni historia médica.
- Informar si existe normativa, protocolo o reglamento que establezca controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica para el Presidente, y, en caso afirmativo, entregar una copia.
- Si el Gobierno decide rechazar total o parcialmente el pedido, ATE exige que la negativa sea fundada por escrito, indicando específicamente qué excepción de la Ley de Acceso a la Información Pública se invoca y aplicando el correspondiente test de daño e interés público.
- En caso de que no exista ningún tipo de exámen o apto médico realizado, que el mismo sea efectuado a los efectos de constatar si el presidente de encuentro en todas sus facultades psicofísicas para desempeñar el cargo.
