Policiales
Policía con condena por rapto fue cesanteado: STJ rechaza demanda para recuperar beneficio previsional
La causa penal se inició en 2012, un año después fue condenado y al otro año, tras las apelaciones, quedó firme en agosto de 2014. En octubre de 2016, una resolución lo exoneró de la policía.
Un policía que había sido condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso por rapto y tentativa de abuso sexual fue exonerado de la fuerza. Contra esta última decisión presentó una demanda judicial argumentando que no se había respetado el plazo máximo para la cesantía. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó la presentación del ex uniformado y dejó firme la resolución de la institución policial
La causa penal se inició en 2012, un año después fue condenado y al otro año, tras las apelaciones, quedó firme en agosto de 2014. En octubre de 2016, una resolución lo exoneró de la policía.
Prescripción y beneficio previsional
De esta manera, el policía cesanteado inició una causa judicial pidiendo su reincorporación, argumentando que no se había cumplido con el plazo de dos años para resolver. Entonces, para cuando se notificó la decisión de exoneración, según su óptica, “la acción disciplinaria se encontraba prescripta”.
Alegó que “sería arbitrario dejar a la Administración que fije el momento en que comience a computarse el término establecido para que opere la prescripción, al aseverar que es el Poder Ejecutivo quien requiere informes al Poder Judicial respecto del estado de las causas penales; y no es éste quien, per se, informa a aquél”.
También mencionó que al haber fallado en ese sentido, el Tribunal le ocasionó un perjuicio pues al haberse instrumentado la exoneración lo imposibilitó de volver a gozar del beneficio previsional al que había accedido luego de más de veinticinco años de servicio, acarreándole inconvenientes económicos”.Por último, recordó que se
trataba de una presentación administrativa donde no contaba la gravedad del delito cometido, sino los plazos. En su defensa, explicó que “cometió un error, fue condenado penalmente y cumplió la sentencia”, pero que la resolución lo está “privando de los derechos que le asisten, en especial al acceso a los beneficios de la seguridad social”.
Inicialmente la Cámara Laboral de Viedma rechazó el planteo, entonces el policía exonerado recurrió al STJ. El máximo Tribunal explicó que en la presentación no se cumple con el requisito de “refutar con una réplica precisa, demostrada y cabal de las motivaciones tenidas en cuenta por la Cámara para rechazar el recurso principal, específicamente, en tanto, sostiene que el accionante no logró demostrar donde reside el error en el razonamiento efectuado en la sentencia”.
“El escrito recursivo solo se limita a reiterar su disconformidad con el criterio de la Cámara sin aportar argumentos suficientes para demostrar el error de lo decidido por ella”, agregó.
En el tramo final, el STJ se refirió a la prescripción: “este Cuerpo viene sosteniendo que el tratamiento en esta instancia del instituto de la prescripción debe asumirse con estricto carácter excepcional, por cuanto las cuestiones que le son atinentes, tales como determinar su punto de partida y practicar el cómputo respectivo, remiten a aspectos fácticos y circunstanciales, reservados al conocimiento del grado y exentos de censura en la vía extraordinaria”. La regla de no revisión solo puede “ceder ante el excepcional supuesto de arbitrariedad”, concluye.
Policiales
Piden hasta 4 años y 10 meses de prisión efectiva para cuatro policías por vejaciones a adolescentes en Alta Barda
Los agentes ya fueron declarados responsables penales por la privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones, severidades y amenazas con arma. La defensa pidió el mínimo legal y condenas en suspenso.
La Fiscalía solicitó penas de hasta 4 años y 10 meses de prisión efectiva para cuatro empleados policiales que fueron declarados responsables penales por hechos cometidos contra dos adolescentes en junio de 2024, en el playón deportivo del barrio Alta Barda, en General Roca.
Durante la audiencia de cesura, el fiscal Gastón Britos Rubiolo pidió también la inhabilitación especial para ejercer funciones policiales por el doble del tiempo de la condena y el pago de las costas procesales. Las penas requeridas fueron de 4 años y 10 meses para Jorge Luis Espinoza, 4 años y 8 meses para Mauricio Omar Escobar, 4 años y 4 meses para Ana María Marilaf y 4 años y 2 meses para Betiana Soledad Beltrán.
Para fundamentar el pedido de prisión efectiva, el representante del Ministerio Público Fiscal remarcó la gravedad de los hechos y sostuvo que los agentes actuaron de manera dolosa, utilizando recursos del Estado, fuera de su jurisdicción autorizada y con cuatro armas reglamentarias calibre 9 milímetros para amedrentar a los adolescentes. También destacó las lesiones físicas, las secuelas psicológicas acreditadas mediante Cámara Gesell y la falta de arrepentimiento de los imputados. Según la Fiscalía, estos últimos intentaron entorpecer la investigación mediante un «pacto de silencio» y maniobras para eliminar evidencia en la sede del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (SIARME).
Las defensas rechazaron la pretensión fiscal y solicitaron el mínimo legal, con condenas de ejecución condicional. El defensor Juan Pablo Chirinos pidió dos años de prisión en suspenso e inhabilitación, además de cursos sobre derechos humanos y violencia institucional como pauta de conducta. Por su parte, Flavia Rojas cuestionó la valoración fiscal sobre su asistida y destacó su situación personal y los testimonios que, según afirmó, la describen como una persona pacífica y vulnerable. Los abogados Federico Diorio y Oscar Pineda también adhirieron al pedido de penas mínimas, con pautas de conducta y presentaciones trimestrales.
El Tribunal Colegiado, integrado por Oscar Gatti, Emilio Stadler y Verónica Rodríguez, fijó la lectura de la sentencia para el lunes 2 de noviembre, a las 12, en la sede de los Tribunales de General Roca.
Policiales
Detuvieron a un hombre de 30 años tras un robo en una vivienda
Una vecina alertó a la Policía al observar cómo un sospechoso ingresaba a una propiedad tras saltar el cerco y escapaba con pertenencias. El propietario confirmó luego que los accesos habían sido violentados.
Un hombre de 30 años fue detenido este lunes (26/10) por la mañana en General Roca, acusado de ingresar a una vivienda tras forzar sus accesos y sustraer elementos del interior de la misma. La intervención se inició a partir del llamado de una vecina que alertó a la Policía sobre lo ocurrido en una propiedad ubicada en calle Libertad al 3800.
Según informó la Policía, la mujer observó cómo un desconocido dejaba una bicicleta en la vereda, saltaba el cerco perimetral del inmueble y escapaba con pertenencias de la vivienda. Ante el aviso, efectivos de la Subcomisaría 69° acudieron al sector y lograron interceptar al sospechoso en la intersección de Libertad y Picaflor, cuando llevaba consigo un ténder de secado de ropa.
Los uniformados demoraron al hombre para identificarlo y trasladarlo a la unidad policial. Poco después, el propietario regresó a su casa y constató que los accesos principales habían sido violentados. Además, confirmó el faltante de los elementos recuperados.
Finalmente, la Fiscalía N° 1 dispuso la detención formal del involucrado, quien quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Justicia, en el marco de una causa caratulada como robo.
Policiales
Acusado de intentar robar una bicicleta fue encontrado escondido en el baño de una estación de servicio
El hombre habría intentado sustraer una bicicleta tras amenazar al dueño con un arma blanca.
Un hombre de 35 años fue detenido durante la madrugada del domingo (25/10) en General Roca, acusado de intentar robar una bicicleta mediante la exhibición de un arma blanca.
El procedimiento se inició cuando efectivos de la Comisaría 3° realizaban tareas de prevención sobre calle San Juan y fueron alertados por un vecino que denunció haber sido víctima de un intento de robo.
Según manifestó, un sujeto había intentado sustraerle la bicicleta utilizando un arma blanca para intimidarlo. A partir de la denuncia, los uniformados realizaron una recorrida por el sector para localizar al sospechoso.
Finalmente, encontraron al sospechoso en el baño de una estación de servicio ubicada en la intersección de las calles San Juan y Tucumán. El hombre, de 35 años, fue detenido y trasladado a la Comisaría 3°, donde quedó vinculado a una causa por tentativa de robo.
