Judiciales
Avanza la causa Byron: La defensa pidió la suspensión de juicio a prueba por una suma de dinero
El juez no hizo lugar a la solicitud. El violento hecho ocurrió el pasado 21 de septiembre en la Plaza Belgrano.
Este mediodía (24/02) se realizó la audiencia que antecede al debate por los actos de crueldad cometidos por un sujeto contra un can llamado Byron, el 21 de septiembre del año pasado en la plaza ubicada frente a la Municipalidad de Roca.
Según la acusación fiscal, “alrededor de las 11 de la noche, en la esquina de Avenida Roca y Mitre, el imputado golpeó brutalmente y de manera deliberada a Byron, un perro de raza terranova. Le dio una patada en la cabeza”, describió la fiscal.
“El hombre siguió caminando y al observar que el can seguía detrás suyo, sin mediar por parte de éste ningún tipo de agresión, regresó y le volvió a propinar otra patada, esta vez en la zona del abdomen, ocasionando que el can cayera al suelo y comenzara a convulsionar”, mencionó el Ministerio Público Fiscal.
“Este accionar causó en Byron sufrimiento y lesiones, que le provocaron la muerte en cuestión de minutos”, concluyó la Fiscalía.
La calificación legal esgrimida en la audiencia es la de “actos de crueldad contra un animal”, delitos previstos en los Artículos 3 inc. 7 de la Ley Nacional N° 14.346 y 45 del Código Penal.
Tal como expresó la Fiscalía en la audiencia realizada por la plataforma Zoom la pretensión punitiva según el delito por el que se le formularon cargos oportunamente, será menor a 3 años, por ello se solicita para el momento de la realización del juicio, un Tribunal Unipersonal.
El fiscal del caso presentó la evidencia recabada hasta este momento y que formará parte de la evidencia que se dará a conocer durante el debate. Es así que mencionó alrededor de 12 testigos, prueba documental, asimismo la filmación de los momentos inmediatamente posteriores al hecho.
La querella, representando al ciudador de Byron, adhirió al pedido fiscal, solicitó que se agregaran algunos testimonios y recortes de medios de la ciudad de Las Heras de la provincia de Santa Cruz.
En tanto que la parte querellante de “Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales” (A.F.A.D.A.), en representación de la víctima no humana, pidió la incorporación de un perito veterinario y de un especialista en artes marciales.
El defensor público penal que asiste al sujeto imputado expresó que su teoría del caso difería de la presentada por la Fiscalía. Concretamente solicitó que se encuadre el hecho en el delito en el Artículo 183 del Código Penal, ya que su asistido no era dueño del perro, y que según esa parte, el articulado habla de cuando la persona es dueña. Además presentó dos nuevas testigos.
El defensor se opuso a parte de la prueba de la querella como también a algunos testigos presentados por la Fiscalía.
Finalmente, la defensa ofreció la aplicación de la suspensión de juicio a prueba, por una suma determinada de dinero, ya que según esta parte carece de antecedentes penales, sumado a las reglas que el Tribunal dispusiere.
Sin embargo, el fiscal del caso enfatizó que “la ley trata a los animales como víctimas, son sujetos de derechos, por ello es imposible encuadrar la conducta en el Artículo 183. Tampoco vamos a consentir la aplicación de una probation, porque no se da la excepción que se menciona en la Instrucción de la Procuración General (04/20/PG), además esta Fiscalía no justifica ni se acepta la conducta reprochada”. El posicionamiento fiscal fue acompañado por ambas querellas.
Por su parte, el juez de Juicio interviniente resolvió admitir la acusación fiscal en los términos realizados según el hecho y la calificación legal. Admitió la prueba presentada en la jornada de hoy y no hizo lugar a la suspensión de juicio a prueba.
Ahora resta que la Oficina Judicial de General Roca fije la audiencia de juicio para el debate.
Judiciales
Condenaron a 3 años de prisión en suspenso al anestesiólogo Atencio Krause por la muerte de Valentín
Además, está inhabilitado por 7 años y 6 meses para ejercer la medicina.
En una sentencia que coincide con la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal y la familia de Nahitan Valentín Mercado Toledo, el juez Emilio Stadler condenó al anestesiólogo Mauricio Atencio Krause por la muerte del niño de 4 años.
El fallo impone una pena de 3 años de prisión en suspenso y una inhabilitación especial de 7 años y 6 meses para ejercer la medicina.
El Ministerio Público Fiscal había solicitado la pena de 3 años de prisión condicional para el anestesiólogo. Además pidieron la inhabilitación especial para ejercer la medicina durante 10 años. La querella adhirió. Por su parte el defensor particular solicitó el mínimo penal previsto y que la inhabilitación sea para la medicina pediátrica.
En julio de 2024, Valentín ingresó al Sanatorio Juan XXIII para una cirugía programada de hernia diafragmática. Durante la operación, el tubo que suministraba oxígeno al niño se obstruyó con mucosidad y sangre. Esta situación interrumpió la respiración por un período prolongado y provocó un daño cerebral irreversible por falta de oxígeno. El niño sufrió un paro cardíaco en el quirófano y falleció una semana después.
Luego de analizar las pruebas y los testimonios, el juez Stadler determinó que el médico actuó con negligencia y falta de profesionalismo. La sentencia destacó varios aspectos que demostraron el descuido del anestesiólogo, entre ellos la falta de vigilancia. El profesional no realizó un control constante de la respiración ni de los signos vitales del paciente, tarea que constituía su responsabilidad exclusiva.
Al momento de detectarse el problema, el monitor que debía alertar sobre la falta de oxígeno se encontraba desenchufado. La sentencia también hizo referencia al uso del teléfono celular y a diversas distracciones. Testigos declararon que el médico utilizó su celular en varias ocasiones dentro del quirófano e incluso salió de la sala para buscar un cargador durante la cirugía.
El juez concluyó que la muerte de Valentín pudo evitarse. El fallo estableció que el médico abandonó su rol de guardián de la vida del paciente en el quirófano.
Además de la inhabilitación para ejercer la medicina, Atencio Krause deberá cumplir reglas de conducta estrictas durante 3 años, entre las que se incluyen la presentación mensual ante la Justicia y la prohibición de cometer nuevos delitos.
El juicio de cesura comenzó el 3 de febrero y tuvo lugar en la Ciudad Judicial de Roca. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Gastón Ezequiel Britos Rubiolo y Norma Reyes. La querella, en representación de los padres del niño, fue ejercida por Agustín Aguilar y Miguel Ángel Díaz Zeballos, mientras que la defensa del médico estuvo a cargo de Juan Ignacio Scianca.
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Vivió 10 años bajo la humedad en las 500 Viviendas: Ordenan a las vecinas de arriba a realizar las reparaciones urgentes
Se estableció que el origen del problema se encuentra en el caño maestro del edificio. Por su antigüedad, el hierro galvanizado presenta oxidación y roturas.
Una mujer vive en su departamento de planta baja del barrio 500 Viviendas de Roca desde hace años. Sin embargo, su hogar dejó de ser un refugio y se transformó en una fuente de angustia constante. Durante una década, realizó arreglos por su cuenta en techos y paredes a raíz de filtraciones de agua provenientes de los pisos superiores.
El agua atraviesa la estructura de manera pareja y constante. Ante esta situación, la mujer recurrió al Poder Judicial mediante una acción de daño temido, ya que el riesgo resulta real y urgente: el techo puede desplomarse y las paredes pueden electrificarse.
El fuero Civil de Roca hizo lugar a la demanda y ordenó a las propietarias de los pisos superiores reparar el caño maestro y eliminar las filtraciones. La sentencia establece que, si las obras no se ejecutan, la mujer podrá realizarlas por su cuenta, con cargo a las vecinas del nivel superior.
Un informe técnico advirtió la existencia de riesgos graves. El agua puede tomar contacto con cables o cajas eléctricas, lo que provoca electrificación de las paredes y descargas peligrosas. Además, la humedad favorece el crecimiento de moho, que causa enfermedades respiratorias.
Se estableció que el origen del problema se encuentra en el caño maestro del edificio. Por su antigüedad, el hierro galvanizado presenta oxidación y roturas.
La jueza consideró que el caso reúne todos los requisitos de una acción preventiva. La normativa autoriza a los jueces a adoptar medidas inmediatas cuando existe un riesgo grave e inminente para las personas o los bienes.
El Tribunal entendió que los propietarios de las unidades funcionales están alcanzados por el deber de prevención de daños, dado que son cotitulares de las partes comunes del edificio. Por ese motivo, deben permitir el ingreso a sus viviendas para llevar adelante las reparaciones necesarias.
En cuanto al consorcio, aunque no fue demandado de manera directa, la jueza resolvió que debía colaborar mediante la entrega de los planos del edificio, en función de las amplias facultades judiciales propias de las acciones preventivas. En consecuencia, rechazó de forma parcial la excepción de falta de legitimación planteada.
El fallo ordena al consorcio entregar los planos del edificio para asegurar la correcta ejecución de las obras. A su vez, la vecina afectada debe permitir el acceso a su vivienda con el fin de facilitar las tareas de reparación.
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Confirman sentencia contra administradora de plan de ahorro por no dar información clara y precisa
El consumidor reclamó tras recibir una cuota 84 con un valor elevado y sin explicación.
Un fallo de segunda instancia confirmó una sentencia que había condenado, de manera solidaria, a una administradora de planes de ahorro y a una terminal automotriz, por incumplimientos al deber de información hacia un consumidor de Viedma.
El caso se originó a partir del reclamo de un hombre que había suscripto un plan de ahorro a 7 años y que, al llegar a la cuota final número 84, recibió un monto considerablemente más alto de lo esperado, sin una explicación clara ni detallada sobre su conformación.
En primera instancia, el juez tuvo por acreditado que existía un saldo deudor, pero consideró que la administradora no logró explicar de manera razonada cómo se había arribado a ese monto. En el análisis también se tuvo en cuenta la aplicación de una medida cautelar dictada en el marco de un amparo colectivo, que luego fue revocada, sin que ello fuera debidamente informado al consumidor.
El Juzgado entendió que la empresa incumplió el deber de información, al no brindar precisiones sobre la composición del valor móvil, los rubros incluidos en los cupones de pago ni el impacto de la medida cautelar en la cuota final. Esa conducta fue considerada un incumplimiento relevante dentro de una relación de consumo, por lo que se ordenó el pago de una indemnización por daño moral y la aplicación de un daño punitivo.
Al analizar el recurso, la Cámara confirmó el fallo y sostuvo que no resultaba suficiente consignar el valor móvil en los cupones, sino que era exigible una conducta activa y transparente por parte de la administradora, conforme a la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial.
