Este lunes (2/03) comenzó formalmente el ciclo lectivo 2026 en la provincia de Río Negro, con el regreso a las aulas de más de 215.000 estudiantes en todos los niveles y modalidades. Sin embargo, el inicio de clases se da en un contexto de conflicto gremial con un paro de 48 horas anunciado por UnTER.

El calendario escolar había sido aprobado en diciembre pasado bajo el lema Cartografiar la Educación para el futuro: articulación e innovación educativa para la transformación rionegrina. El ciclo se extenderá hasta el 18 de diciembre, con receso invernal previsto desde el 13 de julio.

Desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos informaron que durante el verano se llevó adelante un plan intensivo de mantenimiento en más de 700 edificios escolares de toda la provincia. Las tareas incluyeron sanitización, limpieza de tanques, revisión de instalaciones eléctricas, sanitarias, de agua y gas, entre otras intervenciones de carácter preventivo y correctivo.

Según datos oficiales, el 98% de los establecimientos se encuentran en condiciones para iniciar las clases. En aquellos edificios donde aún restan finalizar trabajos, se dispusieron dispositivos pedagógicos y estrategias alternativas para garantizar el inicio del ciclo lectivo. Además, el Gobierno provincial mantiene en ejecución alrededor de 30 obras de refacción en escuelas y jardines.

El ciclo 2026 contará nuevamente con los servicios de transporte escolar y comedor. En este último caso, el servicio comenzará con refrigerio y desde el miércoles se incorporarán todas las modalidades del comedor.

Paro docente y conflicto abierto

El Congreso Extraordinario de Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) resolvió no iniciar el ciclo lectivo del período común con un paro de 48 horas. El gremio rechazó la propuesta salarial del Gobierno provincial al considerarla «alejada de las necesidades reales de la docencia rionegrina» y exigió una nueva convocatoria a paritaria que contemple la pérdida del poder adquisitivo.

Además, se confirmó una jornada de movilización y acciones en distintas seccionales, y se advirtió que no habrá normalidad en el ciclo lectivo si no se presentan respuestas satisfactorias.

Desde UnTER también se ratificaron otros reclamos vinculados a condiciones laborales, infraestructura y reformas educativas, al tiempo que se resolvió convocar a un nuevo congreso para evaluar la continuidad del plan de lucha.

Luego de que el Senado aprobara la reforma laboral, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, evaluó que «es un triunfo institucional pero una derrota social para el Gobierno» y llamó a «no cumplir la ley en los sectores de trabajo».

«Nadie está obligado a acatar una ley que es grosera y manifiestamente inconstitucional. Que nadie espere que pidamos permiso para hacer una asamblea. La mayoría que el Gobierno compró adentro en el Congreso no la tuvo afuera en la sociedad. 7 de cada 10 argentinos rechazan la reforma laboral. Se trata de una norma que quita derechos y promueve la precarización, abarata el valor del trabajo e impulsa despidos masivos, además de desfinanciar de manera grave el sistema previsional. Están promoviendo políticas que atacan el corazón de la democracia. Con esta norma están haciendo oscuro el futuro de nuestra patria», completó el dirigente estatal.

En el marco de la movilización realizada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras, Aguiar apuntó que «los trabajadores no nos vamos a rendir frente a una mayoría circunstancial que levantó la mano en el Congreso. Nuestros derechos no surgieron de un recinto, nacieron de la organización y la lucha de nuestra clase. Este es un pacto contra los trabajadores que rápidamente vamos a romper».

«A los trabajadores no nos van a poder comprar como hicieron con el Parlamento. En los sectores de trabajo estamos nosotros y este mamarracho no se va a poder aplicar. Y no festejen tanto porque a pesar de las alianzas el Gobierno no está tan bien, tiene fragilidad. No vaya a ser cosa que tengan un traspié y cambie drásticamente el escenario», agregó el secretario general de ATE Nacional.

«Sepan que vamos a profundizar la lucha para derrotar a los entreguistas que quieren arrasar con todas las conquistas que supimos conseguir», concluyó Aguiar.

El paro nacional de la Asociación Trabajadores del Estado que comenzó a las 00 horas registró un alto nivel de acatamiento en todo el país en la previa a la movilización que el sindicato realizará al Congreso en el marco del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras.

«Van a votar una ley incendiaria. Los focos de conflicto se van a empezar a multiplicar en todo el territorio nacional. Intentan aprobar una norma que favorecerá los despidos masivos y pondrá en riesgo la paz social», apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

«Hoy es un día bisagra para la historia de nuestro país. Estamos frente al mayor retroceso que se recuerde en materia de legislación laboral. Debieran rechazar esta iniciativa, y si comprando voluntades la logran aprobar, el Gobierno tiene que saber que no la podrá aplicar», agregó el referente estatal.

Las protestas se realizan en las principales ciudades de todas las provincias del país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la movilización del FreSU será a partir de las 10 con concentración en Salta y Avenida de Mayo.

Por estas horas solo se garantizan guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.

Además se ven afectados los servicios de recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del el Senasa, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), migraciones y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros. Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.