Judiciales
Manifestantes que atacaron las oficinas del Río Negro no podrán pasar caminando por la vereda del diario
Además deberán acreditar 96 horas de trabajo comunitario. Uno de los imputados es menor de edad, por lo que deberá asistir a una charla.
La defensa particular de cinco imputados, uno de ellos menor de edad, solicitó hoy (21/04) la aplicación de probation y de juicio abreviado, por los hechos sucedidos en el hall de entrada del edificio donde funciona el Diario Río Negro en Roca. La querella en representación de la Editorial Río Negro S.A. y la Fiscalía adhirieron a la medida.
Es así que tras el acuerdo de las partes, y luego de escuchar algunas propuestas y observaciones, la jueza de Garantías interviniente resolvió la aplicación del beneficio de suspensión de juicio a prueba para las cuatro personas mayores de edad. Mientras que el menor de edad punible, que admitió los hechos y su participación, deberá cumplir reglas de conducta en el marco de un juicio abreviado.
Concretamente los cuatro mayores deberán acreditar haber cumplido 96 horas de trabajo comunitario. Además deberán cumplir ciertas reglas de conducta específicas, entre ellas, la innovadora regla de participar de una charla propuesta por la Fiscalía, acerca de la importancia de los medios de comunicación en la vida social democrática, cuya asistencia ya está comprometida con quienes la brindarán.
A lo anterior se agrega que durante el plazo de un año, ellos y el menor de edad, no pueden pasar caminando por el Diario Río Negro, si lo hacen en auto no deben tocar bocina y ni frenar, tampoco pueden tomar contacto a través de ningún tipo de medio con ninguna persona que trabaje en el medio de comunicación. A lo que se sumaron las reglas de fijar y mantener domicilio, si lo modifican deben dar aviso a la Oficina Judicial o al organismo judicial señalado, también deben presentarse en la Oficina de suspensión de juicio a prueba para dar cuenta de que están a derecho, no deben abusar de bebidas alcohólicas o consumir estupefacientes en la vía pública, como tampoco cometer nuevos delitos.
Respecto del menor de edad, se solicitó que asista a la charla de la Diplomatura, y que concluya el corriente año lectivo de escolaridad en curso y que realice las gestiones necesarias para continuar en el año siguiente.
Todo lo anterior bajo apercibimiento de que se les revoque el beneficio y el trámite legal continúe la vía correspondiente.
“Podemos solicitar lo anterior, ya que el hecho y la calificación legal del presente caso hacen aplicable este instituto. Tenemos en cuenta que ninguno de ellos, conforme el informe del Registro Nacional de Reincidencia tienen antecedentes penales computables que obstaculizaría su aplicación, en nuestra base de datos también se chequeó que no hayan recibido este beneficio, por todo ello corresponde el trámite de suspensión de juicio a prueba”, explicó la fiscal jefe Graciela Echegaray.
Las partes renunciaron a los plazos recursivos y de esta manera el juicio abreviado ya comenzó a tener vigor, como también la probation para las cuatro personas mayores de edad.
Judiciales
Imputaron a la dueña de una agencia de viajes que vendía traslados a Italia que nunca se realizaron
La mujer está bajo investigación del Ministerio Público Fiscal. Se ordenó la inhibición de bienes y la presentación diaria ante la Justicia.
Ayer (17/10) por la tarde, el Ministerio Público Fiscal de General Roca solicitó la aplicación de estrictas medidas cautelares contra una mujer investigada por presunta estafa en la venta de viajes al exterior.
Según la acusación, el hecho bajo investigación habría ocurrido entre octubre de 2024 y agosto de 2025, en un local ubicado sobre calle Mitre 930 de Roca, donde la imputada -representante de una empresa de viajes Lola Tour se habría ganado la confianza de un grupo de personas a las que ofreció paquetes turísticos a Italia.
De acuerdo con la Fiscalía, la mujer emitía comprobantes falsos y aparentaba tener la capacidad para brindar el servicio. Sin embargo, nunca gestionó los pasajes ni las reservas de alojamiento, y llegada la fecha del viaje, éste no se concretó.
Las víctimas, integrantes de un grupo de estudio, habrían abonado la totalidad del paquete, sin recibir el reintegro del dinero pese a los reclamos reiterados. «De esa manera, les ocasionó un perjuicio patrimonial significativo», explicó la representante fiscal durante la audiencia.
Entre las pruebas reunidas por el Ministerio Público se encuentran 15 denuncias formales, testimonios, el allanamiento de la vivienda de la acusada y el secuestro de documentación vinculada a las operaciones.
Tras el pedido del Ministerio Público Fiscal, la jueza interviniente ordenó la inhibición general de todos los bienes de la mujer, el bloqueo de sus cuentas bancarias y la obligación de presentarse diariamente en la Fiscalía.
En caso de incumplir las medidas impuestas, la Fiscalía podrá solicitar una nueva audiencia para evaluar sanciones más severas y garantizar el avance de la causa.
Judiciales
Pagó las 84 cuotas de un plan de ahorro y nunca le entregaron el vehículo
La empresa tendrá que devolverle el dinero e indemnizarlo por el incumplimiento.
Un hombre de Cipolletti se inscribió a un plan de ahorro con la expectativa de adquirir un Volkswagen Fox cero kilómetro. Abonó cada una de las 84 cuotas pero nunca le entregaron el vehículo. Impulsó un reclamo civil y obtuvo una sentencia favorable: la empresa tendrá que devolverle el dinero e indemnizarlo por el incumplimiento.
El plan, de tipo 70/30, se orientaba a la adquisición de un Volkswagen Fox Confortline, cinco puertas, motor 1.6. El contrato preveía 84 pagos mensuales y una vez cancelado, la empresa debía adjudicar el vehículo si el adherente cumplía con los requisitos establecidos. El ciudadano completó todos los pagos en marzo de 2017 y solicitó la unidad en varias oportunidades, sin obtener respuesta.
Ante la falta de información, remitió dos cartas documento. En la primera, pidió detalles sobre el procedimiento y los datos para concretar el pago del 30% restante. En la segunda, intimó a la empresa a entregarle el vehículo o devolverle las sumas abonadas. Ninguna de las misivas fue respondida.
La jueza del caso concluyó que el contrato se resolvió por un incumplimiento imputable a la empresa. Determinó que no existió comunicación fehaciente hacia el adherente sobre los sorteos, los requisitos para la adjudicación ni el resultado de la liquidación final. Tampoco surgió prueba alguna de que la firma hubiera notificado al consumidor sobre el avance o finalización del plan.
El fallo ordenó la devolución del total de las cuotas abonadas, con intereses desde la fecha de cada pago. También reconoció una indemnización por la privación de uso del rodado, al establecer que el ciudadano mantuvo durante más de un año la expectativa legítima de acceder al vehículo.
La sentencia incluyó una compensación por daño moral: valoró la frustración causada por el incumplimiento, luego de siete años de aportes cumplidos. Destacó la ausencia total de información por parte de la empresa, incluso después de las intimaciones formales.
Finalmente, la resolución impuso una multa por daño punitivo. La jueza consideró que la empresa actuó con desinterés frente a los derechos del consumidor y con un nivel de desinformación que justificó la sanción prevista por la Ley de Defensa del Consumidor.
La sentencia es de primera instancia y el fallo no está firme porque puede ser apelado. La empresa condenada es Volkswagen S.A de ahorro para fines determinados.
Judiciales
Condenado a 4 años de prisión por distribuir material de abuso infantil
El hombre de 36 años reconoció haber compartido imágenes de abuso sexual infantil a través de redes sociales.
Un hombre de 36 años fue condenado a 4 años de prisión efectiva por distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil, en el marco de un juicio abreviado llevado adelante por el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Penal Pública.
Durante la audiencia, el imputado reconoció haber cometido los hechos investigados: 5 episodios ocurridos entre 2023 y 2024, todos en la localidad de Cervantes.
Según la Fiscalía, el hombre poseía y distribuía imágenes y videos de contenido sexual infantil a través de medios electrónicos y redes sociales. La denuncia se originó a partir de un reporte del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organización internacional que trabaja en la detección de este tipo de delitos y mantiene convenios de cooperación con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y, a su vez, con el de Río Negro.
Durante la investigación, se realizaron allanamientos en el domicilio del acusado, donde se secuestró material informático. También se incorporaron al expediente los informes periciales de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel), del Cuerpo de Investigación Forense (CIF) y de la Delegación de Criminalística de Cervantes.
El Tribunal Colegiado consideró acreditada la responsabilidad penal del hombre por el delito de distribución de material de abuso sexual infantil en concurso real con tenencia de material de abuso sexual infantil con fines de distribución agravado por ser menores de 13 años, de acuerdo a lo previsto en los artículos 128, 1°, 3° y último párrafo del Código Penal.
El condenado no posee antecedentes penales ni causas en trámite, y deberá cumplir la pena de prisión efectiva, además de afrontar las costas del proceso judicial.
