Judiciales
Agredió a su ex pareja, a su hija y a su madre: Le dictaron prisión preventiva
El hecho de violencia de género ocurrió el pasado sábado a la madrugada en Padre Alejandro Stefenelli.
Un hombre fue acusado de femicidio en grado de tentativa y otros delitos en contexto de violencia de género y continuará detenido mientras avanza la investigación en su contra. Intentó matar a su ex pareja y la madre del imputado fue la que intervino para poder impedirlo.
Los violentos episodios comenzaron en la madrugada del 21 de mayo cuando el acusado -sobre quien pesada una restricción que le impedía acercase a la vivienda- ingresó sin autorización y saltando un portón al domicilio de su ex pareja ubicada en el barrio Padre Alejandro Stefenelli, en General Roca.
Cerca de las 9.00 horas de ese mismo día, el hombre se dirigió a la casa de su propia madre, donde también ingresó en contra de su voluntad y comenzó a agredirla físicamente propinándole golpes en distintas partes del cuerpo, así como también tirándole los pelos e intentando asfixiarla. Durante su accionar, el hombre le recriminaba a su progenitora que no lo ayudaba para que su ex pareja se vaya de su casa.
Minutos después de lo anterior, el acusado recorrió los 100 metros que separan la vivienda de su madre respecto de la de su ex pareja y volvió a ingresar por la fuerza saltando el portón de ingreso que se encontraba cerrado con llave. Allí, tomó una herramienta metálica de unos 20 centímetros de largo con la cual comenzó a atacar a la mujer golpeándola en reiteradas oportunidades en la cabeza con la clara intención de darle muerte.
Para intentar socorrer a la víctima, la hija de ambos comenzó a intervenir y fue agredida por su progenitor quien la tomó del cabello y también la golpeó. Finalmente, llegó al lugar la madre del imputado quien comenzó a golpearlo con un palo para que deje de agredirlas logrando que el mismo soltara a sus víctimas.
La fiscal del caso, Verónica Villarruel, calificó los hechos como femicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa por la agresión a su ex pareja y lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por ser cometidas en contexto de violencia de género respecto de los ataques para con su hija y su madre.
Además se suman a lo anterior, los delitos de violación de domicilio y desobediencia a una orden judicial toda vez que al imputado se le había prohibido en el marco de un proceso de familia acercarse a los dos domicilios reseñados.
La representante del Ministerio Público requirió la prisión preventiva del acusado destacando que en caso de ser hallado culpable, la pena a imponer sería indefectiblemente de cumplimiento efectivo. Además destacó que el caso debía analizarse con perspectiva de género y recordó el compromiso del Estado argentino de permitir que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia.
La fiscal sostuvo que cualquier otra medida que no sea la de la prisión preventiva sería insuficiente para permitir lo anterior y que haría peligrar el normal avance del proceso puesto que el imputado no había respetado la perimetral que ya pesaba en su contra.
El Juez de Garantías, Julio Martínez Vivot tuvo por formulados los cargos en los términos expuestos por los acusadores e hizo lugar a la medida cautelar requerida. En consecuencia, el acusado permanecerá detenido en carácter de prisión preventiva.
Judiciales
Un grupo de WhatsApp para organizar las camperas de egresados terminó en un conflicto entre familias que se resolvió en mediación
Los intercambios incluyeron insultos, burlas y mensajes ofensivos entre estudiantes de una escuela primaria.
Lo que comenzó como una conversación entre estudiantes de sexto grado de una escuela primaria del Valle Medio terminó en un conflicto entre familias. El problema surgió en un grupo de WhatsApp creado para organizar las camperas de egresados, donde se intercambiaron mensajes ofensivos, insultos y burlas. Aunque los chicos ya habían superado sus diferencias, tres madres participaron de una mediación extrajudicial y asumieron compromisos para prevenir nuevos episodios y favorecer la convivencia dentro y fuera de la escuela.
El grupo de mensajería había sido creado para coordinar la confección de las camperas que los estudiantes utilizarían como parte de su último año de primaria. Sin embargo, las conversaciones derivaron en intercambios ofensivos entre algunos de sus integrantes y el conflicto trascendió el ámbito escolar. A raíz de una denuncia presentada ante el Juzgado de Paz, el caso fue derivado al Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC).
La mediación extrajudicial estuvo a cargo de un mediador oficial de la segunda circunscripción judicial y reunió a las tres madres, dos de manera presencial y una en forma virtual. El encuentro permitió que las propias familias dialogaran sobre lo ocurrido, sus responsabilidades y las medidas necesarias para evitar que situaciones similares afectaran nuevamente a sus hijos.
Las participantes reconocieron que los hechos habían sucedido y coincidieron en que existían mecanismos de diálogo más apropiados para abordar las diferencias, incluso dentro de la propia escuela. También señalaron que la relación entre los estudiantes ya se había normalizado y que no se habían registrado nuevos episodios de conflicto.
El acuerdo, por lo tanto, no se limitó a dar por superado el enfrentamiento. Las madres asumieron el compromiso de prestar mayor atención a sus deberes de cuidado, educación y protección integral de sus hijos, con el propósito de prevenir nuevas situaciones de violencia o discriminación y promover relaciones basadas en el respeto.
Las tres coincidieron en la necesidad de adoptar acciones positivas que contribuyan a la convivencia pacífica tanto en la escuela como fuera de ella. El compromiso compartido apuntó a fortalecer el diálogo entre las familias, acompañar las relaciones entre los niños y favorecer la paz social en la comunidad educativa.
Al finalizar el encuentro, las madres agradecieron la intervención del servicio de mediación y dieron por concluido el conflicto. Posteriormente, ratificaron lo acordado y expresaron su conformidad con los compromisos asumidos.
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Usaba auriculares, no escuchó a su jefe y recibió una sanción de la Justicia
La empleada cumplía funciones de atención al público y ya había recibido advertencias por el uso de auriculares. El tribunal consideró que su conducta afectó el funcionamiento del servicio.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) aplicó un apercibimiento con anotación en el legajo a una empleada judicial que utilizaba auriculares durante su jornada laboral, pese a haber recibido advertencias anteriores. La trabajadora cumplía funciones de atención al público y recepción de personas, tareas que requerían interacción permanente con usuarios y compañeros.
El episodio comenzó cuando el funcionario a cargo de la dependencia intentó comunicarse con ella en reiteradas oportunidades para encomendarle tareas, pero no obtuvo respuesta. Al acercarse a su escritorio, advirtió que tenía auriculares colocados en ambos oídos. Una compañera también debió hacerle señas para alertarla sobre la presencia de su superior.
El funcionario le tocó el hombro para captar su atención y le recordó que no debía utilizar auriculares durante el horario laboral. La empleada respondió que esa práctica no estaba prohibida. Sin embargo, momentos después ingresó al despacho de su superior y cuestionó el llamado de atención en un tono elevado. Argumentó que necesitaba los auriculares para concentrarse y que quienes quisieran hablarle debían ubicarse frente a su escritorio.
La situación ocurrió mientras había usuarios en el sector de atención. Las declaraciones de otros trabajadores permitieron reconstruir lo sucedido y confirmaron que la empleada ya había recibido advertencias previas.
Tras la apertura de un sumario administrativo, la trabajadora ejerció su derecho de defensa y cuestionó la valoración de las pruebas. Al resolver, el STJ aclaró que no existe una norma que prohíba expresamente el uso de auriculares, pero consideró que su utilización afectó el cumplimiento de las tareas y la disponibilidad requerida para el servicio.
El tribunal también cuestionó el tono y la forma en que la trabajadora se dirigió a su superior. No obstante, valoró que posteriormente ofreciera disculpas y que no registrara antecedentes disciplinarios.
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Después de 20 años sin verse, un padre y su hija se reencontraron en una mediación
El encuentro se produjo en el marco de un reclamo para sostener los estudios terciarios de la joven. Además de alcanzar un acuerdo alimentario, padre e hija pudieron conversar, abrazarse y retomar el contacto.
Una joven de 21 años se presentó en el Centro de Atención de la Defensa Pública (CADEP) para solicitar que su padre colaborara económicamente con el sostenimiento de sus estudios terciarios. Sin embargo, la mediación terminó convirtiéndose en una oportunidad para reencontrarse después de aproximadamente 20 años sin verse.
La joven llegó acompañada por su madre y, en un primer momento, la intervención se desarrolló en salas separadas. Durante la reunión, explicó cuáles eran sus necesidades, cómo era su carrera y por qué había recurrido a esa instancia. Por su parte, el padre realizó un ofrecimiento concreto y pidió poder hablar con su hija.
Ante esa situación, las defensoras intervinientes les propusieron compartir un espacio a solas, sin abogados de por medio. Ambos aceptaron y se sentaron juntos en una de las salas del Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC).
El encuentro se prolongó durante un tiempo considerable. Cuando las profesionales volvieron a ingresar, encontraron a padre e hija abrazados y llorando.
Según explicó una de las representantes de la Defensa Pública, esos minutos, que fueron posibles a partir de una necesidad concreta de la joven para continuar sus estudios, abrieron una posibilidad para recomponer el vínculo familiar.
Durante la reunión, ambos intercambiaron sus números de celular y acordaron coordinar un encuentro para tomar un café. De acuerdo con lo informado por las defensoras, ese contacto comenzó a sostenerse desde que salieron de la mediación.
En cuanto al reclamo económico, las partes acordaron que el padre destinará un porcentaje del beneficio previsional que percibe. Para instrumentar lo convenido, se dispuso la apertura de una cuenta judicial y se ofició a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para que se realice la retención voluntaria acordada en concepto de prestación alimentaria para su hija.
