Judiciales
Con los alegatos de apertura, comenzó el juicio por jurados por el femicidio de Casmuz
La defensa de Colicheo sostiene que no existen pruebas que acrediten quién fue la persona que jaló el gatillo para matar a la víctima.
Comenzó este martes (13/09) en Roca el juicio por jurados en el que se juzgará a Antonio Colicheo, único acusado como presunto autor del delito de femicidio con alevosía, del que fue víctima la joven Claudia Alejandra Casmuz en marzo de 2021.
La Fiscalía sostuvo que a lo largo del juicio se probará que el imputado fue el autor del robo de un arma de fuego y que con la misma mató a Claudia Casmuz. La querella acompañó esta posición mientras que la defensa consideró que no existían pruebas para arribar a la condena y adelantó que solicitará la absolución.
El juicio se desarrolla en el Auditorio de la Ciudad Judicial de Roca, con la dirección del juez profesional Emilio Stadler.
El equipo fiscal integrado por el fiscal jefe Andrés Nelli y la fiscal Verónica Villarruel explicó que el cuerpo de la víctima fue hallado en el campo La Perseverancia, ubicado a unos 75 kilómetros de General Roca el 4 de marzo de 2021. El femicidio -según la hipótesis de la acusación- ocurrió entre el 18 de febrero y el 3 de marzo. La víctima fue agredida con un arma de fuego calibre 9 milímetros.
En primer término el hombre le habría disparado en un omóplato, momentos en los cuales Casmuz se intentó escapar del lugar corriendo. El acusado la habría golpeado con un objeto contundente para inmovilizarla y luego ultimarla con un segundo disparo. El cuerpo fue hallado semienterrado en una fosa.
La fiscal reseñó que esa pistola había sido robada de una vivienda antes de cometer el crimen, circunstancias en las cuales también habría sustraído una placa de policía de la provincia de Neuquén y una notebook.
“No es solamente la muerte de una mujer en manos de un hombre. Lo hizo aprovechándose de las múltiples vulnerabilidades de Claudia”, aseveró la representante del Ministerio Público.
“Les pido que presten atención. A lo largo del juicio se demostrarán todos y cada uno de los hechos. Les prometo no les quedará duda alguna de que el imputado es quien robó el arma, la placa y la notebook y tampoco les quedará ninguna duda de que fue quien mató a Claudia”, concluyó.
La querella, que representa a la madre de la víctima, coincidió con la fiscalía y resumió que el acusado llevó a Casmuz a “a un lugar alejado sin ningún testigo y la sometió con un arma de fue 9 milímetros, le disparó dos veces y la golpeó”.
La calificación legal del caso es femicidio agravado por ser cometido con alevosía y por el uso de arma de fuego, y robo simple en calidad de autor, en concurso real con tenencia de arma de fuego de guerra.
El acusado es representado legalmente por el defensor oficial Juan Pablo Piombo y la adjunta de la defensa penal Laura Dominguez y adelantaron que iban a solicitar la absolución por todos los delitos. Sostuvo que no existen pruebas que acreditaran quién fue la persona que jaló el gatillo para matar a la víctima. Y afirmó que no hay dudas sobre las múltiples vulnerabilidades de la víctima pero lo que los acusadores buscaban era generar impacto emocional en el jurado.
“Para condenar hace falta prueba”, consideró el defensor, y agregó que los acusadores utilizaron como estrategia apelar a lo emocional, precisando que esto sucede cuando “faltan pruebas”.
Sintetizó en que la única prueba de cargo es que el arma de fuego con la que se habría dado muerte a la víctima fue hallada en poder del imputado muchos días después del crimen, pero que eso no probaba la autoría por parte del único acusado.
La jornada de debate continuará hoy con los primeros testimonios y se extenderá hasta el próximo martes, cuando está previsto que las partes expongan los alegatos de clausura. Finalizados los alegatos y brindadas las instrucciones finales, el jurado popular pasará a deliberar hasta arribar a un veredicto final.
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El perro dogo no constituye una amenaza para su hijo: Podrá quedarse a dormir en la casa del padre
El papá de un niño pequeño recurrió al Poder Judicial luego de que la madre planteara que la casa no era un lugar seguro, ya que el hombre convive con un perro dogo de gran tamaño.
El papá de un niño pequeño recurrió al Poder Judicial para poder pasar más tiempo con su hijo. Mediante una sentencia, logró obtener visitas semanales y pernoctes en su casa. La madre cuestionó la decisión, alegando que el niño no tiene la capacidad cognitiva para decidir. Además, planteó que la casa del padre no es un espacio seguro, ya que convive con un perro dogo de gran tamaño.
La Cámara de Apelaciones de Roca rechazó la apelación presentada por la mujer y confirmó la sentencia de primera instancia. Se mantuvo así el régimen de comunicación provisorio dispuesto.
La madre sostuvo que el perro representa un riesgo para un niño de tan corta edad, pero un informe socioambiental determinó lo contrario. Se concluyó que si bien en el domicilio paterno hay un perro dogo como mascota, al momento de la entrevista no presentó conductas agresivas.
El animal fue observado y no se detectaron actitudes violentas, por lo que se concluyó que no existían antecedentes ni indicadores de peligro inmediato. Pese al informe el fallo también impuso una obligación expresa al progenitor: debe garantizar los cuidados pertinentes cuando ejerza tareas de cuidado hacia su hijo.
Así, la sentencia remarca la igualdad parental y la necesidad de sostener vínculos afectivos con ambos progenitores, sin descuidar la protección integral del niño en sus primeras etapas de vida.
La resolución ordenó que los progenitores informaran al juzgado sobre cualquier imprevisto relacionado con el niño dentro de las 24 horas de ocurrido, y aclaró que las medidas eran provisorias y sujetas a revisión según hechos futuros.
La jueza sostuvo que la sentencia recurrida priorizó correctamente el interés superior del niño, y que el derecho a la coparentalidad es fundamental y no puede ser restringido sin motivos graves, los cuales no se evidencian en este caso.
La Cámara valoró especialmente un informe socioambiental presentado después del recurso, que concluyó que ambos progenitores ofrecen entornos aptos para el desarrollo saludable del niño.
Se sugirieron además medidas complementarias para proteger su bienestar, como favorecer un entorno armónico durante los intercambios parentales, incluir la posible participación de una tercera persona -como la abuela materna- y mejorar la comunicación entre los progenitores.
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Le llevó té con vainillas a un paciente con dieta estricta y puso en riesgo el tratamiento: Quedó fuera de la tutela sindical
El cocinero mostró la reiteración de conductas que comprometían el servicio asistencial, pese a haber recibido múltiples sanciones.
La indicación médica fue clara: un paciente de un centro de salud de Roca debía mantenerse con dieta estricta, sin nada por boca. Sin embargo, desde la cocina de la clínica le enviaron un té con vainillas y azúcar.
La mucama advirtió la situación y no le entregó la comida al paciente. Esto evitó que se agravara su situación de salud. Las autoridades solicitaron la suspensión del cocinero, pero el hombre tenía un cargo de congresal sindical.
La legislación vigente garantiza una organización sindical libre y protege a quienes ejercen la función gremial. Por eso, para llevar adelante las sanciones laborales se requiere previamente un proceso judicial de exclusión de la tutela sindical, para que el Poder Judicial analice los argumentos.
La Cámara Segunda del Trabajo de Roca resolvió hacer lugar a la demanda presentada por la clínica para excluir al trabajador de la tutela. De esta manera, se le aplicó una sanción sin goce de haberes por el término de 10 días.
En la presentación, el centro de salud mencionó otros episodios similares: la entrega de una porción de tortilla de papa a un paciente en terapia intensiva con dieta líquida, y el envío de un omelette a otro paciente con requerimiento de dieta sin lactosa.
Todos estos episodios fueron considerados una falta de atención y de buena fe en el servicio. La clínica argumentó que el cocinero mostró la reiteración de conductas que comprometían el servicio asistencial, pese a haber recibido múltiples sanciones.
La empresa expuso un largo historial de inconductas del trabajador entre 2018 y 2024, que incluía ausencias injustificadas, llegadas tarde y entregas incorrectas de dietas a pacientes con restricciones alimentarias, sumando un total de 47 sanciones.
El trabajador no contestó la demanda, no compareció al proceso ni presentó descargo alguno, motivo por el cual el tribunal declaró su rebeldía procesal.
En este contexto, y conforme a la legislación vigente, los jueces tomaron como ciertos los hechos afirmados por la clínica.
La Cámara consideró que no existían elementos que permitieran presumir un accionar antisindical por parte de la clínica, ni que la medida disciplinaria tuviera motivaciones discriminatorias.
Por el contrario, entendió que el trabajador incurrió en hechos graves y reiterados que justificaban la aplicación de la sanción, y que la conducta atribuida no se relacionaba con el ejercicio de sus funciones sindicales.
La exclusión de la tutela sindical se basó en la protección del correcto funcionamiento de la organización laboral y en el principio de buena fe contractual.
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Autorizaron un viaje al exterior para que una niña pueda reunirse con su abuela enferma
La madre explicó que el encuentro resultaba especialmente significativo para la niña, tanto por el vínculo con su abuela como por la integración con el resto de su familia materna.
Un fallo de General Roca autorizó el viaje de una niña a Chile junto a su madre, luego de valorar una situación familiar atravesada por la enfermedad de su abuela y la necesidad de preservar los vínculos afectivos en un contexto delicado.
La solicitud fue presentada como una medida cautelar y tuvo como fundamento el estado de salud de la abuela materna, ante lo cual la familia resolvió reunirse en el país vecino. La madre explicó que el encuentro resultaba especialmente significativo para la niña, tanto por el vínculo con su abuela como por la integración con el resto de su familia materna.
En su presentación, también señaló que en ocasiones anteriores había viajado sola o con otros familiares por no contar con la autorización del progenitor, lo que generó angustia y afectaciones emocionales en la niña, que deseaba compartir esos momentos junto a su madre. El progenitor no había otorgado inicialmente la autorización para el viaje. Sin embargo, una vez notificado judicialmente, manifestó su conformidad con la realización de viajes temporales y con fechas ciertas. La Defensora de Menores e Incapaces también avaló la solicitud y, luego de ajustarse las fechas del traslado y ante la ausencia de oposición, el juzgado resolvió hacer lugar a la medida.
La Unidad Procesal de Familia Nº 17 autorizó el viaje a Chile por un plazo acotado, con obligación de regreso al país en la fecha establecida, y aclaró que el proceso principal continuará para resolver de manera definitiva el pedido de autorización general para viajar.
La decisión ponderó especialmente el interés superior de la niña, la importancia de su derecho a mantener vínculos familiares significativos y el contexto de salud delicado de la abuela, entendiendo que la respuesta judicial debía contemplar la dimensión humana y emocional del caso.
