Judiciales
Con los alegatos de apertura, comenzó el juicio por jurados por el femicidio de Casmuz
La defensa de Colicheo sostiene que no existen pruebas que acrediten quién fue la persona que jaló el gatillo para matar a la víctima.
Comenzó este martes (13/09) en Roca el juicio por jurados en el que se juzgará a Antonio Colicheo, único acusado como presunto autor del delito de femicidio con alevosía, del que fue víctima la joven Claudia Alejandra Casmuz en marzo de 2021.
La Fiscalía sostuvo que a lo largo del juicio se probará que el imputado fue el autor del robo de un arma de fuego y que con la misma mató a Claudia Casmuz. La querella acompañó esta posición mientras que la defensa consideró que no existían pruebas para arribar a la condena y adelantó que solicitará la absolución.
El juicio se desarrolla en el Auditorio de la Ciudad Judicial de Roca, con la dirección del juez profesional Emilio Stadler.
El equipo fiscal integrado por el fiscal jefe Andrés Nelli y la fiscal Verónica Villarruel explicó que el cuerpo de la víctima fue hallado en el campo La Perseverancia, ubicado a unos 75 kilómetros de General Roca el 4 de marzo de 2021. El femicidio -según la hipótesis de la acusación- ocurrió entre el 18 de febrero y el 3 de marzo. La víctima fue agredida con un arma de fuego calibre 9 milímetros.
En primer término el hombre le habría disparado en un omóplato, momentos en los cuales Casmuz se intentó escapar del lugar corriendo. El acusado la habría golpeado con un objeto contundente para inmovilizarla y luego ultimarla con un segundo disparo. El cuerpo fue hallado semienterrado en una fosa.
La fiscal reseñó que esa pistola había sido robada de una vivienda antes de cometer el crimen, circunstancias en las cuales también habría sustraído una placa de policía de la provincia de Neuquén y una notebook.
“No es solamente la muerte de una mujer en manos de un hombre. Lo hizo aprovechándose de las múltiples vulnerabilidades de Claudia”, aseveró la representante del Ministerio Público.
“Les pido que presten atención. A lo largo del juicio se demostrarán todos y cada uno de los hechos. Les prometo no les quedará duda alguna de que el imputado es quien robó el arma, la placa y la notebook y tampoco les quedará ninguna duda de que fue quien mató a Claudia”, concluyó.
La querella, que representa a la madre de la víctima, coincidió con la fiscalía y resumió que el acusado llevó a Casmuz a “a un lugar alejado sin ningún testigo y la sometió con un arma de fue 9 milímetros, le disparó dos veces y la golpeó”.
La calificación legal del caso es femicidio agravado por ser cometido con alevosía y por el uso de arma de fuego, y robo simple en calidad de autor, en concurso real con tenencia de arma de fuego de guerra.
El acusado es representado legalmente por el defensor oficial Juan Pablo Piombo y la adjunta de la defensa penal Laura Dominguez y adelantaron que iban a solicitar la absolución por todos los delitos. Sostuvo que no existen pruebas que acreditaran quién fue la persona que jaló el gatillo para matar a la víctima. Y afirmó que no hay dudas sobre las múltiples vulnerabilidades de la víctima pero lo que los acusadores buscaban era generar impacto emocional en el jurado.
“Para condenar hace falta prueba”, consideró el defensor, y agregó que los acusadores utilizaron como estrategia apelar a lo emocional, precisando que esto sucede cuando “faltan pruebas”.
Sintetizó en que la única prueba de cargo es que el arma de fuego con la que se habría dado muerte a la víctima fue hallada en poder del imputado muchos días después del crimen, pero que eso no probaba la autoría por parte del único acusado.
La jornada de debate continuará hoy con los primeros testimonios y se extenderá hasta el próximo martes, cuando está previsto que las partes expongan los alegatos de clausura. Finalizados los alegatos y brindadas las instrucciones finales, el jurado popular pasará a deliberar hasta arribar a un veredicto final.
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Estafa en Roca: Sumaron 10 nuevas denuncias contra un ex empleado policial
Según la Fiscalía, el acusado habría utilizado su condición de policía y exhibido un boleto de compraventa para convencer a otros uniformados de adquirir una fracción de tierra que no tenía habilitación urbana ni factibilidad de servicios.
Se re formularon cargos contra un ex empleado policial imputado por estafa. De esta manera, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se agreguen las 10 nuevas denuncias, resultando 24 personas damnificadas en estos hechos.
La imputación realizada en diciembre de 2024 fue fortalecida por varias pericias, entre ellas la concretada por la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal (UASIF), como por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel), los informes solicitados tanto a la Municipalidad de General Roca como a las entidades bancarias, entre otras.
De esta manera, el hecho que se le reprocha al imputado haber cometido sucedió «entre octubre de 2021 y marzo de 2024 en General Roca, cuando el hombre, mediante ardid y aprovechándose de su calidad de empleado policial, exhibió un boleto de compraventa de fracción de tierra en Paso Córdoba, argumentando una relación de amistad con el dueño de la inmobiliaria y facilidades de pago», explicó la fiscal del caso Jessica González.
«Fue así que el imputado indujo a error a un grupo de policías, quienes dispusieron de su patrimonio pagándole por diversos medios de pago, entre ellos dinero efectivo en pesos y dólares como transferencias bancarias», indicó.
Entre la evidencia mencionado hoy (03/09) por el Ministerio Público Fiscal se encuentran -además de lo arriba mencionado- los comprobantes de transferencias bancarias, informes bancarios, recibos de pagos originales, la concreción de una pericia caligráfica sobre la letra del imputado producido por el perito del Cuerpo de Investigación Forense de General Roca, pagarés originales.
«Contamos además con el informe de la Municipalidad de General Roca confirmando oficialmente que el área comercializada carece de habilitación urbana, factibilidad técnica municipal y de servicios esenciales en la parcela rural en cuestión», agregó González.
Luego de escuchar a la Fiscalía, el defensor particular del imputado se opuso y solicitó que no se tuvieran por formulados los cargos.
Finalmente, la calificación legal por la cual la jueza de Garantías, Natalia González, tuvo por imputados los cargos es del delito de estafa, según los Artículos 45 y 172 del Código Penal.
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Un cliente perdió casi $15 millones y la Justicia responsabilizó al Banco Provincia del Neuquén
Las operaciones se realizaron luego de una maniobra de phishing. El fallo cuestionó la falta de alertas y controles frente a movimientos que se apartaban del comportamiento habitual de la cuenta.
La Justicia Civil de Cipolletti responsabilizó al Banco Provincia del Neuquén S.A. por una estafa digital que terminó con dos transferencias no autorizadas desde la cuenta de un cliente, por un total de $14.999.997.
Según relató la persona afectada, había ingresado desde su computadora al homebanking para realizar operaciones habituales. Durante el procedimiento apareció un mensaje sobre un supuesto nuevo sistema de seguridad destinado a prevenir estafas y se le solicitó el ingreso de un código token.
Luego, la página mostró un aviso sobre una actualización del sistema y las funciones quedaron bloqueadas. Horas más tarde, al ingresar desde su teléfono celular, el cliente constató dos transferencias que no había autorizado: una por $9.999.997 y otra por $5.000.000.
Tras advertir la situación, se comunicó con el banco, realizó una exposición policial, presentó un reclamo formal y formuló una denuncia penal.
La entidad sostuvo durante el juicio que las operaciones se habían concretado con usuario, contraseña y token válidos y que sus sistemas no habían registrado fallas. También argumentó que se trató de una estafa informática ajena a su responsabilidad.
Sin embargo, una pericia informática tuvo especial relevancia en la resolución. El especialista determinó que los sistemas del banco funcionaron correctamente y no detectó fallas en la generación ni en la validación de los códigos de seguridad. Al mismo tiempo, señaló que la maniobra pudo concretarse mediante phishing, una modalidad de ingeniería social que busca obtener credenciales mediante sitios falsos.
El informe también indicó que las transferencias no se realizaron desde las direcciones IP más habituales de la cuenta, que hubo intentos fallidos de validación del token y que el cliente no recibió notificaciones específicas sobre las operaciones.
La sentencia consideró que el banco no acreditó medidas preventivas suficientes frente a esos movimientos. El fallo destacó que las entidades financieras deben contar con mecanismos capaces de detectar operaciones sospechosas y adoptar medidas de verificación cuando se apartan del perfil habitual de un cliente.
Además, sostuvo que las maniobras de ingeniería social forman parte de los riesgos previsibles de la actividad bancaria digital y que la participación de terceras personas no alcanza, en este caso, para liberar de responsabilidad a la entidad.
Para determinar el daño moral, la Justicia valoró testimonios sobre la angustia, desesperación y nerviosismo que atravesó el cliente luego de descubrir la extracción de los fondos, además de que necesitó ayuda de otras personas para afrontar sus gastos.
La sentencia es de primera instancia y todavía no está firme, por lo que puede ser apelada.
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Un fallo del STJ protegió la gratuidad de quien ganó un juicio de consumo
El Banco Patagonia había recurrido la decisión y pretendía aplicar el tope previsto para la responsabilidad por costas.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó una sentencia que declaró inaplicable, por inconstitucional, el límite establecido en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación en un juicio de consumo. De esta manera, protegió el beneficio de gratuidad de la persona consumidora que había ganado el proceso.
La discusión surgió luego de que Banco Patagonia, condenado en costas, pretendiera aplicar el límite previsto en esa norma. La aplicación del tope reducía la parte de los honorarios que debía afrontar la entidad y trasladaba la diferencia a la persona consumidora que había resultado vencedora.
La persona consumidora y su abogado cuestionaron esa situación y plantearon que el límite no podía aplicarse porque la Ley de Defensa del Consumidor reconoce el beneficio de gratuidad para quienes recurren a la Justicia para defender sus derechos.
La Cámara de Apelaciones hizo lugar al planteo y declaró inaplicable el artículo 730 para el caso concreto. El banco recurrió ante el STJ, entre otros motivos, porque consideraba que el planteo de inconstitucionalidad había sido realizado fuera de tiempo.
El máximo Tribunal rechazó ese argumento. Explicó que el perjuicio generado por la norma se hizo concreto recién cuando se regularon los honorarios y se dispuso la aplicación del artículo 730. Antes de ese momento, el impacto económico todavía no estaba determinado.
El STJ también analizó el beneficio de gratuidad de la Ley de Defensa del Consumidor y señaló que las relaciones de consumo cuentan con un régimen especial de protección. Ante una duda, sostuvo, debe prevalecer la interpretación más favorable a la persona consumidora.
El Tribunal aclaró que la gratuidad no es absoluta: en los reclamos individuales, una empresa puede demostrar que el consumidor posee solvencia económica y solicitar que el beneficio cese. En este caso, Banco Patagonia no acreditó esa circunstancia.
Por esos fundamentos, el STJ rechazó el recurso del banco y confirmó la sentencia que declaró inaplicable e inconstitucional el artículo 730 para este expediente.
