Judiciales
Le formularon cargos a los acusados de matar al comerciante de Choele Choel y seguirán detenidos
El menor de edad que formó parte del asalto y resultó herido, continúa internado pero está fuera de peligro.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos hoy (20/9) a un hombre y a una mujer por los hechos de los que resultó víctima Lucas Valentini, perpetrados durante la madrugada del domingo pasado en la localidad de Choele Choel. El legajo será tramitado como causa compleja por lo que se extenderá la investigación penal preparatoria durante seis meses, mismo lapso por el que se dispuso la prisión preventiva de ambos imputados.
Luego de una extensa audiencia, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos tal como lo había requerido la Fiscalía en el caso del hombre, es decir, del delito de homicidio en ocasión de robo agravado por la participación de un menor, en calidad de coautor. No obstante modificó la calificación legal de la mujer a quien imputó como autora del delito de encubrimiento.
En la audiencia se informó que el menor de edad que intervino en los hechos se encuentra internado fuera de peligro y que será puesto a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. La Defensoría de Menores ya interviene en este caso.
La Fiscalía Descentralizada de Choele Choel, que encabezó la investigación del hecho, fue la encargada de relatar en la audiencia los detalles del mismo, que reconstruyó en el marco de las escasas horas entre las que éste se produjo y en que fueron detenidos ambos imputados.
Detalló la fiscal interviniente que, poco después de las 5 de la madrugada del domingo 18, dos hombres encapuchados ingresaron al departamento ubicado en el primer piso de Avellaneda y Urquiza, arrancando el mosquitero de una de sus ventanas.
Ambos sorprendieron a la pareja mientras dormía luego de lo cual mientras uno de ellos apoyó el cuchillo en la garganta de la mujer y la llevó a la cocina reclamándole dinero, el otro quedó en la habitación con Valentini. Cuando comienzan a forcejear el menor de edad se dirige al cuarto y en ese momento la mujer pudo tomar un arma y dirigirse también hacia allí.
En el mismo momento en que los hombres le asestaban puñaladas a la víctima, ella disparó en al menos tres oportunidades luego de lo cual abandonó el lugar pidiendo ayuda y ambos atacantes pudieron huir.
Herido, el menor de edad llegó al Hospital local en donde instantes después se hizo presente la imputada, ocasión en la que fue detenida.
Simultáneamente se sustanciaban diversas medidas dispuestas por la Fiscalía Descentralizada de Choele Choel, entre ellas el allanamiento que la Policía de Río Negro efectuaba en el domicilio de la mujer. Ya había comenzado además el trabajo conjunto entre las Brigadas de investigaciones local y de Viedma.
Así, a partir del análisis de redes sociales pudo presumirse quién era el consorte del menor, ubicar a la mujer y llegar hasta su domicilio que fue allanado y en donde fue detenido el hombre imputado. En el lugar se secuestraron prendas de vestir con manchas hemáticas, zapatillas y ropa, algunas de ellas se encontraban en proceso de lavado. Todo guardaba similitud con imágenes relevadas en cámaras de seguridad. Además en poder de la mujer se encontraron $30.000 cuya procedencia no pudo explicar.
Como sustento probatorio, la Fiscalía detalló que cuenta también con diversos certificados, entre ellos el de defunción de Valentini que destaca que murió por un paro cardio respiratorio y que tenia 9 heridas de arma blanca en diversas partes del cuerpo; así como aquellos que constatan las heridas del menor de edad y el estado de las dos personas imputadas.
Se suma a esto los resultados de las tareas realizadas por el Gabinete de Criminalística, la toma de muestra de residuos de disparo y entrevistas, entre ellas la de la mujer testigo presencial de los hechos y víctima de los mismos.
También se cuenta con el informe del Cuerpo de Investigación Forense, actas diversas e informes de antecedentes y registro de reincidencia de ambos imputados. Los mismos dan cuenta que el hombre tiene causas en trámite en la ciudad de Viedma y pedido de rebeldía y captura.
El abogado querellante adhirió a lo expuesto por la acusación pública mientras que la Defensa oficial del hombre imputado no manifestó objeciones a los cargos formulados en esta instancia del proceso, aunque adelantó que existían aspectos del hecho que no tenían aval en evidencias, pero que no era éste el momento procesal oportuno para plantearlo. En cambio, la defensora oficial de la mujer sí se opuso a la formulación de cargos al considerar que en la descripción de los hechos no se advertía qué delito podía endilgársele a su defendida.
Finalmente el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos modificando la calificación legal otorgada a esta última. Así, lo hizo por el delito de homicidio en ocasión de robo en calidad de autor, en el caso del hombre y por encubrimiento, en calidad de autora, en el caso de la mujer.
Al no existir contradicción entre las partes, dispuso además que el legajo sea gestionado como causa compleja por lo cual la investigación penal preparatoria se extenderá durante los próximos seis meses. Luego de ello, y haciendo lugar a la petición de la Fiscalía, determinó la prisión preventiva de ambos imputados por igual lapso, para garantizar el éxito de las medidas en curso que “podrían verse comprometidas si recuperaran la libertad”.
Judiciales
Ex intendente de Cervantes reconoció fraude y uso de documento falso ante la Justicia
La causa investiga irregularidades en la construcción de 135 viviendas.
Hoy el ex intendente de Cervantes, Gilberto Montanaro -en el marco de un acuerdo abreviado pleno- reconoció haber cometido los delitos de defraudación a la administración pública y uso de documento público falso, y aceptó una pena de 3 años de ejecución condicional con el cumplimiento de reglas de conducta. El juez de Garantías interviniente dará a conocer su resolución el próximo jueves (30/04) a las 12.30.
La condena comenzará a cumplirse de forma inmediata una vez que el juez comunique su sentencia, ya que tanto la fiscalía como la defensa particular del imputado renunciaron a los plazos procesales.
Pedido de declaración de responsabilidad y pena
La Fiscalía solicitó la declaración de responsabilidad penal y la pena de 3 años de prisión condicional de Gilberto Montanaro argumentando que no presenta antecedentes penales computables, teniendo presente su edad -75 años-, y sus condiciones socioculturales.
Además, requirió que se le imponga la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos y el cumplimiento de reglas de conducta como la prohibición de salir, presentaciones periódicas ante el órgano contralor, mantener el domicilio y no cometer nuevos delitos. «Todo esto debe cumplirse o de lo contrario podría revocarse la condicionalidad», expresó la fiscal jefa.
El defensor particular destacó que su cliente recibió el asesoramiento adecuado, y que se le han indicado los alcances del acuerdo pleno. «En este sentido la situación de Montanaro ha sido la que más ha complicado este caso en particular. Además el ex intendente tiene 75 años, esta causa se inició hace 9 años atrás, cuando tenía 66. Como ya expresó realmente está cansado de este proceso y todo lo que implicaría continuar, que llevaría al menos 4 o 5 años más. Por eso se evaluó el riesgo del caso pero también darle un cierre definitivo», resaltó el defensor.
A su turno, el imputado reconoció ante el juez haber cometido los delitos indicados por el Ministerio Público Fiscal y también aceptó la pena propuesta.
La resolución acerca del acuerdo abreviado pleno se conocerá el próximo jueves (30/04) a las 12.30 en los Tribunales roquenses.
Desarrollo de la audiencia celebrada esta mañana
Durante casi tres horas, la Fiscalía leyó más de 80 puntos de sustento probatorio que involucró la denuncia e investigación del acuerdo firmado entre la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y el Municipio de Cervantes, representado por Montanaro en su calidad de intendente, que luego continuó como Secretario de Gobierno y Producción.
«Concretamente, el funcionario debía cumplir lo dispuesto por el acuerdo y sus anexos -firmado en noviembre de 2014- para construir 135 viviendas e infraestructura, dividido en tres planes», explicó la Fiscalía.
«El monto que implicaba en ese momento los tres planes de viviendas equivalía a $61.101.000 pesos. De esta manera, fueron licitadas y adjudicadas 44 viviendas e infraestructura por un monto total $19.914.400 a cargo de Baszkir construcciones, 48 viviendas e infraestructura por $21.724.800 a cargo de Eraiki S.A., y 43 viviendas e infraestructura por un monto total de $19.461.800 a cargo de ECA S.A.», detallaron las fiscales.
«Con la entrega de certificación de obras falsas, el intendente indicaba a Nación el avance de la obra, que terminó significando un desembolso total y recibido por el erario municipal de $60.995.019,86, es decir que el municipio entonces recibió el 99,83 % del ACU 1922/2014», detalló el Ministerio Público Fiscal.
«Todo esto significó que con las 135 viviendas que conformaban este ACU, se benefició indebidamente a las constructoras ya que se informaba un avance mayor al efectivamente realizado y por obras ajenas y por fuera del circuito regulado, violando la ley», dijo la fiscal.
La Fiscalía mencionó -entre la prueba -la denuncia penal interpuesta por la referente del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda de la Nación, donde se inició la investigación y diversos informes de organismos nacionales que se obtuvieron en distintos allanamientos.
Se agrega lo propio del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de Rio Negro (IPPV), ordenanzas, las filmaciones de drones en ocasión de relevamientos efectuados acerca de las 135 viviendas, las licitaciones públicas, los dictámenes de pre-adjudicación, las actas de inicio de la construcción, las facturas emitidas por las empresas, los convenios de rescisión de contratos.
Además las pericias caligráficas, los informes remitidos por el coordinador de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General de Rio Negro, informes de ARCA, informes de la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal (UASIF) y las entrevistas que verificaron toda la prueba documental mencionada.
Judiciales
Casi el 40% de delitos que ingresan al proceso penal en Río Negro son contra la propiedad
Se trata de hurtos, robos, estafas, daños materiales y otros hechos de similar naturaleza.
Durante 2025, el Fuero Penal de Río Negro registró 7.185 legajos en el Foro de Juezas y Jueces de las cuatro circunscripciones judiciales. De ese total, los delitos contra la propiedad concentraron 2.286 casos y representaron el 38,32% de la actividad penal en la provincia.
Los delitos contra la propiedad incluyen hurtos, robos, estafas, daños materiales y otros hechos de similar naturaleza. Después se ubicaron los delitos contra las personas, con 970 legajos, equivalentes al 16,26%. Esa categoría abarca homicidios en todas sus formas, lesiones, abuso de armas y abandono de personas.
Le siguieron los delitos contra la administración pública, con 862 trámites, que comprenden atentado y resistencia a la autoridad, falsa denuncia, falso testimonio, encubrimiento y desobediencia a órdenes judiciales, entre ellas el incumplimiento de medidas cautelares por violencia de género. Los delitos contra la libertad sumaron 780 expedientes e incluyen privaciones ilegítimas de la libertad, detenciones ilegales y violación de secretos.
Por su parte, los delitos contra la integridad sexual alcanzaron 584 casos. En esta categoría se incluyen abusos sexuales con o sin acceso carnal, corrupción de menores, facilitación a la prostitución, exhibiciones obscenas, distribución de imágenes de abuso sexual infantil y grooming.
La mayor parte de los legajos ingresó por requerimientos impulsados por el Ministerio Público, con 5.966 trámites. El resto correspondió a actuaciones administrativas, exhortos, ejecuciones y una proporción menor de querellas privadas.
La distribución territorial mostró que la Segunda Circunscripción, con sede en Roca, reunió la mayor cantidad de legajos con 2.412 ingresos. Le siguieron Bariloche con 1.916, Cipolletti con 1.590 y Viedma con 1.267.
Durante el mismo período se agendaron 16.280 audiencias en toda la provincia y se realizaron 12.571. Entre las más frecuentes estuvieron las formulaciones de cargos, con 3.959 audiencias, las suspensiones de juicio a prueba, con 1.881, los controles de acusación, con 1.137, y los juicios abreviados, con 1.129.
Respecto de la resolución de los conflictos, el Poder Judicial registró 3.189 resoluciones de conflicto, en las distintas circunscripciones de la provincia. Por su parte, el Tribunal de Impugnación recibió 340 trámites nuevos, realizó 168 audiencias y dictó 193 sentencias.
La información surge del informe elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.
Judiciales
Logró una contención emocional en terapia y el Poder Judicial le permitió borrar el apellido de su agresor
La mujer comprendió que el apellido de su agresor era una carga insoportable para su propia vida y para el futuro de sus hijos.
Durante décadas, una mujer en Río Negro guardó un secreto. A los 10 años, su propio padre abusó de ella, situación que se repitió tiempo después. El dolor y la vergüenza sellaron sus labios frente a su madre, su esposo e incluso ante sus propios hijos.
En el año 2025, la angustia cruzó el límite de lo tolerable y ella buscó refugio en la terapia psicológica. Frente a la profesional las palabras finalmente salieron a la luz. En ese espacio de sanación, la mujer comprendió que el apellido de su agresor era una carga insoportable para su propia vida y para el futuro de sus hijos.
El fuero de familia de Roca dictó una sentencia que permite a la mujer eliminar el apellido de su progenitor biológico de la partida de nacimiento. La Jueza destacó la importancia del derecho a la identidad y el carácter del nombre como atributo esencial de la personalidad.
Señala que la normativa actual admite una interpretación más flexible que la antigua idea de inmutabilidad del nombre.
La sentencia considera acreditado que la mujer sufrió situaciones graves en el vínculo paterno-filial, incompatibles con el rol de cuidado que se espera de un progenitor. El informe psicológico resultó determinante para evaluar el daño persistente que le genera el uso del apellido. Así, la jueza concluye que obligarla a conservarlo afecta su identidad, su salud y su bienestar.
En función de ello, entiende que existen «justos motivos» para autorizar el cambio, ya que el apellido no cumple su función identificatoria y, por el contrario, produce sufrimiento. También resalta que la decisión no perjudica a terceros ni altera el vínculo jurídico con el padre.
La sentencia hace lugar a la demanda y ordena rectificar la partida de nacimiento, eliminando el apellido paterno e inscribiendo únicamente el materno. Aclara que los efectos se limitan al nombre, sin modificar los derechos y deberes derivados de la filiación. Además, indica que cualquier cambio en el apellido de los hijos deberá tramitarse en un proceso separado.
