Judiciales
Le formularon cargos a los acusados de matar al comerciante de Choele Choel y seguirán detenidos
El menor de edad que formó parte del asalto y resultó herido, continúa internado pero está fuera de peligro.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos hoy (20/9) a un hombre y a una mujer por los hechos de los que resultó víctima Lucas Valentini, perpetrados durante la madrugada del domingo pasado en la localidad de Choele Choel. El legajo será tramitado como causa compleja por lo que se extenderá la investigación penal preparatoria durante seis meses, mismo lapso por el que se dispuso la prisión preventiva de ambos imputados.
Luego de una extensa audiencia, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos tal como lo había requerido la Fiscalía en el caso del hombre, es decir, del delito de homicidio en ocasión de robo agravado por la participación de un menor, en calidad de coautor. No obstante modificó la calificación legal de la mujer a quien imputó como autora del delito de encubrimiento.
En la audiencia se informó que el menor de edad que intervino en los hechos se encuentra internado fuera de peligro y que será puesto a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. La Defensoría de Menores ya interviene en este caso.
La Fiscalía Descentralizada de Choele Choel, que encabezó la investigación del hecho, fue la encargada de relatar en la audiencia los detalles del mismo, que reconstruyó en el marco de las escasas horas entre las que éste se produjo y en que fueron detenidos ambos imputados.
Detalló la fiscal interviniente que, poco después de las 5 de la madrugada del domingo 18, dos hombres encapuchados ingresaron al departamento ubicado en el primer piso de Avellaneda y Urquiza, arrancando el mosquitero de una de sus ventanas.
Ambos sorprendieron a la pareja mientras dormía luego de lo cual mientras uno de ellos apoyó el cuchillo en la garganta de la mujer y la llevó a la cocina reclamándole dinero, el otro quedó en la habitación con Valentini. Cuando comienzan a forcejear el menor de edad se dirige al cuarto y en ese momento la mujer pudo tomar un arma y dirigirse también hacia allí.
En el mismo momento en que los hombres le asestaban puñaladas a la víctima, ella disparó en al menos tres oportunidades luego de lo cual abandonó el lugar pidiendo ayuda y ambos atacantes pudieron huir.
Herido, el menor de edad llegó al Hospital local en donde instantes después se hizo presente la imputada, ocasión en la que fue detenida.
Simultáneamente se sustanciaban diversas medidas dispuestas por la Fiscalía Descentralizada de Choele Choel, entre ellas el allanamiento que la Policía de Río Negro efectuaba en el domicilio de la mujer. Ya había comenzado además el trabajo conjunto entre las Brigadas de investigaciones local y de Viedma.
Así, a partir del análisis de redes sociales pudo presumirse quién era el consorte del menor, ubicar a la mujer y llegar hasta su domicilio que fue allanado y en donde fue detenido el hombre imputado. En el lugar se secuestraron prendas de vestir con manchas hemáticas, zapatillas y ropa, algunas de ellas se encontraban en proceso de lavado. Todo guardaba similitud con imágenes relevadas en cámaras de seguridad. Además en poder de la mujer se encontraron $30.000 cuya procedencia no pudo explicar.
Como sustento probatorio, la Fiscalía detalló que cuenta también con diversos certificados, entre ellos el de defunción de Valentini que destaca que murió por un paro cardio respiratorio y que tenia 9 heridas de arma blanca en diversas partes del cuerpo; así como aquellos que constatan las heridas del menor de edad y el estado de las dos personas imputadas.
Se suma a esto los resultados de las tareas realizadas por el Gabinete de Criminalística, la toma de muestra de residuos de disparo y entrevistas, entre ellas la de la mujer testigo presencial de los hechos y víctima de los mismos.
También se cuenta con el informe del Cuerpo de Investigación Forense, actas diversas e informes de antecedentes y registro de reincidencia de ambos imputados. Los mismos dan cuenta que el hombre tiene causas en trámite en la ciudad de Viedma y pedido de rebeldía y captura.
El abogado querellante adhirió a lo expuesto por la acusación pública mientras que la Defensa oficial del hombre imputado no manifestó objeciones a los cargos formulados en esta instancia del proceso, aunque adelantó que existían aspectos del hecho que no tenían aval en evidencias, pero que no era éste el momento procesal oportuno para plantearlo. En cambio, la defensora oficial de la mujer sí se opuso a la formulación de cargos al considerar que en la descripción de los hechos no se advertía qué delito podía endilgársele a su defendida.
Finalmente el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos modificando la calificación legal otorgada a esta última. Así, lo hizo por el delito de homicidio en ocasión de robo en calidad de autor, en el caso del hombre y por encubrimiento, en calidad de autora, en el caso de la mujer.
Al no existir contradicción entre las partes, dispuso además que el legajo sea gestionado como causa compleja por lo cual la investigación penal preparatoria se extenderá durante los próximos seis meses. Luego de ello, y haciendo lugar a la petición de la Fiscalía, determinó la prisión preventiva de ambos imputados por igual lapso, para garantizar el éxito de las medidas en curso que “podrían verse comprometidas si recuperaran la libertad”.
Judiciales
Declararon culpable a una ex auxiliar de un CAINA por amenazar a niños institucionalizados en Roca
Con esta resolución, ya son dos las personas declaradas responsables por los hechos ocurridos entre abril de 2021 y septiembre de 2023 en un Centro de Atención Integral, dependiente de la SENAF.
El Tribunal interviniente declaró responsable penal a una mujer que se desempeñaba como auxiliar asistencial en un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) de General Roca, al hacer lugar a la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal.
Durante el juicio quedó acreditado, según la acusación fiscal, que la imputada amenazó a niños y niñas que se encontraban institucionalizados. De esta manera, las dos personas investigadas en la causa ya fueron declaradas responsables penales.
En noviembre del año pasado, el otro imputado reconoció ser coautor del delito de amenazas y autor de abuso simple agravado por ser el encargado de la guarda, todo en concurso real. Actualmente se encuentra cumpliendo la condena impuesta.
Durante los alegatos, el fiscal Marcelo Ramos y la defensora de menores Estela Aroca Álvarez solicitaron que la mujer fuera declarada responsable penal por el delito de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora, planteo que fue aceptado por el Tribunal.
Según la investigación, ambos auxiliares asistenciales habrían maltratado a ocho niños y niñas entre abril de 2021 y septiembre de 2023, vulnerando la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Además, habrían amenazado a los menores para evitar que denunciaran los hechos.
La defensa de la imputada sostuvo durante el juicio que la situación debía ser tratada en el ámbito administrativo y no en la Justicia penal. La audiencia de cesura de pena fue programada para el próximo 31 de agosto.
Judiciales
Condenan a 13 años de prisión a un integrante de la banda de violentas entraderas en Roca
El condenado admitió haber participado en ocho hechos delictivos. La pena unifica una condena previa que le había sido impuesta en suspenso.
Un hombre fue condenado a una pena única de 13 años de prisión tras reconocer su participación en ocho hechos delictivos como integrante de una asociación ilícita que cometía violentas entraderas en el Alto Valle, varias de ellas en General Roca. La sentencia fue dictada este martes mediante un juicio abreviado, luego de que el acusado admitiera su responsabilidad en los delitos investigados por el Ministerio Público Fiscal.
La pena surge de la unificación de una condena de 11 años por los hechos reconocidos con otra condena previa de 2 años de prisión condicional, que fue revocada al comprobarse que el imputado volvió a delinquir. El pedido había sido formulado por la fiscal Belén Calarco, junto a las fiscales Verónica Villarruel y Eugenia Vallejos.
Durante una audiencia realizada por videoconferencia, el juez Fernando Sánchez Freites, quien presidió el Tribunal integrado además por Luciano Garrido y Julio Martínez Vivot, detalló cada uno de los hechos atribuidos al acusado y homologó el acuerdo alcanzado entre las partes.
Los 11 años de prisión corresponden a los delitos de asociación ilícita, robos agravados por haber sido cometidos en lugar poblado y en banda, utilizando armas de fuego impropias, y en algunos casos también por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia contra las víctimas.
Asimismo, el Tribunal hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal para revocar la condena condicional anterior, conformando una pena única de 13 años de prisión efectiva. También dispuso la declaración de reincidencia y el pago de las costas del proceso.
El condenado permanece detenido con prisión preventiva desde el inicio de la investigación y comenzará a cumplir formalmente la condena en los próximos días, ya que al aceptar el juicio abreviado renunció a los plazos de apelación.
De acuerdo con la investigación, la organización delictiva realizaba tareas de inteligencia sobre las viviendas elegidas y utilizaba vehículos previamente robados para trasladarse. Una vez en el lugar, sus integrantes ingresaban violentamente tras escalar techos y paredones, reducían a las víctimas mediante amenazas con armas de fuego, las ataban con alambres o precintos y exigían la entrega de dólares, dinero en efectivo y objetos de valor.
Además de dinero y joyas, la banda sustraía equipos electrónicos y los DVR donde se almacenaban las imágenes de las cámaras de seguridad, con el objetivo de eliminar evidencia de los robos.
La investigación fue desarrollada por una Comisión Investigativa Judicial de la Policía de Río Negro creada especialmente para esclarecer esta serie de hechos, bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal. La causa continúa abierta y otros 11 imputados permanecen con prisión preventiva mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.
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Imputaron al conductor de la camioneta por la muerte de Jairo Lavacara en Guerrico
El Ministerio Público Fiscal atribuyó al joven de 22 años una maniobra negligente al girar en U sobre una calle rural de Guerrico.
La Justicia imputó este martes (07/07) a un joven de 22 años por el choque ocurrido el domingo (05/07) por la tarde en una calle rural de Guerrico, que terminó con la muerte de Jairo Agustín Lavacara, el motociclista de 19 años oriundo de General Roca.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el imputado conducía una Volkswagen Tiguan y que, alrededor de las 18.15, se encontraba detenido sobre la banquina en la intersección de las calles Ceferino Namuncurá y Nahuel Huapi. Según la acusación, inició una maniobra de giro en U «sin verificar y de manera negligente y antirreglamentaria», interponiéndose en la trayectoria de varias motocicletas que circulaban por el lugar.
Siempre de acuerdo con la hipótesis fiscal, una Honda CRV 250 conducida por Lavacara no logró evitar la colisión contra el lateral izquierdo de la camioneta. Como consecuencia del fuerte impacto, el joven sufrió lesiones de extrema gravedad que le provocaron la muerte.
El fiscal Ricardo Romero atribuyó al conductor el delito de homicidio culposo por la conducción negligente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, calificación que fue aceptada por la jueza de Garantías María Gadano, quien tuvo por formulados los cargos e inició formalmente la investigación penal.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía figuran el acta de procedimiento confeccionada por la Comisaría 54° de Allen, testimonios de personas que viajaban en la Tiguan, la documentación del vehículo, la póliza de seguro, la licencia de conducir del imputado, el resultado negativo del test de alcoholemia, el informe técnico del Gabinete de Criminalística y las fotografías obtenidas durante las pericias realizadas en el lugar del siniestro.
Por su parte, el defensor particular Miguel Zeballos Díaz se opuso a la formulación de cargos y destacó que su asistido permaneció en el lugar del hecho, dio aviso a la Policía e intentó asistir a la víctima tras el choque.
En cuanto a las medidas cautelares, la Fiscalía solicitó que el imputado deba presentarse periódicamente en una comisaría, mantener el domicilio informado ante la Justicia, conservar su número telefónico, abstenerse de cometer nuevos delitos, no consumir estupefacientes y no mantener contacto con familiares o allegados de la víctima.
La jueza hizo lugar al pedido fiscal, impuso las medidas cautelares solicitadas y fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.
