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Conciliaciones laborales: Se resuelven en un mes y permiten cada vez más acuerdos

Subieron un 17% con respecto al primer semestre de 2021.

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Durante el primer semestre de 2022, más de 200 conflictos entre trabajadores y empleadores de toda la provincia quedaron resueltos a través del sistema de conciliación laboral, uno de los mecanismos más desarrollados que ofrece la Dirección de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos del Poder Judicial.

El índice de acuerdos alcanzados en conciliaciones laborales subió un 17% con respecto al primer semestre de 2021. En la primera mitad de este año, casi la mitad de las personas que se reunieron y dialogaron con la ayuda de un conciliador o una conciliadora laboral llegaron a un acuerdo.

Desde diciembre de 2020 el paso por la conciliación laboral prejudicial es obligatorio. Y si bien las partes no están obligadas a alcanzar ningún acuerdo, sí deben al menos evaluar la posibilidad de resolver el planteo laboral por esa vía. En caso de no prosperar la conciliación, el expediente judicial avanzará por la vía “tradicional” ante alguna de las Cámaras Laborales de la provincia.

Además de la pacificación y la certeza que otorga un acuerdo, uno de los principales beneficios del sistema de conciliación laboral prejudicial es la rapidez.

Según las estadísticas del primer semestre de 2022 que presentó el Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial, la duración promedio de un proceso de conciliación laboral es de 26 días corridos en la Primera Circunscripción, con centro en Viedma. En la Segunda y en la Tercera Circunscripción, con cabecera en Roca y en Bariloche, respectivamente, la duración promedio es de 32 días corridos. En tanto que en la Cuarta Circunscripción, con centro en Cipolletti, el promedio es de 36 días corridos.

Más acuerdos

Las estadísticas revelan que en el primer semestre del año pasado se sustanciaron 462 legajos. Eso quiere decir que se produjeron 462 reuniones de conciliación y hubo diálogo entre las partes. De ese total de reuniones surgieron 146 acuerdos que pusieron fin al conflicto laboral. El índice de acuerdos en la primera mitad de 2021 fue del 31,6%.

Los números mejoran en el primer semestre de 2022. De un total de 419 conciliaciones sustanciadas surgieron 204 acuerdos, por lo que el índice de resolución de conflictos se elevó a 48,6%.

Interés de profesionales

Por el interés y las inquietudes que expresaron operadores del sistema en materia de conciliación laboral, días atrás se realizaron en Viedma dos encuentros de trabajo con el juez del Superior Tribunal de Justicia Ricardo Apcarián, la titular de la Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia, Silvana Mucci, y la Directora de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos, Norah Aguirre. Participaron también la directora del Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Viedma, María Angélica Fulvi, y el presidente de la Cámara Laboral de esa ciudad, Gustavo Guerra Labayén.

La primera reunión de trabajo fue con conciliadores laborales que trabajan en la Primera Circunscripción, con el objetivo de analizar las prácticas de intervención y coordinar un taller de análisis de casos que se dictará próximamente en la capital provincial.

La segunda reunión fue con abogados y abogadas del foro que se desempeñan en el fuero Laboral, quienes tenían interés en aportar inquietudes para un mejor funcionamiento del sistema. En ese encuentro se hizo, además, un análisis de las estadísticas provinciales que revelan un incremento de las sustanciaciones en Viedma.

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Condenaron a un policía por dispararle a su ex pareja: Le hirió el pie con su arma reglamentaria

El juez subrayó que el disparo podría haber tenido consecuencias más graves si hubiera impactado en otra parte del cuerpo.

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Un empleado policial fue declarado penalmente responsable por unanimidad del delito de lesiones graves agravadas por violencia de género, por el vínculo de pareja y por el uso de arma de fuego, luego de que el Tribunal Colegiado interviniente tuviera por acreditado que disparó contra su ex pareja hiriéndola en el pie con su arma reglamentaria.

El hecho ocurrió el 18 de mayo pasado en el domicilio de la víctima. El presidente del Tribunal destacó la solidez del testimonio de la damnificada, quien mantuvo su declaración sin variaciones desde la denuncia inicial hasta el debate oral. «Pudo describir tanto las situaciones previas como lo ocurrido el 18 de mayo pasado en su domicilio, con precisión y detalle», señaló el magistrado.

El Tribunal también descartó de manera categórica el carácter accidental del episodio. «La consecuencia de este episodio pudo haber sido más grave si el disparo efectuado por el imputado hubiese impactado en otra parte del cuerpo de la víctima. No cabe duda de que no fue un hecho accidental, sino doloso», expresó el presidente del cuerpo judicial.

En la misma audiencia, la Fiscalía solicitó la prórroga de las medidas cautelares hasta la firmeza del fallo para resguardar a la víctima, quien deberá declarar en la próxima audiencia de cesura de la pena.

La defensa penal pública no formuló oposición y el Tribunal resolvió prorrogar la prohibición de acercamiento en un radio de 100 metros y de todo tipo de contacto, tanto directo como a través de terceros o medios electrónicos.

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Lo condenaron por violencia de género, volvió a convivir con la víctima y lo enviaron a prisión

La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial. El Ministerio Público acreditó que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.

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Un hombre condenado por violencia de género cumplirá pena efectiva en Cipolletti tras comprobarse el incumplimiento de las pautas de conducta. La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial y de un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. El Ministerio Público Fiscal acreditó además que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. El juez de Ejecución transformó la pena en suspenso en prisión efectiva.

La condena original se dictó en agosto de 2025 por hechos que incluyeron lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. En ese momento, el Poder Judicial había dispuesto reglas claras: no acercarse ni mantener contacto con la mujer y sostener un domicilio informado. Esas condiciones formaron parte de una pena de ejecución condicional que buscó evitar el encierro.

Sin embargo, la presencia en la vivienda de la mujer evidenció la transgresión de esas restricciones. El informe de la Oficina de Atención a la Víctima describió un escenario atravesado por temor y dependencia económica, además de referencias a episodios de violencia posteriores a la condena.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el planteo se centró en el incumplimiento de las pautas impuestas y no en la investigación de un nuevo delito. La defensa se opuso al pedido y señaló que los hechos integraban una causa en trámite, además de plantear objeciones sobre la posibilidad de una doble sanción.

El juez de Ejecución Penal analizó la documentación incorporada, en especial el informe técnico, y consideró acreditada la violación de las reglas de conducta, en particular la prohibición de acercamiento. Con base en ese análisis y en normativa vinculada a la protección contra la violencia de género, dispuso la revocación de la condicionalidad.

La resolución ordenó la detención y el traslado a un establecimiento penitenciario.

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Escándalo en el Poder Judicial: Un arma secuestrada apareció en un procedimiento policial y faltan otras en las oficinas de Roca

La irregularidad puso en evidencia fallas en el circuito de secuestros judiciales.

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El Poder Judicial de Río Negro impulsó una denuncia penal y una investigación interna de carácter urgente luego de detectar que un arma de fuego que se encontraba secuestrada y bajo custodia judicial apareció en un procedimiento policial realizado en la ciudad de Roca. El hallazgo alertó sobre una irregularidad grave en el resguardo de ese elemento y desencadenó una serie de medidas institucionales.

La denuncia tramita en la Fiscalía de Roca, donde se investiga cómo el arma, que debía permanecer en dependencias judiciales, terminó involucrada en un episodio delictivo. En paralelo, el organismo dio intervención al Auditor General, requirió información a distintas áreas, tomó declaraciones testimoniales y analizó documentación vinculada al circuito de secuestros judiciales.

Como medida complementaria, se ordenó un relevamiento y arqueo integral de los objetos secuestrados en la Oficina Judicial de Roca, que fue extendido a todas las Oficinas Judiciales de la provincia para verificar la correspondencia entre los registros y la existencia material de los elementos resguardados.

El resultado del arqueo agravó el cuadro: se detectó el faltante de otras armas de fuego, lo que motivó la ampliación de la denuncia penal. El número total de elementos involucrados aún no está determinado, dado que el control sigue en curso.

Actualmente se indaga sobre los registros de elementos secuestrados y los protocolos de control interno en las dependencias judiciales. La revisión abarca depósitos, sistemas de inventario y circuitos administrativos relacionados con la custodia.

El Poder Judicial indicó que el proceso interno podría derivar en medidas precautorias o sanciones. La causa penal en la Fiscalía de Roca continúa en etapa inicial, mientras el Auditor General prosigue con las actuaciones administrativas dispuestas por el organismo.

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