Judiciales
Conciliaciones laborales: Se resuelven en un mes y permiten cada vez más acuerdos
Subieron un 17% con respecto al primer semestre de 2021.
Durante el primer semestre de 2022, más de 200 conflictos entre trabajadores y empleadores de toda la provincia quedaron resueltos a través del sistema de conciliación laboral, uno de los mecanismos más desarrollados que ofrece la Dirección de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos del Poder Judicial.
El índice de acuerdos alcanzados en conciliaciones laborales subió un 17% con respecto al primer semestre de 2021. En la primera mitad de este año, casi la mitad de las personas que se reunieron y dialogaron con la ayuda de un conciliador o una conciliadora laboral llegaron a un acuerdo.
Desde diciembre de 2020 el paso por la conciliación laboral prejudicial es obligatorio. Y si bien las partes no están obligadas a alcanzar ningún acuerdo, sí deben al menos evaluar la posibilidad de resolver el planteo laboral por esa vía. En caso de no prosperar la conciliación, el expediente judicial avanzará por la vía “tradicional” ante alguna de las Cámaras Laborales de la provincia.
Además de la pacificación y la certeza que otorga un acuerdo, uno de los principales beneficios del sistema de conciliación laboral prejudicial es la rapidez.
Según las estadísticas del primer semestre de 2022 que presentó el Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial, la duración promedio de un proceso de conciliación laboral es de 26 días corridos en la Primera Circunscripción, con centro en Viedma. En la Segunda y en la Tercera Circunscripción, con cabecera en Roca y en Bariloche, respectivamente, la duración promedio es de 32 días corridos. En tanto que en la Cuarta Circunscripción, con centro en Cipolletti, el promedio es de 36 días corridos.
Más acuerdos
Las estadísticas revelan que en el primer semestre del año pasado se sustanciaron 462 legajos. Eso quiere decir que se produjeron 462 reuniones de conciliación y hubo diálogo entre las partes. De ese total de reuniones surgieron 146 acuerdos que pusieron fin al conflicto laboral. El índice de acuerdos en la primera mitad de 2021 fue del 31,6%.
Los números mejoran en el primer semestre de 2022. De un total de 419 conciliaciones sustanciadas surgieron 204 acuerdos, por lo que el índice de resolución de conflictos se elevó a 48,6%.
Interés de profesionales
Por el interés y las inquietudes que expresaron operadores del sistema en materia de conciliación laboral, días atrás se realizaron en Viedma dos encuentros de trabajo con el juez del Superior Tribunal de Justicia Ricardo Apcarián, la titular de la Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia, Silvana Mucci, y la Directora de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos, Norah Aguirre. Participaron también la directora del Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Viedma, María Angélica Fulvi, y el presidente de la Cámara Laboral de esa ciudad, Gustavo Guerra Labayén.
La primera reunión de trabajo fue con conciliadores laborales que trabajan en la Primera Circunscripción, con el objetivo de analizar las prácticas de intervención y coordinar un taller de análisis de casos que se dictará próximamente en la capital provincial.
La segunda reunión fue con abogados y abogadas del foro que se desempeñan en el fuero Laboral, quienes tenían interés en aportar inquietudes para un mejor funcionamiento del sistema. En ese encuentro se hizo, además, un análisis de las estadísticas provinciales que revelan un incremento de las sustanciaciones en Viedma.
Judiciales
Cuatro muertos en Allen: Imputan al hombre que manejaba a más de 170 km/h y bajo efectos de alcohol y drogas
La Fiscalía lo acusó por homicidio culposo cuádruplemente agravado y presentó evidencia clave que incluye alcoholemia, pericias accidentológicas, videos y testimonios. Está detenido.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra Axel Araneda, por el siniestro vial ocurrido el viernes (21/11) a la madrugada en Allen, donde cuatro personas perdieron la vida. Según la acusación, el imputado embistió con su camioneta a un vehículo detenido sobre la Ruta Nacional N° 22, lo arrastró más de 30 metros y provocó que se incendiara de inmediato.
El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, a la altura del kilómetro 1204. La Fiscalía sostuvo que el acusado conducía una camioneta en sentido oeste-este «en forma imprudente y antirreglamentaria», bajo los efectos de estupefacientes, con alcoholemia positiva, utilizando su teléfono celular instantes antes y a una velocidad no menor a 170 km/h.
Producto del impacto, fallecieron en el acto dos mujeres -una de 60 y otra de 30 años- mientras que una niña y un niño murieron por inhalación de hollín dentro del rodado afectado, según la evaluación preliminar. Por estos hechos, se le atribuyó al acusado el delito de homicidio culposo cuádruplemente agravado por exceso de velocidad, consumo de estupefacientes, alcoholemia superior a 500 mg/l y por la cantidad de víctimas.
Durante la audiencia, la Fiscalía enumeró las pruebas reunidas: el acta de procedimiento del Cuerpo de Seguridad Vial, los elementos secuestrados dentro de la camioneta -entre ellos teléfonos celulares y un bidón-, los resultados de los allanamientos en la vivienda del imputado, donde se incautaron más dispositivos y armas de fuego, y la prueba de alcoholemia tomada tres horas después del siniestro, que igualmente arrojó un nivel elevado. También incorporó la estimación técnica del nivel de alcohol al momento del impacto y los exámenes toxicológicos.
Un testigo presencial afirmó haber sido sobrepasado por la camioneta del acusado mientras circulaba a 120 km/h y aseguró que el vehículo involucrado venía realizando múltiples maniobras de sobrepaso. El informe accidentológico confirmó que el impacto se produjo entre la parte frontal derecha de la camioneta y la parte posterior izquierda de la EcoSport siniestrada, y determinó una velocidad mínima superior a 170 km/h.
Además, la Fiscalía solicitó el congelamiento de un perfil de redes sociales donde Araneda habría publicado imágenes conduciendo minutos antes del choque y presentó un informe de cámaras de seguridad de un bar de Allen que muestran su presencia entre las 3 y las 5 de la madrugada.
Los querellantes adhirieron a toda la acusación. Por su parte, el abogado defensor cuestionó la formulación de cargos y señaló que el vehículo embestido estaba detenido sobre el carril, lo que, a su criterio, constituía la imprudencia inicial. También objetó el agravante por estupefacientes.
La Fiscalía respondió que la detención de la EcoSport estaba acreditada, pero que numerosos vehículos pudieron evitarla, algo que no ocurrió con el imputado debido a su estado y velocidad. Agregó que el testigo relató que el acusado no prestó ayuda y que inmediatamente realizó llamadas, lo que motivó el secuestro de celulares.
«Este hecho comenzó con imprudencia y terminó con un desenlace fatal. La calificación atribuida coloca como único responsable penal a la persona imputada», afirmó la Fiscalía.
Finalmente, la jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos y ordenó la prisión preventiva del acusado mientras avance la investigación.
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Caso Ripari: Condenan a una mujer a 4 años y 6 meses por encubrimiento agravado
La mujer admitió haber recibido dos motos y ocultado carne robada del hecho que terminó con la muerte del hombre de 77 años.
Ayer (20/11), la mujer imputada por haber adquirido o recibido dos motocicletas -sabiendo que tenían un origen ilícito y con fines de lucro- en el marco del homicidio en ocasión de robo de Oscar Ripari, reconoció haber cometido el delito y fue condenada a la pena única de 4 años y 6 meses de prisión.
«El Ministerio Público Fiscal solicitó la declaración de primera reincidencia, las accesorias legales, el pago de las costas y renunció a los plazos procesales», explicó el fiscal que intervino en la audiencia, detallando los alcances del acuerdo alcanzado.
La condena recae sobre los delitos de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, previstos en los artículos 277° inc. 1° c) e inc. 3° b), 55 y 45 del Código Penal. La fiscalía sostuvo que la mujer no solo recibió las motos involucradas en el crimen, sino que también ocultó la carne sustraída de la carnicería de Ripari. «Recibió y ocultó cosas que sabía eran provenientes de un delito, con un claro fin de lucro, tanto para su comercialización como para su consumo personal», indicó.
Para esta instancia de acuerdo abreviado pleno, la Fiscalía presentó un amplio cuerpo probatorio: intervenciones del personal de la Comisaría 21°, múltiples allanamientos, entrevistas testimoniales, informes del Departamento de Informática Forense y de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (O.I.Tel.), análisis de teléfonos secuestrados, trabajo del Cuerpo de Investigación Judicial y registros de cámaras del 911.
El juez interviniente homologó el acuerdo y confirmó que la mujer de 36 años comenzará a cumplir su condena por los hechos y la calificación legal reconocidos.
Con esta sentencia, el expediente por el homicidio de Oscar Ripari queda cerrado, tras haber sido condenados todos los imputados: tanto los responsables del homicidio en ocasión de robo, como quienes participaron del encubrimiento agravado.
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Caso Dobra: Modifican las cautelares y ordenan tobillera y prohibiciones de contacto a uno de los imputados
El acusado continuará con tobillera electrónica y libertad dentro del ejido urbano, además de prohibiciones estrictas hacia víctimas y testigos.
El juez revisor del Foro de Jueces de General Roca hizo lugar al planteo del defensor particular de uno de los imputados en una causa por encubrimiento y ordenó la modificación de las medidas cautelares que pesaban sobre el hombre, de apellido Méndez. El pedido se basó en la escala penal prevista para el delito que se le atribuye.
Tras la resolución del magistrado revisor, se llevó a cabo una nueva audiencia ante el juez de Garantías, quien definió que el imputado deberá utilizar tobillera electrónica hasta mayo de 2026. La medida incluye libertad ambulatoria, pero únicamente dentro del ejido urbano de la ciudad de Roca, debido al riesgo procesal de entorpecimiento que evaluó el tribunal.
Además, el juez estableció una prohibición estricta de acercamiento, hostigamiento, amedrentamiento y cualquier tipo de contacto con las víctimas y los testigos, con un límite de 200 metros. También se dispuso la prohibición de salida del país.
La resolución contó con la conformidad de la Fiscalía y de la querella, y no recibió objeciones por parte de la defensa particular.
El juez advirtió que cualquier incumplimiento de las medidas habilitará la solicitud de prisión preventiva por desobediencia.
