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Conciliaciones laborales: Se resuelven en un mes y permiten cada vez más acuerdos

Subieron un 17% con respecto al primer semestre de 2021.

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Durante el primer semestre de 2022, más de 200 conflictos entre trabajadores y empleadores de toda la provincia quedaron resueltos a través del sistema de conciliación laboral, uno de los mecanismos más desarrollados que ofrece la Dirección de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos del Poder Judicial.

El índice de acuerdos alcanzados en conciliaciones laborales subió un 17% con respecto al primer semestre de 2021. En la primera mitad de este año, casi la mitad de las personas que se reunieron y dialogaron con la ayuda de un conciliador o una conciliadora laboral llegaron a un acuerdo.

Desde diciembre de 2020 el paso por la conciliación laboral prejudicial es obligatorio. Y si bien las partes no están obligadas a alcanzar ningún acuerdo, sí deben al menos evaluar la posibilidad de resolver el planteo laboral por esa vía. En caso de no prosperar la conciliación, el expediente judicial avanzará por la vía “tradicional” ante alguna de las Cámaras Laborales de la provincia.

Además de la pacificación y la certeza que otorga un acuerdo, uno de los principales beneficios del sistema de conciliación laboral prejudicial es la rapidez.

Según las estadísticas del primer semestre de 2022 que presentó el Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial, la duración promedio de un proceso de conciliación laboral es de 26 días corridos en la Primera Circunscripción, con centro en Viedma. En la Segunda y en la Tercera Circunscripción, con cabecera en Roca y en Bariloche, respectivamente, la duración promedio es de 32 días corridos. En tanto que en la Cuarta Circunscripción, con centro en Cipolletti, el promedio es de 36 días corridos.

Más acuerdos

Las estadísticas revelan que en el primer semestre del año pasado se sustanciaron 462 legajos. Eso quiere decir que se produjeron 462 reuniones de conciliación y hubo diálogo entre las partes. De ese total de reuniones surgieron 146 acuerdos que pusieron fin al conflicto laboral. El índice de acuerdos en la primera mitad de 2021 fue del 31,6%.

Los números mejoran en el primer semestre de 2022. De un total de 419 conciliaciones sustanciadas surgieron 204 acuerdos, por lo que el índice de resolución de conflictos se elevó a 48,6%.

Interés de profesionales

Por el interés y las inquietudes que expresaron operadores del sistema en materia de conciliación laboral, días atrás se realizaron en Viedma dos encuentros de trabajo con el juez del Superior Tribunal de Justicia Ricardo Apcarián, la titular de la Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia, Silvana Mucci, y la Directora de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos, Norah Aguirre. Participaron también la directora del Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Viedma, María Angélica Fulvi, y el presidente de la Cámara Laboral de esa ciudad, Gustavo Guerra Labayén.

La primera reunión de trabajo fue con conciliadores laborales que trabajan en la Primera Circunscripción, con el objetivo de analizar las prácticas de intervención y coordinar un taller de análisis de casos que se dictará próximamente en la capital provincial.

La segunda reunión fue con abogados y abogadas del foro que se desempeñan en el fuero Laboral, quienes tenían interés en aportar inquietudes para un mejor funcionamiento del sistema. En ese encuentro se hizo, además, un análisis de las estadísticas provinciales que revelan un incremento de las sustanciaciones en Viedma.

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La Justicia ratificó la prisión preventiva para la banda acusada de 12 violentos robos en la región

Tras el fallo, continúan vigentes las calificaciones y medidas cautelares dictadas luego de los allanamientos simultáneos del 13 de noviembre, que derivaron en la detención de los 5 acusados.

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El juez de juicio no hizo lugar este martes (09/12) a los agravios presentados por las defensas particulares de los 5 imputados señalados por la Fiscalía como integrantes de una asociación ilícita que habría perpetrado 12 hechos delictivos en el Alto Valle. Con esta decisión, se mantienen en pie tanto la acusación fiscal como la calificación legal y las prisiones preventivas solicitadas oportunamente por el Ministerio Público Fiscal.

La formulación de cargos había tenido lugar el pasado 13 de noviembre, tras una serie de allanamientos simultáneos realizados por la Policía de Río Negro en General Roca y Cipolletti. En aquella audiencia, el juez de Garantías dispuso la prisión preventiva por 4 meses para todos los imputados.

Según la acusación, el grupo actuaba bajo un modus operandi reiterado y minucioso: realizaban tareas previas de vigilancia sobre objetivos seleccionados, utilizaban uno o dos vehículos sustraídos para trasladarse y irrumpían violentamente por accesos traseros, trepando paredones y techos. En el interior, reducían a las víctimas con armas de fuego, las ataban con alambres o precintos y exigían dólares y la ubicación de cajas fuertes.
También se llevaban elementos de valor como oro, dispositivos electrónicos -aunque no teléfonos celulares- y los DVR de cámaras de seguridad, para borrar registros de su ingreso.

Los 12 hechos imputados ocurrieron entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, 11 en General Roca y uno en Allen.

Además de la acusación por integrar una asociación ilícita, a los imputados se les atribuyen distintos delitos según su presunta participación en cada caso: robo simple y agravado por ser cometido en poblado y en banda, en algunos episodios agravado por escalamiento, y privación ilegítima de la libertad con violencia. Algunos enfrentan también cargos por robo y hurto de vehículos.

Durante la audiencia, la Fiscalía reiteró que «estas 5 personas se dedicaban a trabajar de esto: hay una selectividad de objetivos, un análisis prolijo de las víctimas y una estrategia definida para concretar los hechos».

La fiscal jefa agregó que la conducta «supera la mera actuación plural circunstancial» y que los hechos «han conmocionado a la sociedad», sin descartar que puedan surgir nuevas evidencias o involucrados.

Con el rechazo de los agravios, la situación procesal de los 5 acusados continúa sin modificaciones y se mantienen las medidas cautelares establecidas por el juez de Garantías.

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Un adolescente, una mamá y dos papás: Un fallo de Roca admite la triple filiación

El joven solicitó al Poder Judicial constituir una triple filiación, es decir, mantener un vínculo jurídico con su padre biológico y su padre de crianza, junto a su madre.

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Un adolescente vive desde los 4 años con su mamá y el esposo de ella. Desde entonces, comparte la vida cotidiana en familia y mantiene un vínculo muy fuerte con el hombre. Esa figura paterna lo acompaña en todos sus proyectos de vida, le brinda amor y contención.

Comparten intereses como el dibujo y la actividad física. Pero un hecho fortaleció aún más ese lazo: la pareja adoptó a un niño y la familia creció con la llegada de un hermanito. El adolescente sintió que era momento de cambiar su apellido, pero finalmente solicitó la adopción por integración.

Su padre biológico, con quien mantiene una relación más esporádica, comprendió el profundo deseo de su hijo y no se opuso al cambio de apellido. En relación con la adopción, expresó que desea seguir siendo el padre del chico y que este continúe contando con él, aunque sea como «papá suplente».

El adolescente solicitó al Poder Judicial constituir una triple filiación, es decir, mantener un vínculo jurídico con su padre biológico y su padre de crianza, junto a su madre.

El fuero de Familia de Roca aceptó el requerimiento del joven y declaró la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 558 del Código Civil y Comercial, el cual establece que ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales.

La aplicación literal del artículo «colocaría al adolescente en posición de elegir entre sus dos figuras paternas, cuando los tres adultos involucrados desean permanecer en su vida, acompañando su crecimiento y desarrollo, todos ellos desde un rol de afecto, cariño, amor y contención, como lo han hecho toda la vida», argumentó la jueza.

El fallo otorgó la adopción integrativa plena del adolescente, manteniendo a su vez el vínculo jurídico con el padre biológico. También autorizó la modificación del nombre del joven, respetando así su derecho a la identidad y su voluntad.

La sentencia analiza que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha receptado la noción de familias en plural, ya que sostiene que la Convención Americana de Derechos Humanos no impone un concepto cerrado de familia ni protege un único modelo tradicional.

«De este modo, se brinda un estándar de protección amplio que busca garantizar un derecho filial que responda a la identidad de las personas que integran el grupo familiar. En ese contexto, la noción de socioafectividad resulta clave para comprender el proceso de desbiologización de los vínculos filiales».

El fallo recuerda también que la adopción por integración siempre mantiene el vínculo filiatorio y todos sus efectos entre el adoptado y su progenitor de origen. Ese efecto dependerá de si el adoptado posee un doble o un simple vínculo filial. En el caso del adolescente del Alto Valle, tiene doble vínculo filial, y su intención -al igual que la de los adultos involucrados- fue sumar un vínculo más.

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Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años

La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.

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Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.

Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.

El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.

El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.

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