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Sin aviso, prepaga le cortó la cobertura a un afiliado justo antes de que sufriera un infarto

La empresa tendrá que indemnizarlo por el daño moral, punitivo y tendrá que abonarle, como extra, una multa.

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Una empresa de medicina prepaga deberá devolver a un afiliado todos los gastos médicos que el hombre tuvo que cubrir de su bolsillo luego de sufrir un infarto y descubrir, en ese momento, que ya no tenía cobertura. La empresa también tendrá que indemnizarlo por el daño moral que le provocó. Deberá pagarle además el daño punitivo por la violación a los derechos del consumidor y tendrá que abonarle, como extra, una multa por haber litigado el caso con “temeridad y malicia” ante los Tribunales rionegrinos.

El fallo del Juzgado Civil N° 21 de Villa Regina fue confirmado y ampliado ahora por la Cámara Civil de Roca, que rechazó la mayoría de los planteos de la apelación de Swiss Medical y subió los montos de las indemnizaciones, tal como pedía el afiliado.

El hombre es un comerciante que tenía su negocio adherido a la tarjeta de crédito NYC, perteneciente a la empresa financiera Isla Card S.A. Durante 10 años, él y su familia fueron afiliados a la prepaga a través de un convenio de intermediación: cuando el comercio rendía a la financiera las liquidaciones de las compras hechas por usuarios de esa tarjeta de crédito, la empresa retenía un porcentaje con el que pagaba a Swiss Medical el paquete de cobertura médica para todos los comerciantes adheridos al convenio.

El acuerdo funcionó sin problemas durante una década pero en agosto de 2014, alegando pagos atrasados, Swiss Medical rescindió su acuerdo con la financiera y dio de baja automáticamente la cobertura que tenía el comerciante. Sin embargo, la empresa de medicina prepaga no cumplió con una obligación básica que le impone la Ley 26.682: debía notificar al afiliado, intimándolo a regularizar la deuda, antes de poder interrumpir la cobertura.

Unas pocas semanas después el hombre sufrió un infarto. Ni él ni su familia sabían en ese momento que ya no contaban con ningún tipo de cobertura. El 12 de septiembre de 2014 ingresó con un “síndrome coronario agudo” a una clínica privada. Luego fue derivado a otra, donde le hicieron más estudios y le practicaron una angiosplatía coronaria. Todo debió pagarlo de su bolsillo. Ahora la empresa deberá devolverle, con los intereses acumulados, todos aquellos gastos médicos.

“Aparece como evidente la estrategia de la demandada de eximirse de cualquier responsabilidad mediante el artilugio de excluir aquí la verdadera relación de naturaleza consumeril que unía a las partes. Más allá que coinciden en que intervenía Isla Card SA en el proceso de pago de las cuotas, no cabe en absoluto ninguna duda que la demandada era la responsable de los servicios que prestaba ante los beneficiarios, entre los cuales se encontraba la actora, ello precisamente por la calidad de consumidores que revestían en la relación”, definió el fallo de primera instancia.

La Cámara afirmó que la prepaga quiso escudarse en el convenio que la unía con la financiera para intentar desligarse de la responsabilidad ante el afiliado, pero nunca presentó ese contrato como prueba.

Daño moral, punitivo y multa

Para elevar la indemnización por daño moral a $400.000, la Cámara valoró que la prepaga “privó de asistencia sin aviso de algún tipo al asegurado cuando sufrió un infarto de miocardio, con incuestionable riesgo de vida y el desasosiego que conlleva enfrentar tan repentina, urgente y grave situación solo por sus medios”. “La situación generada por el corte de la cobertura en un momento crítico del actor, sumado a los padecimientos que luego también tuvo que soportar, incluyendo los de este juicio y la incertidumbre por la suerte final de su reclamo, deben ser indemnizadas”, precisó.

Por otra parte, le impuso una sanción por daño punitivo de $800.000 por “la
gravedad del incumplimiento, sin duda intencional, así como la conducta observada con posterioridad”. En este punto se refirió a la persistente negativa de la empresa en reconocer los derechos del afiliado.

Por último, la Cámara sumó una multa por “temeridad y malicia” procesal, igual al 20% del total de las indemnizaciones. La aplicó por “litigar sin razón”, por “dilatar el proceso” buscando “el desgaste” del afiliado y “actuando con total indiferencia por los perjuicios que ocasiona”, “llegándose al extremo de falsear groseramente” algunos precedentes que la misma parte ofreció al tribunal como referencia. “Por si fuera poco, no asisten a la audiencia que se convocara a los efectos de procurar conciliar y brindar explicaciones”, agregó el fallo. En este punto, la Cámara advirtió que ya existían sentencias en las que había advertido a la empresa sobre la imposición de “más severas sanciones en caso de reiteración de tal tipo de conductas”.

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Caso Mandagaray 2: Confirman la sentencia de primera instancia

Se trata de la absolución para los responsables del Departamento de Capacitación y de Académica de la Policía de Río Negro.

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El Tribunal de Impugnación (TI) confirmó la sentencia de absolución para los responsables del Departamento de Capacitación y de Académica de la Policía de Río Negro en el denominado caso Mandagaray 2. Habían llegado a juicio acusados de no controlar la realización del curso que terminó con la vida del joven en Bahía Creek.

Por la trágica muerte se llevaron a cabo dos juicios. El primero contra los instructores que estuvieron en el curso. En ese caso, fueron sentenciados a prisión efectiva, y el Tribunal de Impugnación confirmó esas condenas. El segundo juicio recayó sobre dos funcionarios del área de capacitación encargados de diseñar y autorizar el plan general.

La acusación intentaba probar que «no controlaron y/o no ordenaron controlar la realización del curso de formación del COER de Viedma». Finalmente, el tribunal unipersonal valoró las pruebas y concluyó que no se pudo acreditar la imputación de omisión de los deberes del oficio.

En su apelación ante el TI, la Fiscalía y la Querella dijeron que la sentencia de primera instancia era arbitraria y no había valorado correctamente la prueba.

El fallo del Tribunal de Impugnación explicó que «el magistrado inicia sus argumentos dando fundamentos y hasta con alguna visión crítica respeto del modo de imputar las conductas a los encartados, en especial por existir otro legajo donde se han juzgado los hechos que llevaron a la muerte del joven Gabriel Mandagaray».

Par el TI, la sentencia de primera instancia fue clara y consistente al explicar los motivos de su decisión. «El magistrado va mas allá de la hipótesis acusatoria y agrega, que aún acreditado por la acusación algún tipo de incumplimiento, de ninguna manera se ha podido afirmar que ha existido la intención de incumplir con los deberes a su cargo por parte de los imputados. Este punto de la conclusión del tribunal no puede calificarse como arbitraria porque más adelante en sus fundamentos el magistrado da razones de esta afirmación».

Recordó que está bien explicitado en el fallo la causa por la cual «no se encontraba determinado por las normas que el control del curso lo tenían los imputados».

En definitiva, «la sentencia ha dado sobrados fundamentos sobre porqué no se alcanzan a reunir los elementos tanto objetivos como subjetivos del tipo penal, en base a un análisis que no posee fisuras, y como resultado de la prueba aportada en juicio».

En efecto, «la sentencia posee un desarrollo que permite seguir un razonamiento lógico, con apoyo en doctrina y jurisprudencia en la materia». Por esta razón, la confirmó en todos sus términos.

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Cansado de que le descuenten un seguro que no contrató, fue a la Justicia

El hombre leyó en internet que le estaba pasando lo mismo que a otras personas que denunciaron el hecho.

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El Juzgado Multifueros de El Bolsón dictó una medida cautelar ordenando la suspensión inmediata de los débitos automáticos efectuados por un seguro desde la cuenta sueldo de un cliente. Este último había detectado cargos por un seguro no contratado y, tras no recibir respuesta satisfactoria del banco, decidió llevar el caso a la justicia.

La demanda se presentó luego de que el cliente vio en las noticias sobre descuentos inconsultos y al revisar sus resúmenes de cuenta, notara débitos mensuales por parte de Seguro Sura S.A., una póliza que asegura no haber contratado. A pesar de sus intentos por cancelar el servicio tanto en la sucursal como por otros medios facilitados por el banco, los descuentos continuaron, lo que llevó a la acción legal.

Al momento de presentar la demanda relató que, luego de leer una noticia judicial en internet, prestó atención a los resúmenes de cuenta emitidos por la entidad y advirtió que se le efectuaban débitos de seguros que nunca había contratado.

Detalló que, al concurrir a la sucursal del Banco Patagonia le informaron que él los había contratado, situación que niega rotundamente. En esa ocasión, solicitó a la persona que lo atendió que diera de baja el seguro inmediatamente. Sin embargo, no pudo concretarse, ya que le indicaron que debía realizar el trámite por teléfono y nunca logró comunicarse.

Añadió que, finalmente, el 8 de diciembre de 2023, realizó el pedido de baja por home banking pero continuaron con los descuentos, y tuvo que realizar nuevamente el procedimiento de baja el 4 de enero de 2024.

El fallo se fundamenta en la protección de los derechos de los consumidores, citando la Ley 24.240, que busca asegurar la salud, seguridad, e intereses económicos de los usuarios, además de garantizar su derecho a recibir información adecuada y veraz, libertad de elección, y un trato equitativo y digno.

La medida cautelar se justifica bajo el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial (CPCC), que permite dicha acción en casos donde el derecho es verosímil, exista peligro de daño irreparable y la medida no pueda obtenerse de otra forma.

El Juzgado consideró que, dada la documentación presentada por el demandante, los descuentos efectuados constituían una afectación a sus ingresos de carácter alimentario, privándolo de disponer de los mismos, lo que configuraba un daño actual y potencialmente grave e irreparable.

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Solicitaron 19 años de prisión para sujeto que abusó sexualmente de tres de sus hijas

Ya fue declarado culpable por un jurado popular en diciembre pasado. Ahora se definirá su condena.

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Tras haber sido declarado culpable por un jurado popular en diciembre pasado por varios delitos cometidos contra la integridad sexual de tres de sus hijas, hoy (21/02) el hombre escuchó el pedido de las partes en relación al monto de pena. Es así que la Fiscalía pidió 19 años de prisión efectiva, mientras que el defensor penal público 16 años. La sentencia se dará a conocer el próximo miércoles (28/02) al mediodía.

De esta manera, la fiscal jefa fundamentó su pedido en varios agravantes, entre ellos que «se trató de un hecho con pluralidad de víctimas, que son tres niñas vulnerables por estas características y por la relación asimétrica de poder con el victimario, que es su padre».

Además «fueron víctimas desde muy temprana edad, esto las vuelve aún más vulnerables, no tuvieron la chance de elegir ni de opinar acerca del inicio de su sexualidad, y los abusos marcaron una intromisión a su vida sexual», agregó la Fiscalía.

«Otro agravante que consideramos es la naturaleza de la acción, en el juicio por jurados quedó acreditado el prolongado lapso de tiempo en que los hechos sucedieron, que los mismos ocurrían en una zona rural, a veces de noche, otras veces cuando el hombre procuraba estar con las niñas solo, cuando las llevaba al colegio, cuando las tenía a su alcance», dijo la representante fiscal.

«La intensidad del daño causado, es decir, que quienes las debía cuidar abusó de ellas, y esta situación tuvo y aún hoy tiene un impacto en la psiquis de las menores de edad, cuestión enfatizada hoy con el testimonio de la psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI)», subrayó la fiscal.

«Consideramos agravante también que cuando el hombre se tuvo que ir del hogar a raíz de la denuncia y la intervención del Estado en el hecho, nunca se ocupó del bienestar ni de las hijas víctimas ni del resto. La denunciante de los abusos, la madre de las chicas tuvo además que iniciar un reclamo de cuota alimentaria ya que el hombre aún estando en libertad no cumplía con la misma», remarcó la fiscal jefa.

Por su parte, la defensora de menores que representa a las víctimas en el juicio, adhirió al pedido fiscal y solicitó al Tribunal que «se tenga en cuenta el interés superior, es decir, el de las niñas, ya que están protegidas por la Declaración Universal de los derechos del niño, niña y adolescentes, como también la Ley 26.061, la Guía de buenas prácticas de UNICEF, entre otras normativas vigentes en nuestro país».

El defensor penal público que asiste al hombre en el juicio, dijo que «no vamos a discutir el agravante de la pluralidad de víctimas. Pero sí la cuestión del género creemos que no debe ser admitida, como tampoco la duración en el tiempo ya que está incluida en el delito de corrupción, como también está incluida la cuestión de la relación asimétrica y la clandestinidad en el Artículo 119 presente en la calificación legal por la que ya fue condenado mi asistido».

Calificación legal por la que ya fue condenado por el jurado popular

En relación a una de las víctimas se lo declaró culpable del delito de «abuso sexual simple agravado por el vínculo, reiterado en un número indeterminado de veces, abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y corrupción de menores agravada por el vínculo».

Para otra de las víctimas, el hombre es culpable de «abuso sexual simple agravado por el vinculo, reiterado en un número indeterminado de veces y corrupción de menores agravada por el vínculo».

En tanto para la última, se lo condenó por «abuso sexual simple agravado por el vinculo, reiterado en un número indeterminado de veces y corrupción de menores agravada por el vínculo».

Prórroga de la prisión preventiva

El Ministerio Público Fiscal teniendo presente que la prisión preventiva que cumple el hombre desde el inicio del juicio está próxima a vencerse, solicitó y así resolvió el juez interviniente, que la misma se prorrogue por el plazo de cuatro meses, teniendo presente que «el riesgo de fuga se encuentra latente por la expectativa de una pena alta».

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