Judiciales
Por un vuelo cancelado llegó tarde a una carrera de Fórmula 1 en Brasil: La aerolínea deberá indemnizarlo
Una retención de servicios de personal aeroportuario dejó a un roquense varado en Neuquén, con las entradas en la mano.
Las jornadas del 9 al 11 de noviembre de 2018 fueron gloriosas para los aficionados a la Fórmula 1 en el autódromo de Interlagos, en Sao Pablo. Lewis Hamilton, con Mercedes Benz, hizo podio en el Gran Premio de Brasil, en la penúltima carrera de la temporada. En el autódromo había casi 60.000 espectadores pero faltaba Carlos: una retención de servicios de personal aeroportuario lo había dejado varado en Neuquén, con las entradas en la mano.
Después de manejar hasta Buenos Aires en medio de frenéticos reclamos y de pagar importantes gastos de último momento, Carlos pudo llegar a Brasil para ver el final de la carrera. Pero nadie podrá quitarle el sabor amargo del sueño que le quedó a medio cumplir.
Ahora la aerolínea deberá indemnizarlo no sólo con los gastos extra que debió afrontar, sino que también deberá pagarle una compensación por el daño moral y una multa por la violación de sus derechos como consumidor.
Un fallo del Juzgado Civil N° 5 de Roca fue confirmado y ampliado en los últimos días por la Cámara de Apelaciones, que elevó la indemnización por daño punitivo a $200.000 pesos y aumentó el daño moral a $90.000. A eso se suman los intereses acumulados y todos los gastos extra que ya se le habían reconocido al damnificado en el fallo de primera instancia.
La sentencia dio por probado que “la cancelación del vuelo le ocasionó un daño muy grave, ya que su viaje a Brasil estaba programado con muchos meses de antelación; que había ahorrado dinero por mucho tiempo exclusivamente para cumplir un anhelo personal” y que “tanto los pasajes aéreos a la ciudad del evento, como así también hoteles en aquel sitio y entrada al evento, ya habían sido abonados”.
El 8 de noviembre de 2018 el hombre debía volar con Aerolíneas Argentinas desde Neuquén hacia Buenos Aires, donde tomaría un vuelo de Turkish Airlines para llegar a tiempo a Sao Pablo. Pero el día pactado llegó con tres horas de anticipación al aeropuerto de Neuquén y allí supo de la cancelación “por una huelga del personal”, sin más información. Pese a las gestiones y explicaciones, el hombre no logró que lo reprogramen para el mismo día en otro vuelo de Aerolíneas ni que le costeen un pasaje en alguna de las otras dos líneas aéreas que estaban operando con normalidad. Sólo recibió como propuesta un pasaje para el día siguiente, algo que no le servía porque esa misma noche debía tomar el vuelo internacional.
“La respuesta brindada es claramente insuficiente”, dijo el Tribunal. La oferta de reprogramar el vuelo para el otro día, sabiendo expresamente cuál era la urgencia del pasajero, no hacía más que “frustrar la finalidad de su viaje”. La empresa “no podía obrar con la desaprensión con la que obró”, concluyó la Cámara.
Desesperado, Carlos pidió prestada una camioneta y manejó hasta Buenos Aires, pero no llegó a tiempo para el vuelo a Brasil ni pudo reprogramarlo. No tuvo más opción que comprar otro pasaje de ida, ya para el día siguiente, resignándose a no poder ver las pruebas de clasificación del primer día de la competencia. Además, tuvo que pagar una multa de 219 dólares para poder usar el vuelo de regreso que ya tenía pago con la aerolínea de bandera turca.
Dos meses después de la amarga experiencia, Aerolíneas Argentinas le devolvió el dinero de los pasajes ida y vuelta Neuquén – Buenos Aires. Pero el hombre reclamó el resto de los daños económicos y morales sin recibir respuesta: la aerolínea no atendió ni la carta documento ni el llamado a mediación que le hizo el cliente. En el juicio civil tampoco contestó la demanda.
Según analizó la Cámara, el comportamiento de la aerolínea durante y después de la emergencia reflejó “un grave menosprecio por la situación que padecía su cliente” que debe ser indemnizado.
Judiciales
Acuchilló a su pareja en medio de una discusión y quedó detenida
El hombre se encuentra internado en terapia intensiva. La herida fue a la altura del pulmón.
Este mediodía (26/06) el Ministerio Público Fiscal formuló cargos y solicitó la prisión preventiva de una mujer de 52 años por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo. Pese a que el defensor público se opuso a la cautelar, la acusada continuará detenida por el plazo de un mes.
Según la acusación fiscal, el hecho habría ocurrido el pasado martes alrededor de las 2 de la tarde, en un domicilio ubicado en Rosario de Santa Fe al 3200 de General Roca.
«Previo mantener una discusión por celos, la imputada habría tomado un cuchillo de 33 centímetros de largo, con el fin de herir a su pareja, y le habría ocasionado una herida cortopunzante a la altura del pulmón», explicó la representante fiscal.
Tras el ataque, el hombre fue intervenido quirúrgicamente y «se encuentra en estado reservado en la Unidad de Terapia Intensiva», agregó la Fiscalía.
Entre el sustento probatorio mencionado se encuentra el acta de procedimiento confeccionado por la Comisaría 21° tras un llamado al 911, el croquis referencial del lugar del hecho, el acta de entrevistas a allegados de la señora y otras personas, a personal policial.
«Hemos consultado también los legajos obrantes en el fuero de Familia, donde pudimos advertir que la relación tenía historicidad de violencia», dijo la fiscal del caso.
Intervino el Gabinete de Criminalística, se secuestraron el cuchillo, ropa con manchas símil sangre, celulares tanto en el lugar del hecho como en el lugar donde el hombre se encuentra internado, se suma a la prueba el relevamiento fotográfico, la historia clínica del paciente, la intervención del Cuerpo de Investigación Forense (CIF) de la Segunda Circunscripción.
El defensor público explicó que, tras asistir a la mujer, no iba a prestar declaración.
En relación al pedido de la medida cautelar por un mes, la fiscal argumentó que «hay elementos de convicción suficientes sobre quien fue la autora del hecho, si bien la señora no tiene antecedentes penales la calificación legal por la que hoy formulamos los cargos dependerá del avance o no del estado de salud del hombre», aclaró.
«El peligro procesal invocado es el de posible entorpecimiento a la investigación, basándonos en los dichos de la mujer que referenciaron los policías. Además, en caso de mejorar la víctima, necesitamos que él pueda prestar su testimonio con tranquilidad sin temor a ser amedrentado por la señora», agregó la representante fiscal.
El defensor penal público se opuso al pedido fiscal, «toda la prueba está preservada, se realizaron los secuestros pertinentes, la víctima está internada, ¿qué es lo que podría condicionar mi asistida?. Para esta parte, ese riesgo no está del todo presente en este caso. Por eso solicitamos que recupere inmediatamente la libertad y propongo que se le otorgue prisión domiciliaria con dispositivo electrónico».
La jueza de Garantías interviniente resolvió tener por formulados los cargos en los términos esgrimidos por la fiscalía. En relación a la medida cautelar explicó que «tal lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal habría ocultamiento de prueba, el señor además se habría negado a denunciar el hecho, sin embargo la Fiscalía continúo con la acusación teniendo presente la gravedad del hecho y como dijo la representante el delito imputado no podrá ser menor al que hoy se le ha descripto». Por todo lo anterior, la magistrada resolvió que la preventiva sea de un mes.
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Su pareja falleció y la empresa se negó a pagarle: Ordenan indemnizar a la concubina y a los hijos en partes iguales
La víctima murió en galpón de empaque de Huergo. Ella convivía con él, pero no estaban casados legalmente.
La mujer convivió con su pareja durante más de 6 años. El hombre falleció mientras realizaba tareas en un galpón de empaque en la zona rural de Ingeniero Huergo. La empresa se negó a indemnizarla y argumentó que ese derecho correspondía a los hijos del trabajador. Los menores son fruto de una relación anterior.
Un fallo de la Cámara Laboral de Roca ordenó indemnizar a la concubina y a los hijos del operario en partes iguales. La resolución también intimó a la aseguradora a abonar el seguro de vida en la misma proporción.
Desde el año 2010, y de manera ininterrumpida, el hombre trabajó como mecánico en un galpón de empaque de la zona rural. Cargaba pallets con cajas de frutas con una carretilla elevadora manual. Este trabajo le provocó un fuerte dolor en el pecho y le indicaron reposo por 15 días.
En la demanda, la mujer explicó que tres días después de ese episodio lo convocaron para arreglar un portón. Cuando utilizaba un taladro, sufrió una descompensación. Lo asistieron en el Hospital y falleció minutos más tarde a causa de un paro cardiorrespiratorio. Según el informe médico, también padecía Covid-19.
La concubina acreditó el vínculo y notificó a la empresa sobre la existencia de los herederos legítimos. Requirió el pago de la indemnización por fallecimiento, los haberes y el seguro de vida obligatorio. Ante la negativa de la empresa, la mujer inició un reclamo administrativo. Al no obtener respuesta favorable, presentó la demanda judicial.
El fallo determinó que la Ley de Contrato de Trabajo establece con claridad quiénes son los beneficiarios de la indemnización, mediante la sola acreditación del vínculo. «Queda claro que no es necesaria la apertura de la sucesión, sino que los causahabientes del trabajador sólo deben acreditar el vínculo para tener derecho a la indemnización», explicó la jueza.
Agregó que una mujer que convive públicamente con un hombre soltero, en aparente matrimonio, durante dos años, tiene derechos equiparables a los de una viuda. La mujer presentó la declaración jurada de concubinato, emitida y reconocida por el Registro Civil de Ingeniero Huergo
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Tuvo que pagar consumos de una tarjeta que nunca tuvo para no figurar como deudora: Condenan al banco
El resumen le llegaba a su casilla de correo electrónico, pero el domicilio era diferente. Aunque buscó incansablemente obtener respuestas por parte de la entidad bancaria, fue imposible.
Una vecina de Roca comenzó a recibir correos electrónicos de un banco. Le informaron que debía pagar el resumen de una tarjeta de crédito que no tenía. Constató que figuraban sus datos, pero con un domicilio diferente. Un fallo del Juzgado Civil de Roca condenó al Banco Supervielle por daños y perjuicios. También deberá rectificar la información ante el Banco Central y suprimir los datos que la señalan como deudora.
El primer resumen fue recibido con un saldo por consumos y por la renovación de la tarjeta. Hizo consultas por correo electrónico y por teléfono, pero no obtuvo respuestas. Descargó la aplicación del banco, generó las claves, dio de baja el producto, pero no logró presentar el reclamo. En la demanda también recordó que el banco no tiene sucursal en la ciudad.
La mujer y sus familiares recibieron llamadas insistentes para que realizara el pago. Con la esperanza de obtener una respuesta, pagó, pero no consiguió la devolución del dinero. Al mes siguiente recibió una nueva nota que incluía intereses sobre consumos que no le correspondían.
Para la jueza, el banco no demostró el origen de la deuda ni la suscripción de la tarjeta de crédito. Adjuntó resúmenes de una caja de ahorro, pero no justificó gastos de una tarjeta supuestamente renovada. Al momento de alegar, la magistrada consideró que la presentación fue extemporánea y sin pruebas suficientes.
La pericia informática confirmó la autenticidad de 160 correos electrónicos que recibió la mujer, entre ellos recordatorios de pagos, promociones y resúmenes de cuenta. Las llamadas telefónicas provenían de números genéricos y aleatorios.
Entre los argumentos de su decisión, la jueza señaló que también existió un daño extrapatrimonial. La conducta del banco afectó la dignidad de la mujer. Le generó incertidumbre, malestar, angustia y una sensación de inseguridad ante la falta de respuestas claras.
