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Weretilneck y Doñate piden que se declare la emergencia frutícola por las heladas tardías

Elaboraron un proyecto de declaración de estado de emergencia agropecuaria por el plazo de 360 días para todas las regiones de producción frutícolas que se han visto afectadas.

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Los senadores nacionales por Río Negro presentaron hoy (03/11) un proyecto de ley para paliar las consecuencias y ayudar a los productores afectados por las fuertes heladas de finales de octubre. Solicitaron medidas impositivas especiales, prórrogas y la suspensión de intimaciones.

Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Martín Doñate (Frente de Todos) elaboraron un proyecto de declaración de estado de emergencia agropecuaria por el plazo de 360 días para todas las regiones de producción frutícola que se han visto perjudicadas como consecuencia de las fuertes heladas tardías de los días 30 y 31 de octubre que han afectado muy negativamente la producción del sector.

En el documento, solicitan al Gobierno Nacional «una partida económica específica para asistir a los damnificados y reconstruir las economías regionales afectadas, y la aplicación de medidas impositivas especiales como eximir total o parcialmente u otorgar prórrogas al vencimiento del pago de los impuestos que graven el patrimonio, los capitales, o las ganancias de las explotaciones afectadas cuyos vencimientos se operen durante el período de vigencia del estado de emergencia«.

También proponen «eximir total o parcialmente y otorgar prórrogas de los impuestos sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta sobre aquellos bienes pertenecientes a explotaciones agropecuarias e inmuebles rurales arrendados respectivamente, ubicados dentro de las regiones afectadas por esta situación extraordinaria».

Por otra parte, solicitan al Poder Ejecutivo Nacional que, «a través del Banco de la Nación, adopte medidas especiales para la refinanciación de las obligaciones de los productores afectados. Lo mismo con regímenes especiales de pago por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), para contener a los contribuyentes afectados».

En otro artículo, Doñate y Weretilneck solicitaron al Gobierno Nacional la suspensión «“»por el término de hasta un ciclo productivo después de finalizado el período de emergencia agropecuaria”, la emisión de intimaciones por falta de presentación y/o pago y la iniciación de juicios de ejecución fiscal y el cobro de las deudas de AFIP, ANSES, Banco de la Nación y demás organismos estatales que determine el Poder Ejecutivo, para los productores afectados».

Finalmente, solicitan «la suspensión por hasta 360 días hábiles judiciales post período de emergencia agropecuaria, de los pedidos de quiebra que pueda formular la AFIP, ANSES o BNA, relativos a los productores afectados».

Agro

Tras quejas de gobernadores y productores, el Gobierno suspendió temporalmente el ingreso de carne con hueso a la Patagonia

Habrá un plazo de negociación luego de los reclamos de las Provincias.

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El Gobierno decidió suspender de manera temporal la medida hecha pública este martes (18/03) que implicaba habilitar, después de 24 años de restricción, el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, una zona libre de aftosa sin vacunación. La resolución oficial fue cuestionada por productores y gobernadores y, en el Poder Ejecutivo aseguran que habrá un paréntesis de negociación para su implementación.

El Gobierno había tomado la decisión de permitir, tras 24 años de restricciones, el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, una región libre de fiebre aftosa sin vacunación. Esta medida, oficializada a través de la Resolución N° 180/2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), modifica normativas que desde 2001 prohibían el traslado de productos cárnicos desde zonas con vacunación hacia la región patagónica, con el fin de preservar su estatus sanitario. A partir de esta resolución, se establecían nuevas condiciones sanitarias que permiten el ingreso de carne y material genético de otras partes del país y del exterior, sin comprometer la seguridad de la región.

La flexibilización de estas restricciones se basa en estudios sanitarios realizados por el Senasa, que detectaron circulación viral de fiebre aftosa en el territorio nacional. De acuerdo con los análisis, la posibilidad de introducir el virus mediante el traslado de carne con hueso es mínima, lo que dio pie a la decisión. Además de esta flexibilización, se fijaron estrictas normativas de producción, procesamiento, empaque y transporte para garantizar que los productos cárnicos cumplan con los estándares sanitarios establecidos, alineados con las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

La medida generó el rechazo de los gobernadores de las provincias patagónicas, entre ellos el de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien sostuvo que «el Gobierno Nacional impone una resolución que destruye lo que miles de productores construyeron con esfuerzo durante dos décadas. La Patagonia es zona libre de fiebre aftosa sin vacunación gracias al trabajo de nuestros ganaderos y frigoríficos, pero ahora, desde un escritorio en Buenos Aires, un burócrata pretende borrar todo de un plumazo para favorecer a los grandes supermercados y exportadores».

En tanto, su par neuquino Rolando Figueroa, a través de la misma red social, anticipó esa suspensión por 90 días. «Tenemos que eliminar injusticias en la Patagonia, bajar el precio de la carne y proteger a nuestros productores. Vamos a mirar con atención la distribución de la rentabilidad dentro de la cadena de valor, para que en ese camino no se castigue al productor reconociéndole lo que vale, y eliminando los privilegios de algunos vivos, que perjudican con los precios de venta a la gente», mencionó.

«Nuestro objetivo es reducir los precios de la carne, pero para lograrlo, no podemos comprometer el estatus sanitario que hemos alcanzado en nuestra región y debemos proteger a los productores que reciben muy poco, a pesar de haber cuidado durante 20 años dicho estatus», completó.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, aseguró que «estamos hablando de una medida que pone en riesgo un trabajo de más de 20 años, un esfuerzo colectivo que nos permitió alcanzar un estatus sanitario reconocido a nivel mundial». Además, destacó que «la Patagonia ha sido un ejemplo en sanidad animal y que esta decisión unilateral amenaza la sustentabilidad del sector».

Según fue presentada por el Gobierno, una de las principales razones detrás de esta medida fue la reducción de los altos precios de la carne en la Patagonia. Históricamente, los precios de los cortes vacunos en la región han sido significativamente más altos que en otras partes del país debido a la oferta limitada de carne local. En zonas como el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, el precio del asado llegó a superar los $18.500 por kilo en algunas carnicerías, mientras que en Buenos Aires se puede comprar a $8.200 el kilo. El levantamiento de la prohibición se espera que incremente la oferta de carne en el mercado patagónico, lo que podría ayudar a reducir los precios y los costos asociados a la distribución de la carne en la región.

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Agro

Banacloy: «Eliminar la barrera sanitaria pone en riesgo la producción»

Así lo expresó el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro.

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Tras el contundente rechazo del gobernador Alberto Weretilneck a la eliminación de la barrera sanitaria patagónica, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, reafirmó la postura del Gobierno de Río Negro y advirtió sobre «las graves consecuencias que traerá esta decisión del Gobierno Nacional para la producción ganadera y los mercados internacionales».

«Estamos hablando de una medida que pone en riesgo un trabajo de más de 20 años, un esfuerzo colectivo que nos permitió alcanzar un estatus sanitario reconocido a nivel mundial», expresó Banacloy en línea con las declaraciones previas del gobernador. Además, destacó que «la Patagonia ha sido un ejemplo en sanidad animal y que esta decisión unilateral amenaza la sustentabilidad del sector».

Banacloy enfatizó que la barrera sanitaria no es una traba al comercio de carne, sino una herramienta clave para sostener la competitividad y los estándares sanitarios de la región. «Actualmente, el 60% o 65% de la carne que consumimos ya proviene del norte del país. Lo que se impide es el ingreso de carne con hueso, lo que asegura nuestra sanidad y previene el riesgo de enfermedades», indicó.

«La decisión del Gobierno Nacional nos somete a un riesgo enorme: cada pérdida de estatus es pérdida de mercados», explicó.

El ministro también respaldó la postura de Weretilneck de avanzar en una solución que beneficie a todo el país sin castigar a los productores patagónicos. «Si el objetivo real es mejorar el estatus sanitario del país, la solución es clara: levanten la vacunación en todo el territorio nacional y tengamos un solo estándar sanitario. No podemos aceptar que se perjudique a quienes han hecho el esfuerzo», subrayó.

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Agro

Levantan la barrera sanitaria: Habilitan el ingreso de carne con hueso a la Patagonia

La medida apunta a bajar los precios en la región, donde el kilo de asado cuesta más del doble que en Buenos Aires.

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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) modificó las condiciones sanitarias para el ingreso de carnes (con o sin hueso), productos cárnicos y material reproductivo, desde las zonas libres de fiebre aftosa con vacunación hacia regiones del país donde no se aplica la vacunación. Esta apertura incluyó la Patagonia, en donde se mantenía una restricción en la barrera sanitaria que llevaba más de dos décadas, una limitación que había sido recientemente defendida por los gobernadores patagónicos. La modificación se publicó este martes (18/03) en el Boletín Oficial.

Desde el Ejecutivo nacional sostuvieron que la adecuación, definida en la Resolución N° 180/2025 «está en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y establece pautas sobre la maduración, empaque, procesamiento y transporte de carnes, así como requisitos sanitarios específicos para el material reproductivo».

Y agregaron que el objetivo es «garantizar la sanidad del ganado y la inocuidad de los productos, sin afectar la comercialización o el abastecimiento interno, ni el mantenimiento de los mercados con otros países».

Marcaron que con la medida «el Senasa reafirma su compromiso con la sanidad animal y la bioseguridad de la producción agropecuaria argentina, asegurando que los controles sean eficientes y acordes a los estándares internacionales».

La medida apunta a bajar los precios de la carne en la Patagonia que, en medio de una oferta insuficiente de hacienda, tiene precios según los cortes muy superiores. Mientras en un supermercado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el kilo de asado se puede conseguir a casi $8200, en varias carnicerías de General Roca, por ejemplo, ya superaba los $18.500.

La Resolución publicada esta mañana en el Boletín Oficial generó un rechazo absoluto por parte de gobernadores patagónicos. El primero en salir a manifestar su descontento fue el mandatario rionegrino Alberto Weretilneck, quien sostuvo que «es una medida totalmente inconsulta, arbitraria y unitaria» y aseguró que «quieren confundir a la gente diciéndoles que va a bajar el precio de la carne. Eso no es cierto. No pasó con los cortes sin hueso que ingresan desde el norte de la barrera y tampoco va a pasar con el asado».

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