Judiciales
Canceló el contrato con AZ Construcciones y ahora deberán indemnizarla con más de 1 millón de pesos
La empresa constructora le negó el derecho al reintegro con diversos argumentos y la vecina roquense tuvo que iniciar una demanda judicial, que le fue favorable.
Una mujer firmó un contrato con la empresa AZ Construcciones para comprar su casa prefabricada en Roca. Pero después de pagar un anticipo y cuatro cuotas decidió cancelar la operación. Según el contrato, la clienta tenía derecho a rescindir el negocio dentro de los 180 días hábiles y a recuperar automáticamente el 60% de lo pagado. Sin embargo el constructor le negó el derecho al reintegro con diversos argumentos y la mujer tuvo que iniciar una demanda judicial.
Una sentencia de primera instancia del Juzgado Civil N° 3 de Roca le dio la razón a la compradora y condenó al empresario a indemnizarla con $1.630.000 en concepto de devolución del dinero, más daño moral y daño punitivo.
Como el demandado fue notificado pero nunca se presentó en el expediente, fue declarado “en rebeldía”. Una de las consecuencias legales de la rebeldía es que se presumen “reconocidos” por el demandado todos los hechos lícitos relatados por la parte demandante (en este caso la mujer) y todos los documentos que ella presente como prueba.
Así, la jueza tuvo por probado que en agosto de 2020 la mujer y el empresario firmaron un contrato “cuyo objeto era la construcción y entrega” de una casa prefabricada tipo wood frame de 45 metros cuadrados cubiertos, valuada entonces en $877.500. La mujer pagó cinco cuotas de 10.000 pesos “en concepto de precio de construcción” y el hombre “generó un nombre de fantasía AZ Construcciones bajo el cual actuaba, y realizó la contratación”.
También se tuvo por probado que “existió incumplimiento” y que en febrero de 2021, por carta documento, la mujer le hizo saber al hombre su “voluntad de resolver el contrato de compraventa”. Desde ese día, pasó el tiempo y venció el plazo que tenía el constructor para devolverle el dinero. Y como el reintegro no llegó, le envió una nueva intimación, que tampoco fue atendida.
El fallo, que no está firme, definió que “corresponde tener por acreditada la responsabilidad del demandado por transgresiones al régimen de defensa de la actora como consumidora”, por la violación a derechos como el de información, de trato digno, de protección, de rescisión de contrato y, en definitiva, una violación a su derecho constitucional de propiedad “ante la falta de devolución del dinero”.
La indemnización reconoció para la mujer los $30.000 del reintegro, más $1.000.000 por “daño punitivo”, fundado en que se violó su derecho al “trato digno” en la atención de sus reclamos previos al juicio, lo que la puso en la obligación de “transitar el presente proceso judicial en todas sus etapas para lograr el reconocimiento de su derecho”. También se basó en “la naturaleza de los derechos y garantías constitucionales violados” y en “los beneficios económicos” que obtuvo el empresario al retener el dinero. También valoró “el desmedro potencial hacia otras personas (usuarias y consumidoras) como riesgo abstracto”.
A eso se sumó una indemnización de $600.000 por daño moral por las “aflicciones, angustias, molestias, perturbaciones” que padeció la mujer “y que deberán ser resarcidas ante la violación de sus derechos personalísimos como consumidora”. En este punto el fallo prestó especial atención a que se frustró su acceso a una “vivienda adecuada”, lo que “deriva a su vez en la afectación de su acceso a un nivel de vida adecuado”, su intimidad y privacidad.
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Cuatro muertos en Allen: Imputan al hombre que manejaba a más de 170 km/h y bajo efectos de alcohol y drogas
La Fiscalía lo acusó por homicidio culposo cuádruplemente agravado y presentó evidencia clave que incluye alcoholemia, pericias accidentológicas, videos y testimonios. Está detenido.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra Axel Araneda, por el siniestro vial ocurrido el viernes (21/11) a la madrugada en Allen, donde cuatro personas perdieron la vida. Según la acusación, el imputado embistió con su camioneta a un vehículo detenido sobre la Ruta Nacional N° 22, lo arrastró más de 30 metros y provocó que se incendiara de inmediato.
El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, a la altura del kilómetro 1204. La Fiscalía sostuvo que el acusado conducía una camioneta en sentido oeste-este «en forma imprudente y antirreglamentaria», bajo los efectos de estupefacientes, con alcoholemia positiva, utilizando su teléfono celular instantes antes y a una velocidad no menor a 170 km/h.
Producto del impacto, fallecieron en el acto dos mujeres -una de 60 y otra de 30 años- mientras que una niña y un niño murieron por inhalación de hollín dentro del rodado afectado, según la evaluación preliminar. Por estos hechos, se le atribuyó al acusado el delito de homicidio culposo cuádruplemente agravado por exceso de velocidad, consumo de estupefacientes, alcoholemia superior a 500 mg/l y por la cantidad de víctimas.
Durante la audiencia, la Fiscalía enumeró las pruebas reunidas: el acta de procedimiento del Cuerpo de Seguridad Vial, los elementos secuestrados dentro de la camioneta -entre ellos teléfonos celulares y un bidón-, los resultados de los allanamientos en la vivienda del imputado, donde se incautaron más dispositivos y armas de fuego, y la prueba de alcoholemia tomada tres horas después del siniestro, que igualmente arrojó un nivel elevado. También incorporó la estimación técnica del nivel de alcohol al momento del impacto y los exámenes toxicológicos.
Un testigo presencial afirmó haber sido sobrepasado por la camioneta del acusado mientras circulaba a 120 km/h y aseguró que el vehículo involucrado venía realizando múltiples maniobras de sobrepaso. El informe accidentológico confirmó que el impacto se produjo entre la parte frontal derecha de la camioneta y la parte posterior izquierda de la EcoSport siniestrada, y determinó una velocidad mínima superior a 170 km/h.
Además, la Fiscalía solicitó el congelamiento de un perfil de redes sociales donde Araneda habría publicado imágenes conduciendo minutos antes del choque y presentó un informe de cámaras de seguridad de un bar de Allen que muestran su presencia entre las 3 y las 5 de la madrugada.
Los querellantes adhirieron a toda la acusación. Por su parte, el abogado defensor cuestionó la formulación de cargos y señaló que el vehículo embestido estaba detenido sobre el carril, lo que, a su criterio, constituía la imprudencia inicial. También objetó el agravante por estupefacientes.
La Fiscalía respondió que la detención de la EcoSport estaba acreditada, pero que numerosos vehículos pudieron evitarla, algo que no ocurrió con el imputado debido a su estado y velocidad. Agregó que el testigo relató que el acusado no prestó ayuda y que inmediatamente realizó llamadas, lo que motivó el secuestro de celulares.
«Este hecho comenzó con imprudencia y terminó con un desenlace fatal. La calificación atribuida coloca como único responsable penal a la persona imputada», afirmó la Fiscalía.
Finalmente, la jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos y ordenó la prisión preventiva del acusado mientras avance la investigación.
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Caso Ripari: Condenan a una mujer a 4 años y 6 meses por encubrimiento agravado
La mujer admitió haber recibido dos motos y ocultado carne robada del hecho que terminó con la muerte del hombre de 77 años.
Ayer (20/11), la mujer imputada por haber adquirido o recibido dos motocicletas -sabiendo que tenían un origen ilícito y con fines de lucro- en el marco del homicidio en ocasión de robo de Oscar Ripari, reconoció haber cometido el delito y fue condenada a la pena única de 4 años y 6 meses de prisión.
«El Ministerio Público Fiscal solicitó la declaración de primera reincidencia, las accesorias legales, el pago de las costas y renunció a los plazos procesales», explicó el fiscal que intervino en la audiencia, detallando los alcances del acuerdo alcanzado.
La condena recae sobre los delitos de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, previstos en los artículos 277° inc. 1° c) e inc. 3° b), 55 y 45 del Código Penal. La fiscalía sostuvo que la mujer no solo recibió las motos involucradas en el crimen, sino que también ocultó la carne sustraída de la carnicería de Ripari. «Recibió y ocultó cosas que sabía eran provenientes de un delito, con un claro fin de lucro, tanto para su comercialización como para su consumo personal», indicó.
Para esta instancia de acuerdo abreviado pleno, la Fiscalía presentó un amplio cuerpo probatorio: intervenciones del personal de la Comisaría 21°, múltiples allanamientos, entrevistas testimoniales, informes del Departamento de Informática Forense y de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (O.I.Tel.), análisis de teléfonos secuestrados, trabajo del Cuerpo de Investigación Judicial y registros de cámaras del 911.
El juez interviniente homologó el acuerdo y confirmó que la mujer de 36 años comenzará a cumplir su condena por los hechos y la calificación legal reconocidos.
Con esta sentencia, el expediente por el homicidio de Oscar Ripari queda cerrado, tras haber sido condenados todos los imputados: tanto los responsables del homicidio en ocasión de robo, como quienes participaron del encubrimiento agravado.
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Caso Dobra: Modifican las cautelares y ordenan tobillera y prohibiciones de contacto a uno de los imputados
El acusado continuará con tobillera electrónica y libertad dentro del ejido urbano, además de prohibiciones estrictas hacia víctimas y testigos.
El juez revisor del Foro de Jueces de General Roca hizo lugar al planteo del defensor particular de uno de los imputados en una causa por encubrimiento y ordenó la modificación de las medidas cautelares que pesaban sobre el hombre, de apellido Méndez. El pedido se basó en la escala penal prevista para el delito que se le atribuye.
Tras la resolución del magistrado revisor, se llevó a cabo una nueva audiencia ante el juez de Garantías, quien definió que el imputado deberá utilizar tobillera electrónica hasta mayo de 2026. La medida incluye libertad ambulatoria, pero únicamente dentro del ejido urbano de la ciudad de Roca, debido al riesgo procesal de entorpecimiento que evaluó el tribunal.
Además, el juez estableció una prohibición estricta de acercamiento, hostigamiento, amedrentamiento y cualquier tipo de contacto con las víctimas y los testigos, con un límite de 200 metros. También se dispuso la prohibición de salida del país.
La resolución contó con la conformidad de la Fiscalía y de la querella, y no recibió objeciones por parte de la defensa particular.
El juez advirtió que cualquier incumplimiento de las medidas habilitará la solicitud de prisión preventiva por desobediencia.
