Judiciales
Una niña cayó del transporte escolar: Indemnizarán a la familia con 4 millones de pesos
Creyeron que era un golpe inofensivo pero la víctima terminó internada y debió ser sometida a operaciones por una compleja fractura.
La caída de una niña de 10 años del transporte escolar parecía un golpe sin mayores complicaciones. Sin embargo, dos días después dejó de caminar, terminó internada y debió ser sometida a operaciones por una compleja fractura. Hubo un reclamo civil y se fijó una indemnización que ronda los $4.000.000. Ocurrió en Cipolletti.
El fuero Civil confirmó la sentencia de primera instancia que determinó las responsabilidades y calculó una indemnización por $3.963.668,47 más intereses en función del 35% de incapacidad.
En un primer momento la familia pensó que era un golpe de poca importancia pero cuando advirtieron, luego de dos días, que la niña no podía caminar la llevaron al hospital. La médica tratante diagnosticó que había sufrido fractura en su rodilla izquierda, presentando un cuadro de epifisiolisis de fémur distal grado III. Debió someterse a distintos tratamientos, estuvo con yeso y dejó de asistir a la escuela. Por su corta edad no pudo ser intervenida quirúrgicamente, al menos hasta los 16 años.
La niña perdió el equilibrio mientras bajaba de la camioneta que la transportaba hasta su casa. Su tío debió buscarla en la tranquera de la chacra y quedó inmovilizada por dos días hasta que recibió asistencia. En la demanda civil los damnificados aseguraron que el piso de goma del vehículo que funcionaba como transporte escolar estaba recién lavado y mojado. Le atribuyeron a esas circunstancias el hecho de que la alumna se haya resbalado en el último escalón.
El fallo concluyó que la responsabilidad era del propietario del transporte escolar y también del ministerio de Educación ya que -al proveer el servicio- detenta la guarda y vigilancia jurídica de niños y niñas hasta que son devueltos a su hogar.
«Es que en los casos en que el transporte de los alumnos está a cargo del Estado, la prestación adecuada del mismo está sujeta al control de la autoridad escolar, desde el momento en que el niño, niña y/o adolescente es retirado de su hogar y hasta que es devuelto al mismo. Es aplicable el artículo 1117 del C.C. (redacción anterior a la reforma) y, por lo tanto, los daños sufridos y causados a (y por) los menores de edad quedan sometidos a la responsabilidad del Estado como titular del establecimiento educativo y prestador del servicio de educación, que incluye el transporte a la escuela en casos como el presente, aún cuando el modo de gestionarlo fuese por delegación», surge de la sentencia que confirmó el fallo inicial.
Judiciales
Fallo autorizó a una mujer a suprimir su apellido paterno porque sufrió violencia económica y psicológica en la infancia
La Defensoría de Pobres y Ausentes N° 10 presentó informes psiquiátricos y psicológicos sobre las profundas implicancias que tiene el apellido paterno para la joven.
Un fallo de la Cámara Civil de Roca admitió la demanda de una mujer de 26 años que pidió suprimir su apellido paterno y reemplazarlo por el materno.
La joven relató en primera persona la violencia psicológica y económica que sufrió durante la niñez y la adolescencia. Explicó que en aquellos años su padre la cargó con reclamos y reproches, siempre ligados a la decisión de su madre de poner fin a la pareja y a la obligación de pagar una cuota alimentaria. Habló de los sentimientos de angustia, miedo e inseguridad que, a pesar de los años, persisten en ella asociados a la figura de su progenitor. Y recalcó la ausencia histórica del hombre en los momentos significativos de su vida.
Para la Cámara, la presentación de la mujer, realizada a través de la Defensa Pública de Roca, logró acreditar un «justo motivo» para habilitar el cambio de apellido.
El Tribunal recordó que el Código Civil y Comercial, en su artículo 69, establece que «el cambio de prenombre o apellido sólo procede si existen justos motivos a criterio del juez». La misma norma reconoce que hay un justo motivo cuando el nombre o el apellido generan una «afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se encuentre acreditada».
La sentencia valoró que no hubo ninguna oposición al pedido, ni del progenitor ni de terceras personas, y que tanto el Ministerio Público Fiscal como el Registro Civil y de Capacidad de las Personas, que es la autoridad de aplicación de la norma, prestaron su conformidad.
La demanda había sido rechazada en primera instancia. En la etapa de apelación, la Defensoría de Pobres y Ausentes N° 10 presentó informes psiquiátricos y psicológicos sobre las profundas implicancias que tiene el apellido paterno para la joven.
«Cuando conocemos a alguien, lo primero que hacemos es preguntar ¿cómo te llamas?. Y en la respuesta estará seguramente mucho de lo que son sus padres y familia, gustos, creencias, así como también de lo que la persona ha ido construyendo, haciéndola única, inconfundible e insustituible. El nombre cobra entonces suma importancia en la construcción de la identidad personal», reflexionó la Cámara entre los fundamentos de su fallo.
El Tribunal tuvo por acreditado que el apellido paterno impacta en «la salud psíquica de la persona que se está viendo afectada por su portación”, así como en “el desarrollo pleno de su personalidad».
«No se trata en el caso de simplemente dar preponderancia a la libertad de elección de las personas, sino por sobre todo, de proteger su salud y asegurar el desarrollo de su personalidad que necesariamente ha de ser libre», fundamentó la sentencia.
La decisión del Tribunal finalmente hizo lugar a la demanda y dispuso «la supresión del apellido paterno en el nombre de la actora» y su nueva identificación con el apellido materno en todos los documentos y registros oficiales.
Por lo demás, agregó la Cámara, «no es posible inferir que el cambio de nombre pudiere generar algún perjuicio y mucho menos que tuviere motivaciones reprochables, como podría ser el eludir el cumplimiento de deberes u obligaciones o sustraerse a la acción de acreedores o autoridades», concluyó la Cámara en su sentencia.
Judiciales
El colectivero pretendía llegar a horario y no hizo nada para asistir a una pasajera quemada con café
La Justicia ratificó el fallo y la empresa de transporte deberá abonar la indemnización.
Una pasajera que viajaba a Cipolletti impulsó un reclamo judicial después de que el auxiliar que servía el desayuno la quemara con el café. El chofer pretendía llegar a horario y por eso no derivó a la mujer a ningún centro de salud cercano. Incluso cuando arribó a la Terminal de Ómnibus la empresa demoró más de dos horas en trasladarla a una clínica. Confirman indemnización a su favor.
El caso tuvo un fallo de primera instancia que hizo lugar al reclamo de la pasajera y después la empresa y la aseguradora interpusieron una apelación. El Tribunal que analizó las actuaciones, desestimó los argumentos y confirmó la sentencia.
La condena alcanza a la empresa de transporte Transportes Don Otto S.A. por su responsabilidad en el incidente y a la compañía de seguros. El monto de la indemnización incluye el tratamiento psicológico al que debe someterse la pasajera para superar el episodio, el daño moral y los gastos de farmacia y tratamiento médico. La transportista también recibió una multa civil por su comportamiento respecto a la clienta en el contexto de una relación de consumo.
La pasajera se encontraba en un viaje desde la provincia de Chubut hacia Cipolletti y en esas circunstancias sufrió serias quemaduras durante un control de tránsito en la Ruta Nacional N° 22. El incidente tuvo lugar cuando el personal a bordo del micro estaba sirviendo el desayuno y el vehículo se detuvo abruptamente en la localidad de Guerrico. Como resultado de esta parada brusca, una taza de café se derramó sobre las piernas de la joven, causándole graves quemaduras.
El fallo sostuvo que la empresa cometió transgresiones tanto legales como contractuales. Estas infracciones no solo se refieren a la maniobra imprudente del conductor que resultó en el derrame del café por parte del auxiliar de la empresa, sino también a la falta de medidas de seguridad adecuadas para prevenir tales accidentes y una actitud posterior que mostró un completo desprecio por la integridad de la joven que viajaba en el micro.
También se señaló que, a pesar de conocer la gravedad de las quemaduras y el dolor extremo que experimentaba la pasajera, el personal a bordo del vehículo no la llevó a un centro de salud cercano después del incidente. En cambio, la empresa demoró más de dos horas en trasladarla a un centro médico asistencial una vez que llegaron a la Terminal de Ómnibus de Cipolletti.
Judiciales
Por maltrato animal, allanaron una vivienda en un barrio privado de Roca
Había 10 perros que no estaban alimentados correctamente ni contaban con asistencia veterinaria.
El Área de Bienestar Animal del Municipio de Roca solicitó una orden de allanamiento por maltrato animal a 10 perros en una vivienda de Barrio Pino Azul.
El Juzgado de Faltas municipal había emitido sentencia en el mes de junio. La misma no fue cumplimentada por los tutores de los animales que «se reproducían entre sí, permanecían en la vía pública causando molestias al vecindario, no eran alimentados correctamente ni contaban con asistencia veterinaria (presentando lastimaduras, patologías y ectoparásitos)», detallaron desde la Municipalidad roquense.
La sentencia ordenaba el retiro de los canes de la vivienda, además de la sanción pecuniaria.
En todas las inspecciones y visitas que realizó el Área de Bienestar Animal, nunca se permitió el ingreso a la vivienda. Por ello, se solicitó la orden de allanamiento, tramitada en Fiscalía N° 8 y emitida en horas de la mañana de hoy (20/09).
Acompañaron el allanamiento las proteccionistas de animales Lucrecia Portella Galard y Mayra Bichara en representación de Huellas Callejeras. Estas últimas quienes consiguieron tránsito para los 10 animales capturados y retirados de la vivienda allanada.
