Judiciales
Tras crearse un homebanking, descubrió que el banco le descontaba seguros no contratados
Su nieta la ayudó a generarse un usuario en plena pandemia y allí visualizó los descuentos. Deberán indemnizarla con más de $200.000.
Una mujer que usa el servicio bancario para cobrar su jubilación y la pensión por el fallecimiento de su marido descubrió en plena pandemia que le estaban descontando seguros no contratados. Se cansó de llamar por teléfono y de realizar gestiones. Un fallo del juzgado de Paz de Cinco Saltos la incluyó en la categoría de “consumidora hipervulnerable” por su edad y por ser considerada grupo de riesgo. Ahora la indemnizarán por más de $200.000.
No conocía las plataformas digitales hasta que en marzo de 2020 se dispuso la cuarentena obligatoria para frenar la pandemia del Covid-19. En ese momento se quedó sin posibilidades de pagar los servicios básicos como la luz y el agua. Ella era considerada grupo de riesgo por su avanzada edad y debía cuidarse con mayores recaudos. Entonces su nieta le habló del servicio de homebanking y le creó un usuario para la plataforma digital del banco Patagonia.
Después de practicar mucho, aprendió a pagar las facturas que había cargado e incluso comenzó a revisar sus consumos. Fue en ese contexto que advirtió que le estaban descontando dinero por seguros no contratados y comenzó a realizar infructuosos reclamos telefónicos.
Hasta obtuvo un turno presencial en la entidad bancaria pero allí le respondieron que debía hacer los planteos directamente con Seguros Sura.
Superado el periodo de aislamiento inició una demanda bajo el mecanismo de menor cuantía en el Juzgado de Paz de Cinco Saltos. El planteo se enmarcó en la ley de Defensa del Consumidor y el fallo consideró su condición de «consumidora hipervulnerable» en función de su avanzada edad y de ser considerada grupo de riesgo durante la pandemia.
La sentencia no solo condenó a Seguros Sura a dar de baja el servicio sino que le impuso la devolución del dinero descontado, el pago de una suma por daño moral y de una multa civil por daño punitivo. En total la demanda prosperó por $205.051,49.
El fallo advirtió un vínculo asimétrico entre la aseguradora y la mujer. Y por ello consideró que la anciana participa del concepto que la doctrina ha dado en llamar «consumidor hipervulnerable» situación que la hace merecedora de un plus de protección debido a su condición de adulta mayor. Se sostuvo en la sentencia que respecto de esta categoría existe una brecha digital generacional -tal como lo ha reconocido la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Adultas Mayores- a lo que cabe añadir que, en el contexto de pandemia, eran consideradas personas de riesgo.
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Condenaron a un policía por dispararle a su ex pareja: Le hirió el pie con su arma reglamentaria
El juez subrayó que el disparo podría haber tenido consecuencias más graves si hubiera impactado en otra parte del cuerpo.
Un empleado policial fue declarado penalmente responsable por unanimidad del delito de lesiones graves agravadas por violencia de género, por el vínculo de pareja y por el uso de arma de fuego, luego de que el Tribunal Colegiado interviniente tuviera por acreditado que disparó contra su ex pareja hiriéndola en el pie con su arma reglamentaria.
El hecho ocurrió el 18 de mayo pasado en el domicilio de la víctima. El presidente del Tribunal destacó la solidez del testimonio de la damnificada, quien mantuvo su declaración sin variaciones desde la denuncia inicial hasta el debate oral. «Pudo describir tanto las situaciones previas como lo ocurrido el 18 de mayo pasado en su domicilio, con precisión y detalle», señaló el magistrado.
El Tribunal también descartó de manera categórica el carácter accidental del episodio. «La consecuencia de este episodio pudo haber sido más grave si el disparo efectuado por el imputado hubiese impactado en otra parte del cuerpo de la víctima. No cabe duda de que no fue un hecho accidental, sino doloso», expresó el presidente del cuerpo judicial.
En la misma audiencia, la Fiscalía solicitó la prórroga de las medidas cautelares hasta la firmeza del fallo para resguardar a la víctima, quien deberá declarar en la próxima audiencia de cesura de la pena.
La defensa penal pública no formuló oposición y el Tribunal resolvió prorrogar la prohibición de acercamiento en un radio de 100 metros y de todo tipo de contacto, tanto directo como a través de terceros o medios electrónicos.
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Lo condenaron por violencia de género, volvió a convivir con la víctima y lo enviaron a prisión
La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial. El Ministerio Público acreditó que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.
Un hombre condenado por violencia de género cumplirá pena efectiva en Cipolletti tras comprobarse el incumplimiento de las pautas de conducta. La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial y de un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. El Ministerio Público Fiscal acreditó además que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. El juez de Ejecución transformó la pena en suspenso en prisión efectiva.
La condena original se dictó en agosto de 2025 por hechos que incluyeron lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. En ese momento, el Poder Judicial había dispuesto reglas claras: no acercarse ni mantener contacto con la mujer y sostener un domicilio informado. Esas condiciones formaron parte de una pena de ejecución condicional que buscó evitar el encierro.
Sin embargo, la presencia en la vivienda de la mujer evidenció la transgresión de esas restricciones. El informe de la Oficina de Atención a la Víctima describió un escenario atravesado por temor y dependencia económica, además de referencias a episodios de violencia posteriores a la condena.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el planteo se centró en el incumplimiento de las pautas impuestas y no en la investigación de un nuevo delito. La defensa se opuso al pedido y señaló que los hechos integraban una causa en trámite, además de plantear objeciones sobre la posibilidad de una doble sanción.
El juez de Ejecución Penal analizó la documentación incorporada, en especial el informe técnico, y consideró acreditada la violación de las reglas de conducta, en particular la prohibición de acercamiento. Con base en ese análisis y en normativa vinculada a la protección contra la violencia de género, dispuso la revocación de la condicionalidad.
La resolución ordenó la detención y el traslado a un establecimiento penitenciario.
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Escándalo en el Poder Judicial: Un arma secuestrada apareció en un procedimiento policial y faltan otras en las oficinas de Roca
La irregularidad puso en evidencia fallas en el circuito de secuestros judiciales.
El Poder Judicial de Río Negro impulsó una denuncia penal y una investigación interna de carácter urgente luego de detectar que un arma de fuego que se encontraba secuestrada y bajo custodia judicial apareció en un procedimiento policial realizado en la ciudad de Roca. El hallazgo alertó sobre una irregularidad grave en el resguardo de ese elemento y desencadenó una serie de medidas institucionales.
La denuncia tramita en la Fiscalía de Roca, donde se investiga cómo el arma, que debía permanecer en dependencias judiciales, terminó involucrada en un episodio delictivo. En paralelo, el organismo dio intervención al Auditor General, requirió información a distintas áreas, tomó declaraciones testimoniales y analizó documentación vinculada al circuito de secuestros judiciales.
Como medida complementaria, se ordenó un relevamiento y arqueo integral de los objetos secuestrados en la Oficina Judicial de Roca, que fue extendido a todas las Oficinas Judiciales de la provincia para verificar la correspondencia entre los registros y la existencia material de los elementos resguardados.
El resultado del arqueo agravó el cuadro: se detectó el faltante de otras armas de fuego, lo que motivó la ampliación de la denuncia penal. El número total de elementos involucrados aún no está determinado, dado que el control sigue en curso.
Actualmente se indaga sobre los registros de elementos secuestrados y los protocolos de control interno en las dependencias judiciales. La revisión abarca depósitos, sistemas de inventario y circuitos administrativos relacionados con la custodia.
El Poder Judicial indicó que el proceso interno podría derivar en medidas precautorias o sanciones. La causa penal en la Fiscalía de Roca continúa en etapa inicial, mientras el Auditor General prosigue con las actuaciones administrativas dispuestas por el organismo.
