Judiciales
Llega a juicio la causa IPROSS Farmacias
Declararán alrededor de 388 testigos propuestos por la acusación, y 120 por la defensa de los imputados.
Tras 14 días de extensas audiencias concretadas en los Tribunales roquenses, culminó la presentación de la prueba con la que el Ministerio Público Fiscal buscará probar la autoría de tres farmacéuticos por los delitos de «estafas reiteradas, agravadas por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública».
Hoy (10/03) se conoció la resolución del juez que determinó que el juicio estará encabezado por un Tribunal Colegiado, atendiendo a la pretensión de la acusación que fija la pena posible en más de tres años de prisión de cumplimiento efectivo.
El control de acusación se llevó adelante contra cuatro personas imputadas por hechos de defraudación a la Obra Social IPROSS, ocurridos entre diciembre de 2013 y abril de 2019, maniobra que habría sido posible por la connivencia entre la responsable del área de Auditoria del Colegio y los dueños de determinadas farmacias.
Las acusación la ejerce no sólo por el Ministerio Público Fiscal sino además la Fiscalía de Estado de la provincia constituida en querellante. Ambos organismos presentaron la profusa prueba para sostener durante el juicio la calificación legal que también fue aceptada esta mañana en la resolución del magistrado interviniente. La defensa de los imputados efectuó su propio ofrecimiento de prueba.
Así, se determinó que durante el debate oral y público declararán alrededor de 388 testigos propuestos por la acusación, y 120 por la defensa de los imputados.
Cabe recordar que se trata de una causa con procedimiento de asuntos complejos y en la misma ya hay dos personas condenadas con sentencia firme.
Asimismo el pasado marzo, tras la intervención del Cuerpo de Investigación Forense (CIF), se resolvió suspender el final del control de acusación contra otra de las imputadas, la responsable del área de Auditoria del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Río Negro, hasta que se determine que la señora está nuevamente en condiciones psicofísicas de participar de las audiencias por lo que el presente juicio se realizará contra los tres restantes imputados.
La investigación preliminar
Para la realización de las múltiples pericias que se concretaron durante los meses de investigación preliminar, la acusación requirió la labor de diversos organismos, entre ellos de los especialistas en Informática Forense del área de Informática Forense del Poder Judicial, intervinieron los peritos contadores de la División de Informes Técnicos de la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal de la Procuración General, el perito calígrafo del Cuerpo de Investigación Forense de la 2° Circunscripción Judicial, los integrantes de la Unidad Operativa de la investigación del Ministerio Público Fiscal.
Esas áreas realizaron el análisis de los informes requeridos durante la investigación, por ello se concretaron en total 4 pericias informáticas, 4 pericias contables, 3 pericias caligráficas, un informe del Cuerpo de Investigación Forense. Se incluyeron las ampliaciones que eran requeridas por la acusación cada vez que se evidenciaba una nueva modalidad de estafa y ello requería, para la etapa de control de acusación, llegar a la raíz de la maniobra que se iba desmembrado con el avance de todas las pericias.
Se suman los informes de los allanamientos concretados en el Colegio de Farmacéuticos de General Roca, también en la sede del desarrollador del sistema informático del Colegio ubicado en Gualeguaychú, Entre Ríos. De allí se extrajeron las bases de datos de los sistemas de gestión (software) Xarion y Xeilon, que fueron utilizados por los imputados.
Se incluyen los allanamientos hechos en domicilios particulares donde intervinieron los peritos especialistas y el Gabinete de Criminalística.
Además como prueba de la acusación se cuentan las numerosas recetas de medicamentos de los planes Epilepsia y Diabetes presentadas en la denuncia inicial del legajo, como también las requeridas a IPROSS por la Fiscalía, y que fueron peritadas. Las mismas tuvieron que ser rastreadas por la obra social y entregar las versiones físicas.
En carácter de testigos comparecerán en el juicio más de 250 afiliados de la Obra Social que figurarían como consumidores en las distintas modalidades de estafa, también personal de las diversas entidades bancarias; de IPROSS de la sede de Viedma; proveedores del sistema informático del Colegio con domicilio en Entre Ríos; referentes del organismo que nuclea los laboratorios que preveían medicamentos a las droguerías; los responsables de las diversas droguerías.
También declararán, tal lo solicitado por la acusación, los integrantes del Colegio de Farmacéuticos, asociados, autoridades, empleados y ex-empleados tanto de la entidad como de algunas de las farmacias.
Variados informes que fueron solicitados por la Fiscalía serán verbalizados por representantes de las oficinas pertinentes, entre ellos el informe del Tribunal de Cuentas sobre las diferentes auditorías realizadas al IPROSS a lo largo del periodo investigado.
Judiciales
El dueño de AZ Construcciones sumó una nueva condena
Una familia rionegrina usó todos sus ahorros para comprar una casa, pero la obra nunca empezó.
Una pareja de San Antonio suscribió un contrato con la empresa AZ Construcciones, con sede en Viedma, para la adquisición de una vivienda prefabricada para instalar en el Puerto. Entregaron el anticipo y pagaron la primera cuota, como estipulaba el contrato, pero la obra nunca comenzó.
Los planos de la casa contaban con un dormitorio y 30 metros cuadrados. Para afrontar la compra de la vivienda, utilizaron la totalidad de sus ahorros familiares. Según la cláusula cuarta del contrato, “el vendedor debía entregar la vivienda a los 90 días de haberse abonado la totalidad del anticipo y terminado el contrapiso correspondiente”. Sin embargo, nada de esto ocurrió.
Los representantes de la empresa jamás se presentaron a realizar el contrapiso ni respondieron a sus llamadas. A ello se sumó que la contadora de la empresa les informó que «no estaban incorporados al sistema de cobro». Por esta razón, dejaron de abonar las cuotas y presentaron una denuncia ante Defensa del Consumidor, aunque solo obtuvieron evasivas y excusas por parte del demandado.
Al momento de firmar el contrato, no fueron informados de forma clara y precisa sobre su contenido, ni sobre las cláusulas predispuestas abusivas. En ese sentido, denunciaron infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor por parte del demandado, relacionadas con el deber de información y el trato digno pero no obtuvieron respuestas. Decidieron realizar la demanda civil.
La jueza civil en su fallo concluyó con que «los actores cumplieron con su parte del contrato, ya que pagaron las sumas acordadas en concepto de anticipo y la primera cuota del saldo. Pese a ello, luego de reclamar al demandado la entrega de la vivienda objeto del contrato, no obtuvieron respuesta».
La magistrada consideró como prueba la denuncia y el inicio del reclamo ante el Departamento de Defensa del Consumidor de la ART Río Negro. También tuvo en cuenta que el demandado se encuentra detenido, con prisión preventiva, por hechos similares. Según consta, se le imputó el delito de estafa por vender y no entregar viviendas prefabricadas.
Agregó la magistrada que «tengo en cuenta que se han acreditado múltiples denuncias y que ha sido condenado civilmente en distintas causas judiciales, tanto en esta circunscripción judicial como en la Segunda y Tercera, en su calidad de titular de la empresa AZ Construcciones. Asimismo, se lo ha imputado y detenido por la comisión del delito de estafas bajo la misma modalidad de incumplimientos».
Finalmente, la jueza condenó a Néstor Fabián Jaramillo a abonarles la suma total de $4.449.785,47. Esta cifra se compone de $605.321,47 por la devolución del dinero pagado más intereses, $1.422.232 para cada uno de los actores en concepto de daño moral, y $1.000.000 de por daño punitivo.
Judiciales
Imputaron a un sujeto acusado de asesinar a su amigo en J.J. Gómez
Le dictaron prisión preventiva mientras continúa la investigación.
El equipo fiscal de turno de General Roca formuló cargos a un hombre de 37 años por el homicidio de Nazareno Cristóbal Aedo, hecho que ocurrió el miércoles (20/11) a la madrugada en J.J. Gómez.
Según la acusación fiscal, «los dos hombres se encontraban reunidos en el domicilio de calle Pública al 1900, cuando el imputado habría disparado sobre el cuerpo de la víctima con la intención de causarle la muerte».
«La herida le habría producido un trauma de cráneo con orificio de entrada en la región parietal derecha, sin orificio de salida. Luego, el imputado habría ocultado el arma de fuego calibre 32, proyectiles, el teléfono celular que sería de la víctima y el propio, estupefacientes y envases de cerveza recién consumidos, elementos que fueron encontrados mediante un posterior rastrillaje en inmediaciones del lugar», agregó la Fiscalía.
Entre el sustento probatorio para sostener la imputación de «homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego», el Ministerio Público Fiscal presentó el acta de procedimiento policial de la Comisaría 47, los resultados del rastrillaje concretado, entrevistas varias, el acta de defunción de la víctima.
«Restan por recepcionar el informe de la autopsia, que se está concretando mientras hacemos la audiencia, el barrido de las muestras que se obtuvieron tanto en el imputado como en la víctima, realizar más entrevistas, entre otra prueba», explicó la fiscal del caso.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva del hombre teniendo presente los peligros procesales de entorpecimiento al accionar de la justicia y la posibilidad de que se de a la fuga. «No hay evidencia de que había una tercera persona en el domicilio donde se encontraban la víctima fatal y el imputado», agregó la fiscal.
Por su parte, la defensa penal pública se opuso al pedido de preventiva, explicando que «nuestro asistido no cuenta con los medios para fugarse, tiene arraigo, y tenemos presente que varios testigos dijeron no haber escuchado nada inusual».
«Asimismo, él dio una versión de los hechos, que es diferente a la teoría del caso de la fiscalía, y sumamos que no cuenta con ningún tipo de antecedente penal. Por ello, solicitamos una medida menos gravosa, como presentaciones personales en comisaría, o la colocación de un dispositivo electrónico», explicó la defensora.
Finalmente, la jueza de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos y resolvió que el hombre continúe detenido por el plazo de un mes y determinó que la investigación penal preparatoria se extienda por cuatro meses.
Judiciales
Imputaron a conocido médico roquense acusado de abuso sexual con acceso carnal
El hecho habría ocurrido en junio de este año en el consultorio del profesional, ubicado en barrio Los Olmos.
Esta mañana (22/11), el Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un conocido médico roquense de 75 años por delitos que habría cometido en junio de este año contra la integridad sexual de una mujer.
La Fiscalía, con la adhesión de la querella, explicó que «el hecho habría ocurrido durante la tarde, cuando la víctima habría acudido a la consulta por ser el imputado su médico clínico, con el fin de solicitarle una receta de medicamentos. Fue en ese marco, que el hombre habría abusado de la mujer, situación que la víctima no pudo consentir libremente», mencionó la Fiscalía.
El consultorio del acusado está ubicado en su propia vivienda, en el barrio Los Olmos de General Roca.
Entre el sustento probatorio presentado para esta instancia se encuentra la denuncia y la entrevista realizada a la víctima, el informe de intervención de la Oficina Atención a la Víctima (OFAVI), documentación respaldatoria de la denuncia, informes solicitados por el Ministerio Público Fiscal a diversos organismos, una pericia social forense del Departamento de Servicio Social del Poder Judicial, entrevistas varias.
Así mismo se mencionó la pericia de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL), dependiente de Procuración General, el acta de la inspección ocular, croquis ilustrativo del lugar donde habrían sucedido los hechos que fue confeccionando por el Gabinete de Criminalística de General Roca, entre otra prueba.
La defensa particular no presentó objeciones a la imputación realizada por la acusación.
Luego, la jueza de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos por el delito de abuso sexual con acceso carnal y se estableció como plazo de investigación penal preparatoria cuatro meses, restando realizar pericias por parte del Cuerpo de Investigación Forense.
Cabe mencionar que antes de iniciar la audiencia las partes plantearon cuestiones relativas a la publicidad del acto, y tras el acuerdo entre Fiscalía, querella y defensa particular, la jueza de Garantías interviniente determinó, en pos del resguardo de la intimidad de la víctima, que ni el nombre ni la imagen de la mujer sean publicados en los medios de comunicación.
