Judiciales
Le robaron en el estacionamiento de un supermercado y deberán resarcirlo
Por lucro cesante, daño moral y daño punitivo deberán indemnizarlo con poco menos de $120.000.
Un hombre dejó la camioneta en el estacionamiento de un supermercado de Viedma y bajó a buscar el resumen de la tarjeta Coopeplus. Al volver advirtió que le habían sustraído de su interior diversas pertenencias, entre ellas su billetera con documentación personal, unos lentes de competición para correr en Safari y otros bifocales de color verde. Aseguró que la puerta de su automóvil se encontraba abierta, sin signos de violencia, pese a que lo había dejado asegurado con el sistema de cierre centralizado.
De inmediato se acercó a la Cooperativa Obrera y solicitó al gerente si podían facilitarle las grabaciones de las cámaras de seguridad, a los fines de poder identificar a la o las personas que habían sustraído sus bienes personales.
El empleado jerárquico que lo atendió le indicó que no contaba con las mismas, que debía solicitar las copias de manera formal a la sucursal de Bahía Blanca, por lo que se comprometía a comunicarse en los días posteriores con el propósito de aportarlas a la causa. De todas formas el cliente se retiró del lugar y en la Comisaría más cercana realizó la denuncia.
También solicitó al supermercado el reintegro de los daños sufridos. Ante la negativa, el cliente decidió realizar el reclamo ante el Organismo de Defensa del Consumidor de la Provincia de Río Negro. En la instancia de conciliación no hubo acuerdo entre las partes. Por ello, inició la demanda de menor cuantía en el Juzgado de Paz de Viedma.
La sentencia
En el fallo la jueza de Paz explicó que «los consumidores tienen derecho a una atención rápida y eficaz que les permita acceder a la información sobre sus derechos. En este caso, el demandante solicitó personalmente en la sucursal en la que ocurrió el hecho dañoso el material audiovisual de las cámaras de seguridad, a fin de tener un acabado conocimiento de la situación. De acuerdo con lo expuesto en las presentes actuaciones judiciales, se desprende que la demandada no respetó el derecho a la información ni el trato digno que merece el actor, comportamientos que evidencian su falta de consideración hacia los derechos del accionante».
Continuó con que «bajo esta perspectiva, no existen dudas de que el supermercado debe asumir la responsabilidad frente al cliente por el robo de las pertenencias que se encontraban en el automóvil estacionado en la playa de estacionamiento que está a disposición de los clientes de manera objetiva. La responsabilidad deriva del incumplimiento del deber de seguridad establecido en el artículo 5 de la Ley 24240 y sus modificatorias».
Finalmente la jueza condenó a la Cooperativa a pagarle por daño patrimonial, por lucro cesante, daño moral y daño punitivo poco menos de $120.000.
Judiciales
Condenaron a un policía por dispararle a su ex pareja: Le hirió el pie con su arma reglamentaria
El juez subrayó que el disparo podría haber tenido consecuencias más graves si hubiera impactado en otra parte del cuerpo.
Un empleado policial fue declarado penalmente responsable por unanimidad del delito de lesiones graves agravadas por violencia de género, por el vínculo de pareja y por el uso de arma de fuego, luego de que el Tribunal Colegiado interviniente tuviera por acreditado que disparó contra su ex pareja hiriéndola en el pie con su arma reglamentaria.
El hecho ocurrió el 18 de mayo pasado en el domicilio de la víctima. El presidente del Tribunal destacó la solidez del testimonio de la damnificada, quien mantuvo su declaración sin variaciones desde la denuncia inicial hasta el debate oral. «Pudo describir tanto las situaciones previas como lo ocurrido el 18 de mayo pasado en su domicilio, con precisión y detalle», señaló el magistrado.
El Tribunal también descartó de manera categórica el carácter accidental del episodio. «La consecuencia de este episodio pudo haber sido más grave si el disparo efectuado por el imputado hubiese impactado en otra parte del cuerpo de la víctima. No cabe duda de que no fue un hecho accidental, sino doloso», expresó el presidente del cuerpo judicial.
En la misma audiencia, la Fiscalía solicitó la prórroga de las medidas cautelares hasta la firmeza del fallo para resguardar a la víctima, quien deberá declarar en la próxima audiencia de cesura de la pena.
La defensa penal pública no formuló oposición y el Tribunal resolvió prorrogar la prohibición de acercamiento en un radio de 100 metros y de todo tipo de contacto, tanto directo como a través de terceros o medios electrónicos.
Judiciales
Lo condenaron por violencia de género, volvió a convivir con la víctima y lo enviaron a prisión
La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial. El Ministerio Público acreditó que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.
Un hombre condenado por violencia de género cumplirá pena efectiva en Cipolletti tras comprobarse el incumplimiento de las pautas de conducta. La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial y de un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. El Ministerio Público Fiscal acreditó además que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. El juez de Ejecución transformó la pena en suspenso en prisión efectiva.
La condena original se dictó en agosto de 2025 por hechos que incluyeron lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. En ese momento, el Poder Judicial había dispuesto reglas claras: no acercarse ni mantener contacto con la mujer y sostener un domicilio informado. Esas condiciones formaron parte de una pena de ejecución condicional que buscó evitar el encierro.
Sin embargo, la presencia en la vivienda de la mujer evidenció la transgresión de esas restricciones. El informe de la Oficina de Atención a la Víctima describió un escenario atravesado por temor y dependencia económica, además de referencias a episodios de violencia posteriores a la condena.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el planteo se centró en el incumplimiento de las pautas impuestas y no en la investigación de un nuevo delito. La defensa se opuso al pedido y señaló que los hechos integraban una causa en trámite, además de plantear objeciones sobre la posibilidad de una doble sanción.
El juez de Ejecución Penal analizó la documentación incorporada, en especial el informe técnico, y consideró acreditada la violación de las reglas de conducta, en particular la prohibición de acercamiento. Con base en ese análisis y en normativa vinculada a la protección contra la violencia de género, dispuso la revocación de la condicionalidad.
La resolución ordenó la detención y el traslado a un establecimiento penitenciario.
Judiciales
Escándalo en el Poder Judicial: Un arma secuestrada apareció en un procedimiento policial y faltan otras en las oficinas de Roca
La irregularidad puso en evidencia fallas en el circuito de secuestros judiciales.
El Poder Judicial de Río Negro impulsó una denuncia penal y una investigación interna de carácter urgente luego de detectar que un arma de fuego que se encontraba secuestrada y bajo custodia judicial apareció en un procedimiento policial realizado en la ciudad de Roca. El hallazgo alertó sobre una irregularidad grave en el resguardo de ese elemento y desencadenó una serie de medidas institucionales.
La denuncia tramita en la Fiscalía de Roca, donde se investiga cómo el arma, que debía permanecer en dependencias judiciales, terminó involucrada en un episodio delictivo. En paralelo, el organismo dio intervención al Auditor General, requirió información a distintas áreas, tomó declaraciones testimoniales y analizó documentación vinculada al circuito de secuestros judiciales.
Como medida complementaria, se ordenó un relevamiento y arqueo integral de los objetos secuestrados en la Oficina Judicial de Roca, que fue extendido a todas las Oficinas Judiciales de la provincia para verificar la correspondencia entre los registros y la existencia material de los elementos resguardados.
El resultado del arqueo agravó el cuadro: se detectó el faltante de otras armas de fuego, lo que motivó la ampliación de la denuncia penal. El número total de elementos involucrados aún no está determinado, dado que el control sigue en curso.
Actualmente se indaga sobre los registros de elementos secuestrados y los protocolos de control interno en las dependencias judiciales. La revisión abarca depósitos, sistemas de inventario y circuitos administrativos relacionados con la custodia.
El Poder Judicial indicó que el proceso interno podría derivar en medidas precautorias o sanciones. La causa penal en la Fiscalía de Roca continúa en etapa inicial, mientras el Auditor General prosigue con las actuaciones administrativas dispuestas por el organismo.
