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Judiciales

Presentó un amparo porque quería cambiar el turno escolar de sus hijos para que vayan a inglés y danzas

La Justicia rechazó la acción.

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Una pareja promovió una acción de amparo contra el Ministerio de Educación para que sus hijos obtengan el cambio al turno mañana, de manera que puedan ir inglés y danzas clásicas. Argumentaron que se superponían los horarios, que esas actividades eran sumamente importantes para los niños y que había vacantes matutinas.

Explicaron que hace poco se mudaron a El Bolsón, residiendo con anterioridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí los niños concurrían a un colegio de doble jornada y realizaban actividades extracurriculares. También sostuvieron que es su deseo continuar formándose aquí, pero el horario de clases en el turno tarde es incompatible con las restantes actividades.

En el expediente informaron que se inició el reclamo vía administrativa «sin obtener respuesta alguna por parte del Supervisor de Escuelas Privadas». Dijeron que comprobaron que en el turno mañana hay vacantes.

El Defensor de Menores dictaminó a favor de la demanda, y argumentó que «el Estado provincial está ejerciendo una forma de discriminación contra los dos hermanos».

El fallo

El juez citó doctrina del STJ respecto a la procedencia del amparo: necesita la «existencia de un acto administrativo, o de particulares, que de manera ostensible viole derechos fundamentales y la reparación no sea posible por otra vía o sea ilusorio acudir a los procedimientos comunes. Además, la ilegalidad del acto debe ser manifiesta».

En este caso, el magistrado afirmó que «no se evidencia una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta por parte del Ministerio de Educación».

«No hay omisión estatal de ofrecerle a los niños su vacante, la cual además se hace en condiciones a priori razonables: en una escuela céntrica, accesible para la familia y cercana a su domicilio y en un turno de los universalmente destinados para la educación primaria común (mañana o tarde)», explicó la sentencia.

«Encuentro claro que los niños tienen garantizado su derecho constitucional a la educación por parte del Estado en la medida en que ese derecho le es exigible a la Provincia», agregó.

El juez dialogó con los niños y comprobó el real interés que tienen en realizar las actividades, por lo que aclaró que «lo dicho no obsta a que deba considerarse la aspiración de los niños como legítima y a su cumplimiento como deseable».

El juez también analizó la normativa respecto a las vacantes, y tuvo en cuenta el informe de la Supervisión de Educación Primaria. Los demandantes no tuvieron en cuenta a la hora de valorar las vacantes que en el turno mañana había estudiantes en inclusión, lo que reduce el número de alumnos en el aula.

Finalmente, el fallo suma un argumento para el rechazo que «arribamos a otro punto de absoluta relevancia, por el que tampoco debe proceder el Amparo: el respeto a la división de poderes, que implica la obligación del sistema judicial de no inmiscuirse en la organización de los servicios públicos. Esta abstención no es absoluta, pero debe utilizarse con extremo cuidado para no desbaratar la estructura constitucional».

Agregó que «allí está el límite para la intromisión judicial: entre dos acciones legales no podemos elegir los jueces si no la Administración, que es la que tiene el conocimiento y los recursos económicos y humanos para hacerlo y para paliar sus consecuencias».

«Sostener que la adaptabilidad del sistema educativo implica que se deba adecuar a los planes de vida de todos los estudiantes y sus familias, es una interpretación imposible de sostener ante todos los casos”, aseguró. “Resulta de toda evidencia que es fácticamente imposible que cada niño fuera cambiado de turno según sus expectativas o si el que tiene asignado colisionara con otras actividades que forman parte de su plan de vida», concluyó.

Judiciales

Una mujer se tropezó con una canilla que quedó de una obra inconclusa de ARSA y deberá ser indemnizada

Quedó con secuelas incapacitantes, según el informe médico.

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Una mujer de Viedma se tropezó con una canilla que sobresalía de la vereda y debió ser hospitalizada. La recuperación le llevó meses, y aún así, quedó con secuelas. La canilla estaba al descubierto debido a una obra inconclusa de la empresa prestataria del servicio. Sin embargo, la empresa intentó culpar a la Municipalidad y a la propia frentista. Un fallo civil dispuso un resarcimiento para la damnificada.

El accidente ocurrió al mediodía de enero, cuando la vecina fue a la casa de su suegra y tropezó con una canilla que emergía de la vereda. Para proteger su cuerpo, colocó las manos en el suelo, lo que provocó que sus muñecas soportaran la totalidad de su peso, quedando inmovilizada y consciente en el piso.

Fue trasladada al Sanatorio Austral, donde, tras realizarle placas, determinaron que había sufrido una fractura de radio derecho distal intraarticular debido a la caída. Posteriormente, fue operada y tuvo que recibir sesiones de kinesiología. Quedó con secuelas incapacitantes, según el informe médico.

En el expediente, la empresa argumentó que el Municipio es el responsable de la vía pública y recordó que los frentistas tienen obligaciones concurrentes, como custodiar los espacios verdes ubicados frente a sus domicilios y denunciar cualquier anomalía dentro de un plazo perentorio de 72 horas. Incluso culpó a la víctima, por conocer previamente el lugar.

Sin embargo, se comprobó que la frentista había reclamado por una obra inconclusa por parte de Aguas Rionegrinas. Cuando se presentó la Municipalidad de Viedma, rechazó las afirmaciones de la empresa, indicando que ARSA buscaba desligarse de su responsabilidad como causante del daño.

La propietaria de la casa declaró haber realizado denuncias desde el año 2019, después de que la empresa dejara la canilla sobresaliendo tras concluir una obra, y solo la reparó después del incidente que motivó la demanda. También expresó que, aunque hubiera querido contratar un servicio de albañilería para cubrir la canilla, el reglamento de los usuarios se lo prohibía, por lo que se limitó a ejercer sus derechos como usuaria y esperar a que ARSA cumpliera con sus obligaciones como concesionaria del servicio.

El juez civil, al resolver, afirmó que las denuncias de la usuaria frentista estaban probadas, incluso con un informe de 2017 que señalaba la reparación de una pérdida pero la ausencia de amuramiento de la tapa. El expediente incluyó ingresos de la mujer a la guardia, informes médicos, testimonios y pruebas documentales.

El magistrado concluyó que la mala condición de la vereda, debido a una obra realizada por la demandada, era la causa del tropiezo y caída de la actora, lo que motivó su ingreso al Sanatorio Austral. También tuvo en cuenta la conducta procesal de la demandada, quien se limitó a culpar a la víctima y a terceros, sin ofrecer una explicación satisfactoria de la existencia de la canilla como obstáculo y la falta de medidas preventivas. Además, destacó que ARSA realizó el arreglo correspondiente días después del accidente.

Finalmente, el juez analizó los daños y dispuso una indemnización a favor de la vecina.

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Tres años de prisión para pareja que estafó con viviendas a familias roquenses

El daño patrimonial causado fue de 42 millones de pesos.

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Un Tribunal de juicio, por unanimidad, impuso ayer (01/03) la pena de 3 años de prisión a un hombre y a una mujer de Roca, quienes habían sido declarados responsables como coautores del delito de estafa, reiterado en 10 hechos. Además de la prisión de ejecución condicional, las dos personas deberán cumplir reglas de conducta, someterse al control del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados del gobierno provincial durante dos años y deberán pagar las costas del proceso.

La decisión de los jueces Gastón Martín, Emilio Stadler y Verónica Rodríguez se conoció en una audiencia de lectura de sentencia, de la que participaron varias de las personas damnificadas. Algunas de ellas participaron del juicio en el rol de querellantes.

El caso llegó a juicio por la denuncia de personas que habían contratado la construcción de viviendas o la provisión de materiales de construcción con la empresa constructora y la ferretería-corralón que pertenecían al imputado y a la imputada.

Los hechos investigados ocurrieron en Roca, entre mediados de 2020 y mediados de 2022. En el juicio se acreditaron las estafas sufridas por 10 víctimas.

En dos de los casos las víctimas «fueron engañadas, las casas nunca llegaron a construirse y no fue un incumplimiento contractual. Desde el inicio los imputados sabían que no tenían la capacidad técnica, económica y financiera para llevar adelante la construcción de viviendas», indicó el Tribunal en diciembre pasado, al emitir su veredicto de culpabilidad. El proceso continuó este año con la audiencia de cesura, y finalizó hoy con la imposición de la pena.

En los otros ocho casos, las estafas se configuraron con la venta de materiales de construcción a través del corralón, que no tenía habilitación municipal, ni estaba registrado en organismos de fiscalización. «Vendían materiales de construcción que no tenía en su haber. No cumplieron con las entregas pactadas, en algunos casos el incumplimiento fue total y en otros fue parcial», expresó el veredicto.

Para definir el monto de la pena el Tribunal valoró los máximos y mínimos solicitados por las partes. La Fiscalía y la querella habían solicitado una condena de cinco años de prisión efectiva, en tanto que el defensor oficial de la pareja imputada había pedido una pena de un año de prisión en suspenso.

El Tribunal de Juicio definió una condena de tres años de prisión de ejecución condicional, con la advertencia de que la pena se transformará en prisión efectiva si violan cualquiera de las pautas de conducta establecidas en la sentencia.

Para definir esa pena el Tribunal valoró como atenuante la edad de ambos, su falta de antecedentes penales, que siempre han estado a derecho, su correcta su presencia y participación en las audiencias de juicio y que manifestaron a los damnificados «su intención de reparar patrimonialmente» los perjuicios.

Como agravantes se valoró «la cantidad de hechos cometidos», «su duración en el tiempo, el daño patrimonial causado que, actualizado según señala la Fiscalía, es de 42 millones de pesos». A eso se suma «el daño moral sufrido por sus víctimas, que se refleja en problemas en la salud, la frustración y el dolor espiritual causado. El aprovecharse de una necesidad habitacional evidente, el despliegue de los medio utilizados, comercio, oficina, escribano, etc». Y finalmente, más allá de la voluntad de reparar que expresaron, actualmente «ambos son insolventes».

El Tribunal afirmó que no se demostró la necesidad de una pena de prisión efectiva. «Tratándose de dos personas jóvenes, que si es real su declarada intención de reparar el daño patrimonial causado, seguro podrán hacerlo desde el trabajo honrado en libertad», valoraron. Además, tuvieron en consideración la afectación directa de menores de edad que implicaría el encarcelamiento de la pareja.

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Condena civil por mala praxis: Lo estaban operando y se prendió fuego en el Hospital de Roca

La víctima terminó con graves quemaduras en el cuerpo cuando el contacto entre el cauterizador eléctrico y el alcohol causaron una repentina combustión.

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Un hombre que estaba siendo operado de urgencia por una hernia terminó con graves quemaduras en el cuerpo cuando el contacto entre el cauterizador eléctrico y el alcohol con el que le habían limpiado la cicatriz causó una repentina combustión. La explosión fue sofocada en forma inmediata sobre la misma camilla del quirófano del Hospital Francisco López Lima de General Roca, pero eso no pudo evitar que el hombre sufriera graves secuelas físicas y emocionales por las profundas quemaduras.

Una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Roca declaró la responsabilidad del Estado Provincial por los daños derivados de esa prestación «deficiente» del servicio público de salud. La condena de primera instancia fijó una indemnización por la incapacidad física provocada, la terapia psicológica de rehabilitación que necesita el hombre, los gastos de medicamentos, tratamientos y traslado que ya afrontó el paciente y el daño moral.

En contra de esa decisión, la Provincia interpuso un recurso de apelación y el caso pasó al análisis de la Cámara Civil de Roca. Ese Tribunal dictó esta semana un fallo que confirmó íntegramente la condena.

El Estado «debe garantizar altos estándares de eficiencia y eficacia en la prestación del servicio de salud, estando obligada a ‘prevenir la posibilidad de enfermedad o muerte por causa que se pueda evitar’, lo que en el caso no cumplimentó, al resultar el actor afectado no por la enfermedad por la que se le atendía, sino por quemaduras absolutamente ajenas producidas en el nosocomio», indicó la Cámara.

El fallo valoró la historia clínica, de la cual surge textual que «durante la coagulación con electrocauterio de la incisión de la piel, se produjo la combustión del campo alcohólico del antiséptico, sofocándose inmediatamente el fuego con solución fisiológica y campo estéril seco». Luego se constató que el hombre tenía quemaduras de tipo A y AB en ambas caras internas de los muslos. Según las opiniones médicas, la combustión habría sido por una «insuficiente evaporación» del alcohol al momento de iniciar la cauterización eléctrica.

«Existió un daño provocado por una situación ocurrida durante la operación, y acontecida a partir del deficiente cumplimiento de los deberes a cargo de los agentes que intervinieron en la misma», concluyó la sentencia de la Cámara.

«Sería absurdo suponer que se considere que se corresponde con la lex artis (la buena praxis), el prender fuego al paciente en la mesa quirúrgica o que ello es un riesgo normal no evitable de la enfermedad o el tratamiento. Resulta hasta irrisoria la suposición que constituye ‘una posibilidad’ común de un procedimiento quirúrgico que un paciente pueda prenderse fuego en un quirófano por el simple hecho de someterse a una operación, por más compleja que esta sea», afirmó el Tribunal.

La sentencia también confirmó el monto de la indemnización por daño moral, que también había sido apelado por la Provincia. En ese punto valoró especialmente las limitaciones físicas derivadas de la quemadura, la alteración anatómica que sufrió en la zona afectada y especialmente las consecuencias psicológicas. Según una pericia, el hecho fue profundamente traumático en la vida del hombre. «Es compatible con el concepto psicológico de trauma, entendido como un suceso externo, sorpresivo y violento en la vida de una persona, caracterizada por su intensidad, efecto desorganizador, la imposibilidad del sujeto para responder de modo adaptativo y los efectos patógenos duraderos que provoca en la organización psíquica», explicó la pericia.

«Estos informes, a mi entender, no dejan lugar a deudas acerca de que las lesiones sufridas por el actor le han generado drásticos cambios y perturbaciones en su esfera espiritual, los que merecen ser resarcidos», finalizó la Cámara.

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