Judiciales
Comenzó el juicio por jurados por el caso Facundo Castillo
El roquense Ramiro Gutiérrez está imputado por homicidio simple y tentativa de homicidio en cinco casos.
Con los alegatos de apertura de la Fiscalía, querella y defensa, ayer (08/05) comenzó el juicio por jurados por el homicidio de Facundo Castillo. También se inició la etapa de declaraciones testimoniales que se prevé se extienda hasta el viernes.
En primer lugar expuso su teoría del caso la Fiscalía. El fiscal jefe mencionó que ocurrió entre las en la madrugada del 19 de diciembre de 2021 la víctima había concurrido con un grupo de amigos a una fiesta que se realizaría en el predio Finca La Nonnina, ubicada en Cipolletti.
Explicó que Facundo eligió ir a la fiesta con sus amigos en una traffic alquilada para el transporte, mientras que el imputado lo hizo en su camioneta BMW. Cuando terminó la celebración y todos pretendían retornar a sus hogares, el grupo de amigos de Facundo se dirigía caminando hasta el lugar donde se ubicaba la traffic sobre Ruta Nacional N° 22.
El acusado, el roquense Ramiro Gutiérrez, se encontraba en su camioneta con otras seis personas y para evitar la larga fila de vehículos de la calle Julio Dante Salto, avanzó por el carril contrario -a contramano- cuando se encontró de frente con otro automóvil que circulaba por ese carril. Para no chocar con ese auto realizó una maniobra en la cual terminó impactando a una chica que pertenecía al grupo de amigos de Facundo.
A partir de esa circunstancia, se produjo una pelea entre el grupo del imputado y de la víctima. El fiscal jefe mencionó que Facundo sólo participó para separar.
Culminada esa pelea, el acusado se subió nuevamente al vehículo y se dirigió a contramano hasta la Ruta Nacional N° 22, donde realizó una vuelta en U y enfocó el auto hacia el grupo de amigos de Facundo Castillo acelerando para intentar arrollarlos con la intención de matar a las personas que allí se encontraban.
Un amigo de Facundo empujó a cinco integrantes del grupo pudiendo desviarlos de la trayectoria de la BMW pero la víctima, quien se encontraba de espaldas al vehículo no pudo advertirlo y fue atropellado. Dio marcha atrás y se fugó por Ruta Nacional N° 22. Producto de las lesiones Facundo falleció en el Hospital de Cipolletti ese mismo día alrededor de las 15 horas.
«Esa noche los padres del imputado probablemente pudieron encontrarse con su hijo. Los padres de Facundo nunca más pudieron volver a verlo», expresó el fiscal.
La querella particular que representa a la familia de Facundo Castillo, describió su acusación y explicó las circunstancias por las cuales no se trató de un accidente sino de un homicidio intencional.
Entre esas circunstancias explicó que el imputado circuló a contramano, se detuvo a pelear, dio la vuelta en U con el vehículo para dirigirse al grupo de gente con el que había peleado, dio marcha atrás con el cuerpo de Facundo debajo del vehículo e intentó ocultar y modificar pruebas. Agregó que después del hecho el imputado escapó hacia la ciudad de Neuquén y que eliminó sus perfiles en redes sociales con la intención de desviar la investigación.
La calificación legal del caso por parte de la acusación es homicidio simple y tentativa de homicidio en cinco casos.
La defensa describió su teoría del caso y coincidió en los términos generales respecto la primera porción del hecho con la acusación. Sin perjuicio de ello mencionó que no es cierto que el imputado después de dar vuelta en U – según la posición de la defensa fue a buscar a un amigo que no pudo subir al vehículo – haya circulado por la banquina por la que caminaban los amigos de Facundo, que la camioneta BMW no impactó frontalmente a la víctima y que existieron las cinco tentativas de homicidio.
Mencionó que el imputado lo hizo cuando intentaba escapar dio marcha atrás y allí arrolló a Facundo pero que lo hizo porque estaba escapando de una agresión que había sufrido y que le habría provocado fracturas en la mandíbula. Encuadró el caso en un estado de necesidad exculpante.
Terminados los alegatos comenzaron a prestar declaración los testigos del caso. Se prevé inicialmente que el debate se extienda hasta el viernes en dobles jornadas que van desde las 8.30 a las 13 y de 14 a 17.
El juez técnico les recordó a los medios de comunicación al público la prohibición de tomar imágenes, tanto fotos como video filmadas, de las y los jurados populares. Advirtió que cualquier incumplimiento haría incurrir a las personas en una desobediencia a una orden judicial, que constituye un delito penal.
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Les dijeron que tenían un auto varado en la Ruta 22 y les sacaron más de $600.000
Uno de los acusados se hizo pasar por sobrino de una de las víctimas.
Tres hombres fueron imputados por el delito de estafa luego de que, mediante engaños telefónicos, lograran que tres familiares les transfirieran dinero creyendo que ayudaban a un pariente que tenía problemas con su vehículo.
Según explicó el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 21 de mayo, entre las 18 y las 21 horas, cuando uno de los acusados se comunicó con una de las víctimas y se hizo pasar por su sobrino.
Durante la conversación le dijo que había sufrido un desperfecto mecánico en su vehículo sobre la Ruta Nacional N° 22 y que necesitaba pagar cuatro meses de seguro para poder recibir asistencia.
En ese contexto, el hombre le facilitó el número de teléfono de otro de los imputados, quien continuó con el engaño simulando ser operador de la empresa de seguros.
De esta manera, las víctimas realizaron tres transferencias a una cuenta de Mercado Pago perteneciente al tercer imputado: primero $250.000, luego $180.000 y finalmente otros $180.000.
La maniobra fue descubierta cuando los damnificados lograron comunicarse con el verdadero sobrino, quien les explicó que no se encontraba en la provincia y que no había tenido ningún inconveniente con su vehículo.
La calificación legal por la cual la jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos es la de ser coautores del delito de estafa, según los artículos 45 y 172 del Código Penal. Entre el sustento probatorio mencionado se encuentra la denuncia penal realizada en la Comisaría 48° del barrio Mosconi, los comprobantes de las transferencias efectuadas a través de Mercado Pago y el informe de la empresa Telecom, donde se constató la existencia de comunicaciones por teléfono de uno de los imputados y el de la víctima el día del hecho, en el lapso de tiempo señalado. También se incorporó un informe solicitado a la empresa Mercado Libre, mediante el cual se corroboró la titularidad de la cuenta que recibió el dinero y las transferencias realizadas.
«Durante la investigación de este legajo, la Fiscalía llevó adelante allanamientos en el establecimiento carcelario donde habían coincidido alojados los tres imputados, y allí se secuestraron elementos de interés para la causa», explicó la fiscal adjunta. La defensa penal pública que asiste a los tres hombres no se opuso a la formulación de cargos.
Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos y resolvió que la investigación penal preparatoria continúe hasta junio de este año.
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Ordenaron la detención de Rubén Muñoz
Un juez de Roca revocó la condicionalidad de una condena que hasta ahora tenía carácter suspensivo y dispuso que la pena se cumpla de manera efectiva en prisión.
El juez de Ejecución Penal de Roca revocó la condicionalidad de una condena que hasta ahora tenía carácter suspensivo y dispuso que la pena se cumpla de manera efectiva en prisión. La decisión se tomó luego de que el magistrado verificó un nuevo incumplimiento de las pautas de conducta fijadas en la sentencia.
La persona alcanzada por la resolución -identificado como Rubén Angel Muñoz, quien lidera la protesta de policías activos, retirados y pensionados– registraba dos condenas. Una primera a 3 años de prisión en suspenso por coacción y perturbación al ejercicio de las funciones públicas e instigación a cometer delitos. El hombre aceptó su culpabilidad y el monto de la pena.
Una segunda condena por amenazas simples derivó en una pena 8 meses de prisión. La unificación de ambas culminó con tres años de prisión de ejecución condicional, siempre que cumpliera estrictas pautas de conducta durante el período fijado por la sentencia.
Entre esas condiciones figuraban restricciones vinculadas con el contacto y la proximidad respecto al actual ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, víctima en uno de los expedientes. La resolución judicial estableció una prohibición expresa de acercamiento, hostigamiento o comunicación por cualquier medio con esa persona. Las pautas formaban parte de los puntos segundo y tercero de la sentencia que reguló la ejecución condicional de la pena.
El magistrado analizó el cumplimiento de esas reglas durante una audiencia que se realizó este lunes en el ámbito del fuero de ejecución penal. En ese acto se evaluaron antecedentes registrados durante el período de control judicial.
Según se expuso durante la audiencia, el juez Fernando Romera ya había constatado un incumplimiento previo. Ahora, el juez examinó un nuevo episodio que implicó otra vulneración de las restricciones dispuestas por el Poder Judicial.
Durante el debate se incorporaron elementos que, según se indicó, acreditaron el incumplimiento de la prohibición de contacto y acercamiento establecida en la sentencia.
Con base en esa verificación, el magistrado resolvió revocar la condicionalidad de la condena.
La decisión implicó que la pena que hasta ese momento tenía carácter suspensivo pasara a ejecutarse de manera efectiva.
En consecuencia, el magistrado dispuso la detención de la persona condenada para que cumpla la pena en un establecimiento penitenciario. La medida se adoptó en el marco del control que corresponde al fuero de ejecución penal sobre las condiciones fijadas en las sentencias condenatorias.
Durante la audiencia, la defensa expresó su desacuerdo con la decisión adoptada por el juez. En ese contexto, el equipo defensor adelantó la intención de presentar un recurso de revisión contra la resolución.
En caso de que ese planteo se formalice, la decisión deberá ser analizada por un tribunal integrado por jueces o juezas de juicio. Ese órgano tendrá a su cargo el examen del recurso y la revisión de la resolución dictada en el marco de la ejecución de la pena.
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La Justicia rechazó un reclamo de UnTER contra el Ministerio de Educación provincial
El sindicato cuestionaba resoluciones del Consejo Provincial de Educación vinculadas a la reorganización de cargos en el Nivel Inicial.
Un fallo de un juez laboral de Roca resolvió una acción de amparo presentada por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER), contra el Ministerio de Educación provincial.
El sindicato solicitó que se ordenara el cese de medidas que implicaban la supresión y reorganización de cargos docentes del Nivel Inicial. También pidieron que se restituyeran los cargos existentes antes de las decisiones administrativas cuestionadas.
El gremio sostuvo que el Consejo Provincial de Educación dictó diversas resoluciones de cargos docentes con base en criterios cuantitativos vinculados a la matrícula escolar.
El magistrado entendió que la información aportada por el Ministerio de Educación mostraba que el procedimiento aplicado respetó la normativa vigente. En particular, destacó que los docentes titulares afectados permanecieron con su sueldo y con derecho a una nueva asignación.
En relación a docentes interinos o suplentes, el juez tomó antecedentes y señaló que su estabilidad es limitada por la propia naturaleza de sus designaciones. Así, comprendió que la finalización de esos cargos no constituye una vulneración ilegal de derechos.
También se evaluó la eventual afectación al derecho a la educación. Sobre este punto la sentencia señaló que no se acreditó la existencia de cierres de salas obligatorias ni reclamos generalizados de familias. Además, recordó que la educación obligatoria en el nivel inicial comprende las salas de cuatro y cinco años, las cuales continúan garantizadas según la información oficial.
En la presentación, la UnTER también señaló que la medida provocó desplazamientos funcionales, alteraciones en las condiciones de trabajo y riesgo para la estabilidad de docentes titulares. También afirmó que las decisiones afectaban el funcionamiento institucional de los establecimientos, la continuidad pedagógica y la calidad del servicio educativo destinado a niñas y niños.
A criterio de la organización gremial, esa modalidad degradaba la situación jurídica de docentes titulares y vulneraba la estabilidad prevista en el Estatuto del Docente.
En tanto, la Provincia de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y de la Fiscalía de Estado, mencionó que no existe un daño concreto ni una afectación actual de derechos que justificara el amparo.
Argumentaron que las decisiones formaban parte de políticas públicas educativas adoptadas dentro de las facultades propias del Consejo Provincial de Educación. Explicó que el proceso de reorganización respondió a un análisis territorial de la matrícula que detectó una reducción significativa de estudiantes en distintas zonas.
El Estado también mencionó que no hubo despidos ni pérdida de estabilidad para docentes titulares. También indicó que las salas de cuatro y cinco años continuaban garantizadas por el sistema educativo.
Durante el proceso el magistrado también analizó la legitimación del sindicato para promover la acción. Señaló que el gremio puede actuar en representación de sus afiliados y de la comunidad educativa cuando se denuncian afectaciones a derechos colectivos vinculados con el sistema educativo. No obstante, recordó que la acción de amparo tiene carácter excepcional y sólo procede cuando existe una ilegalidad manifiesta, un daño grave y urgente, y cuando no existen otras vías judiciales adecuadas para resolver el conflicto.
Al evaluar el caso concreto, la sentencia consideró que la normativa cuestionada fue elaborada mediante un proceso institucional en el que participaron distintos sectores, incluido el propio sindicato. Ese documento se estableció la reorganización del sistema educativo del nivel inicial con vigencia desde el ciclo lectivo 2026.
El fallo del juez Juan Huenumilla concluyó en que no se verificaba una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que habilitara la vía del amparo. Tampoco se comprobó un daño grave e irreparable ni una urgencia extrema que justificara el uso de ese proceso excepcional.
Consideró que las decisiones adoptadas forman parte de la planificación del sistema educativo, una competencia propia del Consejo Provincial de Educación que sólo puede ser revisada judicialmente cuando se demuestre una afectación concreta de derechos fundamentales.
