Judiciales
Comenzó el juicio por jurados por el caso Facundo Castillo
El roquense Ramiro Gutiérrez está imputado por homicidio simple y tentativa de homicidio en cinco casos.
Con los alegatos de apertura de la Fiscalía, querella y defensa, ayer (08/05) comenzó el juicio por jurados por el homicidio de Facundo Castillo. También se inició la etapa de declaraciones testimoniales que se prevé se extienda hasta el viernes.
En primer lugar expuso su teoría del caso la Fiscalía. El fiscal jefe mencionó que ocurrió entre las en la madrugada del 19 de diciembre de 2021 la víctima había concurrido con un grupo de amigos a una fiesta que se realizaría en el predio Finca La Nonnina, ubicada en Cipolletti.
Explicó que Facundo eligió ir a la fiesta con sus amigos en una traffic alquilada para el transporte, mientras que el imputado lo hizo en su camioneta BMW. Cuando terminó la celebración y todos pretendían retornar a sus hogares, el grupo de amigos de Facundo se dirigía caminando hasta el lugar donde se ubicaba la traffic sobre Ruta Nacional N° 22.
El acusado, el roquense Ramiro Gutiérrez, se encontraba en su camioneta con otras seis personas y para evitar la larga fila de vehículos de la calle Julio Dante Salto, avanzó por el carril contrario -a contramano- cuando se encontró de frente con otro automóvil que circulaba por ese carril. Para no chocar con ese auto realizó una maniobra en la cual terminó impactando a una chica que pertenecía al grupo de amigos de Facundo.
A partir de esa circunstancia, se produjo una pelea entre el grupo del imputado y de la víctima. El fiscal jefe mencionó que Facundo sólo participó para separar.
Culminada esa pelea, el acusado se subió nuevamente al vehículo y se dirigió a contramano hasta la Ruta Nacional N° 22, donde realizó una vuelta en U y enfocó el auto hacia el grupo de amigos de Facundo Castillo acelerando para intentar arrollarlos con la intención de matar a las personas que allí se encontraban.
Un amigo de Facundo empujó a cinco integrantes del grupo pudiendo desviarlos de la trayectoria de la BMW pero la víctima, quien se encontraba de espaldas al vehículo no pudo advertirlo y fue atropellado. Dio marcha atrás y se fugó por Ruta Nacional N° 22. Producto de las lesiones Facundo falleció en el Hospital de Cipolletti ese mismo día alrededor de las 15 horas.
«Esa noche los padres del imputado probablemente pudieron encontrarse con su hijo. Los padres de Facundo nunca más pudieron volver a verlo», expresó el fiscal.
La querella particular que representa a la familia de Facundo Castillo, describió su acusación y explicó las circunstancias por las cuales no se trató de un accidente sino de un homicidio intencional.
Entre esas circunstancias explicó que el imputado circuló a contramano, se detuvo a pelear, dio la vuelta en U con el vehículo para dirigirse al grupo de gente con el que había peleado, dio marcha atrás con el cuerpo de Facundo debajo del vehículo e intentó ocultar y modificar pruebas. Agregó que después del hecho el imputado escapó hacia la ciudad de Neuquén y que eliminó sus perfiles en redes sociales con la intención de desviar la investigación.
La calificación legal del caso por parte de la acusación es homicidio simple y tentativa de homicidio en cinco casos.
La defensa describió su teoría del caso y coincidió en los términos generales respecto la primera porción del hecho con la acusación. Sin perjuicio de ello mencionó que no es cierto que el imputado después de dar vuelta en U – según la posición de la defensa fue a buscar a un amigo que no pudo subir al vehículo – haya circulado por la banquina por la que caminaban los amigos de Facundo, que la camioneta BMW no impactó frontalmente a la víctima y que existieron las cinco tentativas de homicidio.
Mencionó que el imputado lo hizo cuando intentaba escapar dio marcha atrás y allí arrolló a Facundo pero que lo hizo porque estaba escapando de una agresión que había sufrido y que le habría provocado fracturas en la mandíbula. Encuadró el caso en un estado de necesidad exculpante.
Terminados los alegatos comenzaron a prestar declaración los testigos del caso. Se prevé inicialmente que el debate se extienda hasta el viernes en dobles jornadas que van desde las 8.30 a las 13 y de 14 a 17.
El juez técnico les recordó a los medios de comunicación al público la prohibición de tomar imágenes, tanto fotos como video filmadas, de las y los jurados populares. Advirtió que cualquier incumplimiento haría incurrir a las personas en una desobediencia a una orden judicial, que constituye un delito penal.
Judiciales
Le vaciaron la cuenta con los ahorros de toda su vida con un cambio de chip en otra ciudad: Condenan a banco y telefónica
La víctima descubrió que de los casi 3 millones de pesos de ese momento solo quedaban $8.000.
Una jubilada de Viedma perdió varios millones de pesos en menos de una hora después de que delincuentes tomaran el control de su línea telefónica mediante un cambio fraudulento de chip. Con ese acceso ingresaron a su cuenta bancaria y realizaron ocho transferencias que vaciaron prácticamente todos sus ahorros. La Cámara de Apelaciones de la capital provincial concluyó que el fraude fue posible por fallas concurrentes en los sistemas de seguridad de dos prestadores de servicios.
La mujer tenía constituido un plazo fijo y el 13 de octubre de 2022 advirtió que su celular solo permitía realizar llamadas de emergencia. Horas más tarde, cuando intentó renovar esa inversión, descubrió que de los casi 3 millones de pesos de ese momento solo quedaban $8.000. El dinero había sido transferido mediante seis débitos inmediatos (DEBIN) y dos transferencias a personas desconocidas.
Frente a esa situación promovió una demanda por daños y perjuicios. Sostuvo que el cambio de la tarjeta SIM se había concretado sin verificar correctamente la identidad de quien lo solicitó y que, además, nadie advirtió una serie de operaciones bancarias completamente ajenas a su comportamiento habitual como clienta.
En primera instancia, el fuero Civil de Viedma responsabilizó únicamente a la empresa de telefonía. Entendió que el cambio fraudulento del chip había sido la causa adecuada del perjuicio y liberó de responsabilidad a la entidad financiera.
La Cámara confirmó que existió una falla en el procedimiento que permitió reemplazar la tarjeta SIM. Valoró que el cambio se autorizó desde una antena ubicada en Neuquén cuando apenas una hora y media antes la línea funcionaba normalmente en Viedma. También destacó que no existían registros que permitieran comprobar cómo se había validado la identidad de quien realizó esa gestión.
Sin embargo, el tribunal consideró que la entidad financiera también incumplió su deber de seguridad. Señaló que las operaciones reunían numerosos indicadores de riesgo: la generación de un nuevo token, el alta de varios destinatarios desconocidos, ocho transferencias consecutivas en apenas 36 minutos, el vaciamiento casi total de la cuenta y montos incompatibles con el historial de la clienta. Pese a ello, no se activó ningún mecanismo de alerta, bloqueo o verificación.
La sentencia recordó que las entidades financieras tienen la obligación de implementar sistemas de monitoreo basados en el perfil transaccional de cada cliente y destacó que ese control existe precisamente para detectar operaciones que, aunque se realicen con credenciales válidas, resulten completamente atípicas.
Con ese criterio, la Cámara concluyó que el fraude solo pudo concretarse por la concurrencia de dos incumplimientos. Por un lado, la autorización irregular del cambio de chip. Por otro, la ausencia de controles frente a movimientos claramente inusuales en la cuenta bancaria. En consecuencia, modificó el fallo de primera instancia, dejó sin efecto la obligación de la mujer de devolver el dinero recibido por la medida cautelar y extendió la condena en forma solidaria a Banco Patagonia y Telefónica Móviles Argentina.
También confirmó las indemnizaciones por daño emergente, pérdida de chance, daño moral y daño punitivo.
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Condenaron a un jardín de infantes y al Municipio de Roca por la caída de una mujer en una pasarela de obra
El fallo concluyó que la estructura presentaba desniveles, maderas hundidas y carecía de señalización. La víctima debió ser operada y quedó con secuelas permanentes.
Una mujer sufrió una lesión en el hombro al caer mientras transitaba por una pasarela provisoria instalada sobre la vereda de calle San Juan, entre Gelonch y Salta, en Roca. La estructura había sido colocada para permitir el paso de peatones. En el lugar se realizaba una obra de ampliación de un jardín maternal. Había tablones desnivelados, hundimientos y ausencia de señalización.
Como consecuencia de la caída, la señora sufrió una fractura de húmero derecho que requirió una intervención quirúrgica y un tratamiento de rehabilitación. La secuelas fueron permanentes.
La mujer promovió una demanda por daños y perjuicios contra la institución propietaria del inmueble y la Municipalidad de Roca. El fuero Civil hizo lugar a la acción y condenó a ambas a indemnizar a la señora por considerar acreditada la responsabilidad y la falta de control del municipio sobre las condiciones de seguridad de la vereda.
La jueza sostuvo que el jardín de infantes debía responder en su calidad de dueña y guardiana de la obra. Tenía el deber de supervisar las condiciones de seguridad de la pasarela, aun cuando los trabajos hubieran sido ejecutados por una empresa contratista. Agregó que el contrato celebrado con la empresa constructora no puede utilizarse para evitar la responsabilidad frente a la persona que sufrió el daño
Respecto de la Municipalidad, concluyó que incurrió en una falta de servicio al omitir ejercer adecuadamente el poder de policía sobre una obra cuya existencia conocía.
Señaló que el municipio debía fiscalizar las condiciones de las veredas y controlar que las medidas adoptadas para el tránsito peatonal fueran seguras.
Los testimonios incorporados al expediente coincidieron en que la pasarela instalada para el paso de los peatones presentaba desniveles, maderas hundidas e inestables, carecía de señalización y ofrecía condiciones inseguras para la circulación.
Una de las personas que trabajaba en la obra explicó que el deterioro de la estructura había generado diferencias de nivel entre las tablas, mientras que una vecina afirmó que evitaba utilizarla por el riesgo que representaba. Además, dijo que no había carteles de advertencia y que la baranda estaba floja.
En cuanto a la aseguradora citada en garantía, el fallo hizo lugar a la defensa de falta de cobertura. Interpretó que la póliza contratada por el municipio no comprendía un siniestro originado en una obra privada, por lo que quedó excluida de responder por la condena.
Finalmente, la jueza condenó solidariamente a la institución educativa y a la Municipalidad de General Roca a abonar una indemnización en concepto de daño moral, más los intereses correspondientes.
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Imputaron a una quinta persona por la presunta millonaria defraudación al IPROSS en Valle Sereno
Se trata de una acompañante terapéutica, acusada de participar en una presunta maniobra que habría perjudicado a la obra social provincial mediante la facturación de prestaciones que no se habrían realizado.
La investigación por la presunta defraudación al Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) sumó este jueves (02/07) una quinta imputación. El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra una acompañante terapéutica, a quien acusa de haber participado en una maniobra para facturar prestaciones de salud mental que, según la investigación, nunca fueron brindadas a pacientes del establecimiento Valle Sereno-San Cirano S.A., de General Roca.
Durante la audiencia, la fiscal adjunta Gimena Ducca sostuvo que la imputada habría intervenido en 21 hechos ocurridos entre noviembre de 2021 y julio de 2023, junto a un médico clínico y psiquiatra, una licenciada en Psicología, directivos del establecimiento y otros integrantes del equipo profesional.
De acuerdo con la acusación, el grupo habría confeccionado historias clínicas, planillas de asistencia y registros de pacientes con datos falsos, incluyendo internaciones ambulatorias bajo la modalidad Hospital de Día que, en realidad, no se habrían concretado. Esa documentación era utilizada para emitir facturas que luego eran presentadas al IPROSS para el cobro de prestaciones.
La Fiscalía indicó que el establecimiento mantenía un convenio con la obra social provincial para brindar distintos módulos de atención en salud mental, entre ellos Hospital de Día, una modalidad con un valor superior al de otras prestaciones. Según la investigación, esa circunstancia habría permitido incrementar el monto de las facturaciones presuntamente irregulares.
Como sustento de la imputación, el Ministerio Público Fiscal mencionó la denuncia presentada por el IPROSS en mayo de 2024, documentación administrativa de la obra social, informes contables elaborados por la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal, registros bancarios, informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), documentación del Ministerio de Salud de Río Negro y diversas entrevistas realizadas durante la investigación.
La acompañante terapéutica fue imputada como presunta partícipe necesaria del delito de estafas reiteradas agravadas por haber sido cometidas en perjuicio de la administración pública.
Por su parte, el defensor penal público Juan Pablo Chirinos no presentó objeciones a la formulación de cargos, aunque informó que ya solicitó la realización de una pericia caligráfica.
Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.
