Judiciales
Insultó a su jefa y se refirió a su enfermedad: El despido está justificado
Tras ser despedida, la empleada inició una demanda laboral, la cual fue rechazada. También reclamó diferencias salariales, que si deberán ser abonadas.

El Superior Tribunal de Justicia confirmó una sentencia laboral que consideró justificado el despido de una empleada de una obra social tras insultar a su jefa y hacer referencias a su enfermedad.
En medio de una discusión, la empleada de San Antonio dijo que el presidente de la obra social era una «basura hijo de re mil putas». Un insulto similar le profirió a su jefa. Además, le endilgó a su superiora que nunca podría trabajar en otro lado por la enfermedad que sufría. Tras ese incidente, la trabajadora fue despedida. Se alegaron dos razones: el insulto y también supuestas «quejas y reclamos de los afiliados» a la obra social por «malos tratos y falta de cumplimiento en sus obligaciones».
La empleada inició una demanda laboral para solicitar dos cuestiones: por un lado, que se declare su despido como injustificado. Por otro, para que se le abonen diferencias salariales. Contó que llevaba 9 años en ese trabajo y que cumplía tareas administrativas de 9 a 17 horas, los días hábiles. Afirmó que tenía constantes discusiones con su superiora de CABA.
Por su parte, la obra social empleadora explicó que la trabajadora había tenido algunos incumplimientos. Al referir el incidente, aseguró que la superiora «atento al tenor de la conversación telefónica antes referida y la virulencia con la que se expresaba la trabajadora, colocó el teléfono en modo altavoz para que las personas presentes en la Sede Buenos Aires de la Obra Social pudiesen escuchar lo que se decía y ser testigos de ello».
Sostuvo que los insultos proferidos motivaron que se informara al Consejo Directivo de la Obra Social, que tomó la decisión del despido «con justa causa».
En el proceso los jueces laborales escucharon a testigos directos e indirectos del incidente, más los mencionados por las partes.
Para la Cámara, no se pudo probar que hubiera incumplimientos anteriores por parte de la trabajadora, por lo que rechazaron esa razón como causal de despido.
Sin embargo, los insultos fueron refrendados por testigos, ya que el teléfono estaba en altavoz. «El hecho reviste una gravedad tal que justifica el despido dispuesto», explicó el fallo. En efecto, «la agresión verbal efectuada en forma telefónica por la dependiente a su superior constituye a todas luces un episodio de violencia laboral ascendente que incluye discriminación a una persona que padecería una enfermedad».
Por último, la Cámara hizo lugar al reclamo por diferencias salariales y ordenó el pago de las mismas.
En su apelación al STJ la trabajadora argumentó que la sentencia había sido arbitraria. El máximo Tribunal indicó que «el escrito recursivo sólo se limita a plantear su disconformidad con el criterio de la Cámara, reiterando los argumentos del recurso de inaplicabilidad de ley oportunamente presentado, sin aportar argumentos suficientes para demostrar el error de lo decidido por ella en su rechazo».
Ratificó la doctrina del propio STJ. «Cabe recordar que los jueces laborales son soberanos en la apreciación de las pruebas, tarea en la que solo están limitados por la prudencia jurídica y en la que pueden, según su arbitrio, escoger los elementos de juicio prefiriendo unos y desechando otros, otorgándole la jerarquía que en cada caso les corresponda».
Concluyó que «el juez apoya su decisión en el testimonio aportado por una de las personas comprendidas en las generales de la ley, da fundamento del motivo que lo llevó a establecer la veracidad del mismo, y además a ello sumó lo testificado por otras personas citadas al efecto; por tal motivo, no encuentro demostrado que la sentencia casada transgreda las leyes de la lógica y constituya un supuesto de absurdidad».
Judiciales
Le hackearon el WhatsApp a su socio y perdió $5,8 millones en una falsa operación cambiaria
La mujer realizó dos transferencias a una cuenta de un tercero, luego de recibir una oferta de dólares desde el número de WhatsApp de su socio. La Justicia ordenó retener los fondos y pasarlos a una cuenta judicial.

Una mujer de Cipolletti transfirió $5,8 millones para comprar dólares a quien creía que era su socio, pero luego descubrió que un tercero tenía el control del teléfono de él. Tras la denuncia penal y el reclamo ante el banco, la Justicia ordenó retener los fondos y transferirlos a una cuenta judicial.
La operación comenzó cuando la mujer recibió un mensaje de WhatsApp desde el número de su socio, quien le ofrecía venderle dólares. Como ya había realizado una compra de esa moneda con él en otra oportunidad, la propuesta no le generó sospechas. Sin embargo, su interlocutor insistió en que el pago se hiciera mediante una transferencia a una cuenta de una tercera persona en el Banco de Galicia. La mujer realizó dos depósitos.
Al día siguiente se enteró de que el teléfono de su socio había sido hackeado. Entonces realizó una denuncia penal y presentó un reclamo ante la entidad bancaria. El banco congeló preventivamente los fondos porque la titular de la cuenta receptora no había justificado su origen, aunque advirtió que no podía devolverlos sin una orden judicial.
Ante esa respuesta, la mujer acudió a la Unidad Jurisdiccional Civil N° 9 de Cipolletti y solicitó una medida autosatisfactiva para recuperar el dinero de manera inmediata.
El juez no ordenó la devolución directa sin antes escuchar a la titular de la cuenta de destino. Explicó que este tipo de medida produce efectos definitivos y que, por ese motivo, debe garantizarse el derecho de defensa de la otra parte.
Sin embargo, hizo lugar al pedido subsidiario para resguardar el dinero. Consideró verosímil que la titular de la cuenta hubiera recibido un pago sin ser acreedora de quien lo realizó y que la operación se hubiera concretado mediante un ardid. Señaló que el Código Civil y Comercial de la Nación contempla la restitución en ambos supuestos. También tuvo en cuenta que el congelamiento preventivo dispuesto por el banco no contaba con respaldo judicial y podía levantarse en cualquier momento.
La resolución ordenó a la entidad bancaria retener los fondos y transferirlos a una cuenta judicial. Además, estableció un plazo de 10 días para que la titular de la cuenta receptora explique la causa de los depósitos.
Si no se presenta ni formula oposición dentro de ese período, se tendrán por ciertos los hechos relatados y se ordenará transferir el dinero a la mujer. No obstante, como existe una investigación penal por el mismo hecho, la entrega de los fondos quedará supeditada a un informe del Ministerio Público Fiscal.
Judiciales
Una abuela de Roca logró que la Justicia fijara una cuota alimentaria provisoria para su nieta
La mujer, que convive con la niña y se ocupa de su cuidado, inició una demanda contra ambos progenitores. La jueza estableció que cada uno aporte el 20% de sus ingresos, con un mínimo equivalente al 70% del salario mínimo.

Una abuela materna de General Roca logró que la Justicia fijara una cuota alimentaria provisoria para su nieta, una niña que vive con ella y de cuyo cuidado se ocupa. La mujer había iniciado una demanda contra ambos progenitores para que contribuyeran económicamente con las necesidades básicas de la pequeña.
Además del reclamo alimentario, la abuela inició otro proceso judicial para obtener la guarda de la niña. En su presentación explicó que la madre trabaja en otra provincia y percibe un salario mensual, mientras que el padre realiza trabajos ocasionales. Por ese motivo, solicitó que ambos aportaran un porcentaje de sus ingresos, con un mínimo equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
El fuero de Familia de Roca hizo lugar parcialmente al pedido y estableció que cada progenitor deberá aportar el 20% de sus ingresos totales, luego de los descuentos obligatorios de ley. También fijó para cada uno un monto mínimo equivalente al 70% del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Para resolver, la jueza tuvo en cuenta el carácter urgente de los alimentos provisorios y el derecho de la niña a recibir asistencia económica de sus padres. Consideró, además, que el proceso de guarda iniciado por la abuela constituye un indicio suficiente del derecho que reclama, lo que permite adoptar una medida preventiva sin esperar a contar con todas las pruebas ni a una sentencia definitiva.
La magistrada explicó que el objetivo es evitar que la demora del proceso judicial perjudique a la niña. En esta etapa, señaló, no corresponde realizar un análisis exhaustivo de las pruebas, ya que esa evaluación se llevará adelante antes de dictar la sentencia definitiva. También valoró que los progenitores todavía no habían contestado la demanda y que el Defensor de Menores se había pronunciado a favor de establecer una cuota provisoria.
La resolución aclaró que los montos podrán aumentar o reducirse durante el proceso si se presentan nuevas pruebas que justifiquen una modificación. La cuota definitiva se determinará luego de analizar la situación económica de ambos progenitores y los demás elementos incorporados al expediente.
Por último, se dispuso que los aportes deberán depositarse entre los días 1 y 10 de cada mes en una cuenta judicial. La jueza ordenó su apertura y la gestión de una tarjeta de débito para la abuela. La cuenta tendrá como único destino el depósito de las cuotas alimentarias y las asignaciones familiares.
Judiciales
Imputaron a una mujer por el choque en el que murió Omar Moreno en la Ruta 22
La Fiscalía sostuvo que la conductora realizó un adelantamiento en un sector con doble línea amarilla y se interpuso en el carril por el que circulaban las víctimas.

Una mujer quedó imputada por el accidente de tránsito ocurrido en mayo de este año sobre la Ruta Nacional N° 22, a la altura del puente ubicado en el ingreso a Colonia Fátima, en el que murió Omar Edgardo Moreno y dos mujeres sufrieron lesiones graves.
Durante la audiencia realizada este viernes (13/11), la fiscal Verónica Villarruel explicó que, de acuerdo con la acusación, el siniestro ocurrió alrededor de las 10.27, cuando la imputada circulaba en un Peugeot 307 en sentido este-oeste e inició una maniobra de adelantamiento en un sector demarcado con doble línea amarilla. Según detalló la representante del Ministerio Público Fiscal, la conductora se habría acercado a una camioneta para sobrepasar a dos automóviles y un camión, invadiendo de esa manera el carril por el que circulaban las víctimas.
Ante esa situación, Moreno intentó evitar la colisión y se desplazó hacia la banquina sur. La imputada también realizó una maniobra hacia ese sector. La Fiscalía sostuvo que, como consecuencia de una conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria, y de no mantener el dominio efectivo del vehículo, se produjo el choque que terminó con la vida del hombre. Tanto la mujer que lo acompañaba como la persona que viajaba junto a la imputada sufrieron lesiones graves.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se encuentran el acta de procedimiento del Cuerpo de Seguridad Vial de General Roca, certificados médicos, informes de los peritos mecánicos sobre el Peugeot 307 y el Ford Focus involucrados, y el relevamiento realizado por la Delegación de Cervantes del Gabinete de Criminalística.
También se incorporaron pericias accidentológicas sobre las velocidades aproximadas de los vehículos al momento del impacto y la mecánica del hecho, un video extraído de un taxi que circulaba por la ruta en ese momento y las entrevistas al camionero que habría sido sobrepasado y al conductor del taxi. A esto se sumaron informes del Cuerpo de Investigación Forense sobre la víctima fatal y las lesiones que presenta la mujer que continúa bajo tratamiento médico.
La querella adhirió a lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal y la defensa particular no formuló objeciones.
Finalmente, la jueza de Garantías Claudia Lemunao tuvo por formulados los cargos por homicidio culposo doblemente agravado por la conducción de un vehículo automotor y con culpa temeraria, en concurso ideal con lesiones graves culposas triplemente agravadas por la conducción de un vehículo automotor, con culpa temeraria y pluralidad de víctimas (dos víctimas), conforme a los artículos 54, 84 bis, segundo párrafo, y 94 bis, segundo párrafo, del Código Penal.









