Judiciales
Avanza el juicio oral por presunta defraudación al Ipross
Ya declararon más de 20 testigos. Se analiza la responsabilidad penal de tres propietarios de farmacias de Roca y de una ex auditora del Colegio de Farmacéuticos.
Con la declaración de más de 20 testigos, se completaron las primeras 17 jornadas de audiencia del juicio oral y público contra cuatro personas acusadas de defraudar a la obra social provincial IPROSS a través de presuntas ventas simuladas de medicamentos.
En el debate se analiza la responsabilidad penal de tres propietarios de farmacias de Roca y de una ex auditora del Colegio de Farmacéuticos. Los hechos que se investigan habrían ocurrido entre diciembre de 2013 y abril de 2019 y habrían reportado pérdidas económicas multimillonarias para la obra social estatal.
El Tribunal de Juicio está integrado por la jueza Laura Pérez y los jueces Oscar Gatti y Luciano Garrido. La Oficina Judicial Penal de Roca previó que el debate demandará más de 45 jornadas de audiencias para la exposición de los testimonios, las pericias y los alegatos de todas las partes. Es por eso que también se designó a la jueza Claudia Lemunao como magistrada suplente del Tribunal, habilitada para actuar ante cualquier eventualidad que pueda surgir a lo largo del extenso cronograma.
Audiencias
El debate comenzó el pasado 27 de junio y avanzó con un promedio de cuatro jornadas semanales de hasta ocho horas de duración, inclusive en la feria judicial de invierno. Durante el receso hubo ocho audiencias, en las que se recibieron 17 declaraciones testimoniales. Una de ellas demandó tres días, pues el testigo debió reconocer y brindar detalles sobre una gran cantidad de documentos.
Para la próxima semana se prevé la declaración testimonial de más de 25 personas, muchas de las cuales lo harán en forma remota por encontrarse en Viedma.
Sin embargo, la planificación semanal de las audiencias y la organización de cada uno de los testimonios que realiza la Oficina Judicial Penal está sujeta a permanentes modificaciones, en atención a convenciones, desistimientos de testigos o consideraciones particulares que van acordando la fiscalía, la querella y las defensas durante el desarrollo de cada audiencia.
La nómina actual de testigos tiene más de 350 personas, entre las cuales hay pacientes de Ipross, dueños y empleados de farmacias, agentes de la obra social y funcionarios de distintas áreas del gobierno provincial. También hay numerosos peritos y expertos que abordarán la prueba informática, contable, caligráfica y criminalística, entre otras especialidades.
La acusación está a cargo de la fiscal jefa Teresa Giuffrida y los fiscales del caso Gastón Britos Rubiolo y Marcelo Ramos. La querella, en nombre del Estado provincial como damnificado, está a cargo del abogado de Fiscalía de Estado Federico Rosbaco. Las defensas particulares están a cargo de la abogada Patricia Espeche y del abogado Carlos Vila.
Las imputaciones que se analizan en el juicio oral son por el presunto delito de “estafas reiteradas, agravadas por haber sido cometidas en perjuicio de la administración pública, todo en concurso real” y en carácter de coautores. A cada persona imputada se le atribuye un número distinto de hechos (entre 107 y 614) presuntamente cometidos de manera individual.
Condena firme
Por la misma imputación, en un total de 118 hechos, dos ex propietarias de farmacias de Roca ya se encuentran condenadas a tres años de prisión condicional, con sentencia firme, tras haber aceptado su responsabilidad en un juicio abreviado realizado en septiembre del año pasado. Con el acuerdo de la fiscalía, la parte querellante y la defensa, se homologó la pena respecto de ambas, más las reglas de conducta y las costas del proceso.
Las reglas de conducta que deberán cumplir por tres años, bajo apercibimiento de convertirse la pena en prisión efectiva en caso de incumplimiento, incluyen la prohibición de salir del país sin autorización judicial, presentaciones regulares ante el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados, la prohibición de integrar cualquier empresa, organismo o institución civil que guarde relación directa o indirecta con el rubro farmacéutico, la prohibición de realizar contrataciones de cualquier tipo con el Estado nacional, provincial y/o municipal y la orden de mantener la inhibición general de sus bienes.
Judiciales
Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
Judiciales
Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva
El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».
El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».
La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».
Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».
Judiciales
Ordenaron la captura nacional e internacional de uno de los fugados de la Comisaría 3° de Roca
Se trata de Luca Nicolás Torres, uno de los acusados del crimen de Julián Dobra.
Este mediodía (04/12), tras la notificación de la fuga de la Unidad Policial de uno de los imputados que cumplía prisión preventiva en el legajo donde se investiga el homicidio de Julián Dobra, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se ordene su captura nacional e internacional. Se trata de Luca Nicolás Torres, de 18 años de edad.
«Alrededor de las 2.05 de la madrugada recibimos la información del personal de la Comisaria que dos personas se habían dado a la fuga. Una de ellas es este imputado, que inmediatamente se dispuso la búsqueda con la Brigada Judicial de investigación y con canes», explicó el fiscal del caso.
El otro fugado es Ramiro Ezequiel Sosa, quien se encontraba cumpliendo una pena efectiva desde el 20 de octubre de este año, tras haber sido detenido por una causa de robo.
«Solicitamos que se libren los oficios pertinentes tanto a la Policía Federal, a Interpol, a Gendarmería Nacional, policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Nacional y Jefatura de Policía de Río Negro», detalló la Fiscalía.
La querella adhirió al pedido, no hubo objeciones por parte de la defensa penal pública. El juez de Garantías resolvió en el mismo sentido que lo solicitado.
