Judiciales
Falleció un empleado y el Municipio ofreció pagar la indemnización en 35 meses: Fallo a favor de la familia
La comuna deberá abonar la indemnización por fallecimiento, con sus respectivos intereses.
Un empleado municipal de Río Colorado falleció mientras aún trabajaba en la comuna. Había pertenecido a la planta permanente durante más de 36 años. Una Ordenanza de la ciudad establece que en caso de muerte, los herederos deben recibir el equivalente a un sueldo por cada año de antigüedad del trabajador fallecido, a pagar dentro de los 20 días del deceso.
Sin embargo, argumentando cuestiones presupuestarias y de usos y costumbres, el Municipio ofreció pagar 35 sueldos mensuales consecutivos, con sus respectivas actualizaciones.
La familia del empleado fallecido no aceptó, realizó los reclamos administrativos necesarios y finalmente inició una demanda en el fuero laboral.
En la presentación sostuvo que «en su oportunidad, el Municipio les comunicó que no se les pagaría toda la indemnización, sino que mes a mes se abonaría un sueldo, durante 35 meses». Esto, según su óptica, «desvirtúa lo establecido por la norma municipal» y los somete «a la desvalorización monetaria a consecuencia de la inflación».
Explicaron que la norma es clara y que «si en otros casos se ha abonado la indemnización por mes, ello pudo ser acordado pero no es obligatorio».
Por su parte, el Municipio de Río Colorado planteó «la inconstitucionalidad del art. 28 del Escalafón para los Obreros Municipales de Río Colorado, Anexo I de la Ordenanza nº 1783/15, en cuanto sostiene que la indemnización por fallecimiento debe abonarse dentro de los 20 días de ocurrido el deceso».
Según su argumentación, la norma «obliga a la realización de un gasto sin su previa inclusión en el presupuesto. De ningún modo puede realizar erogaciones no previstas en el presupuesto».
Reiteró el ofrecimiento del pago mensual, con las actualizaciones correspondientes. Explicó que «en ninguna oportunidad se abonó la indemnización de acuerdo a esta norma y siempre se realizó como se ofreció a los actores (1 sueldo por mes, durante 34 meses)». Este mecanismo no altera el presupuesto porque la remuneración del empleado fallecido ya estaba incluida en el Presupuesto.
El fallo
La Cámara Primera del Trabajo de General Roca analizó, en primer término, el artículo 26 de la Ordenanza en cuestión. «Los derechohabientes de un agente fallecido percibirán una indemnización de acuerdo a lo siguiente: el 100% por cada año de servicio, con un mínimo de 5 años».
La norma refiere que el Municipio podrá contratar seguros que cubran los riesgos emergentes de las indemnizaciones y compensaciones a su cargo, establecidas por el estatuto municipal, sin cargo para el agente.
El artículo 28 expresa que «el importe de las indemnizaciones previstas en el presente Estatuto, se abonarán dentro de los 20 días de producido el hecho que las genere».
En cuanto a la imprevisión del gasto, el fallo explica que «si bien resulta incierto que un trabajador pudiere o no fallecer durante la vigencia de la relación laboral de empleo público, esta circunstancia resulta una posibilidad y por ende la consecuencia previsible para el Municipio».
De esta manera, rechazaron la inconstitucionalidad y ordenaron al Municipio de Río Colorado a abonar la indemnización por fallecimiento, con sus respectivos intereses.
Judiciales
Fueron halladas la mujer embarazada de siete meses y a su hija de 2 años
Habían sido vistas por última vez el domingo alrededor de las 15 horas.
La búsqueda de una mujer de 37 años, embarazada de siete meses, y de su hija de apenas 2 años quedó formalmente desactivada luego de que fueran halladas en buen estado de salud.
La mujer había sido visto por última vez el domingo (13/09) alrededor de las 15 horas junto a su hija, cuando se dirigían a la plaza La Esperanza. Desde entonces, el último contacto registrado había sido a través de WhatsApp a las 19.21, dato que generó preocupación entre sus familiares.
A partir de la denuncia comenzó la reconstrucción del posible recorrido realizado por madre e hija y se activaron los recursos destinados a establecer dónde se encuentran. En las tareas participaron efectivos de la Brigada de Investigaciones y personal especializado con perros adiestrados.
Finalmente, pasado el mediodía de hoy (15/09) fueron halladas en buen estado de salud, se las trasladó a la Subcomisaría 69° y tomó intervención la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) debido a que hay una menor involucrada.
Judiciales
Se divorciaron en España y 17 años después lograron inscribir la sentencia en Río Negro
La sentencia había sido dictada por un juzgado español en diciembre de 2009. Para que tuviera efectos en Argentina, fue necesario realizar un procedimiento de reconocimiento judicial.
Una pareja que se había casado en Chimpay logró que la Justicia de Río Negro reconociera e inscribiera una sentencia de divorcio dictada en España hace 17 años.
La pareja se había radicado en España y, con el paso del tiempo, decidió poner fin a la vida en común. En diciembre de 2009, un juzgado de Palma de Mallorca dictó la sentencia que formalizó el divorcio de mutuo acuerdo.
Si bien la decisión tenía plena vigencia en España, para que también produjera sus efectos en Argentina era necesario realizar un procedimiento de reconocimiento judicial de la sentencia extranjera.
El hombre se presentó ante el Poder Judicial y solicitó la inscripción del divorcio ante el Registro Civil y Capacidad de las Personas de Río Negro. Durante el trámite, la mujer prestó su conformidad expresa con el pedido.
Entre la documentación incorporada al expediente se presentó el testimonio de la sentencia dictada en España, acompañado por el correspondiente certificado de La Haya, destinado a acreditar la autenticidad del documento público extranjero.
Una jueza de Familia de Luis Beltrán hizo lugar a la solicitud y ordenó inscribir la sentencia de divorcio en el Libro de Extraña Jurisdicción del Registro Civil provincial.
Para resolver, el fallo tuvo en cuenta la Ley Nacional N° 26.413, que contempla la inscripción de matrimonios y de las sentencias que los disuelven cuando fueron dictadas en otros países y cumplen con las exigencias legales. También se consideraron las disposiciones del Código Civil y Comercial referidas a los actos celebrados en el extranjero y la Convención de La Haya sobre apostilla.
La magistrada señaló que «no se advierte la existencia de alguno de los impedimentos previstos en el Código Civil y Comercial». Además, destacó que tanto el Registro Civil como el Ministerio Público Fiscal se pronunciaron sin objeciones sobre la procedencia del trámite.
El procedimiento de reconocimiento o ejecución de una sentencia extranjera permite que una decisión judicial dictada en otro país produzca los efectos correspondientes en Argentina. En este caso, no se volvió a discutir el divorcio, sino que se verificó que la resolución española reuniera las condiciones necesarias para ser reconocida e inscripta en el país.
Con todos los recaudos cumplidos y la conformidad de ambas personas divorciadas, la Justicia provincial ordenó finalmente la inscripción de la sentencia.
Judiciales
Un adolescente de 16 años quedó imputado por el homicidio de Mauricio Molinez
Según la Fiscalía, dos personas habrían pasado en moto frente al domicilio donde estaba la víctima y efectuado disparos. Un hombre mayor de edad también tiene pedido de captura.
Un adolescente de 16 años quedó imputado por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Mauricio Sebastián Molinez, de 19 años, ocurrido durante la noche del 9 de septiembre en General Roca.
La Fiscalía había solicitado un allanamiento con orden de detención del adolescente. Durante la audiencia, el joven fue asistido por un defensor de menores penal.
El fiscal Daniel Zornitta solicitó como medida cautelar la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, bajo responsabilidad de su padre, para evitar que abandone el domicilio hasta que se concrete la formulación de cargos. La Fiscalía fundamentó el pedido en la existencia de riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación.
Según explicó el Ministerio Público Fiscal, en el domicilio donde se encontraba la víctima fatal también había al menos dos menores. De acuerdo con la hipótesis investigada, entre las 20 y las 23 dos personas habrían pasado en una motocicleta frente a la vivienda y efectuado disparos que provocaron la muerte de Molinez. Uno de los involucrados es el adolescente y el otro, un hombre mayor de edad, tiene un pedido de captura vigente.
La Fiscalía informó además que se realizaron otros allanamientos, en los que fue posible encontrar una motocicleta y otros elementos de interés para la causa.
Entre las evidencias reunidas se encuentra el informe de autopsia, durante la cual se extrajo un proyectil que será sometido a peritaje. También se cuenta con un informe preliminar del Gabinete de Criminalística, cuyos integrantes levantaron vainas servidas en el lugar y constataron impactos de disparos en el frente de la vivienda.
La Brigada de Investigaciones trabajó en la toma de declaraciones testimoniales y en la recepción de evidencias.
Durante la audiencia, la Fiscalía señaló además que algunos testigos tendrían temor de brindar su versión de lo ocurrido, situación que fue incorporada como uno de los fundamentos para solicitar las medidas cautelares.
Finalmente, el juez de Garantías Julio Martínez Vivot resolvió en el mismo sentido que lo solicitado por la Fiscalía y dispuso la prisión domiciliaria con tobillera para el adolescente.
Por tratarse de un menor de edad, no se brindan nombres, domicilios, imágenes ni otros datos que permitan identificarlo, ni precisiones que puedan afectar sus derechos de intimidad y privacidad.
