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Para ATE es «insuficiente» y reclaman que «la suma fija no sea absorbida por la inflación»
Además, Rodolfo Aguiar exigió que se elimine el tope para que la puedan percibir todos los trabajadores y trabajadoras.
Convocada por el Sector Público Nacional, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) participó de una nueva reunión paritaria en la sede de Callao del Ministerio de Trabajo de la Nación. En representación del sindicato estuvieron Rodolfo Aguiar, secretario general electo, Mercedes Cabezas, secretaria general Adjunta Electa, Flavio Vergara, secretario electo de la Secretaría de Convenios Colectivos, Julia Scarenci Paritaria Nacional, y Mariana Amartino, asesora legal de ATE.
Durante el encuentro, se hizo énfasis en el bono anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, de un incremento de salarios no remunerativo, por única vez y a cuenta de futuros aumentos en las discusiones paritarias de $60.000 en dos cuotas mensuales para los trabajadores estatales que cobren hasta $400.000.
Además, el Gobierno informó que ambas cuotas serán abonadas durante la primera quincena de septiembre y octubre.
Sin embargo, la postura de ATE fue que «el bono es insuficiente porque no alcanza a recomponer la situación salarial y además debería quedar por fuera de la paritaria como suma fija que establezca un piso para nuevos aumentos».
Luego de la reunión Rodolfo Aguiar, señaló que «hemos ratificado la insuficiencia de los anuncios efectuados por el ministro de Economía y reclamado que la suma se transforme en un refuerzo antiinflacionario. No puede formar parte de la paritaria. Además, se tiene que eliminar el tope para los salarios de $400.000. De lo contrario, será discriminado un universo muy grande de trabajadores de la administración pública. Así como está planteado, más de la mitad no lo cobrará».
En este sentido, el dirigente además agregó que «hasta ahora, los anuncios efectuados desde la cartera de Economía no fueron los esperados. El Gobierno tiene que mostrar rápidamente reacción y tener la voluntad de seguir proponiendo medidas para la recuperación de los ingresos».
Por su parte, Mercedes Cabezas indicó que «primero reiterar el pedido de que quienes participaron de los concursos de planta permanente no son solo compañeros que pasan a planta sino que son personas a las que se les resuelve una situación de injusticia que es casi estructural y es un plan de regularización del empleo, por lo tanto no deberían tener que esperar un año para ser estables».
En este sentido Cabezas agregó que «a los compañeros y compañeras además de los aumentos lo que les preocupa es que si no pasan a planta se quedan en la calle. Muchos trabajadores y trabajadoras son reincorporados, despedidos durante la gestión de Macri y tardaron cuatro años en volver al Estado, a sus puestos de trabajo. Por lo que es una situación muy delicada».
Por último señaló que «pedirles también que transmitan, que es muy complejo que esto sea bien entendido por los trabajadores y trabajadoras si la resolución de la paritaria no sale. Valoramos la apertura pero no alcanza».
Por último, Flavio Vergara también se refirió a la propuesta insuficiente. «Quiero hacer una consideración de carácter político que excede el marco de lo que es la paritaria en sí. Nosotros estamos en un momento post PASO donde hay un riesgo alto de que estas mesas se transformen en un lugar hostil. Donde se achique el Estado, haya despidos y que se transforme en un ambiente desagradable, pero además dónde va a correr el riesgo la vida laboral de muchos compañeros y compañeras», sostuvo.
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ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
