Judiciales
Denuncias por violencia de género: Río Negro aplicará el sistema URGE
Río Negro se convierte en la primera provincia en aplicar un sistema de este tipo.
Ayer (19/09) se presentó en el Salón Gris de la Casa de Gobierno, el Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género (URGE). De esta manera, Río Negro se convierte en la primera provincia en aplicar un sistema de este tipo.
El acto protocolar estuvo encabezado por la ministra de Seguridad y Justicia, Betiana Minor, acompañada por la directora Nacional de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad de la Nación, Zaida Gatti; el ministro de la Jefatura de Gabinete, Pablo Zúccaro; el secretario de Justicia, Mariano Sacchetti, y el jefe de la Policía de Río Negro, Osvaldo Tellería. También estuvieron presentes la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Roxana Méndez; la secretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Luz Val Heredia, y el jefe de Gabinete de la municipalidad de Viedma, Marcos Castro, entre otras autoridades provinciales, policiales y representantes del Poder Judicial.
Por otra parte, durante la jornada de ayer y hoy (20/09), la Dirección Nacional de Políticas de Género estará realizando la capacitación respecto al sistema que tiene como objetivos homogeneizar la actuación de la Policía y fuerzas de seguridad para la toma de denuncias y atención ciudadana, y reunir en un solo sistema, toda la información relevante de las denuncias recepcionadas.
Zaida Gatti destacó que el objetivo final del sistema es prevenir femicidios. «El registro único de denuncias se crea para que todas las comisarías de todo el país, de cada jurisdicción, de cada provincia de nuestro país pueda tomar de manera unificada una denuncia por casos de violencia basada en género. Esto va a arrojar por medio de un algoritmo una situación de riesgo, y esto es muy importante porque la situación de riesgo que conlleva para la víctima esa denuncia que está haciendo, inmediatamente se va a reflejar en el sistema, inmediatamente va al Poder Judicial o a la Fiscalía que esté de turno para actuar con las medidas que tenemos que actuar», sostuvo.
Gatti explicó que el sistema URGE interactúa con bases como el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales que a la vez hace lo propio con bases del RENAPER, al tiempo que agradeció a las autoridades rionegrinas por el trabajo en conjunto. «Lo difícil de trabajar en un país federal es implementar estos sistemas pero lo maravilloso de trabajar en un país federal es cuando podemos sentarnos, hablar, conversar y trabajar de manera mancomunada», señaló.
Por su parte, la ministra Minor celebró la implementación del sistema y que sea Río Negro la primera provincia en hacerlo. «El Ministerio basó su gestión, no solo en el paradigma de cuidado y de control, sino también en la modernización y profesionalización permanente». En ese sentido resaltó que «esta es una muestra más del cumplimiento de las metas trazadas y al respecto agregó que era fundamental que las Comisarías de la Familia también pudieran tener su denuncia digital, no solamente por todos los beneficios en el marco de tramitación de las causas «sino también para las respuestas que podemos darle a todas las mujeres que sufren violencia en la provincia de Río Negro».
A su vez, Minor manifestó que «hoy es una realidad que Río Negro sea la primera provincia en implementar el Sistema Único de Denuncia, eso es un orgullo para Río Negro pero también es una gran responsabilidad para nosotros porque tenemos que comenzar a transitar el camino todas las Comisarías de la Familia, las unidades de orden público en interacción con el Poder Judicial, con el Ministerio Público Fiscal y con los equipos técnicos».
Judiciales
Condenaron a 10 años de prisión al cuarto acusado por el homicidio de Oscar Ripari
El brutal hecho ocurrió en diciembre del año pasado en la zona norte de Roca, en una vivienda ubicada lindante a una carnicería.
El último imputado por el homicidio de Oscar Ripari, ocurrido en diciembre del año pasado en General Roca, fue condenado a 10 años de prisión tras reconocer su participación en el hecho, al igual que los otros tres coautores ya sentenciados.
La calificación legal aceptada fue la de homicidio en ocasión de robo, según los artículos 45 y 165 del Código Penal.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía en el acuerdo abreviado se destacan los procedimientos realizados por el personal de la Comisaría 21°, múltiples allanamientos, entrevistas testimoniales, informes del Departamento de Informática Forense del Poder Judicial y de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (O.I.Tel.) de Procuración General, además del análisis de celulares secuestrados y las imágenes captadas por las cámaras del 911.
El hecho ocurrió el 10 de diciembre de 2024, minutos antes de las 4.20, en una vivienda ubicada sobre Cardenales casi San Juan, margen sur, lindante a la carnicería La Familia.
Según la investigación, el imputado -junto a los demás condenados- ingresó sin autorización al domicilio de la víctima con fines de robo, tras violentar varias puertas. Una vez dentro, golpearon a Ripari, provocándole una hemorragia interna por desgarro del bazo, lesión que le causó la muerte horas después.
Posteriormente, los agresores sustrajeron la billetera del hombre, dinero en efectivo, tarjetas, su celular y mercadería de la carnicería, entre ellas unos 10 costillares de carne y varias cajas de pollo, que fueron trasladadas a una vivienda alquilada por uno de los involucrados.
Tras un cuarto intermedio, y con el acuerdo de las partes de renunciar a los plazos procesales, el Tribunal Colegiado condenó al hombre de 32 años a 10 años de prisión, más las accesorias legales, costas y la declaración de reincidencia que ya registraba.
De esta manera, el condenado comenzó a cumplir la pena desde este viernes (17/10).
Judiciales
Imputaron a la dueña de una agencia de viajes que vendía traslados a Italia que nunca se realizaron
La mujer está bajo investigación del Ministerio Público Fiscal. Se ordenó la inhibición de bienes y la presentación diaria ante la Justicia.
Ayer (17/10) por la tarde, el Ministerio Público Fiscal de General Roca solicitó la aplicación de estrictas medidas cautelares contra una mujer investigada por presunta estafa en la venta de viajes al exterior.
Según la acusación, el hecho bajo investigación habría ocurrido entre octubre de 2024 y agosto de 2025, en un local ubicado sobre calle Mitre 930 de Roca, donde la imputada -representante de una empresa de viajes Lola Tour se habría ganado la confianza de un grupo de personas a las que ofreció paquetes turísticos a Italia.
De acuerdo con la Fiscalía, la mujer emitía comprobantes falsos y aparentaba tener la capacidad para brindar el servicio. Sin embargo, nunca gestionó los pasajes ni las reservas de alojamiento, y llegada la fecha del viaje, éste no se concretó.
Las víctimas, integrantes de un grupo de estudio, habrían abonado la totalidad del paquete, sin recibir el reintegro del dinero pese a los reclamos reiterados. «De esa manera, les ocasionó un perjuicio patrimonial significativo», explicó la representante fiscal durante la audiencia.
Entre las pruebas reunidas por el Ministerio Público se encuentran 15 denuncias formales, testimonios, el allanamiento de la vivienda de la acusada y el secuestro de documentación vinculada a las operaciones.
Tras el pedido del Ministerio Público Fiscal, la jueza interviniente ordenó la inhibición general de todos los bienes de la mujer, el bloqueo de sus cuentas bancarias y la obligación de presentarse diariamente en la Fiscalía.
En caso de incumplir las medidas impuestas, la Fiscalía podrá solicitar una nueva audiencia para evaluar sanciones más severas y garantizar el avance de la causa.
Judiciales
Pagó las 84 cuotas de un plan de ahorro y nunca le entregaron el vehículo
La empresa tendrá que devolverle el dinero e indemnizarlo por el incumplimiento.
Un hombre de Cipolletti se inscribió a un plan de ahorro con la expectativa de adquirir un Volkswagen Fox cero kilómetro. Abonó cada una de las 84 cuotas pero nunca le entregaron el vehículo. Impulsó un reclamo civil y obtuvo una sentencia favorable: la empresa tendrá que devolverle el dinero e indemnizarlo por el incumplimiento.
El plan, de tipo 70/30, se orientaba a la adquisición de un Volkswagen Fox Confortline, cinco puertas, motor 1.6. El contrato preveía 84 pagos mensuales y una vez cancelado, la empresa debía adjudicar el vehículo si el adherente cumplía con los requisitos establecidos. El ciudadano completó todos los pagos en marzo de 2017 y solicitó la unidad en varias oportunidades, sin obtener respuesta.
Ante la falta de información, remitió dos cartas documento. En la primera, pidió detalles sobre el procedimiento y los datos para concretar el pago del 30% restante. En la segunda, intimó a la empresa a entregarle el vehículo o devolverle las sumas abonadas. Ninguna de las misivas fue respondida.
La jueza del caso concluyó que el contrato se resolvió por un incumplimiento imputable a la empresa. Determinó que no existió comunicación fehaciente hacia el adherente sobre los sorteos, los requisitos para la adjudicación ni el resultado de la liquidación final. Tampoco surgió prueba alguna de que la firma hubiera notificado al consumidor sobre el avance o finalización del plan.
El fallo ordenó la devolución del total de las cuotas abonadas, con intereses desde la fecha de cada pago. También reconoció una indemnización por la privación de uso del rodado, al establecer que el ciudadano mantuvo durante más de un año la expectativa legítima de acceder al vehículo.
La sentencia incluyó una compensación por daño moral: valoró la frustración causada por el incumplimiento, luego de siete años de aportes cumplidos. Destacó la ausencia total de información por parte de la empresa, incluso después de las intimaciones formales.
Finalmente, la resolución impuso una multa por daño punitivo. La jueza consideró que la empresa actuó con desinterés frente a los derechos del consumidor y con un nivel de desinformación que justificó la sanción prevista por la Ley de Defensa del Consumidor.
La sentencia es de primera instancia y el fallo no está firme porque puede ser apelado. La empresa condenada es Volkswagen S.A de ahorro para fines determinados.
