Judiciales
Por un problema de salud no pudo asistir a su trabajo: Dejaron de pagarle el salario y el aguinaldo
Una confitería deberá abonar indemnización doble, y multas por obligar al trabajador a reclamar para cobrar lo que le correspondía, por el despido sin causa y por retener aportes.
Un trabajador de Cipolletti se consideró despedido luego de que los propietarios dejaran de pagarle sus salarios en diciembre, enero y el medio aguinaldo. Se desempeñó como mozo en una confitería de la calle Roca por casi 33 años y ahora la Cámara Laboral condenó a la sociedad a pagarle una suma considerable de dinero en concepto de indemnización.
Surgió del juicio laboral que el mozo sufrió un gravísimo problema de salud y debió acudir a una licencia por enfermedad. Sin embargo, la parte empleadora le exigió reincorporarse y como él no accedió dejaron de abonarle el salario entre diciembre de 2019 y enero de 2020. Eso incluyó también el porcentaje del sueldo anual complementario.
El trabajador se consideró despedido y el caso se judicializó. Durante el trámite se acreditó que la confitería había pasado por varias administraciones pero siempre la sociedad mantuvo el vínculo laboral con el mozo, quién acumuló casi 33 años de antigüedad.
«La falta de pago de los haberes del dependiente que recae como la obligación principal y primordial en cabeza del empleador, resulta de suma gravedad dada la estructura alimentaria que reviste para el trabajador su salario, por lo tanto configura una gravísima injuria que por sí sola autoriza a éste a considerarse despedido justificadamente (despido indirecto)», surge del fallo de la Cámara Laboral.
En otras palabras, el trabajador se «ajustó a derecho» al considerarse despedido después de advertir que no le habían depositado el salario. Luego de la licencia por enfermedad, el hombre tomó una licencia psicológica porque no había terminado de recuperarse de su problema de salud. Ese último certificado contemplaba el periodo desde diciembre de 2019 hasta febrero de 2020.
La sentencia hizo lugar al reclamo. En consecuencia la indemnización contempla las diferencias salariales por antigüedad, por despido sin causa, por omitir el preaviso, los salarios adeudados, el proporcional de aguinaldo, la integración por el mes de despido y las vacaciones no gozadas, todo esos rubros con intereses.
Cuatro multas
También se aplicó una multa que incrementa la indemnización en el doble porque se advirtió una relación laboral registrada en modo deficiente, otra por obligar al trabajador a reclamar para cobrar lo que le correspondía por derecho, una tercera multa por el despido sin causa durante la vigencia del decreto de Emergencia Pública en Materia Ocupacional y una cuarta por retener aportes.
La Cámara Laboral, a pedido del trabajador, extendió la condena de manera solidaria a dos de los integrantes de la sociedad comercial. Ponderó como agravante el hecho de que la patronal contabilizaba menos de la mitad de la antigüedad para calcular los salarios y la falta de ingreso de los aportes a los organismos previsionales.
«La prueba producida me lleva a concluir que el fin de la conformación primero de la sociedad de responsabilidad limitada y luego de la cesión efectuada no ha sido otra que la de sustraerse de las obligaciones legales correspondientes con una clara afectación del orden público laboral», sostuvo el tribunal.
Judiciales
Revocaron la condena condicional y Rubén Muñoz seguirá preso
El Tribunal desestimó los planteos de la defensa y avaló la decisión del juez de Ejecución.
En una audiencia de revisión, el Tribunal resolvió por unanimidad confirmar la revocación de la condena condicional de carácter suspensivo de Rubén Muñoz. En consecuencia, dispuso que continúe cumpliendo su pena de manera efectiva en prisión.
El juez de Ejecución, Fernando Romera, había adoptado esa decisión tras verificar un «nuevo incumplimiento de las pautas de conducta fijadas en la sentencia».
El defensor Eduardo Carrera expresó sus agravios y consideró que la medida resultó arbitraria y desproporcionada. También cuestionó la prueba aportada. Sin embargo, la fiscal Susana Carrasco argumentó que Muñoz posee un amplio conocimiento de las pautas que debía cumplir, por lo que el pedido de cumplimiento efectivo de la pena se ajusta a derecho.
Durante la audiencia, la fiscal mencionó que «no estamos frente a un ciudadano que realiza un simple reclamo. Muñoz está condenado por amenazas. Las reglas fueron claras y las aceptaron la defensa y el condenado. Estas reglas que debía cumplir constituían condiciones de su libertad».
Entre esas condiciones figuraban restricciones vinculadas con el contacto y la proximidad respecto del actual ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Daniel Jara, víctima en uno de los expedientes. La resolución judicial estableció una prohibición expresa de acercamiento, hostigamiento o comunicación por cualquier medio con esa persona. Las pautas formaban parte de los puntos segundo y tercero de la sentencia que reguló la ejecución condicional de la pena.
El Tribunal, luego de un cuarto intermedio, consideró que los agravios no resultaron suficientes para conmover la decisión del juez de Ejecución respecto de la sentencia del 9 de marzo pasado. Los jueces rechazaron los argumentos de la defensa y descartaron que la decisión del juez Romera fuese arbitraria.
«La decisión es razonada, aparece como lógica y está debidamente fundada. Tiene respaldo en los hechos y en el derecho», expresó el Tribunal, integrado por los jueces Gastón Martín, Sandro Garrido y Alejandro Pellizon.
También descartaron que la decisión resulte desproporcionada o carente de pruebas. En ese sentido, señalaron que el video exhibido constituye prueba suficiente para la revocación.
Judiciales
Intento de robo frustrado: Declararon culpables a tres acusados en Roca
El hecho ocurrió en octubre de 2024 y gracias a la rápida intervención policial y el aporte de vecinos, los sujetos terminaron detenidos.
La Justicia de General Roca declaró la responsabilidad penal de tres hombres por una tentativa de robo en lugar poblado y en banda, agravado por escalamiento y por la intervención de un menor de 18 años, en un hecho ocurrido en octubre de 2024.
Durante el juicio, el Tribunal Colegiado consideró acreditado que los imputados forzaron el portón de una vivienda con intenciones de robo, aunque no lograron concretar el delito debido a la rápida intervención del personal policial.
En su resolución, los jueces destacaron que «el accionar policial permitió aprehender rápidamente a los imputados», y subrayaron además el rol clave de los vecinos, cuya atención y colaboración resultaron fundamentales para el esclarecimiento del hecho.
Por otra parte, dos de los acusados fueron absueltos por los delitos de encubrimiento y sustitución de chapa patente, cargos que no pudieron ser probados durante el debate.
Actualmente, los tres hombres permanecen detenidos con prisión preventiva en el Establecimiento Penal N° 2, mientras avanza otro legajo en el que se investiga una presunta asociación ilícita.
Judiciales
Una historia detrás de un cambio de apellido: cuando la identidad pesa más que el origen
El adolescente aclaró que su intención concreta consistía en llevar el apellido de su padre afín.
Un adolescente recurrió al Poder Judicial porque cargaba con un peso invisible: su apellido. Para él, ese nombre en su documento era solo un recordatorio de una ausencia total, lo que le provocaba rechazo y vergüenza.
En la escuela y con sus amigos, todos lo conocen por otro apellido: el de la persona que lo cuidó y lo sostuvo desde que tenía un año y medio. El padre de crianza ocupó el lugar que el progenitor dejó vacío por desinterés.
Aunque su madre ya no es pareja de ese hombre, el vínculo entre ellos permaneció intacto. Él lo acompaña a los actos escolares, lo apoya económicamente y comparte con él vacaciones y festejos familiares.
El fuero de Familia de Villa Regina hizo lugar a la acción iniciada por el adolescente y ordenó la supresión del apellido paterno. También dispuso la rectificación de la partida de nacimiento para que el joven lleve el apellido del hombre que lo crio. Además, ordenó comunicar la decisión al Registro Civil para modificar el acta correspondiente y emitir un nuevo documento nacional de identidad.
Ante una consulta del Juzgado, el adolescente aclaró que su intención concreta consistía en llevar el apellido de su padre afín. Durante el proceso intervino la Defensoría de Menores y se produjo prueba documental, testimonial y pericial psicológica. También se realizaron notificaciones al progenitor biológico, quien no se presentó en ningún momento. La fiscalía y el Registro Civil emitieron dictámenes favorables a la petición.
Los testigos coincidieron en que el joven no se identifica con el apellido paterno y reconoce como padre a quien lo acompañó en su crianza, con quien mantiene una relación cercana. También señalaron que, en ámbitos sociales, escolares y en redes, el adolescente ya utiliza ese apellido.
El fallo recordó que el derecho a la identidad incluye elementos como el nombre, la filiación y la pertenencia social y familiar. El Código Civil y Comercial permite modificar el nombre cuando existen justos motivos, lo que habilita valorar la dimensión dinámica de la identidad personal. En ese marco, la jueza consideró que el abandono del progenitor biológico y la consolidación de un vínculo socioafectivo con el padre de crianza constituyen razones suficientes para apartarse del principio de inmutabilidad del nombre.
También destacó la importancia del interés superior del adolescente y su derecho a ser escuchado. En la audiencia realizada durante el proceso, el joven reafirmó su decisión y explicó que reflexiona sobre el cambio de apellido desde hace años.
A partir de la prueba reunida, el Juzgado concluyó que el uso del apellido paterno genera una afectación en la identidad personal del adolescente y que la modificación solicitada refleja la realidad de sus vínculos familiares y sociales.
