El Gobierno de Río Negro recibió hoy (25/11) a los gremios estatales provinciales en el marco del Consejo de la Función Pública (ATE y UPCN) y la paritaria docente (UnTER), y por segundo mes consecutivo, no hubo ofrecimiento salarial.

«Volvió a quedar demostrado que los salarios reales de los trabajadores públicos rionegrinos han recibido a lo largo de 2024 aumentos superiores a los índices de inflación. Mientras el IPC estimado a noviembre de 2024 se ubica en el 113%, los salarios de los trabadores nucleados en las leyes 1844, 1904 y médicos, tuvieron un aumento promedio del 194%», destacó al respecto la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.

Por su parte, los sindicatos manifestaron su rechazo una vez finalizado el encuentro. ATE rechazó la decisión «de congelar por segundo mes consecutivo el salario del personal público». Mientras tanto, desde UnTER indicaron que «el Ministerio de Educación y Derechos Humanos se burla de los trabajadores y nuevamente define concurrir a una paritaria tardía sin propuesta salarial. Repudiamos enérgicamente estas maniobras que van en detrimento de la educación pública».

«Con la excusa de que la provincia viene teniendo una baja en la recaudación, el Ministerio sólo propuso la corrección de algunas grillas. Y con el argumento absolutamente falaz de que los trabajadores públicos rionegrinos hemos recibido a lo largo de 2024 aumentos superiores a los índices de inflación, decidió no hacer una oferta de recomposición salarial para todos los cargos del sistema educativo», agregaron desde el gremio docente.

«Debemos insistir en recordarle al Ministerio de Educación que nos debe un aumento salarial que tenga en cuenta la inflación acumulada desde noviembre de 2023. Parece que se ‘olvidó’ de que el último aumento que abonó la administración de Arabela Carreras fue sobre el salario de octubre de 2023. Y pese a que la paritaria homologada ataba los aumentos salariales hasta diciembre a la inflación determinada por el INDEC, ni la gestión anterior ni la actual liquidaron salarialmente los índices de IPC correspondientes a los últimos meses de 2023. Es por esto que los trabajadores de la educación exigimos una propuesta salarial que no es exclusiva del 2024, sino que comienza en los meses adeudados de noviembre y diciembre 2023. Según la información oficial difundida por el INDEC, la inflación interanual acumulada alcanza el 193%, un porcentaje que supera ampliamente el 168% de aumento que recibió el cargo testigo de maestro de grado en lo que va de 2024», aseguraron desde UnTER.

De la reunión del Consejo de la Función Pública participaron además de Lastra, el secretario de Gobierno, Agustín Ríos; y la secretaria de Hacienda, Natalia Crocciati; y representantes de los gremios ATE, Patricia Lapalma; y de UPCN, Marcelo Vidal.

En tanto, la paritaria docente estuvo presidida por María Avilez; con la presencia de la ministra de Educación, Patricia Campos; acompañada por los vocales gubernamentales del CPE Fabio Sosa y Romina Procoppo; y la secretaria general del Consejo Provincial de Educación, Claudia Tejeda. Por el gremio estuvieron presentes la secretaria general, Silvana Inostroza; el secretario Adjunto, Gustavo Cifuentes; y los vocales, Marcelo Nervi y Paolo Etchepareborda, entre otros.

Lastra indicó en este sentido que «en ambos encuentros, el Gobierno ratificó su compromiso de trabajar para que los salarios de los empleados del Estado no vean afectado su poder adquisitivo ante los índices de inflación. Esta premisa se está cumpliendo estrictamente, ya que mientras el índice inflacionario previsto a noviembre de 2024 es del 115%, el personal nucleado en la Ley 1844 recibió un aumento hasta septiembre del 187%; de la Ley 1904 No Médicos, 193,19%; y los 1904 Médicos, tuvieron un aumento salarial en 2024 del 202,83».

«En tanto, en lo que va del 2024, el salario de un maestro inicial de grado tuvo un aumento del 168,04%, un Director de Escuela Jornada Completa c/110 de antigüedad, tuvo un incremento del 190,39%; y un maestro jornada completa c/100 de antigüedad, 173,75% de aumento», afirmó.

El Gobierno Provincial, a través del Consejo de la Función Pública, se encuentra llevando adelante un estricto control del ausentismo estatal, buscando «optimizar los servicios que presta el Estado, y cuidar el dinero de todos los contribuyentes», destacó el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti.

En este marco, y mediante el uso de nuevas tecnologías de contralor, el 53% de las licencias solicitadas por empleados públicos en el mes de septiembre no fueron autorizadas, debido a que no cumplimentaban con los requisitos correspondientes.

En declaraciones a Radio Patagonia, el ministro Gatti destacó el trabajo que lleva adelante la Función Pública, y mencionó que «cuando comenzamos con esta tarea se conoció que, de más de 48 mil días de licencia que se solicitaron, el 53% no fue aprobado por que no cumplió con las normas correspondientes. Eso le significó al Estado Provincial un ahorro de 1700 millones de pesos, lo que es mucho dinero».

«En el sector docente, por ejemplo, que es el de mayor cantidad de personal en la Provincia, por sobre Salud y Policía, el ausentismo en agosto rondaba el 38%, y en septiembre se bajó al 18%, es decir 20 puntos menos», dijo.

El funcionario comentó, además, que «después de las denuncias que el Estado Provincial hizo, en relación a los profesionales de la salud que otorgaban certificados médicos de manera irregular, se generaron datos llamativos: en el caso de las enfermedades leves, para las cuales se otorgaban entre 12 y 15 días de licencia, hoy se otorgan en promedio 6 días. Eso es, al menos, llamativo».

Por último, resaltó que «a nadie le resulta grato que el empleado púbico tenga beneficios de los que no goza el agente privado».

De acuerdo a informe realizado por el Consejo de la Función Pública a partir de los datos provistos por la empresa encargada del control de Salud Laboral, en octubre se produjo un promedio de ausentismo del orden del 13% por razones de salud, sobre una planta total de 51.359 empleados. De esta manera, 6.814 empleados solicitaron licencias con un promedio de 5 días por agente. De un total de 61.565 días, fueron otorgados 30.845 días de licencia, mientras que 30.720 fueron denegados.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este martes (19/11) un plenario nacional de delegados con participación de dirigentes de todo el país y definirá la continuidad del plan de acción en reclamo por la situación salarial y en rechazo a los exámenes de idoneidad que el Gobierno planea realizar en la Administración Pública a partir de diciembre.

«Estos exámenes son un invento para seguir estigmatizando y despidiendo de manera ilegal. Las tareas que con profunda vocación de servicio realizan los estatales todos los días son la mejor muestra de idoneidad», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

«Si triunfa el Gobierno con su campaña de desprestigio sobre el empleo público, la que pierde es toda la sociedad. Tenemos que evitarlo. Han decidido colocarnos a los estatales en la vidriera del ajuste. Vamos a ir por ellos y no nos van a poder parar», apuntó el dirigente. Agregó que «estas evaluaciones que propone el Ejecutivo se encuentran por fuera de cualquier marco legal. No se pueden realizar».

En referencia a la rebaja salarial en el sector público, Aguiar señaló que «junto a los jubilados, somos los estatales quienes hemos sido los más castigados por el ajuste. Tenemos que pelear para recuperar todo el poder adquisitivo perdido en los últimos 11 meses, y para eso necesitamos no sólo torcerle el brazo al Gobierno sino también terminar con la complicidad sindical que avala recortes salariales firmando aumentos por debajo de la inflación».

El plenario nacional tendrá lugar en el Anfiteatro Eva Perón de la sede nacional del sindicato, con dirección en Av. Belgrano 2527 (CABA), a partir de las 14 horas.

ATE reclama una inmediata recomposición salarial luego de la última paritaria en la que el Gobierno otorgó -con la aceptación del otro gremio signatario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06- un 2% para noviembre y 1% en diciembre, acrecentando la pérdida del poder adquisitivo de los estatales que ya supera el 39% en lo que va del año.

También manifestaron su rechazo al denominado Sistema de Evaluación Pública mediante el cual pretenden evaluar a trabajadores con 10, 15 y hasta 20 años de trayectoria brindando servicios para el Estado. Se estima que serán más de 40.000 los contratados evaluados, excluyendo a quienes estén amparados en el cupo por discapacidad y cupo trans. El Gobierno ya informó que los tres ejes temáticos sobre los cuáles se realizarán las preguntas de opción múltiple son organización del estado y Constitución; pensamiento lógico (situación problemática) y matemática inicial; y comprensión de texto.

Además, el sindicato estatal exigirá «el cese de los despidos en el sector público, la reincorporación de todos los ilegítimamente cesanteados, el freno al vaciamiento de los organismos públicos y de los intentos de privatizaciones de las empresas estatales».