Gremios
Asumieron al frente de ATE Vicente y Lapalma con la presencia de Rodolfo Aguiar
El reelegido binomio rionegrino con mandato hasta 2027 reasumió en la sede provincial del sindicato en Viedma. Vicente prometió fortalecer la pelea salarial y consolidar la extensión de ATE en la provincia.
Un acto en la puerta de la sede del Consejo Directivo Provincia en Viedma fue el marco de asunción del segundo período al frente de ATE Río Negro de Rodrigo Vicente, como secretario general, y de Leticia Lapalma, como secretaria adjunta. Las nuevas autoridades estuvieron acompañadas de los secretarios generales de cada una de las seccionales de la provincia y de una militancia fervorosa llegada desde varias localidades.
«Tengo muy presente lo que sentíamos aquel 9 de mayo de 2018 cuando en la Legislatura se votaba la ley por la que después de 34 años por primera vez lográbamos institucionalidad para nuestra ATE», dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional recién asumido, que también estuvo presente en el acto junto a la secretaria adjunta nacional, Mercedes Cabezas.
«También recuerdo nítidamente lo que decíamos. Que ese día íbamos a tener más poder, y a diferencia de lo que hicieron los que lo tenían antes, no lo íbamos a usar para el privilegio de dirigentes sino que lo íbamos a poner al servicio de la gente. ¡Y miren si lo hicimos, y todo lo que nos devolvió la gente!», agregó.
Rodrigo Vicente fue el encargado de enmarcar la orientación política de esta segunda gestión que tiene como premisa continuar «el proceso de lucha con uñas y dientes que le permitió a los estatales conservar poder adquisitivo, lograr el pase a planta permanente de todos los estatales con contratos y el contrato de todos los informales, ampliar las políticas públicas de tierra y vivienda con aportes de ATE a la urbanización de barrios».
Además, Vicente hizo hincapié en la capacitación de los estatales. Prometió redoblar esfuerzos para lograr que el IPAP sistematice los conocimientos de todos los sectores de trabajo y elabore materiales para los más jóvenes e ingresantes.
«Vamos a trabajar para concretar el convenio colectivo para la administración pública rionegrina que nos de carrera, estabilidad laboral, que modernice el vinculo entre el Estado empleador y los trabajadores. Que esas relaciones no queden a merced de los gobernadores e intendentes sino que sea una relación institucional. Y que cada sector tenga su convenio colectivo propio», agregó.
Por su parte, Leticia Lapalma convocó a la militancia de ATE «a seguir recorriendo cada pueblo afiliando estatales para superar los 15 mil en la provincia y llegar al medio millón en todo el país», agregó.
Nueva composición
Además de Rodrigo Vicente y Leticia Lapalma componen el nuevo Consejo Directivo Provincial Selva Sánchez (Administrativa), Romeo Aguiar (Gremial), Alejandro Montecino (Finanzas), Silvina Elgueta (Formación), Jorge Calvo (Acción Política), Analí Ramos (Organización), David Figueroa (Interior), Úrsula Caracotche (Saludad y Seguridad Laboral), Guillermo Granado (Comunicación), Esterea González (Género y Diversidades), Aldo Capretti (Social, Turismo y Cultura), Nelson Orellana (Convenios Colectivos) e Isabel Molina (Derechos Humanos) más 25 vocales y seis revisores de cuentas.
Durante los próximos días asumirán al frente de las seccionales Federico Gabarra en Alto Valle Este, Patricia Reinahuel en Bariloche, Rosa Ñanco en Villa Regina, Dora Fernández en Norte, Carolina Suárez en Allen, Paola Suárez en Alto Valle Oeste, Sandra Contreras en Andina Sur, Mario Pezzatti en San Antonio, Nora González en Catriel y Verónica Pazos en Sierra Grande. Isabel Secreto será la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de Alto Valle Este y Amalia Bittar de Alto Valle Oeste.
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ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Gremios
Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Gremios
El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
