Política
Gobernadores patagónicos firmaron un documento en defensa de la «soberanía, los recursos y la industria pesquera»
Weretilneck, Figueroa, Torres y Vidal se mostraron en contra de varios puntos establecidos en la denominada Ley Ómnibus.
Los gobernadores de las provincias patagónicas Alberto Weretilneck de Río Negro; Rolando Figueroa de Neuquén; Ignacio Torres de Chubut; y Claudio Vidal de Santa Cruz firmaron un documento en conjunto en contra de varios puntos planteados en la denominada Ley Ómnibus, presentada días atrás por el presidente de la Nación Javier Milei.
«Las modificaciones en materia de regulación que impone la propuesta legislativa realizada por el Poder Ejecutivo Nacional, conocida como Ley Ómnibus, nos obliga a defender la actividad pesquera de nuestra región, su sostenibilidad y principalmente la soberania de nuestro país», indicaron.
«Los ejes principales que consideramos afectan gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera al abrir el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros son la modificación en la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos: En primer lugar vemos con preocupación la derogación del Artículo 25* del Régimen Federal de Pesca, Ley N° 24.922, que con anterioridad a esta reforma obligaba a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos nuestro país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en suelo argentino, es decir, miles de personas que trabajan en torno a la actividad, como estibadores y personal de logística para que después las plantas procesen los productos. Con su derogación, nuestros recursos se podrían descargar fuera de nuestro país lo que afectaría considerablemente la industria nacional en términos
laborales y económicos», agregaron.
«Asimismo, la competencia desigual en la asignación de cupos de captura: El segundo aspecto tiene que ver el Articulo 27* también del Régimen de Pesca, que sufriría una modificación ya que con anterioridad, para acceder a los distintos cupos de especies, se tenía en consideración el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que habían generado de manera efectiva, entre otros aspectos. Hoy, la modificación indica que nada de todo esto tiene valor, sino que queda sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, una competencia absolutamente desigual», añadieron.
Por otro lado, «la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina: Por último, el articulo 40° de la misma Ley, establecía que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina con diez años de residencia. A partir de ahora, eso no sería obligatorio, teniendo las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero, que no están alcanzados por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace más de 30 años, punto que afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región».
«Sumado esto, también resulta preocupante que la reforma pretendida sobre el art. 9 de la Ley Federal de Pesca, provoca una pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras por cuanto la modificación remueve atribuciones del Consejo Federal Pequero para que sean ejercidas de forma exclusiva por parte del funcionario designado por el Poder Ejecutivo Nacional. De tal manera las decisiones en materia pesquera dejan de ser determinadas de manera democrática y se cercena la voluntad de las Provincias que delegaron facultades en el Consejo Federal Pesquero al momento de adherir a la Ley Federal de Pesca», manifestaron los gobernadores patagónicos.
«Por todo lo expuesto, rechazamos las modificaciones impuestas y consideramos que es momento de defender la soberanía, los recursos que son de nuestra región y de igual forma los empleos para trabajadores argentinos, dado que en caso de llevarse adelante las reformas planteadas, habrá consecuencias devastadoras para la totalidad de la industria pesquera de las Provincias Patagónicas, el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos, además de debilitar la soberanía económica», concluyeron Weretilneck, Figueroa, Torres y Vidal.
Política
«Pagamos impuestos nacionales para tener rutas en condiciones»
El ministro de Gobierno rionegrino salió al cruce de las declaraciones del vocero presidencial, que reconoció que parte de los recursos recaudados a través del impuesto a los combustibles destinados al sistema vial son utilizados para sostener el equilibrio fiscal.
En repercusión a las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien reconoció que parte de los recursos recaudados a través del impuesto a los combustibles destinados al sistema vial son utilizados por el Gobierno Nacional para sostener el equilibrio fiscal, el ministro de Gobierno y Trabajo de Río Negro, Agustín Ríos, cuestionó la decisión y reclamó que Nación priorice el mantenimiento de las rutas nacionales.
«Los rionegrinos pagamos impuestos nacionales cada vez que cargamos combustible. Esos recursos tienen que volver en rutas en condiciones, no utilizarse para sostener el superávit fiscal nacional mientras las rutas se siguen deteriorando. No estamos pidiendo nada extraordinario: estamos reclamando que los recursos que aportamos tengan una respuesta concreta», señaló Ríos.
El ministro remarcó que la situación de las rutas debe estar por encima de cualquier discusión partidaria. «Las rutas nacionales no tienen color político. Gobernar también es mantenerlas, sea quien sea el Presidente. Podemos tener diferencias sobre cómo administrar el Estado o cuáles son las prioridades económicas, pero garantizar rutas seguras tiene que ser una responsabilidad de cualquier Gobierno Nacional«, afirmó.
Ríos destacó además que el deterioro de la infraestructura vial afecta directamente la seguridad de quienes transitan, pero también el desarrollo económico de la provincia. «Por nuestras rutas circulan familias, trabajadores, turistas y buena parte de nuestra producción. El mal estado de una ruta no es una discusión abstracta: significa más riesgos, mayores costos y menos posibilidades de desarrollo para nuestras localidades», sostuvo.
En ese sentido, Ríos consideró que «falta una mirada verdaderamente federal del Gobierno Nacional» y recordó que Río Negro viene planteando desde hace tiempo la necesidad de encontrar soluciones ante el deterioro de las rutas. «Desde la Provincia no nos quedamos esperando. Venimos reclamando, gestionando y buscando alternativas para hacernos cargo incluso de problemas que no generamos y que no son de nuestra competencia. Lo hacemos porque detrás de cada ruta nacional hay rionegrinos que necesitan transitar, producir y trabajar con seguridad», expresó.
Finalmente, aseguró que Río Negro continuará reclamando soluciones para las rutas nacionales que atraviesan la provincia. «No cuestionamos que un Gobierno busque ordenar las cuentas públicas. Lo que no podemos aceptar es que ese objetivo se alcance postergando responsabilidades básicas mientras los ciudadanos siguen pagando impuestos. El mantenimiento de las rutas tiene que ser una prioridad para cualquier Gobierno, sea del signo político que sea. Abandonar las rutas nacionales no resiste ninguna ideología», concluyó.
Política
El Concejo Deliberante de Roca sesionará este martes con varios proyectos en agenda
El Orden del Día incluye proyectos vinculados con la circulación de calles, el Código de Transporte y la reestructuración del Parque Industrial II.
El Concejo Deliberante de General Roca realizará este martes (11/08) una nueva sesión ordinaria correspondiente al XXXVII Período de Sesiones. La reunión comenzará a las 10 en la Sala de Sesiones del edificio Gobernador Carlos Ernesto Soria.
El orden del día contempla distintos asuntos, entre ellos proyectos vinculados con la circulación vehicular en diferentes calles de la ciudad, la modificación del Código de Transporte y la reestructuración del Parque Industrial II.
Entre los temas previstos también aparece la designación de representantes del Concejo Deliberante para el Consejo de Juventudes y el Juzgado de Faltas.
En el apartado de peticiones y asuntos ingresados figuran solicitudes de la Asociación Rionegrina de Equipos de Salud, la Cooperativa de Trabajo Oliverio Girondo Limitada y distintos particulares vinculadas con adjudicación de parcelas, autorización de escritura y liberación de restricciones al dominio.
También se incorporó una presentación de vecinos del barrio El Palmar relacionada con el nombre y sentido de circulación de una calle.
Por otra parte, entre los proyectos ingresados se encuentra una iniciativa de Pasión por Roca vinculada con el Primer Encuentro Norpatagónico “Trinchera: Cultura, Educación, Derechos y Sindicalismo”.
Finalmente, dentro de los pedidos de informes figura una presentación de Juntos Somos Río Negro sobre el estado de las maquinarias de las Plantas de Tratamiento de Residuos Nº I y II.
Gremios
Encuesta realizada por ATE reveló que el 87% de los trabajadores estatales se endeudan para pagar alquiler, salud, comida y ropa
«El alto nivel de endeudamiento le precariza la vida y enferma a los trabajadores. El Gobierno es el único responsable porque se está tomando deuda para tapar la caída del salario real», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una encuesta a trabajadores estatales de todo el país, la cual arrojó que el 87% tiene deudas vigentes, el 73% con múltiples entidades y el 40% las usa para pagar urgencias médicas, gastos en educación y el pago de alquileres o expensas, mientras que el 37% las usa para pagar más deuda, comida y ropa.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «el resultado del trabajo es categórico”. “El alto nivel de endeudamiento le precariza la vida y enferma a los trabajadores. El Gobierno es el único responsable porque se está tomando deuda para tapar la caída del salario real», apuntó.
«Con techos a las paritarias y negociaciones a la baja, el crédito reemplaza al salario real. Antes la deuda era un mecanismo de inversión, ahora es para sobrevivir», señaló el dirigente sindical. Sin embargo, advirtió que «hoy existe un endeudamiento permanente para cubrir necesidades básicas y no para invertir».
En este marco, Aguiar aseguró que «el Estado es el verdadero responsable porque ataca al poder adquisitivo y luego ofrece deuda como solución. El Estado es quien facilita los créditos, en vez de atacar la inflación y los precios. Más de la mitad de quienes toman deuda no conoce la tasa de interés. La desregulación financiera ha generado una absoluta falta de control sobre la usura».
Resaltó que «hay que tener en cuenta que el proceso de endeudamiento frena la economía. Los trabajadores dejan de consumir y gastar en otros rubros porque la mayor parte del salario se va en cancelar deudas todos los meses», indicó. Agregó que «los recursos que se están transfiriendo de los bolsillos de los trabajadores a los bancos, a las financieras y a las tarjetas de crédito son multimillonarios. Cada cuota que se paga deja de ir al consumo o para sostener la salud y la educación».
«El endeudamiento también genera algo que pocos están advirtiendo y es la baja en la participación política, en la militancia colectiva. No es casual que eso beneficie al Gobierno», dijo el dirigente. «No podemos aceptar una clase trabajadora con ansiedad, angustia y desánimo», aseguró.
La encuesta relevó a trabajadores del Estado Nacional (47,8%), Estado Provincial (41,7%), Estado Municipal (5,8%), Empresas Estatales (2%) y otros ámbitos (2,7%), cuyo promedio de edad es de 45 años.
El 55,4% de las personas encuestadas aseguró tener más de un trabajo para complementar ingresos o asegurar mayor estabilidad económica. De esa porción, el 56% son mujeres y el 34% de ellas trabaja entre 8 y 12 horas diarias para mantener los gastos del hogar.
Además, el 43% dejó de participar en política por cansancio físico y mental, por falta de tiempo y de recursos económicos.
El relevamiento también arrojó las estrategias que usaron los trabajadores del Estado para evitar mayor endeudamiento. La más común fue recortar actividades recreativas como talleres, cursos y salidas (39,22%), seguida de dedicar más tiempo a buscar precios y promociones (29,57%) y de asumir tareas antes delegadas, como la limpieza del hogar (22,91%).
Los resultados de la encuesta nacional también evidenció un grave impacto en la salud mental: el 85,4% de los estatales consultados reportó un deterioro en su bienestar emocional y psicológico en el último año. El 19,5% reportó ansiedad, el 17% angustia y agotamiento, 16% desánimo y 15% insomnio.
