Política
Buscan que por ley, se suspendan los radares en Río Negro
El bloque de legisladores de la CC ARI-Cambiemos presentó un proyecto en la Legislatura.

Mediante un proyecto de Ley presentado el viernes (01/03) en la Legislatura rionegrina, el bloque de Legisladores de la CC ARI-Cambiemos demanda la suspensión del funcionamiento de los radares en todos los caminos y rutas existentes en el territorio provincial.
La normativa expresa que «el Estado debe fijar una política para reducir la cantidad y la gravedad de los siniestros viales y la única política válida es la prevención, con lo cual son claves los controladores de velocidad, pero también es necesario que el conductor sepa del control y por ese motivo se autocontrole».
Los legisladores afirman entre sus fundamentos que «se incumplen las reglas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que establece en forma taxativa la obligatoriedad de colocar en forma visible y a distancias apropiadas, la cartelería que de cuenta de la existencia de los cinemómetros a fin de lograr el objetivo preventivo que es la disminución de la velocidad de circulación, además de señales de velocidad máxima, enconados de seguridad, respetando lo establecido en el Protocolo de Fiscalización y Control».
Asimismo, describen que «la falta de cumplimiento de las exigencias de la Ley, motivada en el
afán de recaudar, deriva en consecuencia en la ‘ilegalidad’ de la sanción, trastocando el objetivo de la prevención por el de recaudación, generando esa voracidad recaudatoria en una verdadera ‘trampa caza bobos’ para los ciudadanos».
En relación al proyecto puesto a consideración en el Parlamento, el presidente de la bancada de la CC ARI-Cambiemos Javier Acevedo, destacó que «no se trata de otorgar carta blanca a los conductores para circular a altas velocidades sino, muy por el contrario, se debe dotar al sistema de la racionalidad adecuada para cumplir con sus fines, reorganizar el sistema de control de velocidades con el fin principal de la prevención y no al de la recaudación, para decidir la ubicación con criterios técnicos sólidos y fundados, y en cumplimiento de todos los requisitos ordenados por las leyes nacional y provincial, con lo cual entendemos que se hace necesario como paso previo suspender todos los radares actualmente en funcionamiento», sentenció el legislador.
El proyecto establece en su artículo 4º que «a partir de la vigencia de la presente ley, se declara la nulidad de todas las actas de infracción labradas, y las que habiendo sido labradas con anterioridad a la suspensión del art. 1°, aún no hayan sido abonadas por los presuntos infractores, debiendo el Juzgado de Faltas competente ordenar de oficio su archivo».
Política
El Bolsón: Equipos de Gobierno trabajan en predios afectados por el fuego
Distintos organismos de la Provincia siguen trabajando para acompañar a las familias afectadas por los incendios.

Equipos de distintos organismos del Gobierno de Río Negro siguen trabajando para acompañar a las familias afectadas por los incendios en la zona de El Bolsón.
Además del trabajo de contención en lo social y el registro de las personas afectadas para avanzar en la implementación de las distintas acciones de ayuda por parte del Ministerio de Desarrollo Humano, personal de DPA, ARSA, Obras Públicas y Vialidad Rionegrina, así como la Dirección de Bosques del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, entre otros, avanzan en el plan de despeje de escombros y limpieza en las propiedades afectadas por el fuego, con el objetivo de preparar los terrenos para la futura construcción de nuevas viviendas en el lugar.
Para ello, se dispuso un plan de trabajo con tres ejes principales: el primero de ellos es el retiro de escombros y restos de las viviendas afectadas por el incendio en el sector Callejón de Zúñiga, Mallín Ahogado. Posteriormente, se ha comenzado a descargar áridos para la obra en algunos predios. Para estos trabajos se han destinado dos camiones volcadores y una pala cargadora.
El segundo eje está relacionado con la limpieza de la banquina, entre la línea municipal y el borde de la calzada. Allí se retiró material forestal y restos de residuos vegetales quemados. El trabajo se desarrolló en el camino Costa Azul, entre la bajada de la Escuela Nº 103 y el sector norte. Para ello, se destinó un camión volcador y una pala cargadora.
Por otra parte, en virtud de la recomposición de la red eléctrica que lleva adelante EDERSA, se trabajó conjuntamente con las empresas contratadas por la prestataria en la limpieza, nivelación y perfilado de la zona de emplazamiento de la línea eléctrica. Para estos trabajos se destinó una topadora. En estos sectores se instalarán los postes y el tendido eléctrico.
Además, desde ARSA también se está brindando asesoramiento a algunas familias en cuanto a la reconstrucción, con un relevamiento de lo que se pudo recuperar, para realizar un cómputo de materiales y una evaluación de estructuras, entre otros aspectos.
En tanto, personal del DPA trabajó en otros predios, donde se realizaron pozos para la reserva de agua.
Gremios
Para Aguiar se abre el escenario propicio para una huelga general
«Tenemos la oportunidad para frenar el ajuste. Lo habíamos advertido, pero ahora es visible», indicó Aguiar.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) fijará hoy (17/02) fecha de reunión de secretarios de la conducción nacional y el plenario federal de delegados, con el objetivo de definir una medida de acción directa. Para el secretario general del sindicato Rodolfo Aguiar, tras «la estafa presidencial se abre el escenario propicio para una huelga general».
«Tenemos la oportunidad de frenar el ajuste que en poco más de 14 meses dañó muy profundamente nuestro tejido social y productivo», dijo Aguiar. «Nos gobierna una banda de ladrones. Lo habíamos advertido, pero ahora es visible: queda claro que los que despiden, cierran organismos públicos y recortan salarios son delincuentes comunes», agregó.
«Los hechos que involucran al presidente Javier Milei son de extrema gravedad, sin precedentes. La credibilidad y confianza del Gobierno se desmoronan y su programa económico agoniza. A la estafa, a la inmoralidad de Milei y su gabinete tenemos que responder con paro y movilización. Si ejercemos nuestro derecho constitucional de protesta podemos detener el daño social», agregó Aguiar.
El sindicato ya se pronunció a favor del juicio político contra el presidente y los funcionarios del Ejecutivo presuntamente involucrados en «la asociación ilícita que estafó traders a través de $Libra, una criptomoneda fantasma». Y pidió al Congreso que «no garantice su impunidad».
Para Aguiar «se abre ahora una oportunidad para detener, con movilización en las calles y medidas de protesta, la política económica. Desde su asunción, el presidente impulsó más de 28.000 despidos en el Estado, a los que hay que contabilizar las cesantías en el sector privado formal e informal para completar la radiografía del deterioro social». Datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación estiman una sangría de 230.000 puestos de trabajo.
A los despidos, cierre de organismos, fábricas y empresas, Aguiar subrayó la consolidación de una recesión anclada en la licuación de los salarios. «La inmensa mayoría de los asalariados no logró recomponer el poder adquisitivo que trajo Milei son su devaluación», precisó. En su última oferta, el Gobierno propuso una actualización para febrero del 1,2% del salario estatal cuando la inflación fue del 2,2%.
Gremios
Para ATE, «por más que Milei festeje la baja de la inflación no se siente en los bolsillos de la gente»
«La baja se logra con una brutal recesión», apuntó Aguiar.

Luego de que el Indec publicara el 2,2% de inflación en enero y que el presidente Javier Milei lo celebrara a través de un video publicado en sus redes sociales, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, apuntó que «por más que el presidente festeje, la baja de la inflación en el bolsillo de los trabajadores no se siente».
«En materia de ingresos, el Gobierno se esfuerza en montar un relato que muestra un fuerte contraste con el día a día de la gente. La baja se logra con una brutal recesión. Con la cantidad de despidos producidos en el sector público y en la mayoría de los sectores privados, poco sirve que baje la inflación a aquellos que ni siquiera tienen salarios», señaló el dirigente nacional.
Según las propias mediciones de la Secretaría de Trabajo, durante la actual gestión se perdieron 185.000 empleos entre el sector público y privado al mes de noviembre. En tanto, se estima que actualmente esa cifra ascendería a 230.000.
Ante esta situación, Aguiar apuntó que «a una enorme porción de los salarios y las jubilaciones todavía no se le reparó el daño generado por la devaluación que llevó adelante Caputo en el inicio de gestión, y la mayoría de las paritarias se ubicaron muy por debajo de la evolución de los precios». Cabe recordar que la paritaria en la Administración Pública Nacional quedó 44,4% por debajo de la evolución de los precios en 2024.
«Hay que ser muy ingenuo o estar desprevenido para creerse el verso de que los salarios en dólares le ganan a la inflación. A los salarios no hay que medirlos por la cantidad de dólares que pueden comprar, sino por la cantidad de litros de leche, kilos de carne y alquileres que pueden pagar», agregó el dirigente nacional.
Según una consultora especializada, la caída del consumo en supermercados y almacenes de barrio fue de 13,9% en 2024, una de las más pronunciadas en los últimos 20 años.
«Con este Gobierno, el derecho constitucional a una retribución justa pasó a ser historia. Hoy un salario promedio está muy lejos de poder garantizar una vivienda digna, alimentación adecuada, vestimenta, salud, educación, previsión social, ahorro, vacaciones y esparcimiento», continuó.
Cabe destacar que los propios trabajadores del Indec señalaron que en enero el salario mínimo -no el óptimo ni el deseable- debiera ser de $1.616.148. Para dar con esta cifra, confeccionaron una ‘Canasta de Consumos Mínimos’ como propuesta metodológica innovadora para una mejor medición de la evolución de los precios, aunque el Gobierno elige conservar el método ya obsoleto.
En referencia a esto, el secretario general de ATE Nacional concluyó con que «el Gobierno se beneficia de seguir midiendo la evolución de los precios con una canasta que la mayoría de los especialistas consideran desactualizada. En nuestro caso, hay una propuesta de innovación en el Indec que aún no ha logrado aprobación oficial».