Judiciales
Imputaron a los dos sospechosos de construir el túnel del Penal de Roca
Uno de ellos quedó detenido con prisión preventiva.
Esta mañana (07/04) el Ministerio Público Fiscal formuló cargos a dos hombres por varios delitos, entre ellos el de «favorecimiento de evasión en grado de tentativa». Además uno deberá cumplir la medida cautelar de prisión preventiva y el otro deberá presentarse en Fiscalía, bajo apercibimiento de quedar detenido también.
La acusación fiscal explicó en la audiencia que «durante la tarde del viernes (05/04) pasado personal policial observó a un hombre en actitud sospechosa. De esta manera se activó la intervención precisa de la Brigada de Investigaciones, que logró detener a ese sujeto cuando se dirigía hacia la vivienda precaria ubicada frente al Penal N° 2 de General Roca».
«Alrededor de las 15.40, en calle Ameghino a la altura del sector oeste del Establecimiento Penal, los dos imputados habrían realizado un túnel de aproximadamente 15 metros de largo, ocasionando daños en el subsuelo de todo el sector«, agregó la fiscal del caso interviniente.
«Dicho túnel, que se inició desde una vivienda precaria, atravesó la calle Ameghino traspasando la línea del alambrado del Penal, en el sector del patio lindante al lugar donde se recrean los internos. Ello con el fin de favorecer la evasión de internos», describió el Ministerio Público Fiscal.
La Fiscalía enfatizó que los imputados «no pudieron concretar su objetivo, ya que fueron descubiertos en actitud sospechosa por personal de la Brigada de Investigaciones, en momentos en que uno de ellos se dirigía hasta la casa mencionada y es detenido en el lugar. Allí fue que personal policial advirtió la existencia del boquete y comenzaron las demás medidas probatorias, que reunió el trabajo mancomunado del COER, Brigada de Criminalística, personal de prevención y la ya mencionada Área de Investigaciones».
Entre el sustento probatorio mencionado por el equipo fiscal para este etapa de formulación de cargos se encuentran: las actas de procedimiento del Cuerpo de Investigación Judicial labradas el día del hecho y también ayer durante las medidas de prueba, los informes preliminares del Gabinete de Criminalística donde se adjuntan fotos y análisis del túnel realizado, los informes de ambos detenidos, entre otra evidencia.
La calificación legal por la cual imputó el Ministerio Público Fiscal es la de «favorecimiento de evasión en grado de tentativa, con daño agravado por cometerse en edificio o lugares públicos, todo en concurso ideal en carácter de coautores», según los Artículos 281, 184 inc. 5, 42, 45 y 54 del Código Penal.
Además la fiscalía solicitó la prisión preventiva de uno de los imputados por considerar el peligro procesal de fuga. «Las características del hecho por el cual fue detenido demuestra el temperamento que podría asumir si él mismo quedara en esa situación, se suma además que dentro de las causas que tuvo existen al menos tres que son por tentativa de evasión o de fuga», argumentó la fiscal del caso.
El defensor particular que asistió a este hombre se opuso a la formulación de cargos como también a la medida cautelar de preventiva.
Sin embargo, el juez de Garantías interviniente resolvió tener por formulados los cargos tal como lo realizó el equipo fiscal y estableció un plazo de investigación penal preparatoria de cuatro meses, como también determinó que uno de los imputados cumpla con prisión preventiva y el otro se presente semanalmente.
Judiciales
Vivió 10 años bajo la humedad en las 500 Viviendas: Ordenan a las vecinas de arriba a realizar las reparaciones urgentes
Se estableció que el origen del problema se encuentra en el caño maestro del edificio. Por su antigüedad, el hierro galvanizado presenta oxidación y roturas.
Una mujer vive en su departamento de planta baja del barrio 500 Viviendas de Roca desde hace años. Sin embargo, su hogar dejó de ser un refugio y se transformó en una fuente de angustia constante. Durante una década, realizó arreglos por su cuenta en techos y paredes a raíz de filtraciones de agua provenientes de los pisos superiores.
El agua atraviesa la estructura de manera pareja y constante. Ante esta situación, la mujer recurrió al Poder Judicial mediante una acción de daño temido, ya que el riesgo resulta real y urgente: el techo puede desplomarse y las paredes pueden electrificarse.
El fuero Civil de Roca hizo lugar a la demanda y ordenó a las propietarias de los pisos superiores reparar el caño maestro y eliminar las filtraciones. La sentencia establece que, si las obras no se ejecutan, la mujer podrá realizarlas por su cuenta, con cargo a las vecinas del nivel superior.
Un informe técnico advirtió la existencia de riesgos graves. El agua puede tomar contacto con cables o cajas eléctricas, lo que provoca electrificación de las paredes y descargas peligrosas. Además, la humedad favorece el crecimiento de moho, que causa enfermedades respiratorias.
Se estableció que el origen del problema se encuentra en el caño maestro del edificio. Por su antigüedad, el hierro galvanizado presenta oxidación y roturas.
La jueza consideró que el caso reúne todos los requisitos de una acción preventiva. La normativa autoriza a los jueces a adoptar medidas inmediatas cuando existe un riesgo grave e inminente para las personas o los bienes.
El Tribunal entendió que los propietarios de las unidades funcionales están alcanzados por el deber de prevención de daños, dado que son cotitulares de las partes comunes del edificio. Por ese motivo, deben permitir el ingreso a sus viviendas para llevar adelante las reparaciones necesarias.
En cuanto al consorcio, aunque no fue demandado de manera directa, la jueza resolvió que debía colaborar mediante la entrega de los planos del edificio, en función de las amplias facultades judiciales propias de las acciones preventivas. En consecuencia, rechazó de forma parcial la excepción de falta de legitimación planteada.
El fallo ordena al consorcio entregar los planos del edificio para asegurar la correcta ejecución de las obras. A su vez, la vecina afectada debe permitir el acceso a su vivienda con el fin de facilitar las tareas de reparación.
Judiciales
Confirman sentencia contra administradora de plan de ahorro por no dar información clara y precisa
El consumidor reclamó tras recibir una cuota 84 con un valor elevado y sin explicación.
Un fallo de segunda instancia confirmó una sentencia que había condenado, de manera solidaria, a una administradora de planes de ahorro y a una terminal automotriz, por incumplimientos al deber de información hacia un consumidor de Viedma.
El caso se originó a partir del reclamo de un hombre que había suscripto un plan de ahorro a 7 años y que, al llegar a la cuota final número 84, recibió un monto considerablemente más alto de lo esperado, sin una explicación clara ni detallada sobre su conformación.
En primera instancia, el juez tuvo por acreditado que existía un saldo deudor, pero consideró que la administradora no logró explicar de manera razonada cómo se había arribado a ese monto. En el análisis también se tuvo en cuenta la aplicación de una medida cautelar dictada en el marco de un amparo colectivo, que luego fue revocada, sin que ello fuera debidamente informado al consumidor.
El Juzgado entendió que la empresa incumplió el deber de información, al no brindar precisiones sobre la composición del valor móvil, los rubros incluidos en los cupones de pago ni el impacto de la medida cautelar en la cuota final. Esa conducta fue considerada un incumplimiento relevante dentro de una relación de consumo, por lo que se ordenó el pago de una indemnización por daño moral y la aplicación de un daño punitivo.
Al analizar el recurso, la Cámara confirmó el fallo y sostuvo que no resultaba suficiente consignar el valor móvil en los cupones, sino que era exigible una conducta activa y transparente por parte de la administradora, conforme a la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial.
Judiciales
Responsabilizan a la dueña de un perro por un ataque en la vía pública: La víctima sufrió lesiones estéticas permanente
Las marcas quedaron visibles y a eso se sumó el impacto emocional propio de una agresión inesperada.
Una mujer sufrió lesiones de consideración y secuelas estéticas permanentes tras el ataque de un perro en plena vía pública. Eran cerca de las 9 de la mañana cuando caminaba hacia su trabajo y, al pasar frente a una vivienda, el animal se lanzó sobre ella sin advertencia previa. La mordió reiteradamente en un brazo y recién se separó tras varios intentos. El episodio ocurrió en Bariloche y un fallo civil condenó a la dueña del can a pagar una suma millonaria.
El ataque no fue un hecho menor ni aislado en sus consecuencias. La mujer recibió atención médica de urgencia y continuó con tratamientos posteriores por las lesiones provocadas por la mordedura. Las marcas quedaron visibles y permanentes. A eso se sumó el impacto emocional propio de una agresión inesperada en un espacio que, por definición, debería ser seguro: la vereda de una calle residencial.
Durante el juicio, el juez civil interviniente dio por acreditado que el ataque ocurrió sin provocación alguna por parte de la víctima y que el perro se encontraba bajo la guarda de su propietaria. Para reconstruir lo sucedido, el magistrado valoró actas policiales, registros de sanidad animal, documentación médica, fotografías y testimonios producidos en el expediente. Ese conjunto probatorio permitió descartar cualquier versión alternativa de los hechos.
El fallo se apoyó en un principio jurídico central: los daños causados por animales se rigen por el régimen de responsabilidad objetiva previsto en el Código Civil y Comercial. Bajo este sistema, no resulta necesario demostrar negligencia, descuido o intención. El dueño responde por el solo hecho de tener al animal bajo su control. La ley solo admite la eximición de responsabilidad si se prueba culpa de la víctima, intervención de un tercero ajeno o un hecho imprevisible e inevitable. Ninguna de esas circunstancias fue acreditada en el caso.
La sentencia fijó una suma superior a los 6 millones y medio de pesos. El monto reconoció, en primer lugar, el daño estético derivado de la cicatriz que dejó la mordedura, considerada una alteración permanente de la apariencia física. El juez entendió que esa secuela debía ser reparada de manera autónoma, aun cuando no afectara de forma directa la capacidad laboral de la mujer.
También se reconoció el daño moral. El fallo destacó el carácter traumático del ataque, el miedo experimentado, la alteración de la tranquilidad personal y las limitaciones que el hecho impuso en la vida cotidiana de la víctima. La agresión, ocurrida de manera súbita y violenta, fue considerada suficiente para justificar una reparación económica relevante por la afectación espiritual sufrida. Además, se admitieron gastos médicos posteriores al episodio, vinculados a curaciones, medicamentos y atenciones necesarias como consecuencia directa del ataque.
El tribunal rechazó, en cambio, el reclamo por daño psicológico permanente. Un informe pericial concluyó que la mujer no presenta una patología psíquica ni una incapacidad duradera, sino reacciones esperables frente a un evento violento. Si bien se reconoció la existencia de angustia y conductas de evitación, estas no alcanzaron el umbral de una afección psicológica indemnizable como incapacidad. La sentencia no está firme porque puede ser apelada.
