Gremios
ATE va al paro general este jueves y amplía la convocatoria a municipales y provinciales
«Este paro tiene varios destinatarios. No sólo el presidente Milei, sino también los gobernadores y senadores que tendrán que tratar la Ley Bases», dijo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) adherirá al paro general lanzado por las centrales obreras para este jueves 9 de mayo y amplió la convocatoria a las tres esferas del Estado: nacionales, provinciales y municipales.
«En la Administración Pública, salvo las guardias mínimas en servicios esenciales, nadie va a concurrir a sus puestos de trabajo. Hay un creciente malestar social, estamos ingresando en una depresión económica que golpea absolutamente a todos los sectores sociales», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. Durante la medida de fuerza, sólo se garantizarán guardias mínimas en los hospitales, centros asistenciales de adultos mayores, adolescentes y niños, y en servicios esenciales para hacer frente a emergencias.
El dirigente evaluó que «en la gente hay una oposición mayoritaria a todas las medidas que impulsa el Gobierno nacional» y detalló que «la reforma laboral que se propone en la Ley Bases configura un retroceso a la última Dictadura Militar. Fue en gobiernos de facto donde se creó un fondo de cese laboral y se puso en disponibilidad a todos los trabajadores».
«Este paro tiene varios destinatarios. No sólo las demandas son para el presidente Milei, sino también para los gobernadores y los senadores que tendrán que tratar la Ley Bases, y para los cuatro o cinco grupos empresarios que en este momento son socios del Ejecutivo nacional», apuntó el secretario general de ATE Nacional.
«Tenemos que pensar para el día que se fije el tratamiento de la ley en el Senado, declarar un paro activo en todo el país. En el caso de ATE, después del 9 de mayo vamos a convocar inmediatamente a nuestras instancias orgánicas para definir nuevas medidas de fuerza y darle continuidad al plan de acción dentro del Estado», concluyó Rodolfo Aguiar.
La medida de fuerza alcanzará a las administraciones públicas de las 23 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los más de 2.200 municipios de todo el país, los cuales en su gran mayoría son los sectores más postergados en materia salarial.
ATE impulsa el llamado a una huelga general desde hace meses a través de las instancias orgánicas de la CTA Autónoma, central obrera que integra el sindicato estatal, entendiendo que «las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei no solo perjudican al sector público, sino a toda la población en general».
En este marco, el sindicato reclamará por «reincorporación inmediata de todas las y los cesanteados y detención de los despidos, regularización de todos los vínculos contractuales y pase a planta permanente de todas las y los trabajadores, aumento salarial y en las jubilaciones que supere la inflación, rechazo a la restitución del Impuesto a las Ganancias, cese de las políticas de ajuste, miseria y hambre, rechazo a cualquier privatización de empresas públicas, defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todas las y los
trabajadores jubilados, anulación del Protocolo anti-movilizaciones, cese de las políticas de amedrentamiento hacia las y los trabajadores estatales, no a la restitución del Impuesto a las Ganancias, anulación del DNU 70/23 y rechazo a la Ley Bases».
Gremios
Sin propuesta salarial y con amenazas de paro, fracasó un nuevo encuentro entre el Gobierno y UnTER
La negociación pasó a un cuarto intermedio tras la publicación de los índices de inflación. El gremio ratificó que el plan de lucha sigue vigente ante la falta de respuestas en política educativa.
El Gobierno de Río Negro y el gremio docente UnTER mantuvieron este jueves (09/04) un nuevo encuentro paritario en la Secretaría de Trabajo, marcado por un clima de confrontación y sin avances significativos en materia salarial. Durante la reunión, los representantes del Ministerio de Educación y Derechos Humanos manifestaron su voluntad de diálogo, aunque cuestionaron duramente la postura del sindicato.
Según indicaron desde la cartera educativa, resulta «excesivo» que el gremio anuncie medidas de fuerza para los días 16 y 17 de abril antes de agotar las instancias de negociación.
Por su parte, la respuesta de UnTER no se hizo esperar. A través de un duro comunicado, la conducción gremial encabezada por Laura Ortiz afirmó que el encuentro no fue una instancia de diálogo real, sino de «dilación». El sindicato denunció una decisión política de «seguir ajustando sobre los salarios» y criticó el abandono de las escuelas rionegrinas. «No se puede condicionar la paritaria ni las políticas educativas al silenciamiento de la docencia», expresaron desde el gremio, rechazando las acusaciones de extorsión vertidas por el Ejecutivo provincial.
En cuanto a los números, el Ministerio ratificó que el próximo 20 de abril se abonará la segunda cuota de la suma fija no remunerativa de $125.000 por agente. Además, se comprometieron a entregar las nuevas grillas salariales una vez que se publiquen los índices de inflación (IPC) de Viedma y Nación. Este incremento, que promediará los meses de febrero y marzo, sería abonado recién con los salarios de mayo, lo que fue calificado por los docentes como una medida insuficiente frente al costo de vida actual.
El Gobierno insistió en que los salarios docentes superan la inflación acumulada y apeló a la «previsibilidad de los recursos provinciales». No obstante, para UnTER, el Gobierno utiliza las mesas de trabajo como «promesas vacías» para desactivar el conflicto sin abordar los problemas de fondo. Participaron de la reunión Silvia Arza por Educación y la cúpula de UnTER, dejando un escenario de incertidumbre total respecto al inicio de clases normal para la próxima semana.
Gremios
Si no hay respuestas concretas en paritaria, UnTER llevará adelante un nuevo paro de 48 horas y cortes de ruta en toda la provincia
Así lo definió el sindicato en un Congreso realizado en Bariloche. La negociación con el Gobierno continuará mañana jueves.
El gremio docente UnTER intensificará su plan de lucha si no hay respuestas concretas a los pedidos que llevarán a la mesa de negociación en el encuentro paritario de mañana jueves (09/04), en Viedma. Así lo resolvió el CCCXCII Congreso General Extraordinario realizado en Bariloche.
En materia salarial, el Congreso reclamó la incorporación del IPC con actualización automática mensual para todos los cargos al básico, llevando el cargo testigo a $1.400.000. También exigió el pase a remunerativo y bonificable de todas las sumas que hoy no están registradas, la actualización del valor de la nafta sin topes para toda la provincia y la devolución inmediata de los días descontados por las medidas de fuerza del 9 de marzo.
En el plano político, el conjunto del sindicato ratificó su rechazo al denominado «botón» inconstitucional, a la Resolución N° 439/26 y a las reformas educativas impulsadas sin consulta al sector. Además, reclamó la apertura urgente de mesas de trabajo por nivel y modalidad.
Como medida de acción directa, y en caso de que no haya respuestas concretas a las exigencias que elevarán a Educación, el Congreso resolvió un paro de 48 horas para los días jueves 16 y viernes 17 de abril, con cortes de ruta en toda la provincia, y dispuso la convocatoria a un nuevo Congreso inmediato para evaluar la continuidad del plan de lucha.
Gremios
ATE reúne a todas las provincias y busca definir medidas de fuerza para reabrir las paritarias
«Las negociaciones salariales en el sector público tienen que reabrirse de manera urgente», señaló Rodolfo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará una reunión de Consejo Directivo Nacional con la participación de los 24 secretarios generales de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para debatir medidas de fuerza a instrumentar en reclamo por la reapertura de las paritarias y rechazar un nuevo ajuste en todo el sector público a nivel nacional, provincial y municipal.
La reunión tendrá lugar en el Hotel 27 de Junio del sindicato, con dirección en Defensa 1469 del barrio porteño de San Telmo.
«Las paritarias en el sector público tienen que reabrirse de manera urgente. El último incremento otorgado va a quedar 10 puntos por debajo de la inflación. Necesariamente debe existir una corrección que permita que los ingresos de los estatales acompañen la evolución que muestren los precios durante los últimos tres meses», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «el Gobierno está pasando su peor momento. Por primera vez, la mayoría de los argentinos consideran responsable a Milei por la grave crisis que estamos sufriendo. En esta pérdida de consenso social, en algo habrán tenido que ver todas las medidas de fuerza que se realizaron. Están débiles y tenemos que seguir golpeándolos, tenemos que seguir con los paros».
«Hay que romper el pacto entre UPCN y el Gobierno ya que esa sociedad es la que aniquiló el poder adquisitivo de todos los empleados públicos» agregó Aguiar.
«Más allá de la vocación de servicio, de los esfuerzos cotidianos de todos los trabajadores, con este nivel de deterioro de los ingresos no se puede pensar en un Estado al servicio del pueblo. La política salarial del Gobierno en el sector público termina perjudicando a todas las franjas sociales más vulnerables de la sociedad que son las verdaderas destinatarias de todas las prestaciones del sistema público», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Cabe recordar que el periodo paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional abarca desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. El Gobierno nacional otorgó, con el aval de UPCN, aumentos para ese periodo que ya se encuentran 2 puntos por debajo de la inflación, mientras resta conocerse la evolución de los precios de los últimos tres meses de ese lapso.
De esta forma, con la firma de UPCN los estatales ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei.
En este marco, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras realizó un estudio sobre la Canasta Básica de los Trabajadores que señala que cada asalariado perdió en promedio $11.021.000 en el sector público y $2.125.000 en el sector privado en los últimos dos años. Esto da como resultado que los trabajadores en total perdieron 54 billones de pesos durante el Gobierno de Milei.
Es por eso que ATE además evaluará un plan de acción ante «un nuevo intento del Gobierno para desfinanciar, desguazar y despedir trabajadores en numerosos sectores de todos los niveles del Estado».
