Gremios
ATE va al paro general este jueves y amplía la convocatoria a municipales y provinciales
«Este paro tiene varios destinatarios. No sólo el presidente Milei, sino también los gobernadores y senadores que tendrán que tratar la Ley Bases», dijo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) adherirá al paro general lanzado por las centrales obreras para este jueves 9 de mayo y amplió la convocatoria a las tres esferas del Estado: nacionales, provinciales y municipales.
«En la Administración Pública, salvo las guardias mínimas en servicios esenciales, nadie va a concurrir a sus puestos de trabajo. Hay un creciente malestar social, estamos ingresando en una depresión económica que golpea absolutamente a todos los sectores sociales», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. Durante la medida de fuerza, sólo se garantizarán guardias mínimas en los hospitales, centros asistenciales de adultos mayores, adolescentes y niños, y en servicios esenciales para hacer frente a emergencias.
El dirigente evaluó que «en la gente hay una oposición mayoritaria a todas las medidas que impulsa el Gobierno nacional» y detalló que «la reforma laboral que se propone en la Ley Bases configura un retroceso a la última Dictadura Militar. Fue en gobiernos de facto donde se creó un fondo de cese laboral y se puso en disponibilidad a todos los trabajadores».
«Este paro tiene varios destinatarios. No sólo las demandas son para el presidente Milei, sino también para los gobernadores y los senadores que tendrán que tratar la Ley Bases, y para los cuatro o cinco grupos empresarios que en este momento son socios del Ejecutivo nacional», apuntó el secretario general de ATE Nacional.
«Tenemos que pensar para el día que se fije el tratamiento de la ley en el Senado, declarar un paro activo en todo el país. En el caso de ATE, después del 9 de mayo vamos a convocar inmediatamente a nuestras instancias orgánicas para definir nuevas medidas de fuerza y darle continuidad al plan de acción dentro del Estado», concluyó Rodolfo Aguiar.
La medida de fuerza alcanzará a las administraciones públicas de las 23 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los más de 2.200 municipios de todo el país, los cuales en su gran mayoría son los sectores más postergados en materia salarial.
ATE impulsa el llamado a una huelga general desde hace meses a través de las instancias orgánicas de la CTA Autónoma, central obrera que integra el sindicato estatal, entendiendo que «las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei no solo perjudican al sector público, sino a toda la población en general».
En este marco, el sindicato reclamará por «reincorporación inmediata de todas las y los cesanteados y detención de los despidos, regularización de todos los vínculos contractuales y pase a planta permanente de todas las y los trabajadores, aumento salarial y en las jubilaciones que supere la inflación, rechazo a la restitución del Impuesto a las Ganancias, cese de las políticas de ajuste, miseria y hambre, rechazo a cualquier privatización de empresas públicas, defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todas las y los
trabajadores jubilados, anulación del Protocolo anti-movilizaciones, cese de las políticas de amedrentamiento hacia las y los trabajadores estatales, no a la restitución del Impuesto a las Ganancias, anulación del DNU 70/23 y rechazo a la Ley Bases».
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ATE declara alerta máxima en Trabajo para enfrentar inminentes despidos y desguace de la cartera
“Por estas horas, y luego de aprobarse la reforma laboral, están amenazadas todas las políticas de trabajo, empleo y seguridad social, así como también los puestos de trabajo de este sector en todo el país”, señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente y no descarta realizar medidas de acción directa en la Secretaría de Trabajo ante la nueva amenaza de despidos y desguace de la cartera impulsada a partir de la reforma laboral.
«Hemos definido el estado de alerta máxima en la sede nacional de Trabajo, pero también en todas las agencias territoriales. Por estas horas, y luego de aprobarse la reforma laboral, están amenazadas todas las políticas de trabajo, empleo y seguridad social, así como también los puestos de trabajo de este sector en todo el país», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente apuntó que «el Gobierno intenta avanzar con una nueva estructura en la Secretaría y, a través de ella, profundizar el achique y desguace del Estado Nacional».
«Está siendo amenazada la estructura federal del Ministerio, las áreas de control y fiscalización, además del programa ‘Volver al Trabajo’, que alcanza a casi un millón de personas, finaliza el próximo 30 de abril y no sería renovado», detalló Aguiar.
«Vamos a resistir con todas nuestras fuerzas la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo se convierta solo en una estructura que garantice los intereses de las grandes corporaciones empresarias. Seguiremos defendiendo a la cartera laboral como la única posibilidad de impedir que, después de la reforma, arrasen con los derechos de los trabajadores del Sector Público y de todas las ramas de la actividad privada», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Desde el sindicato señalaron que la sanción de la reforma laboral ubica en una situación sumamente crítica el rol y funciones históricas de la cartera, en un contexto de desguace y destrucción del Estado que el gobierno nacional enarbola como bandera de gestión desde su asunción en diciembre de 2023.
Gremios
Inicio del ciclo lectivo con conflicto: El Gobierno informó de 53% de presentismo y UnTER un 90% de acatamiento
Este martes continúan las medidas de fuerza del gremio docente rionegrino.
Con cifras contrapuestas y tensión sindical, comenzó el ciclo lectivo 2026 en Río Negro. El Gobierno provincial aseguró que el 53% del personal docente se presentó a trabajar, lo que permitió el funcionamiento de 696 establecimientos educativos y la asistencia de más de 131.000 estudiantes.
En contraste, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) sostuvo que el acatamiento al paro fue del 90% y que la medida tuvo alto impacto en toda la provincia, en el marco de la jornada nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
El conflicto se originó tras el rechazo gremial a la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo en paritarias. Desde el sindicato señalaron que la oferta no contempla la pérdida del poder adquisitivo, mientras que el Gobierno sostiene que se trata de una política salarial responsable.
Desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos destacaron que más de 1.000 instituciones estaban en condiciones de iniciar las clases y remarcaron que «el compromiso oficial fue garantizar el inicio en tiempo y forma, con dispositivos preparados para aquellos edificios donde aún se desarrollan obras o trabajos de mantenimiento»
Ademá, se puso en marcha el servicio de transporte escolar destinado a unos 14.000 estudiantes y el de comedor que inició con la modalidad de refrigerio para, a partir del miércoles (04/03), completar con el resto de sus variantes.
«Frente a una medida sindical irresponsable, Río Negro mantiene firme su decisión de priorizar la calidad educativa de cada estudiante de nuestra provincia», indicaron desde el Gobierno.
En este escenario, el ciclo lectivo comenzó formalmente, pero con un conflicto que continúa abierto y que podría derivar en nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas.
Gremios
ATE intimó al Gobierno para que pague el presentismo y convoque a paritarias, y se declaró en estado de alerta, asamblea permanente y movilización
«Si el Gobierno no paga el presentismo, estaremos frente a un grave recorte salarial que afectará sobre todo a los ingresos más bajos», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó al Gobierno por el no pago del premio estímulo a la asistencia (presentismo) en algunos organismos y áreas estatales, y por la no convocatoria a paritaria en lo que va del 2026. Ante esta situación, el sindicato se declaró en estado de alerta, asamblea permanente y movilización
«Si el Gobierno no paga el presentismo, estaremos frente a un grave recorte salarial que afectará sobre todo a los ingresos más bajos. El ítem de estímulo por asistencia tiene carácter alimentario. Si no se abona, estarán incurriendo en una falta grave», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En referencia a la mesa de negociación salarial, la cual se encuentra en un cuarto intermedio desde diciembre de 2025, el dirigente apuntó que «a esto hay que sumar la decisión del Gobierno de no convocar a paritarias y congelar los salarios durante los dos primeros meses del año. Existe mala fe en las negociaciones y esto acelera la conflictividad».
«Exigimos el inmediato pago del presentismo y la convocatoria a las paritarias. Hemos decidido declararnos en estado de alerta, asamblea permanente y movilización. Además, hemos convocado a nuestro Secretariado Nacional para el día 11 a los efectos de analizar el escenario general y resolver un plan de acción, pero también definir qué medida concreta llevar adelante contra esta decisión de no pagar el presentismo», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Según las estimaciones del sindicato, el no pago del presentismo significa un recorte del 10% en los salarios de los estatales, los cuales ya vienen de una pérdida del 45,3% durante la gestión de Javier Milei.
En su denuncia, el sindicato informó que mediante el Decreto N° 36/2026 se homologó el acuerdo celebrado en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional del 26 de diciembre pasado, el cual prevé, entre otras cuestiones, la prórroga del presentismo, ítem que ha sido sistemáticamente renovado desde el acuerdo celebrado el 29 de septiembre de 2020, homologado por el Decreto N° 837/20.
ATE además señala «que la presunta falta de pago del presentismo y la falta de actualización salarial de los meses de enero y febrero de 2026 constituye una práctica desleal y un acto de mala fe negocial que deja en evidencia la política de miseria y empobrecimiento en contra de los empleados y empleadas públicas de la Administración Pública Nacional».
