Un operativo realizado en General Roca permitió avanzar en una investigación por presuntas actividades de juego ilegal y culminó con el secuestro de siete teléfonos celulares y la notificación de una persona vinculada a la causa.

Según se informó oficialmente, la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por Lotería Nacional y derivó en un allanamiento llevado adelante por el Ministerio Público Fiscal junto a fuerzas policiales y organismos especializados.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron siete teléfonos celulares que serán sometidos a pericias para determinar su posible vinculación con actividades de apuestas clandestinas. Además, una persona fue notificada formalmente sobre el inicio de una causa penal.

Desde Lotería de Río Negro destacaron que este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia para combatir el juego ilegal, una problemática que continúa creciendo tanto en espacios físicos como a través de plataformas digitales no autorizadas. «El juego ilegal online es una amenaza para la sociedad y es nuestro deber generar mecanismos de control y prevención que permitan erradicar estas prácticas, protegiendo especialmente a los sectores más vulnerables y promoviendo entornos de juego seguros y responsables», afirmó el interventor de Lotería de Río Negro, Jorge Manzo.

Apostar de manera legal y segura es simple: los únicos sitios autorizados en Argentina son los que terminan en .bet.ar.  La denuncia ciudadana es una herramienta clave para combatir estas prácticas.

Cualquier persona puede denunciar de manera anónima y gratuita sitios web no autorizados, puntos físicos de apuestas clandestinas o actividades sospechosas vinculadas al juego ilegal a través del portal de denuncias de Lotería de Río Negro: https://consultasydenuncias.loteriaderionegro.gob.ar/forms-complaints o comunicándose al 0800-999-1831.

La investigación continúa en marcha y no se descartan nuevas medidas judiciales en el marco de la causa.

La Cámara de Apelaciones Civil resolvió un recurso de apelación interpuesto en el marco de una causa iniciada contra la Municipalidad de Roca. El conflicto se vincula con la validez de los actos administrativos que ordenan la demolición de un inmueble ubicado en el Área Natural Protegida de Paso Córdoba y con la solicitud de una medida cautelar de no innovar.

En primera instancia se había rechazado la medida cautelar solicitada con el fundamento principal de que no se encontraba acreditado el peligro en la demora y de que la eventual ejecución de la demolición no resultaba inminente.

Frente a esa decisión, la sentencia fue apelada. Los dueños explicaron que la situación había cambiado de manera sustancial debido a actos administrativos posteriores que realizó la comuna que habilitarían la ejecución directa de la demolición, sin necesidad de intervención judicial previa. También afirmaron la existencia de un daño inminente, la afectación del derecho a la vivienda y la ausencia de un estudio de impacto ambiental.

La Cámara examinó los agravios y revisó la decisión. En primer lugar, consideró que el análisis sobre el peligro en la demora había sido insuficiente, ya que no se valoraron adecuadamente las actuaciones administrativas posteriores incorporadas al expediente.

Señaló que la eventual ejecución de la demolición podía tornar ilusoria la sentencia definitiva, dado que el objeto del litigio podría desaparecer antes de resolverse el fondo del asunto. Destacó además que la demolición de un inmueble implica un efecto material difícil de revertir, lo que refuerza la necesidad de tutela preventiva.

Respecto del planteo ambiental, la Cámara descartó que la falta de un estudio de impacto ambiental constituyera por sí sola un fundamento decisivo para la medida cautelar. Sin embargo, también señaló que los argumentos sobre posibles daños ambientales carecían de sustento concreto en la resolución apelada.

Sobre la verosimilitud del derecho, el tribunal indicó que no correspondía anticipar un pronunciamiento sobre la validez o nulidad de los actos administrativos cuestionados en esta etapa. Aun así, consideró que existía una apariencia suficiente de derecho para justificar una tutela precautoria, sin emitir juicio definitivo sobre el fondo.

Finalmente, la sentencia interlocutoria concluyó que se configuraban los requisitos para la procedencia de la medida cautelar solicitada. En consecuencia, resolvió revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la medida de prohibición de innovar.

Así, ordenó a la Municipalidad de Roca abstenerse de ejecutar actos materiales de demolición, remoción o alteración de las construcciones existentes en el inmueble hasta el dictado de la sentencia definitiva o hasta que cambien las circunstancias que justificaron la decisión.

La rápida intervención de efectivos de la Comisaría 3° de General Roca permitió recuperar una rueda que había sido sustraída de una camioneta y detener al presunto autor del hecho.

Todo comenzó cuando un llamado al Centro de Emergencias 911 alertó sobre la presencia de un hombre que caminaba por la vía pública transportando una cubierta. Con los datos aportados, personal policial realizó recorridas por la zona y logró ubicar al sospechoso en inmediaciones de las calles Uruguay y Belgrano.

Al identificarlo, los uniformados constataron que llevaba una cubierta con llanta de chapa, por lo que fue demorado mientras se realizaban averiguaciones para determinar su procedencia.

Poco después, los efectivos detectaron que una camioneta Renault Duster que permanecía en un taller mecánico ubicado sobre calle Sarmiento tenía el faltante de la rueda de auxilio. Tras ser localizada, la propietaria reconoció el elemento recuperado como de su propiedad.

La Fiscalía de turno dispuso la intervención del Gabinete de Criminalística y del área de Investigaciones Judiciales. Además, ordenó el secuestro formal de la rueda, su restitución a la damnificada y la detención del hombre, quien quedó imputado por el delito de robo.