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UnTER rechazó la oferta del Gobierno y convocó a un paro para este viernes
Además, si no hay llamado a paritarias para el martes que viene, realizarán otro paro el miércoles.
El plenario de secretarios generales de UnTER, que se reunió de manera virtual hoy (13/06) con la presencia de las 18 Seccionales definió, por unanimidad, rechazar la propuesta salarial y realizar un paro de 24 horas para mañana viernes (14/06).
Asimismo, exige al Gobierno provincial una urgente convocatoria a paritarias para el martes de la próxima semana. En caso de no concretarse el llamado, se realizará un nuevo paro de 24 horas el miércoles (19/06) y un posterior Congreso para definir medidas el 25 de junio.
«El Gobierno es responsable y debe garantizar la educación. Los acuerdos paritarios deben cumplirse porque tienen carácter de ley. Necesitamos una propuesta salarial real, que ningún trabajador de la educación quede por debajo de la línea de pobreza», expresaron desde el sindicato.
El plenario de secretarios generales de UnTER expresó además su «absoluto repudio a la brutal represión ordenada por el Gobierno nacional a través de la ministra Patricia Bullrich contra compañeros que se manifestaban frente al Congreso Nacional en rechazo a la Ley Bases. De la misma manera las violentas declaraciones de la dupla presidencial Javier Milei – Victoria Villarruel refirmando el discurso de odio y la judicialización de la protesta social».
«Nuestro pueblo ha cargado sobre el peso de su historia, años de dictaduras, muertes, violaciones y secuestros de militantes, de soñadores que no aceptaban un mundo con injusticias; nos costaron miles de compañeros detenidos desaparecidps el tener hoy una Democracia de más de 40 años como para permitirnos que se acuse de terroristas a quienes se manifiestan contra un modelo de muerte, contra un gobierno que practica la crueldad como plan de gobierno», agregaron.
«En este marco, es muy peligroso que sean representantes del ejecutivo quienes instalen discursos de odio y justifiquen la violencia represiva. Discurso legitimado en el comunicado de prensa publicado por el gobierno, en paralelo a la votación de Villarroel, donde expresa que el proyecto denominado Ley Bases se aprueba gracias al esfuerzo de valientes, de los trabajadores que se bancaron el hostigamiento de supuestos “terroristas” que atentaban contra el orden constitucional. La misma intencionalidad tienen las palabras del vocero presidencial Manuel Adorni en sus conferencias diarias que se caracterizan por el maltrato a trabajadores, expresiones misóginas y discriminadoras de las comunidades originarias», añadieron.
«Siempre hemos sido los trabajadores quienes defendimos la vida democrática. El mismo Presidente afirma que viene a destruir el Estado y las leyes que lo sostienen. El DNU y la Ley Bases son anticonstitucionales, avasallan todos los derechos conquistados con años de lucha para ampliar los negocios y la entrega del territorio a empresarios cipayos y multinacionales», sostuvieron.
«Es lamentable el voto positivo de la senadora Mónica Silva, docente y ex ministra de Educación de Río Negro. Voto que permitirá la destrucción de la educación pública, el desmantelamiento de todos los programas sociales, que permiten a miles de estudiantes continuar sus estudios, sumada a la pérdida de soberanía económica y territorial, que rematan la vida de las generaciones presentes y futuras», manifestaron desde UnTER.
«Evidentemente el Gobierno provincial ha decidido sumarse al retroceso en derechos que pretende instaurar el Mileismo. Incluyendo el desconocimiento de los tratados internacionales que reconocen los derechos del Pueblo Nación Mapuche, el acceso a sus territorios y el respeto a su cultura, como lo propone el proyecto de ley de prohibición del uso de la Wenufoye, su bandera en las instituciones públicas», lamentaron.
Finalmente repudiaron «la avanzada del Gobierno nacional y provincial contra los derechos del pueblo. Seguiremos en las aulas y en las calles exigiendo que se cumpla con la Constitución y los tratados internacionales a los que ésta adhiere. En defensa del derecho a la protesta, contra el saqueo y el ajuste. Nunca más es Nunca Más».
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ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
