Gremios
UnTER rechazó la oferta del Gobierno y convocó a un paro para este viernes
Además, si no hay llamado a paritarias para el martes que viene, realizarán otro paro el miércoles.
El plenario de secretarios generales de UnTER, que se reunió de manera virtual hoy (13/06) con la presencia de las 18 Seccionales definió, por unanimidad, rechazar la propuesta salarial y realizar un paro de 24 horas para mañana viernes (14/06).
Asimismo, exige al Gobierno provincial una urgente convocatoria a paritarias para el martes de la próxima semana. En caso de no concretarse el llamado, se realizará un nuevo paro de 24 horas el miércoles (19/06) y un posterior Congreso para definir medidas el 25 de junio.
«El Gobierno es responsable y debe garantizar la educación. Los acuerdos paritarios deben cumplirse porque tienen carácter de ley. Necesitamos una propuesta salarial real, que ningún trabajador de la educación quede por debajo de la línea de pobreza», expresaron desde el sindicato.
El plenario de secretarios generales de UnTER expresó además su «absoluto repudio a la brutal represión ordenada por el Gobierno nacional a través de la ministra Patricia Bullrich contra compañeros que se manifestaban frente al Congreso Nacional en rechazo a la Ley Bases. De la misma manera las violentas declaraciones de la dupla presidencial Javier Milei – Victoria Villarruel refirmando el discurso de odio y la judicialización de la protesta social».
«Nuestro pueblo ha cargado sobre el peso de su historia, años de dictaduras, muertes, violaciones y secuestros de militantes, de soñadores que no aceptaban un mundo con injusticias; nos costaron miles de compañeros detenidos desaparecidps el tener hoy una Democracia de más de 40 años como para permitirnos que se acuse de terroristas a quienes se manifiestan contra un modelo de muerte, contra un gobierno que practica la crueldad como plan de gobierno», agregaron.
«En este marco, es muy peligroso que sean representantes del ejecutivo quienes instalen discursos de odio y justifiquen la violencia represiva. Discurso legitimado en el comunicado de prensa publicado por el gobierno, en paralelo a la votación de Villarroel, donde expresa que el proyecto denominado Ley Bases se aprueba gracias al esfuerzo de valientes, de los trabajadores que se bancaron el hostigamiento de supuestos “terroristas” que atentaban contra el orden constitucional. La misma intencionalidad tienen las palabras del vocero presidencial Manuel Adorni en sus conferencias diarias que se caracterizan por el maltrato a trabajadores, expresiones misóginas y discriminadoras de las comunidades originarias», añadieron.
«Siempre hemos sido los trabajadores quienes defendimos la vida democrática. El mismo Presidente afirma que viene a destruir el Estado y las leyes que lo sostienen. El DNU y la Ley Bases son anticonstitucionales, avasallan todos los derechos conquistados con años de lucha para ampliar los negocios y la entrega del territorio a empresarios cipayos y multinacionales», sostuvieron.
«Es lamentable el voto positivo de la senadora Mónica Silva, docente y ex ministra de Educación de Río Negro. Voto que permitirá la destrucción de la educación pública, el desmantelamiento de todos los programas sociales, que permiten a miles de estudiantes continuar sus estudios, sumada a la pérdida de soberanía económica y territorial, que rematan la vida de las generaciones presentes y futuras», manifestaron desde UnTER.
«Evidentemente el Gobierno provincial ha decidido sumarse al retroceso en derechos que pretende instaurar el Mileismo. Incluyendo el desconocimiento de los tratados internacionales que reconocen los derechos del Pueblo Nación Mapuche, el acceso a sus territorios y el respeto a su cultura, como lo propone el proyecto de ley de prohibición del uso de la Wenufoye, su bandera en las instituciones públicas», lamentaron.
Finalmente repudiaron «la avanzada del Gobierno nacional y provincial contra los derechos del pueblo. Seguiremos en las aulas y en las calles exigiendo que se cumpla con la Constitución y los tratados internacionales a los que ésta adhiere. En defensa del derecho a la protesta, contra el saqueo y el ajuste. Nunca más es Nunca Más».
Gremios
ATE rechaza la amenaza de Adorni de despedir al 20% de la Jefatura de Gabinete y prepara medidas
«Esta decisión atenta contra la eficacia del Estado. Es mentira que quieran ahorrar. El Estado seguirá perdiendo su capacidad de respuesta», dijo Aguiar.
Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, amenazara con despedir al 20% de los trabajadores de este sector en febrero y realizar un gran recorte presupuestario, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «esta decisión atenta contra la eficacia del Estado» y disparó: «Es mentira que quieran ahorrar. Son medidas que van a impactar sobre los derechos de toda la sociedad. El Estado seguirá perdiendo su capacidad de respuesta. Mintieron. No está recortando privilegios, siguen desmantelando servicios esenciales».
«Están recortando gastos en el Estado para favorecer a los sectores concentrados de la economía como ocurrirá con las 150 empresas a las que quieren bajarles el impuesto a las ganancias. Recortan porque priorizan el pago de la deuda externa. El ajuste siempre es sobre los más débiles, mientras que los sectores más ricos siguen acumulando», agregó el dirigente de ATE.
En esta línea, Aguiar explicó que «estas cesantías son ilegales. Los empleados públicos tenemos estabilidad. Las tenemos que resistir. No pueden seguir dejando familias en la calle en este contexto de crisis. El Estado está tirando a la basura a trabajadores con años de experiencia y altamente calificados. Pretenden despedir personal técnico y especializado que será muy difícil y costoso de poder reemplazar».
Una de las áreas que podría verse afectada por la ‘motosierra’ del Gobierno es la Administración de Parques Nacionales. En referencia a esto, el referente estatal señaló que «no existen argumentos reales. Ninguna de las áreas de la Jefatura están superpobladas. Por el contrario, son los propios informes oficiales los que dan cuenta que la dotación de personal se encuentra muy por debajo de la requerida. El caso paradigmático es que con los incendios en la Patagonia y en el resto país se descubrió que solamente hay 391 brigadistas cuando debieran ser 700. Es decir, solo la mitad para cubrir 5 millones de hectáreas».
«Ya sabemos lo que hizo Adorni en la Secretaría de Comunicación. No va a despedir para ahorrar, sino para reemplazar, hacer lugar para llenar nuevas áreas de militantes libertarios», sentenció el secretario general de ATE Nacional y concluyó con que «lo tenemos que impedir. Los trabajadores no somos un número en una planilla de Excel. Si intenta cumplir con esta amenaza de recortar, la conflictividad rápidamente va a aumentar».
En este sentido, el sindicato también decidió convocar a su Secretariado Nacional a los efectos de definir medidas de acción directa.
Según las estimaciones del sindicato, de los 3000 trabajadores que hay bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, que abarca las secretarías de Asuntos Estratégicos; Coordinación Legal y Administrativa; Ejecutiva; Comunicación y Medios; Innovación, Ciencia y Tecnología; y Ambiente y Turismo, son más de 500 los puestos de trabajo que podrían verse afectados.
Gremios
Paritaria docente: UnTER rechazó la propuesta salarial del Gobierno y convocó a un Congreso
El gremio exige recomposición salarial pendiente de 2025. La negociación pasó a un cuarto intermedio hasta febrero.
Este jueves (22/01) se llevó adelante en la ciudad de Viedma la primera reunión paritaria del año entre el Gobierno de Río Negro y la nueva conducción del gremio docente UnTER, sin que se lograra un acuerdo salarial entre las partes.
Durante el encuentro, realizado en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, la ministra de Educación, Patricia Campos, presentó una propuesta salarial de carácter trimestral, con actualización en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Viedma, correspondiente al período de enero a marzo.
Desde UnTER señalaron que la oferta no puede ser evaluada, ya que «no contempla la recomposición salarial pendiente del año 2025». En ese sentido, las autoridades del gremio reiteraron los reclamos surgidos de los encuentros internos, vinculados a la urgente recomposición del salario docente, mejores condiciones laborales, mayor financiamiento educativo y el cumplimiento de la Resolución 233/98, entre otros puntos.
«El salario debe garantizar la recuperación del poder adquisitivo. Ningún docente por debajo de la línea de la pobreza», remarcaron desde el sindicato.
Por su parte, desde el Gobierno provincial indicaron que «la propuesta salarial se enmarca en un difícil contexto económico, y responde a la política de pagar los salarios en tiempo y forma, garantizar los servicios esenciales del Estado y mantener ingresos que se ubiquen por encima de la inflación, en función de un uso responsable de los recursos disponibles».
Ante la falta de consenso, el Ejecutivo propuso un cuarto intermedio para la primera semana de febrero, instancia que fue cuestionada por UnTER, que manifestó su total desacuerdo con lo que consideró un intento de «dilación» en la negociación.
En ese marco, el gremio docente anunció la convocatoria a un Congreso Provincial, que se realizará el jueves (29/01) en la ciudad de San Antonio Oeste, donde se definirán las acciones a seguir.
Del encuentro participaron, por el Gobierno, la ministra Patricia Campos, la secretaria de Educación Silvia Arza, vocales gubernamentales y autoridades del Consejo Provincial de Educación. En representación de UnTER estuvieron presentes integrantes del Consejo Directivo Central y del equipo gremial y legal del sindicato.
Gremios
ATE intima judicialmente al Gobierno por el intento de privatización del área de Metrología del INTI
«El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto”, señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó al Gobierno nacional para que deje sin efecto la recientemente publicada Resolución 213/25 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que desarticula y quita las funciones del Programa de Metrología Legal, área de trabajo que se encarga del control y regulación de instrumentos con reglamentos nacionales como los surtidores de combustible, las balanzas comerciales y los instrumentos médicos, entre otros.
«El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto. Esta resolución encubre un claro intento de privatización. Es llamativo que sean atacadas casualmente todas las funciones de control y fiscalización», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En referencia a las consecuencias que implica esta decisión del Gobierno, apuntó que «esta medida no sólo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que atenta contra la seguridad de toda la población. Parece increíble, nunca nos imaginamos que se llegaría al momento en el que un kilo ya no sea un kilo o que en los surtidores de nafta un litro no sea realmente un litro».
«Es evidente que esto va a tener consecuencias graves y concretas en el funcionamiento cotidiano de numerosas empresas y son millones los ciudadanos que pueden verse afectados», concluyó Aguiar y advirtió que el sindicato realizará plenarios y asambleas para definir el plan de acción hasta lograr que se derogue esta resolución.
El Programa de Metrología Legal tiene repercusión directa en la cotidianidad de la población ya que, por ejemplo, realiza los controles para la correcta medición de los alcoholímetros, los cinemómetros (fotomultas) y las balanzas comerciales, como así también los surtidores de combustibles (garantizando que no se sirva menos cantidad de la que el usuario compra), entre otros controles.
A partir de la disposición del Gobierno, el organismo nacional cesa en sus actividades de aprobación de modelos, y también la certificación de correcto funcionamiento y medición de los instrumentos actualmente utilizados.
Dentro de este área se encuentran las líneas de trabajo de metrología legal, certificación, aprobación de modelos y el Servicio Argentino de Calibración. De las mismas, junto a otras áreas indirectas, dependen 147 trabajadores distribuidos en todas las provincias y cuyos puestos de trabajo están en riesgo a partir de esta resolución.
