Judiciales
Le «soldó mal» una fractura: Condenaron al Hospital de Roca por la mala praxis de un médico
El paciente pasó cinco meses enyesado y cuando le retiraron esa protección comenzó a sufrir dolores y molestias cada vez más fuertes.
Un hombre de 44 años se fracturó una pierna en un partido de fútbol y buscó atención médica en el Hospital Francisco López Lima de Roca. Allí un traumatólogo le indicó una radiografía, le ajustó el hueso desplazado y le puso una bota de yeso, previo a diagnosticarle una fractura de tibia y peroné. El paciente pasó cinco meses enyesado y cuando le retiraron esa protección comenzó a sufrir dolores y molestias cada vez más fuertes. Consultó con otros dos especialistas y así supo que la fractura había «soldado mal».
El caso derivó inicialmente en una denuncia penal por mala praxis contra el primer médico. Allí el profesional fue sobreseído por falta de pruebas concretas que demostraran su culpabilidad en el delito de lesiones. Entonces el hombre avanzó con un reclamo en el fuero contencioso administrativo, en la búsqueda de una indemnización económica de los daños y perjuicios sufridos.
La demanda económica fue iniciada contra la Provincia. El reclamo fue por las consecuencias que el hombre sufrió en su cuerpo y en su vida a raíz de la deficiente atención recibida en el centro público de salud. El juez en lo Contencioso Administrativo de Roca declaró la responsabilidad civil del Estado y dispuso una indemnización superior a los 11 millones de pesos, más intereses, a favor del paciente. La sentencia puso valor al daño físico, aplicando los parámetros definidos recientemente por el Superior Tribunal de Justicia, y también indemnizó el daño moral.
«Tengo por acreditado que el Estado provincial ha incurrido en una falta de servicio, prestando un servicio de salud irregular al Sr. P., lo que le ha causado perjuicios irreversibles en su cuerpo. En este contexto, dada la relación que existe entre el Estado y los médicos profesionales como agentes públicos, actuando como órganos del mismo, considero que dichas omisiones son atribuibles directamente al Estado Provincial, y por lo tanto deberá responder por sus consecuencias», definió el juez en su sentencia. El fallo no está firme, pues las partes tienen instancias de apelación disponibles.
Las pericias médicas explicaron que ante la lesión que presentaba el hombre al llegar al hospital, era «absolutamente imperioso» someterlo a una operación y colocarle tornillos y placas. Pero un deficiente ajuste del hueso desplazado y la bota de yeso mal colocada por tantos meses hicieron que el hombre quedara con una anormalidad irreversible en la articulación de la rodilla y un acortamiento de dos centímetros en la pierna lastimada.
El médico, «civilmente responsable»
En la demanda por la indemnización, el paciente reclamó únicamente al Estado pero no al médico de manera personal. Al ejercer su defensa, el representante de la Provincia pidió que el médico también sea traído al proceso. Así, el traumatólogo fue sumado como «tercero» al expediente.
Como el profesional no pudo ser ubicado pese a las notificaciones y los edictos publicados, finalmente fue representado por la Defensa Pública en carácter de «ausente». En esa condición el médico fue declarado «civilmente responsable» de los daños que sufrió el paciente, lo que habilita al Estado a demandarlo posteriormente para tratar de recuperar el dinero de la indemnización que deberá pagar al afectado.
Judiciales
Caso Julián Dobra: un nuevo detenido por el crimen del joven roquense
El Ministerio Público Fiscal imputó a un joven de 18 años, acusado de participar en el homicidio ocurrido en abril pasado. Se convirtió en el octavo implicado en la causa.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un nuevo imputado acusado de haber participado en el homicidio de Julián Dobra de la Canal, ocurrido el 17 de abril pasado en General Roca. El joven, de 18 años, fue detenido durante la mañana de este viernes (07/11) y se convirtió en el octavo acusado en la causa.
Según la hipótesis fiscal, el detenido formó parte del grupo que, entre las 19.48 y las 20.23, coordinó un encuentro con la víctima detrás de la defensa aluvional. Allí lo habrían engañado para concretar una reunión y posteriormente lo agredieron con golpes y un arma de fuego, provocándole las lesiones que derivaron en su muerte. Todo ello en el marco de un plan ideado por otro de los imputados.
De acuerdo con la acusación, el joven participó también del robo del automóvil de Dobra y del ingreso a su domicilio, donde sustrajeron una bicicleta y una consola de juegos utilizando la llave original.
La calificación legal atribuida es la de coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, en concurso real con hurto calificado por el uso de llave verdadera sustraída, agravados por la participación de menores de edad.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó pruebas que incluyen rastros levantados en el lugar del hecho, informes de cámaras del 911, pericias telefónicas y análisis biológicos, entre otros elementos.
El defensor oficial se opuso a la formulación de cargos y pidió medidas de protección para las víctimas, mientras que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del acusado. El juez de Garantías hizo lugar al pedido del Ministerio Público, imponiendo la medida cautelar y recordando que la causa fue declarada compleja, lo que extiende el plazo de investigación hasta mayo de 2026.
Con esta nueva imputación, el caso que conmocionó a General Roca ya cuenta con 8 personas acusadas, entre mayores y menores de edad, por su presunta participación en el brutal homicidio.
Judiciales
Por una apuesta familiar la inscribieron con otro nombre: 60 años después logró cambiarlo
El fallo consideró que existían “justos motivos” para el cambio, por el sufrimiento que le generó y por el uso habitual de su nombre elegido.
Una mujer del Alto Valle logró una resolución histórica: el Poder Judicial de Cipolletti autorizó el cambio de su nombre, inscripto hace más de 6 décadas a raíz de una apuesta familiar.
La historia comenzó a principios de los años ‘60, cuando su padre acudió solo al Registro Civil para inscribirla. En la puerta, un primo lo desafió a anotarla con un nombre inusual, elegido al azar. El hombre aceptó la broma, sin imaginar que ese gesto definiría parte de la vida de su hija.
Desde niña, la mujer soportó burlas y humillaciones por su nombre. En la adolescencia abandonó la escuela para evitar oírlo en público y, ya de adulta, evitó todo trámite donde figurara su documento. «No tramitó pasaporte, ni tarjetas de crédito, ni se inscribió en su jubilación», indica el fallo. Incluso en su casamiento, escuchar su nombre en voz alta fue una experiencia dolorosa.
Durante décadas, se presentó socialmente con otro nombre -una inicial, ‘A.’, en los documentos judiciales-, el mismo que usó en su entorno, en redes sociales y en actividades artísticas. En agosto de 2025, inició una acción judicial para reemplazar los prenombres impuestos por el que la representaba realmente.
El pedido fue acompañado por testimonios, capturas de pantalla, certificados y un informe técnico interdisciplinario que concluyó que el cambio sería «una forma simbólica de reparación».
Tanto el Ministerio Público Fiscal como el Registro Civil avalaron el pedido. El tribunal de Familia consideró que existían «justos motivos» conforme al Código Civil y Comercial, que contempla la modificación cuando el nombre afecta la personalidad o cuando la persona usa habitualmente otro.
En noviembre de 2025, la Justicia ordenó eliminar los prenombres originales y rectificar su partida de nacimiento, reconociendo oficialmente su identidad elegida.
Después de 60 años de cargar con un nombre impuesto por una broma, la mujer consiguió finalmente llamarse como siempre quiso.
Judiciales
Nuevos elementos del celular de la víctima reconfiguran la investigación por el crimen de Julián Dobra de la Canal
El juez de Garantías declaró la causa como compleja y extendió el plazo de investigación hasta mayo de 2026.
El Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción reformuló cargos en la causa que investiga el homicidio de Julián Dobra de la Canal, ocurrido el 17 de abril pasado en General Roca. La medida se basó en nuevos elementos incorporados a la investigación, principalmente el análisis del celular de la víctima, que permitió precisar detalles sobre el hecho y las responsabilidades de cada imputado.
Según la hipótesis fiscal, el crimen ocurrió entre las 19.48 y las 20.23, en una zona ubicada detrás de la defensa aluvional. En ese lapso, cuatro hombres agredieron a la víctima con golpes y un arma de fuego, cumpliendo un plan previamente ideado por una quinta persona.
Dobra fue arrastrado y abandonado detrás de unos arbustos, donde finalmente falleció a causa de las lesiones en el cráneo. Posteriormente, los agresores se apoderaron de su automóvil y lo utilizaron para ingresar a su departamento, donde sustrajeron una bicicleta y una consola de juegos.
Además, se acreditó que un sexto implicado omitió brindar información sobre el paradero de la víctima pese a conocer lo ocurrido, mientras que un séptimo hombre ocultó el vehículo sustraído en una vivienda de calle Urquiza.
El análisis del celular, clave para el avance de la causa
El avance de la investigación se fortaleció a partir del trabajo técnico de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General, que logró acceder al contenido del celular de Dobra sin necesidad de enviarlo al exterior.
Del dispositivo se recuperaron más de 1.400 puntos de geolocalización, registros de llamadas, mensajes, videos e imágenes que vinculan directamente a los imputados entre sí y con la víctima.
La información fue cotejada con testimonios, informes del 911 y pericias previas, confirmando la hipótesis del Ministerio Público.
También se hallaron mensajes entre los acusados donde coordinaban acciones posteriores al homicidio, como ocultar el vehículo e incluso intentar incendiarlo.
7 imputados y causa declarada compleja
Dos de los implicados fueron acusados de homicidio triplemente agravado (por el concurso premeditado de dos o más personas, por el uso de arma de fuego y por la intervención de menores). A uno de ellos se le sumó el cargo de hurto calificado por el uso de llave verdadera sustraída.
Tres personas menores de edad fueron imputadas por los mismos delitos en concurso real con hurto calificado, y un cuarto adolescente también fue acusado de portación ilegal de arma de fuego de uso civil. Los dos restantes fueron imputados por encubrimiento agravado.
Durante la audiencia, las partes debatieron sobre la complejidad del caso. Finalmente, el juez de Garantías admitió la reformulación de cargos y declaró la causa como compleja, extendiendo el plazo de investigación hasta el 9 de mayo de 2026.
El magistrado también resolvió prorrogar la prisión preventiva de los imputados mayores de edad hasta esa fecha, y mantener las medidas cautelares para los menores. Uno de ellos deberá presentarse periódicamente ante la Fiscalía.
