Judiciales
Un comisario enfrenta un juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta
Fue jefe de la Brigada Rural de General Roca.
El comisario Fabio Gutiérrez, que estuvo cargo de la Brigada Rural de General Roca, enfrenta un juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Durante la mañana de ayer (13/08) y hoy (14/08) se lleva adelante el debate. Habría cometido los hechos en reiteradas oportunidades.
La Fiscalía enunció en sus alegatos que durante estos cuatro días de juicio buscará probar, a través de los testigos y demás evidencia colectada, su teoría del caso, ordenada en cuatro hechos.
«El empleado policial en noviembre de 2021 habría adquirido una camioneta Chevrolet, mediante un contrato de comodato con la Dirección de Vialidad Rionegrina, que su función no le permitía celebrar. La calificación legal para este hecho es la de incumplimiento de los deberes de funcionario público», indicaron desde la Fiscalía.
«El segundo hecho habría ocurrido durante un año, de noviembre de 2021 a 2022, momento en que se realizó un allanamiento y el secuestro del vehículo mencionado, ya que el imputado (que por aquellos días era jefe de la Brigada Rural y de la División Montada de la policía de Río Negro, además de encargado del manejo del bien recibido), lo utilizó con fines personales y para obtener provecho económico», agregaron.
La calificación legal propuesta por la Fiscalía es la de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (Dirección de Vialidad Rionegrina).
En el tercer hecho la Fiscalía describió que «en las mismas fechas anteriores, el imputado le habría ordenado a los empleados con función de chofer que cargaran combustible utilizando su tarjeta YPF -gasoil que estaba destinado a uso policial. Luego, en al menos tres oportunidades por semana y de manera personal, se apropiaba de 2 o 3 bidones de 20 litros, que succionó desde el tanque con una manguera para utilizar el combustible de manera personal».
El último hecho endilgado por la Fiscalía habría sido entre noviembre de 2021 y 2022 «en las dependencias de la Brigada Rural, cuando el imputado aprovechando su rol jerárquico, habría ordenando que se trasladara uno de los móviles hacia la división Montada», describió el fiscal del caso.
«Al menos dos veces por semana, el hombre ordenó a los empleados que, utilizando el móvil oficial disponible en esa unidad, lo llevaran a su vivienda particular, aprovechando ese auto para transportar, además, los bidones de gasoil, de los que previamente se había apoderado ilegítimamente en la unidad policial a su cargo. Además ordenó que al regreso, se llevaran los bidones vacíos que tenía en su domicilio a la comisaría a su cargo», agregó el Ministerio Público Fiscal.
Para estos dos últimos hechos la calificación propuesta es la de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública reiterada en un número indeterminado de hechos (Policía de la Provincia de Rio Negro)».
Por su parte, el defensor penal público que asiste al imputado, esgrimió en sus alegatos que «estamos ante una causa extraña, insólita, en la que creemos que como fondo existe una interna laboral. Para esta parte, mi asistido no cometió ningún delito y se lo está juzgando porque se excedió en el trabajo que le correspondía realizar».
Durante la primera jornada de debate, ayer, el imputado, con asistencia de su defensor, respondió preguntas de su abogado. Además se escucharon las voces de dos empleados policiales, dos representantes de Vialidad Rionegrina. Entre hoy y mañana se espera que declaren 9 personas más y que el viernes (16/08) ocurran los alegatos de clausura.
El juicio se lleva adelante frente a un Tribunal Colegiado en el subsuelo de los Tribunales de General Roca.
Judiciales
Le robaron las cuatro ruedas mientras dormía y el seguro lo acusó de haberse autoasaltado
El hecho ocurrió mientras el hombre descansaba sin sus audífonos. La aseguradora rechazó el reclamo y lo responsabilizó por el robo.
Un hombre sufrió el robo de las cuatro cubiertas de su auto mientras dormía. Debido a su cuadro de hipoacusia bilateral, no advirtió ningún tipo de ruido. Cuando despertó, se dio cuenta de lo ocurrido y realizó la denuncia policial. También se presentó ante el seguro del coche para solicitar la cobertura vigente.
La respuesta no fue la esperada: el seguro lo acusó de haberse robado él mismo las cubiertas. El hombre se vio en la obligación de explicar que no usa los audífonos mientras descansa y que no escuchó absolutamente nada. Además, informó que padece una afección lumbar, por lo que no está en condiciones físicas de retirar los neumáticos de un vehículo.
El hombre se sintió maltratado por el productor del seguro. Luego de intentos extrajudiciales fallidos, inició una demanda por daños y perjuicios. El fuero Civil de Roca hizo lugar a la demanda y condenó a la aseguradora a abonar una indemnización. Los rubros a pagar incluyen daño directo, correspondiente al valor de las cubiertas, daño moral y privación de uso.
Durante el proceso se determinó que el contrato de seguro era válido y vigente al momento del robo. El juez tuvo por acreditada la denuncia del siniestro, basándose en la conducta de la aseguradora, que emitió una orden de compra coincidente con el reclamo. Consideró que esta actuación superaba la negativa genérica inicial de la empresa y constituía un reconocimiento tácito.
El fallo estableció que el hombre fue víctima del robo de las ruedas y que no pudo usar el vehículo desde entonces. Se concluyó que la aseguradora incumplió sus obligaciones contractuales al no abonar la indemnización dentro de los plazos legales.
Por su parte, la aseguradora reconoció la existencia de una póliza vigente, aunque negó haber recibido una denuncia formal del siniestro. Alegó que, de manera excepcional y sin admitir hechos ni derechos, emitió una orden de compra para reponer las ruedas, pero que fue rechazada por el asegurado y, por ello, anulada.
El juez explicó que las normas que regulan las relaciones de consumo, en este caso referidas a la contratación del seguro, deben aplicarse e interpretarse conforme con el principio de protección al consumidor. Además, recordó que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Pesa sobre el proveedor, en este caso la aseguradora, un deber de información obligatoria.
Judiciales
Buscan revertir la prisión perpetua por el crimen de Marisa Coliman en Luis Beltrán
El Ministerio Público Fiscal defendió el fallo y pidió que se confirme la prisión perpetua.
En los Tribunales de General Roca, la Defensa Penal Pública presentó este jueves (18/12) sus agravios contra el agravante de ensañamiento aplicado en la condena por el homicidio de Marisa Coliman, ocurrido el 25 de julio de 2023 en la localidad de Luis Beltrán.
Cabe recordar que el imputado fue declarado culpable por unanimidad por un jurado popular el 12 de septiembre pasado y que, el 29 de octubre, fue condenado a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por ensañamiento.
Durante la audiencia, el defensor penal público sostuvo que, a lo largo del debate, la acusación no logró probar los elementos esenciales del ensañamiento. En ese sentido, afirmó que tanto la Fiscalía como la querella habrían inducido al jurado a asociar la cantidad de heridas con dicha figura penal. «La Fiscalía no presentó prueba suficiente para sostener el ensañamiento y el hecho probado es distinto al hecho que se le imputó», remarcó el defensor.
Asimismo, argumentó que existió un «eslabón roto» entre el alegato acusatorio y la prueba producida en el juicio, al equiparar el número de lesiones con la intención de provocar un mayor sufrimiento. Según expresó, el ensañamiento requiere un dolo específico que, a su criterio, no fue acreditado, ya que el médico del Cuerpo de Investigación Forense ni otros testigos fueron consultados sobre el dolor que pudo haber experimentado la víctima.
Por estos motivos, la defensa solicitó que se admita el recurso de impugnación, se recalifique el hecho como homicidio simple y que el expediente sea remitido nuevamente al juez de Juicio para la fijación de una nueva pena acorde a esa calificación.
En respuesta, la representante del Ministerio Público Fiscal rechazó los planteos y defendió la actuación del jurado popular. Señaló que los integrantes del jurado fueron debidamente instruidos sobre el concepto de ensañamiento y que no existen motivos para suponer una interpretación errónea de la prueba. «El jurado es soberano y consideró acreditado el ensañamiento con base en la evidencia producida en el juicio», sostuvo.
La fiscal remarcó que la víctima fue atacada inicialmente en la cama, logró incorporarse herida e intentó pedir auxilio, lo que quedó reflejado en la escena dinámica del hecho. Indicó que se registraron 34 lesiones en dos sectores distintos de la vivienda, la mayoría en el cuello, además de heridas defensivas. También destacó el tiempo de sobrevida estimado por el médico forense, que habría sido de entre 2 y 5 minutos.
Por todo ello, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se confirme la sentencia condenatoria, entendiendo que el veredicto del jurado se ajustó a la prueba presentada durante el juicio. En la misma línea, la querella, en representación de los hijos de la víctima, adhirió plenamente a lo expuesto por la Fiscalía.
Finalmente, el Tribunal de Impugnación informó que dará a conocer su resolución dentro de los plazos previstos por la ley.
Judiciales
Confirmaron la identidad del hombre hallado sin vida en el Canal Grande
El cuerpo ya fue entregado a la familia y la investigación continúa.
El Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial confirmó este mediodía (17/12) la identidad del cuerpo hallado el viernes pasado por la mañana en el Canal Grande de General Roca. Se trata de Jorge Roberto Candia, un hombre de 73 años, oriundo de la ciudad de Allen, cuyos restos ya fueron entregados a su familia para su sepultura.
Según se informó oficialmente, la identificación fue posible tras los análisis realizados por el Cuerpo de Investigación Forense, una vez concretada la autopsia. El procedimiento se había visto demorado durante aproximadamente 72 horas, debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, que llevaba varios días en el agua al momento del hallazgo.
El cuerpo fue encontrado alrededor de las 8 de la mañana del viernes (12/12), en el Canal Principal de Riego, en la zona de Gelonch y Kennedy, luego del aviso de vecinas y vecinos que transitaban por el sector. En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y personal del Gabinete de Criminalística, quienes llevaron adelante las primeras diligencias.
Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que aún no se han informado las causas del fallecimiento, y que la investigación continúa en curso para determinar las circunstancias que derivaron en la muerte del hombre.
