Gremios
El proyecto que declara esencial a la educación superó todas las comisiones y será tratado este jueves en la Legislatura
UnTER llevará adelante un paro para manifestar su rechazo absoluto a la iniciativa presentada por el PRO.
El proyecto que declara a la educación como servicio estratégico esencial en Río Negro ya pasó por todas las comisiones y está listo, luego de sufrir algunas modificaciones, para ser incluido en el temario de la sesión de mañana jueves (05/09). En rechazo a esta iniciativa, perteneciente al bloque del PRO, el gremio UnTER llevará adelante un paro de 24 horas.
El proyecto fue debatido en una reunión plenaria y contó con el respaldo de Juntos Somos Río Negro, además del PRO, quien propuso la iniciativa. La UCR y el ARI-Cambiemos se tomarán 48 horas para decidir, mientras que Vamos con Todos y el PJ-Nuevo Encuentro la rechazaron.
El encuentro, desarrollado en el cuarto piso de la Legislatura, contó con un grupo de representantes de la UnTER, quienes se oponen a la propuesta y determinaron realizar un paro de 24 horas para que los legisladores voten en contra y el proyecto no se convierta en ley.
La secretaria general del sindicato docente, Silvana Inostroza, sostuvo que «la educación no se compra ni se vende como otros servicios» y consideró que el objetivo de la iniciativa presentada por el legislador Juan Martín es «cercenar el derecho a huelga».
Aseguró que en la provincia «se pierden más días de clases por el estado de los edificios que por medidas de fuerza». En ese sentido sentenció que “las cifras son espeluznantes».
Los parlamentarios de Vamos con Todos fueron muy críticos con la propuesta. Magdalena Odarda entendió que antes de emitir un dictamen «hay que escuchar a todos quienes trabajan en las escuelas» y se apoyó «en declaraciones del gobernador Alberto Weretilneck, quien dijo que siempre iba a primar el diálogo».
Luciano Delgado Sempé, por su parte, dijo estar asombrado porque el proyecto «sale de un legislador, lo que demuestra una ignorancia supina en la materia». Inmediatamente preguntó «quién se hace cargo de tantos chicos, en una escuela donde varios docentes hacen paro, pero hay que garantizar ese día de clases».
Ana Marks sostuvo que se trata de una iniciativa «que es claramente inconstitucional» y que «sólo logrará enfrentar a los propios trabajadores». José Luis Berros manifestó que no le sorprende que esta idea provenga del PRO y que los autores «desconocen la tarea que realmente efectúa un docente».
A su turno, el legislador Daniel Belloso (PJ-Nuevo Encuentro) pidió construir un consenso para mejorar la ley, ya que argumentó que «hay aspectos que no responden a la realidad. Hay cierto desconocimiento, y eso es un retroceso».
Al momento de fundamentar su propuesta, Juan Martín indicó que «va en correlato con una similar aprobada recientemente en la Cámara de Diputados de la Nación» y que la intención es alcanzar «una convivencia entre los derechos a la educación y a las huelgas».
«No se discute el derecho a reclamar por parte del personal, como equivocadamente plantean los gremios queriendo enredarnos en una discusión semántica», remarcó y añadió que «lo que buscamos es armonizar la protesta con el derecho fundamental a la educación, garantizando que las escuelas estén abiertas».
Cerró la reunión el presidente del bloque de JSRN, Facundo López, quien mencionó que este proyecto «no es para debatir la calidad de la educación», ya que ello vendrá se hará más adelante, como ya lo anticipó el gobernador.
«Mientras ustedes discutían -dijo dirigiéndose a algunos de sus pares- Weretilneck estaba inaugurando una nueva escuela, la número 70 en 12 años», indicó.
Finalizó diciendo que «la educación se garantiza con los chicos en clases» y puso como ejemplo a sectores como la Justicia y la Salud, donde «se pueden hacer huelgas, pero se presta el servicio».
Gremios
Con masiva adhesión al paro, ATE protestó en el Congreso y repudió a los diputados que ratificaron el veto a la movilidad jubilatoria
“Hoy empieza el derrumbe del Gobierno de Milei», dijo Aguiar.
En el marco del paro nacional de 24 horas, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó al Congreso de la Nación en repudio a los diputados que convalidaron el veto presidencial al aumento del haber previsional. «Hoy empieza el derrumbe del Gobierno de Milei. Los sinvergüenzas que están adentro del Congreso quieren condenar a nuestros jubilados a seguir pasando hambre, a seguir enfermándose y morir», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En referencia a la represión que se vivió fuera del Congreso durante la jornada, el dirigente indicó que «el Gobierno está sembrando violencia y va a cosechar violencia. No hace falta mucha experiencia para saber que esto no termina bien. Les están negando un aumento de 483 pesos por día. Son miserables. Este Gobierno busca el retorno de las AFJP, que se vuelva a privatizar el sistema previsional en la Argentina para que las multinacionales y los bancos vuelvan a hacer negocios con nuestros aportes».
El referente estatal también aseguró que durante septiembre el sindicato va a profundizar las medidas de fuerza. «Tenemos que seguir saliendo a la calle. Los únicos que planifican la violencia es este Gobierno con Patricia Bullrich y un protocolo completamente inconstitucional. El único que ataca al Congreso y su funcionamiento ha sido el presidente Milei desde que asumió pretendiendo gobernar por decreto. Tenemos que profundizar el plan de lucha en todo el país antes de que sea demasiado tarde», agregó.
Durante la medida de fuerza, el sindicato llamó a exponer a los legisladores que ratificaron el veto de Javier Milei al aumento del haber previsional. Las protestas se replicaron en simultáneo en las principales ciudades del país, y también se realizó en rechazo al intento de congelar los salarios en la administración pública y los más de 65.000 despidos que planea el Gobierno a fin de mes.
Gremios
ATE definió paro de 24 horas y movilización al Congreso el miércoles 11 de septiembre
«Los diputados que voten en favor del veto estarán condenando a los jubilados a pasar hambre, enfermarse y morir», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de 24 horas con movilización al Congreso para el próximo miércoles (11/09) para exigir a los diputados que rechacen el veto presidencial al aumento de las jubilaciones, y en protesta «contra el intento de congelar los salarios en la administración pública y los más de 65.000 despidos que planea el Gobierno a fin de mes».
«Los diputados que voten en favor del veto estarán condenando a los jubilados a pasar hambre, enfermarse y morir. Los estatales nos vamos a movilizar de manera masiva y rechazamos cualquier posibilidad de que se aplique el protocolo anticonstitucional de Bullrich», aseveró Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, en referencia al protocolo antipiquetes.
«Debemos estar en la calle para evitar que se siga consolidando el régimen autoritario del Gobierno. No vamos a aceptar que se congelen los salarios en el sector público y rechazamos cualquier posibilidad de que a fin de mes vuelvan a existir cesantías masivas. Seguramente esta será la primera protesta de varias que llevaremos adelante este mes», agregó el dirigente.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sindicato se manifestará a partir de las 13 horas frente al Congreso Nacional mientras que en el resto de las provincias las modalidades de protesta serán definidas por las conducciones locales.
Cabe recordar que durante la última paritaria, ATE rechazó el 2% de septiembre y 1% de octubre ofertado por el Gobierno, y repudió cualquier posibilidad de que los salarios se mantengan congelados hasta fin de año.
Esta medida se realizará en conjunto con las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional con el objetivo de que los diputados ratifiquen su voto en favor de la movilidad jubilatoria.
Gremios
ATE demandó ante la Justicia la declaración de inconstitucionalidad de una parte de la Ley Bases
«Esta norma aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de Nuestra nación», apuntó Rodolfo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó ante la Justicia Nacional del Trabajo una demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional. «Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley Bases que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público», dijeron desde el gremio y solicitaron una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación de la norma.
«La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
«El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional», detalló Aguiar.
«La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente», detalló el dirigente.
En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo. «De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados», agregó.
El secretario general de ATE aseguró que «se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte» y concluyó con que «por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos».
¿Qué dice la presentación judicial de ATE?
El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que «el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación».
El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.
Además, ATE alega que se encuentra «legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general».
Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe «la cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; la desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; y si existe informe sobre la dotación óptima de empleados públicos en cada organismo».
