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ATE demandó ante la Justicia la declaración de inconstitucionalidad de una parte de la Ley Bases

«Esta norma aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de Nuestra nación», apuntó Rodolfo Aguiar.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó ante la Justicia Nacional del Trabajo una demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional. «Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley Bases que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público», dijeron desde el gremio y solicitaron una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación de la norma.

«La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

«El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional», detalló Aguiar.

«La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente», detalló el dirigente.

En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo. «De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados», agregó.

El secretario general de ATE aseguró que «se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte» y concluyó con que «por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos».

¿Qué dice la presentación judicial de ATE?

El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que «el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación».

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.

Además, ATE alega que se encuentra «legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general».

Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe «la cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; la desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; y si existe informe sobre la dotación óptima de empleados públicos en cada organismo».

Gremios

Aguiar llamó a todos los trabajadores a «parar igual» aunque la CGT no convoque «porque tienen cobertura legal»

«Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores», indicó el dirigente de ATE.

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En el plenario federal de delegados, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó el paro de 24 horas con movilización al Congreso para este miércoles (11/02) para exigir a los senadores que rechacen el proyecto de reforma laboral del Gobierno nacional. En este marco, el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, llamó a todos los trabajadores «a parar igual», aunque la CGT no haya convocado a una huelga general, y explicó que «tienen cobertura legal para hacerlo».

«Hay que parar igual. Aunque una de las centrales no haya convocado, igual hay legalidad. Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga», señaló el dirigente estatal. La concentración será a partir de las 12 del mediodía en Bernardo de Irigoyen y Av. de Mayo.

En este marco, el referente de ATE apuntó que «tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores. Los mandatarios que avalan esta reforma están firmando su propia sentencia de muerte y las de sus provincias».

«Los senadores debieran defender los intereses del pueblo y no ser los levantamanos de cuatro o cinco grandes empresarios. Si la reforma se aprueba, habremos retrocedido más de 100 años», concluyó Aguiar.

El sindicato, además, montará más de 22 puntos de visibilización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el miércoles, entre los cuales se encuentran el Congreso, el Obelisco, Plaza de Mayo, el Centro Cultural Kirchner (CCK), el Hospital Argerich, Parque Lezama, Parque Centenario, entre otros.

Mientras esté vigente la huelga que comenzará el miércoles a las 00 horas, se garantizarán guardias mínimas en hospitales y sólo atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. Toda la Administración Pública se mantendrá paralizada y todos los trámites deberán realizarse una vez finalizada la medida de fuerza.

Otros servicios que se verán afectados son la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del el Senasa, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), migraciones y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros.

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Gremios

Aguiar: «Es una oportunidad perdida para el movimiento obrero que la CGT no convoque al paro»

«Confrontar en unidad una reforma laboral que aniquila todos los derechos laborales, nos da la posibilidad de recuperar una buena parte de la confianza perdida frente la sociedad», indicó.

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El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó la decisión de la CGT de no convocar a un paro general para el 11 de febrero, día en que el Senado de la Nación debatiría el proyecto de reforma laboral.

«Es una oportunidad perdida para el movimiento obrero argentino. Confrontar en unidad una reforma laboral que aniquila todos los derechos laborales, nos da la posibilidad de recuperar una buena parte de la confianza perdida frente a la sociedad», dijo Aguiar.

«El pueblo reclama que cada una de las instituciones cumpla con el rol asignado por la democracia. En el caso de los sindicatos y las centrales obreras, es la defensa incondicional de los intereses de los trabajadores y sus familias», agregó.

«¿Cómo se explica que se haya ido al paro contra el DNU 70 y ahora, que se profundiza la flexibilización de aquella norma, que se pretende consolidar una precarización y explotación sin precedentes en democracia, no se convoque a una medida de acción directa?», dijo.

«Los trabajadores estamos marchando directo al matadero. La postura dialoguista de algunos dirigentes puede llevarnos a la extinción», finalizó Aguiar.

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Gremios

El Gobierno se reunió con UnTER y le hizo una nueva propuesta salarial

El gremio llevará la oferta a decisión de los ámbitos orgánicos, pero ya adelantaron que no cumple con «las necesidades reales de los docentes».

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El Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, se reunió en paritarias con representantes del gremio UnTER en la que presentó una propuesta respecto a la cuestión salarial. En ese sentido, se propuso un esquema de actualización automática bimestral al sueldo bruto que se basará en la evolución del IPC Nacional y el IPC Viedma.

De esta manera , los haberes de febrero se actualizarán de acuerdo a la variación del IPC de diciembre de 2025 y enero 2026. A su vez , los sueldos de abril se actualizarán según el IPC de febrero y marzo de 2026.

Además se estableció una suma fija no remunerativa de $250.000 por única vez por agente, en concepto de compensación económica por los últimos meses del 2025. Dicha suma se abonará por planilla complementaria en dos cuotas, a pagar los días 20 de febrero y 20 de marzo respectivamente.

Por otro lado se determinó un aumento del 100% al ítem de Ayuda Escolar el cual quedará en $80.0000 y $160.000 para familias con hijos con discapacidad. Se abonará con los haberes de febrero.

Desde UnTER reafirmaron que la «propuesta no atiende las necesidades reales del sector docente, no recompone el salario, ni garantiza condiciones dignas para enseñar y aprender».

En este sentido, adelantaron que «continuaremos analizando la propuesta en los ámbitos orgánicos del sindicato y defendiendo el salario, el no cierre de cargos, los derechos laborales y la escuela pública, con la fuerza de la organización colectiva».

Participaron de la paritaria, la secretaria de Educación, Silvia Arza; los vocales gubernamentales, Romina Procoppo y Fabio Sosa, la secretaria general del Consejo Provincial de Educación, Claudia Tejeda y la secretaria de Administración, Mónica Temprano. Por UnTER estuvieron la secretaria general, Laura Ortiz, el secretario adjunto Félix Mauricio Ovadilla, la secretaria gremial, Gabriela Cecilia Aguilar, la secretaria de Prensa, Melisa Lilen Verbeke, el asesor legal Diego Broggini, la secretaria de Salud en la Escuela, Mariana Yanina Rucci, y la secretaria de Actas y Administración Ana María Inchassendague.

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