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ATE demandó ante la Justicia la declaración de inconstitucionalidad de una parte de la Ley Bases
«Esta norma aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de Nuestra nación», apuntó Rodolfo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó ante la Justicia Nacional del Trabajo una demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional. «Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley Bases que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público», dijeron desde el gremio y solicitaron una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación de la norma.
«La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
«El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional», detalló Aguiar.
«La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente», detalló el dirigente.
En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo. «De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados», agregó.
El secretario general de ATE aseguró que «se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte» y concluyó con que «por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos».
¿Qué dice la presentación judicial de ATE?
El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que «el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación».
El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.
Además, ATE alega que se encuentra «legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general».
Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe «la cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; la desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; y si existe informe sobre la dotación óptima de empleados públicos en cada organismo».
Gremios
El Gobierno respondió a ATE por su pedido de un examen médico a Milei
«Valoramos la respuesta oficial, pero la misma es incompleta y evasiva. La salud del Presidente no es un asunto privado, es un asunto de Estado», señaló Aguiar tras la respuesta de la Secretaría General de la Presidencia que conduce Karina Milei.
Luego de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimara al Gobierno nacional para que brinde precisiones sobre el estado de salud mental y psicofísico de Javier Milei, la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei, respondió al pedido señalando que «ostenta un cargo de elección popular, conforme los términos y requisitos previstos en la Constitución Nacional» y «se encuentra competente» en relación a la Ley de Empleo Público. Ante esto, el sindicato insiste y exige que se den a conocer los documentos que acrediten su aptitud para el cargo.
«Valoramos la respuesta oficial, pero la misma es incompleta y evasiva. Desde el sindicato creemos que no cumple con los requisitos legales mínimos. Debieran adjuntarse estudios complementarios o certificados firmados por los profesionales intervinientes. La salud del presidente no es un asunto privado, es un asunto de Estado», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, Aguiar evaluó que «nosotros no alentamos especulaciones, pero una respuesta incompleta genera más rumores que certezas. Nuestro pedido es básico y razonable. Si la salud del Presidente está bien, que lo demuestren».
«Además de la demanda de información inicial, durante las últimas horas lo hemos visto inestable y con un aspecto preocupante en más de un acto oficial como los han sido el de Neuquén o los desarrollados en Madrid», apuntó el dirigente en referencia a las últimas apariciones públicas de Milei.
En este sentido, el referente sindical completó que «es preocupante la ausencia de frenos inhibitorios en sus discursos públicos. Las amenazas de quemar en la hoguera a periodistas muestra una notoria ausencia de capacidad para actuar racionalmente, requisito fundamental de quien ostenta la investidura presidencial».
«Cuando Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner o Mauricio Macri tuvieron afecciones, existieron partes médicos oficiales firmados por los equipos del Hospital Otamendi, del Austral o de la Fundación Favaloro con diagnóstico, tratamiento y pronóstico. No nos pueden responder con un papelito», agregó el secretario general de ATE Nacional.
Y concluyó que «si el Presidente está bien, que empiece a ir a la Casa Rosada a cumplir con su función».
Cabe destacar que la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 en su artículo 4, inciso c), detalla que «el ingreso a la Administración Pública Nacional estará sujeto a la previa acreditación de (…) aptitud psicofísica para el cargo». Sin embargo, dicha documentación no fue enviada como parte de la respuesta de la oficina que conduce Karina Milei bajo el número de expediente IF-2026-97081415-APN-SSL#SGP, ni en su informe adjunto NO-2026-96003891-APN-DGRRHH#SGP.
Ante esta situación, el sindicato enviará en las próximas horas un pedido adicional para que publiquen la documentación probatoria firmada por un profesional con matrícula y título habilitante que certifique la aptitud psicofísica de Javier Milei.
El pedido inicial de ATE se ampara en el artículo 88 de la Constitución Nacional, haciendo saber que conocer el estado de salud del presidente no responde a una mera curiosidad particular, sino a una cuestión de notorio interés público e institucional que hace a la transparencia y a la confianza ciudadana en el ejercicio regular de la primera magistratura.
El mismo fue remitido inicialmente a la Jefatura de Gabinete de Ministros con copia a Presidencia de la Nación. La misma, siguiendo los cursos legales y administrativos del pedido, fue derivada a la Secretaría General de Presidencia.
Además de insistir en el acceso a la información de importancia para el común de la ciudadanía, ATE impulsará una iniciativa para que a partir del 2027 quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico para ejercer sus cargos.
Gremios
Río Negro pagará el aumento del 4,18% a docentes pese al rechazo de UnTER
El sindicato exige una nueva convocatoria a paritaria y advirtió que podría realizar medidas de fuerza.
El Gobierno de Río Negro confirmó que liquidará el aumento salarial del 4,18% para el sector docente con los haberes de octubre, pese al rechazo de la propuesta por parte de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER).
Con esta actualización, los salarios docentes acumularán un incremento nominal del 25,9% durante 2026, según informó el Ejecutivo provincial. La política salarial contempla actualizaciones periódicas calculadas a partir del promedio de la inflación nacional y la registrada en Viedma.
El Ejecutivo también anticipó una nueva actualización para diciembre, calculada sobre la base del índice de inflación de octubre, y señaló que continuará con las instancias de diálogo para abordar las demandas del sector educativo. Desde el Gobierno cuestionaron el rechazo sindical y sostuvieron que «la decisión de la dirigencia de UnTER no modificará la liquidación del incremento».
Por su parte, el Congreso de UnTER, reunido en Fernández Oro, resolvió rechazar la propuesta salarial por amplia mayoría. El gremio exigió que las ofertas se calculen al valor índice y que el resultado represente un aumento del salario bruto de, como mínimo, el mismo porcentaje que el Índice de Precios al Consumidor (IPC). También reclamó que la recomposición se aplique exclusivamente sobre los haberes remunerativos.
Entre las resoluciones, el sindicato exigió una nueva convocatoria a paritaria antes del 15 de noviembre y advirtió que, si no se concreta, activará un paro de 24 horas.
Gremios
ATE se moviliza mañana a Olivos y denuncia que el Gobierno se endeudó por 300 millones de dólares para pagar los retiros voluntarios
«Los vamos a ir a buscar a Olivos porque a la Casa Rosada no van nunca a laburar. Este Gabinete está lleno de vagos. Ningún país del mundo se endeuda para achicarse, sino para tener un mejor futuro. Estos se endeudan para destruir», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno se endeudó por 300 millones de dólares para pagar los retiros voluntarios en la Administración Pública Nacional y se movilizará este miércoles (21/10) a la Quinta Presidencial de Olivos a las 17.00, bajo la consigna ‘No se aguanta más’.
El programa de retiros voluntarios en el sector fue confirmado a través del Decreto N° 1023/2026, publicado en el Boletín Oficial. A su vez, el Gobierno publicó el Decreto N° 1177/2026 que habilita la toma de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiarlo. «Se endeudan en dólares para despedir en pesos. Esto es un disparate, una maniobra completamente ilegal», señaló el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
El dirigente sindical aseguró que «ningún país del mundo se endeuda para achicarse, sino para construir rutas, escuelas, hospitales o para abrir fábricas y tener un mejor futuro. Estos se endeudan para destruir». Agregó que «desde ATE desalentamos cualquier tipo de adhesión a este régimen extorsivo. Estos retiros son una estafa».
«Esta medida es completamente ilegal. Está prohibido tomar deuda en dólares para gasto corriente. Además, vulnera la Ley de Presupuesto, ya que esta deuda no fue aprobada por el Congreso», dijo.
Aguiar subrayó que «están aumentando la deuda externa para dejar sin empleo a los estatales y sin prestaciones y derechos”. “Con esto, los únicos que ganan son los bancos extranjeros y perdemos todos los argentinos», agregó.
«Los vamos a ir a buscar a Olivos porque a la Casa Rosada no van nunca a laburar. Este Gabinete está lleno de vagos», aseguró.
El Decreto N° 1177/2026 autoriza al Gobierno a firmar un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta 300 millones de dólares, primer tramo de una línea de crédito de hasta 800 millones de dólares.
El préstamo se desembolsa en cuatro años y se devuelve en 25, con los primeros cinco años y medio sin pago de capital. La tasa de interés está atada al mercado en dólares (SOFR) más un margen del BID, por lo que es variable y el costo final del préstamo es incierto.
El programa de retiros voluntarios lanzado por el Gobierno afecta a alrededor de 21.187 trabajadores y, quien decida adherirse, no puede reingresar a la Administración pública Nacional por un plazo total de 8 años. Además, confirmaron que los cargos dados de baja no serán reemplazados y quienes tengan un cargo sindical vigente o sean candidatos a elecciones, deben renunciar para anotarse al retiro.
Además, ATE se movilizará en reclamo por la pérdida del poder adquisitivo; caída del salario real; paritarias por debajo de la inflación; deterioro de los ingresos; pluriempleo y endeudamiento; desvalorización de la carrera estatal; despidos y no renovación de contratos; incertidumbre laboral; reducción de puestos de planta; y cierre y vaciamiento de organismos públicos.
