La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exige al Gobierno nacional la inmediata reapertura de las paritarias en el sector público y realizará este martes (15/10) un plenario federal de delegados para definir nuevas medidas de fuerza.

«El Gobierno ha decidido congelar las paritarias y destruir los salarios en el sector público, y a eso debemos responder con una medida de fuerza de carácter general y abarcativa de todo el país», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

El dirigente alertó sobre la preocupante situación de los ingresos de los estatales. «Hemos perdido en la Administración Pública Nacional más del 34% de nuestro poder adquisitivo desde que asumió esta gestión y para el mes de octubre nos otorgan un 1%. Esto es una burla, una actitud miserable que no podemos ni vamos a tolerar», indicó.

«Los estatales no vamos a ser actores pasivos, no vamos a aceptar mansamente este plan de empobrecimiento que se está llevando adelante. El Gobierno debe abrir las negociaciones salariales de manera inmediata», aseguró. Más de 1.000 delegados de todo el país participarán de manera virtual y presencial en el Anfiteatro Eva Perón ubicado en la sede nacional del sindicato (Av. Belgrano 2527, CABA) a partir de las 14.

«Por supuesto que se deberán debatir las características y la duración, pero el plenario de este martes debe avanzar en una nueva medida de acción directa y no descartar ser parte de las luchas que se están llevando adelante en otros sectores como los jubilados, los universitarios, el transporte. Unir todas las luchas es imprescindible para ganar», concluyó Rodolfo Aguiar.

Cabe recordar que durante el último encuentro, realizado el 30 de agosto, ATE rechazó el ofrecimiento del 2% para septiembre y 1% para octubre, el cual fue aceptado por el otro gremio signatario (UPCN) del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06.

En lo que va del año, la pérdida del poder adquisitivo para la Administración Pública Nacional supera el 34%. Esto se da como resultado de que en 8 de los primeros 9 meses del año los incrementos otorgados se ubicaron por debajo de la inflación.

En este contexto en el que el 52,9% de los argentinos son pobres, el nivel de endeudamiento creció notablemente a tal punto que 9 de cada 10 familias tiene algún tipo de deuda y el 35% fueron contraídas en los últimos meses. Lo más preocupante es que el 54% de ese total fue destinado a la compra de alimentos.

En el sector público, la situación empeora: más del 75% de los estatales perciben ingresos por debajo de los $964.620 de la línea de pobreza, siendo principalmente afectados los trabajadores provinciales y, aún más, los municipales, quienes en muchos casos perciben ingresos por debajo de la línea de indigencia.

Luego de que el vocero presidencial Manuel Adorni informara que en diciembre se les tomará un examen de idoneidad a los más de 40.000 trabajadores de la planta transitoria del Estado para definir su continuidad laboral, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, salió al cruce al manifestar que «es un invento trucho e ilegal que consolida el fraude laboral en el Estado».

«Los procesos de selección y evaluación del personal ya existen y se aplican en el Estado. Incluso son más exhaustivos que los que se señalan en el anuncio del Gobierno. Es inaceptable que se pretenda someter a un examen a los trabajadores con 5, 10, 15 y hasta más de 20 años de antigüedad para decidir si tienen idoneidad para ser estatales. Si alguien lleva tantos años en el Estado no se trata de ninguna designación transitoria. ¿Le van a exigir idoneidad a médicos y especialistas que llevan más de 15 años contratados? Esto es un disparate», agregó el dirigente.

«El examen debería ser para la Vocería. Si a Adorni o a sus cientos de trolls les hubieran tomado examen, nunca hubiesen ingresado a parasitar al Estado», disparó el referente estatal.

En referencia al Convenio Colectivo de Trabajo N° 214/06 que rige para la Administración Pública Nacional, Aguiar apuntó que «el convenio de la Administración Pública se encuentra vigente y, por lo tanto, los únicos procesos de evaluación y selección son los ahí reconocidos. Esta es una medida sensacionalista para ganar votos pero que no les va a dar resultados y no respeta ninguna legalidad».

En este contexto, el secretario general de ATE agregó que «a los empleados públicos nos han intentado estigmatizar y desprestigiar pero sin resultado, porque es el Gobierno el que pierde apoyo popular. Si hay un rasgo distintivo del Estado argentino es el alto nivel educativo de sus trabajadores. El 51% tiene título terciario o universitario mientras que en el sector privado ese porcentaje baja a menos del 25%».

«Desde ATE rechazamos cualquier posibilidad de rendir un examen que determine como resultado si se sigue o no siendo trabajador del Estado. El único examen que podemos rendir es para pasar a la Planta Permanente y ese proceso debe contar con las veedurías gremiales porque eso estipula la normativa hoy vigente», concluyó.

Tras los incidentes ocurridos en la Legislatura el pasado jueves (26/09), en el marco de la sesión para declarar como servicio esencial a la Educación, la relación entre el Gobierno y el gremio docente UnTER se terminó de romper definitivamente. Es cierto que no venía de la mejor manera, pero los hechos de violencia fueron la gota que rebalsaron el vaso.

Además de instruir a la Fiscalía de Estado de Río Negro que intervenga en las investigaciones judiciales por la conducta de los manifestantes del sindicato, en la mañana de hoy (30/09) el gobernador Alberto Weretilneck he dado instrucciones al Ministerio de Educación para «dar de baja las licencias especiales que usufructuaban 20 de los docentes de UnTER para cumplir tareas gremiales. Estas licencias nos costaban más de $20.000.000 mensuales«, detalló el mandatario provincial.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Weretilneck sostuvo que «en relación a las licencias gremiales que benefician a 65 docentes más, que le cuestan a la provincia más de 132 millones de pesos por mes, estamos analizando el marco legal para anularlas«.

«Estamos avanzando para garantizar lo que de verdad importa: la educación de nuestros chicos. Vamos a cuidar lo que es de todos, priorizando el futuro de Río Negro y el buen uso de los recursos de los rionegrinos y rionegrinas», concluyó el gobernador.