Un derrumbe registrado en una obra de ampliación de cloacas generó un importante operativo de emergencia en General Roca este mediodía (09/03), luego de que dos operarios quedaran atrapados en una excavación.

El accidente ocurrió en la zona de Mendoza y Canal Grande. Tras el colapso del sector donde se desarrollaban los trabajos, ambos trabajadores quedaron atrapados debajo de los escombros.

Personal de Bomberos Voluntarios desplegó un operativo en el lugar y logró rescatar a uno de los operarios. El trabajador fue trasladado por una ambulancia del SIARME al Hospital Francisco López Lima, donde recibe atención médica. Presenta lesiones y golpes, aunque se encuentra estable.

Por estas horas continúan las tareas para liberar al segundo operario, que aún permanece atrapado, mientras se intensifican los trabajos de los equipos de emergencia.

Ampliaremos.

Un fallo de un juez laboral de Roca resolvió una acción de amparo presentada por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER), contra el Ministerio de Educación provincial.

El sindicato solicitó que se ordenara el cese de medidas que implicaban la supresión y reorganización de cargos docentes del Nivel Inicial. También pidieron que se restituyeran los cargos existentes antes de las decisiones administrativas cuestionadas.

El gremio sostuvo que el Consejo Provincial de Educación dictó diversas resoluciones de cargos docentes con base en criterios cuantitativos vinculados a la matrícula escolar.

El magistrado entendió que la información aportada por el Ministerio de Educación mostraba que el procedimiento aplicado respetó la normativa vigente. En particular, destacó que los docentes titulares afectados permanecieron con su sueldo y con derecho a una nueva asignación.

En relación a docentes interinos o suplentes, el juez tomó antecedentes y señaló que su estabilidad es limitada por la propia naturaleza de sus designaciones. Así, comprendió que la finalización de esos cargos no constituye una vulneración ilegal de derechos.

También se evaluó la eventual afectación al derecho a la educación. Sobre este punto la sentencia señaló que no se acreditó la existencia de cierres de salas obligatorias ni reclamos generalizados de familias. Además, recordó que la educación obligatoria en el nivel inicial comprende las salas de cuatro y cinco años, las cuales continúan garantizadas según la información oficial.

En la presentación, la UnTER también señaló que la medida provocó desplazamientos funcionales, alteraciones en las condiciones de trabajo y riesgo para la estabilidad de docentes titulares. También afirmó que las decisiones afectaban el funcionamiento institucional de los establecimientos, la continuidad pedagógica y la calidad del servicio educativo destinado a niñas y niños.

A criterio de la organización gremial, esa modalidad degradaba la situación jurídica de docentes titulares y vulneraba la estabilidad prevista en el Estatuto del Docente.

En tanto, la Provincia de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y de la Fiscalía de Estado, mencionó que no existe un daño concreto ni una afectación actual de derechos que justificara el amparo.

Argumentaron que las decisiones formaban parte de políticas públicas educativas adoptadas dentro de las facultades propias del Consejo Provincial de Educación. Explicó que el proceso de reorganización respondió a un análisis territorial de la matrícula que detectó una reducción significativa de estudiantes en distintas zonas.

El Estado también mencionó que no hubo despidos ni pérdida de estabilidad para docentes titulares. También indicó que las salas de cuatro y cinco años continuaban garantizadas por el sistema educativo.

Durante el proceso el magistrado también analizó la legitimación del sindicato para promover la acción. Señaló que el gremio puede actuar en representación de sus afiliados y de la comunidad educativa cuando se denuncian afectaciones a derechos colectivos vinculados con el sistema educativo. No obstante, recordó que la acción de amparo tiene carácter excepcional y sólo procede cuando existe una ilegalidad manifiesta, un daño grave y urgente, y cuando no existen otras vías judiciales adecuadas para resolver el conflicto.

Al evaluar el caso concreto, la sentencia consideró que la normativa cuestionada fue elaborada mediante un proceso institucional en el que participaron distintos sectores, incluido el propio sindicato. Ese documento se estableció la reorganización del sistema educativo del nivel inicial con vigencia desde el ciclo lectivo 2026.

El fallo del juez Juan Huenumilla concluyó en que no se verificaba una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que habilitara la vía del amparo. Tampoco se comprobó un daño grave e irreparable ni una urgencia extrema que justificara el uso de ese proceso excepcional.

Consideró que las decisiones adoptadas forman parte de la planificación del sistema educativo, una competencia propia del Consejo Provincial de Educación que sólo puede ser revisada judicialmente cuando se demuestre una afectación concreta de derechos fundamentales.

Un patrullaje preventivo de la Policía de Río Negro permitió detectar un vehículo sospechoso que circulaba de madrugada (09/03) por el centro de Roca, lo que derivó en una persecución y en la detención de dos hombres. En el interior del rodado los efectivos encontraron distintos elementos, como un arma blanca, una réplica de una pistola y diversas prendas que habían sido denunciadas como robadas a una joven horas antes.

El procedimiento ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, cuando personal de la Comisaría 3° realizaba tareas de prevención en la zona de Avenida Roca y Chulavista. En ese contexto, los uniformados observaron un Chevrolet Corsa que llamó la atención por la actitud de sus ocupantes e intentaron realizar una identificación de rutina.

Sin embargo, lejos de detenerse, el conductor aceleró bruscamente y comenzó una fuga a gran velocidad por distintas calles de la ciudad. La maniobra encendió todas las alertas y dio inicio a una persecución policial hasta lograr interceptarlo a varias cuadras de distancia, en inmediaciones de España y Estados Unidos.

Una vez rodeado el auto, los dos hombres que viajaban en su interior, de 35 y 36 años, adoptaron una actitud agresiva y se negaron a colaborar con el procedimiento. Ante esa situación, los efectivos procedieron a reducirlos y trasladarlos a la unidad policial en carácter de detenidos por resistencia a la autoridad.

Mientras tanto, al inspeccionar el vehículo, los efectivos encontraron distintos elementos que reforzaron las sospechas iniciales. Dentro del habitáculo había una réplica de pistola a gas comprimido, una navaja y una mochila con prendas femeninas.

El dato que confirmó las sospechas es que, ya en sede policial, uno de los detenidos vestía un pulóver con un estampado particular que coincidía con la descripción de una prenda denunciada como robada por una joven de la ciudad. Esa coincidencia permitió vincular a los sospechosos con un hecho ocurrido horas antes y avanzar en el recupero de pertenencias.

De esta manera, lo que comenzó como un control preventivo terminó con dos personas ladrones detenidas, elementos secuestrados y pertenencias recuperadas.