Por orden judicial se subastará en Roca un inmueble de más de 6 hectáreas con servicios, ubicado en la zona urbana de la ciudad. La subasta pública fue ordenada por la Unidad Jurisdiccional N° 3 (ex Juzgado Civil) de Roca en el marco de un proceso sucesorio.

El inmueble está limitado por la avenida San Juan (al este), calle 3 de Febrero (al oeste), calle Chulavista (al sur) y el barrio Los Tilos (al norte). La identificación catastral es Parcela 5 de la Chacra 218, nomenclatura 05-1-K-013-02A. Tiene una superficie de 60.956 metros cuadrados y dos edificaciones de material en buen estado, que actualmente están habitadas por dos familias de cuidadores y una familia más, que lo habita en préstamo temporal.

El edicto judicial publicado indica que la subasta se realizará el 5 de diciembre a las 9.15 horas en el local de Re.Ju.Pen, ubicado en la esquina de Kennedy y Salta de Roca.

Las personas interesadas en ver el inmueble podrán hacerlo el día anterior, miércoles 4 de diciembre, por la mañana. Para coordinar la visita deben comunicarse previamente con el martillero designado para la subasta, Julio E. Malnis, al teléfono 298-4527360.

En el terreno hay una construcción tipo vivienda de 160 metros cuadrados, más un depósito de 30 metros cuadrados y un departamento de 80 metros cuadrados.

Las condiciones de venta establecidas por la jueza fijaron una base inicial de $3.016.500.292, con entrega de una seña del 30% del valor en el acto de la subasta más la comisión correspondiente al martillero.

La subasta comienza a las 9.15. En caso de fracasar por falta de postores, a las 9.45 el monto base bajará un 25% (es decir $2.262.375.219). Si tampoco surgen ofertas, a las 10.15 se reducirá la base al 50% del valor original ($1.508.250.146). Y si aún así no hubiera postores, la subasta se suspenderá.

La venta está sujeta a aprobación judicial posterior. Una vez aprobada la subasta por parte del Juzgado, la persona adquirente tendrá 5 días para completar el pago del saldo.

Del edicto surge que está permitida la compra en comisión, con ciertos requisitos. El documento está disponible en https://rionegro.gov.ar/download/boletin/6335.pdf.

Los jugadores que vieron la jugada no dejaron lugar a dudas. «Miró hacia atrás y luego tiró el codazo, impactándolo en el rostro», dijo uno. «Levantó el codo y ahí fue donde lo golpeó al muchacho, fue adrede», afirmó otro. «Fue intencional, por el tipo de jugada… la pelota estaba en el piso», recordó el juez de línea. «Él llegó primero a la pelota, con bastante tiempo, y al llegar el otro chico es como que lo espera y le pega un codazo en la cara, con muy mala intención», remató otro.

El jugador, de 30 años, era de los Bichos Colorados en un popular torneo de fútbol amateur de Roca. El codazo del rival le causó una fractura múltiple del hueso maxilar y del hueso de la región del ojo, literalmente le hundió parte del rostro y le arrancó un diente. El rival y el organizador del torneo, además de las compañías aseguradoras, deberán ahora indemnizarlo con más de 12 millones de pesos por el daño físico y el daño moral.

El proceso judicial fue complejo; incluso necesitó la acumulación de dos expedientes, y se resolvió en el Juzgado Civil N° 5 de Roca. El jugador herido demandó al rival que lo lastimó, al organizador del campeonato, al seguro deportivo, al dueño de las canchas y a su propio seguro personal. Todos deberán responder a la indemnización menos el dueño del predio de fútbol, porque se acreditó que no tenía injerencia alguna en el torneo. La sentencia de primera instancia no se encuentra firme.

El joven herido tuvo que ser trasladado de urgencia a un sanatorio. Después lo operaron y le quedó una importante cicatriz. La pericia médica determinó una incapacidad del 21 por ciento.

La responsabilidad de cada uno

El autor del codazo fue demandado por su «responsabilidad subjetiva, por culpa que excede los daños normales del deporte». El jugador se defendió alegando que «el fútbol es un deporte de riesgo» y que el propio herido fue el responsable, porque lo corrió desde atrás y le hizo una falta.

Para el juez Civil, las pruebas demostraron que fue «un accionar excesivo que violó las reglas del deporte. Aplicó un golpe de codo sobre el rostro del actor y el mismo no obedeció a un movimiento involuntario ni a un choque casual; tampoco se produjo por haber sido el actor quien chocó contra el demandado; las testimoniales me llevan al convencimiento de que, en la jugada, encontrándose el demandado de espaldas, pudo percibir que se acercaba el actor y lanzó el codazo con la intención de golpearlo sin disputar la pelota, tal como sostuvieron los testigos», recalcó el fallo.

«Tal acción constituye sin dudas una conducta gravemente culposa, que se aparta notoriamente de las reglas del juego y que no guarda ninguna relación con el mismo. Por tal motivo es que considero que existe en el caso responsabilidad subjetiva por culpa grave del demandado», concluyó.

En cuanto al organizador, el juez lo condenó por su «responsabilidad objetiva. El partido de fútbol resulta ser una actividad riesgosa por las circunstancias de su realización, postura que también ha sido recibida por la Ley N° 24.192 de Espectáculos Deportivos, que consagra la responsabilidad del organizador por los daños sufridos por los participantes del partido», argumentó el juez.

Y agregó que el autor del codazo no fue «un tercero ajeno» al torno que lo eximiría de responsabilidad, sino que fue un participante oficialmente registrado en el torneo, quien al igual que la víctima había pagado su inscripción.

En cuanto a las aseguradoras, tanto la contratada por el torneo como el seguro personal del jugador herido deberán cubrir la indemnización, hasta el límite de cada póliza, porque las dos empresas demoraron más de 30 días en informar al asegurado si atenderían o no el siniestro. Esa demora, según la Ley de Seguros, debe interpretarse como una aceptación de cobertura

Ayer (06/11) a la mañana, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un nuevo hombre por el delito de estafa. De esta manera, son tres las personas que estarían implicadas en la comisión del hecho, las cuales están identificadas y acusadas.

Según la acusación, los imputados «habrían transferido dinero perteneciente a la empresa damnificada a diversas cuentas, causando un desapoderamiento económico, utilizando una técnica informática que altera el normal funcionamiento de los aparatos electrónicos y produciendo una lesión patrimonial», explicó la Fiscalía.

Cabe mencionar que tras la celeridad aplicada en la investigación, la colaboración de los organismos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, como también de los exhortos de bloqueos de cuentas, la víctima logró recuperar el monto denunciado.

Entre la evidencia recolectada hasta el momento se encuentran el acta de denuncia penal, el informe del banco donde fue enviado el dinero y la titularidad de la cuenta. La intervención oportuna de la Oficina de Informática Y Telecomunicaciónes (OITEL), como también la participación en la investigación y detención de los imputados de la División de Ciberdelitos Financieros de la Ciudad de Buenos Aires.

El Ministerio Público Fiscal también cuenta con los datos bancarios informados por Nosis, el resultado de los allanamientos realizados en las empresas financieras, domicilios particulares, los secuestros de equipos.

La querella adhirió al pedido fiscal, y las defensas particulares, por su parte, no se opusieron a la formulación de cargos.

De esta manera, la jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos y resolvió que los tres imputados deben presentarse personalmente para garantizar que estén sujetos a derecho, así mismo uno de ellos presentó una caución real.