Judiciales
Gatti seguirá libre pero deberá usar tobillera electrónica
Será hasta que quede firme el fallo que lo condenó a 6 años de prisión.
Se desarrolló hoy (16/12) una nueva audiencia, solicitada por la acusación, respecto de las medidas cautelares que debe cumplir el periodista Emiliano Gatti, condenado a la pena de 6 años por tenencia y facilitación de imágenes de abuso sexual infantil.
«Con el objetivo de asegurar el fin del proceso, es que insistimos en que las medidas cautelares vigentes resultan insuficientes, más aún en el estadio en el que nos encontramos», comenzó su intervención la fiscal jefe. «El 5 de diciembre pasado, el Tribunal de Impugnación provincial, tras nuestra solicitud, confirmó la sentencia, que consiste en una pena de prisión alta y de cumplimiento efectivo», explicó.
«Por ello, teniendo presente lo que el legislador rionegrino nos acerca, es que el Artículo 109 no exige pruebas, pero si da pautas. En este caso, esas pautas nos llevan a solicitar la prisión preventiva teniendo presente que -dicho por el mismo condenado-, cuenta con contactos a raíz de haber trabajado en su fundación, actualmente vive por fuera de los límites de esta provincia, y no hemos podido confirmar sus fuentes de ingresos», argumentó el Ministerio Público Fiscal.
«No sabemos nada de su vida personal, no se sabe dónde trabaja, y cuál es esa ‘changa’ que ha realizado para mantenerse durante todo este proceso. Todo lo explicitado nos permite suponer que se podría ocultar y evadirse del accionar de la justicia», agregó la Fiscalía.
«En el momento procesal en el que nos encontramos, podemos traer a colación el criterio que se aplicó en el caso Bernardini, donde se recuperaron indicios, trayectorias de los contactos, medios económicos que fueron acreditados, la magnitud de la pena. No perdemos de vista que cuánto más grave sea la pena mayor posibilidad existe que el condenado pueda eludirse», dijo la representante fiscal.
«Lo mismo ocurrió en el precedente Narváez, se trataba en particular de una sentencia no firme y donde se había solicitado la prisión preventiva. En ese caso, el Superior Tribunal de Justicia recordó que el ánimo de la persona condenada puede verse afectada que ya sabe que debe esperar la firmeza de la condena que paso tras paso la misma será de encierro», reafirmó el Ministerio Público Fiscal.
«A medida que avanza el proceso y teniendo en cuenta que la gravedad de la condena afecta el ánimo de la persona. Estamos frente a un elemento objetivo concreto, lejos de ir diluyéndose va tomando cada vez más fuerza a través de la confirmación de la condena por cada Tribunal, por eso esta fiscalía sigue insistiendo que las medidas actuales son insuficientes, y solicitamos que la prisión preventiva sea dictada hasta la firmeza del fallo», concluyó la fiscal jefe.
La querella, a su turno, dijo que «el condenado tiene amplias posibilidades de darse a la fuga, nos preocupa su domicilio actual, nos preocupa que con el conocimiento que tiene pueda sustraerse del accionar de la justicia».
Por su parte, la defensa particular propuso cuatro medidas alternativas, en primera instancia que su asistido siga viviendo en Bahía Blanca utilizando tobillera electrónica, la otra fue que en esa ciudad bonaerense cumple con la preventiva en modalidad domiciliaria, la tercera opción que ofrecieron fue que el imputado se mude a General Roca, se le coloque un dispositivo electrónico y que además realice presentaciones personales en fiscalía. Como última opción propusieron la prisión preventiva en modalidad domiciliaria con uso de tobillera en Roca.
La Fiscalía y la querella se opusieron a esto, e insistieron en la prisión preventiva.
Finalmente, el Tribunal interviniente resolvió que no se acreditó que la prisión preventiva sea indispensable en este momento pero que sí resulta necesario agravar las medidas cautelares que estaban vigentes hasta ahora.
De esta manera, el Tribunal por unanimidad ordenó que el imputado deberá cumplir en Bahía Blanca dos presentaciones diarias en la comisaría de su domicilio, una por la mañana y una por la tarde. Además, dispuso que se le coloque en el día de hoy (16/12) una tobillera electrónica que va a monitorear su viaje de regreso desde General Roca hasta Bahía Blanca y que desde su llegada a esa ciudad en adelante verificará que el imputado no salga fuera de los límites del ejido urbano.
Judiciales
Tras más de un año de espera, el STJ ordenó asegurar insumos para una operación
El paciente del Alto Valle necesitaba material quirúrgico para una intervención en el hombro izquierdo.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ratificó la obligación de una obra social de garantizar insumos médicos para una cirugía, al considerar que la demora administrativa vulneraba el derecho a la salud del afiliado.
El caso se originó tras la presentación de un amparo por parte de un vecino del Alto Valle que necesitaba material quirúrgico específico para una intervención en su hombro izquierdo. Ante la falta de respuesta efectiva, la Justicia de primera instancia ordenó a la obra social cumplir con la provisión.
El organismo apeló argumentando que los procesos de contratación habían quedado desiertos y que no existía una situación de urgencia extrema. También sostuvo que debía ajustarse al régimen de contrataciones del Estado provincial.
No obstante, el STJ entendió que el tiempo insumido -más de un año sin resolución definitiva- resultaba irrazonable. Además, destacó que el certificado médico indicaba carácter urgente y advertía sobre la posible progresión de la lesión si no se intervenía quirúrgicamente.
La sentencia confirmada refuerza el criterio de que, frente a demoras que afectan prestaciones médicas esenciales, el amparo constituye una herramienta válida para garantizar derechos fundamentales.
Judiciales
Compraron un terreno, no recibieron la escritura y la Justicia condenó a una inmobiliaria de Roca
La pareja no pudo acceder a créditos hipotecarios por falta de documentación.
Una pareja de General Roca que había adquirido un terreno con la ilusión de construir su vivienda propia obtuvo un fallo favorable en la Justicia luego de años de espera sin recibir la escritura correspondiente.
El proyecto, promocionado en redes sociales, prometía terrenos con servicios y la entrega de la escritura en un plazo de 24 meses. Los compradores firmaron el boleto de compraventa y abonaron la totalidad de las cuotas acordadas.
Sin embargo, el tiempo transcurrió y las obras no avanzaron como estaba previsto. La falta de la escritura traslativa de dominio les impidió gestionar créditos hipotecarios como el Procrear o los préstamos UVA, herramientas fundamentales para iniciar la construcción. Mientras tanto, el loteo continuaba sin contar con la totalidad de los servicios básicos y la pareja debió seguir pagando alquiler.
El fuero Civil de Roca condenó a las vendedoras y a la inmobiliaria interviniente a otorgar la escritura y a abonar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. El monto fijado contempla los gastos de alquiler afrontados durante la demora y la pérdida de la oportunidad de acceder a financiamiento bancario.
En el análisis del caso, la jueza tuvo por acreditada la autenticidad del boleto, las comunicaciones intercambiadas y las publicaciones en redes sociales que promocionaban el loteo. Una pericia informática confirmó que el perfil comercial pertenecía a la inmobiliaria y que las ofertas seguían visibles al momento del proceso. Además, se verificó que la inscripción formal como martillera se concretó con posterioridad a la publicidad y a la firma del contrato.
El Tribunal encuadró la relación bajo la Ley de Defensa del Consumidor y rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la firma, al considerar que intervino en la operatoria y recibió pagos sin acreditar debidamente su desvinculación. También señaló que no contaba con habilitación municipal al momento de los hechos.
Respecto del incumplimiento, la sentencia destacó que el contrato fijaba un plazo de 24 meses para ejecutar los servicios y otorgar la escritura. La prueba informativa reveló que el plano de mensura no contaba con aprobación definitiva y que no existía constancia del inicio del expediente ante Catastro. Si bien se informaron avances en redes sanitarias, el empalme no se había concretado por falta de documentación.
La jueza concluyó que el incumplimiento persistía y consideró acreditada la pérdida de chance por la imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios, dado que la escritura era un requisito esencial. También reconoció el daño extrapatrimonial, al entender que la frustración del proyecto de vivienda propia y la vulneración del deber de información y trato digno generaron una afectación concreta en la pareja.
Finalmente, descartó que la pandemia pudiera justificar la demora, ya que el plazo contractual había vencido con anterioridad al inicio de la emergencia sanitaria.
Judiciales
Acordaron casi todo en el divorcio, pero el padre retuvo los pasaportes de sus hijos hasta que les prohibieran la salida del país
Conocé qué resolvió la Justicia.
Aunque el divorcio se presentó con un acuerdo integral sobre alimentos y cuidado compartido, la discusión se desplazó hacia un punto inesperado: la entrega de los pasaportes de los hijos. El padre condicionó la entrega de los documentos a una prohibición judicial de salida del país ante el temor de que la madre se radicara en Chile.
El matrimonio, celebrado en España y con dos hijos menores de edad que también poseen ciudadanía española, había logrado ordenar casi todos los aspectos de la separación. En el convenio regulador fijaron la cuota alimentaria, el sistema de cuidado personal compartido y el régimen de comunicación. Incluso acordaron resolver en forma privada la liquidación de bienes. Sin embargo, en una de las cláusulas que dispuso el progenitor se estableció que los pasaportes serían entregados solo si antes una jueza dictaba una medida que impidiera a los niños salir de la Argentina.
La madre objetó esa condición cuando respondió la demanda de divorcio. Sostuvo que necesitaba contar con la documentación de sus hijos y que no existía ninguna orden judicial que justificara la retención. La Defensoría de Menores también cuestionó el punto y advirtió que la cláusula afectaba el derecho de los chicos a su documentación y a su identidad.
La jueza de Familia de Bariloche que intervino en el proceso decretó el divorcio, homologó el acuerdo en lo relativo a alimentos y cuidado, pero marcó un límite: si el padre pretendía una prohibición de salida del país, debía promover el trámite correspondiente. Mientras tanto, ordenó la entrega de los pasaportes en el plazo de tres días.
El padre apeló la decisión y sostuvo que el riesgo era concreto, ya que la madre gestionaba una autorización para radicarse en Chile. Con el recurso concedido con efecto suspensivo, la entrega quedó en pausa y el conflicto se trasladó a un nuevo expediente.
La madre inició una medida cautelar autónoma y denunció que los documentos permanecían retenidos. Señaló además que el padre trabaja en Europa con estadías prolongadas fuera del país, lo que dejaba a los niños sin documentación ante cualquier urgencia.
En ese trámite, el hombre finalmente presentó los pasaportes ante el juzgado y pidió que no fueran entregados hasta que se resolviera la prohibición de salida. Los documentos quedaron bajo resguardo judicial mientras avanzaban en paralelo el recurso en la Cámara de Apelaciones y un pedido de autorización para el eventual cambio de residencia de los chicos.
La Cámara cerró el debate principal. Señaló que ninguna cláusula acordada entre las partes puede obligar a un juez a dictar una medida cautelar y que la procedencia de una prohibición de salida depende de la evaluación judicial de sus requisitos legales. También remarcó que la documentación de los niños no puede quedar supeditada a un acuerdo condicionado a una decisión futura.
Con esos fundamentos, confirmó la orden de entrega y dejó en claro que cualquier restricción para salir del país deberá tramitarse en el expediente específico. La medida de prohibición aún no cuenta con una resolución definitiva y deberá resolverse junto con el planteo sobre el eventual cambio de radicación de los niños a Chile, que continúa en trámite.
