La Justicia de General Roca investiga un caso que ha generado una profunda alarma en el sistema sanitario regional. La Fiscalía solicitó la imposición de estrictas medidas cautelares para resguardar la investigación iniciada tras una denuncia del Ministerio de Salud de Río Negro contra una mujer que ejerció la medicina de manera ilegal. Según el equipo fiscal, los hechos se habrían extendido desde el año 2020 hasta el pasado 3 de marzo, momento en que se le retiró la matrícula y fue desvinculada de una clínica privada de la ciudad.

De acuerdo a la descripción de la fiscal del caso, la mujer habría iniciado trámites de convalidación de un título de «médica cirujana» presuntamente expedido por la Universidad de Los Andes de Venezuela, el cual sería apócrifo. Con esa documentación, logró insertarse en el mercado laboral local, desempeñándose nada menos que en el área de terapia intensiva de la Clínica Roca, en los consultorios de CIROM como médica clínica, en el Hospital de General Roca y presuntamente también en el Sanatorio Juan XXIII.

En virtud de la gravedad del engaño, la Fiscalía le atribuyó provisoriamente cinco delitos: ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, falsificación de documento público, uso de documento público falso y defraudación agravada contra la administración pública.

En los allanamientos realizados en su domicilio y el de un familiar, se secuestraron sellos, títulos, recetarios, medicación y dispositivos electrónicos que ahora están siendo sometidos a pericias.

Al momento de solicitar las cautelares, la Fiscalía invocó un claro riesgo procesal de fuga. Se argumentó que, tras seis años de ejercicio ilegal, la mujer ostenta una solvencia económica considerable. Entre los bienes detectados y requisados figura una camioneta Fiat Toro automática y una vivienda propia.

Además, el hallazgo de pasaportes de la imputada y su grupo familiar reforzó la necesidad de asegurar su permanencia en la ciudad mediante el uso de una tobillera de control satelital por un plazo de seis meses.

Finalmente, la jueza interviniente resolvió hacer lugar a la mayoría de las peticiones del Ministerio Público Fiscal. Además del dispositivo electrónico, se dispuso la prohibición de salida del país y la inhibición general de bienes, afectando tanto al inmueble como al vehículo. «Usted debe cumplir con todas estas medidas para no perder su libertad», sentenció la magistrada, subrayando que, aunque rige la presunción de inocencia, el Código Procesal habilita estas restricciones ante el avance de una investigación de tal magnitud.

Personal de la Comisaría 48º de Mosconi detuvo a dos jóvenes, de 22 y 23 años, acusados de sustraer frutas y verduras de una chacra ubicada en la zona rural. La intervención policial se produjo durante las últimas horas, luego de que el propietario del predio alertara telefónicamente a la unidad policial sobre la presencia de personas desconocidas en actitud sospechosa dentro de su propiedad, lo que motivó el inmediato desplazamiento de un patrullero hacia el sector indicado.

Al llegar al lugar de los hechos, los efectivos policiales se encontraron con una escena particular: el denunciante y dueño del establecimiento ya había logrado reducir por sus propios medios a los dos sospechosos. El propietario actuó con rapidez al notar que los sujetos estaban violentando la seguridad de su producción para llevarse mercadería del lugar.

Tras la identificación de los individuos, el personal policial procedió a la requisa, encontrando entre las pertenencias de los jóvenes varios elementos y productos frutihortícolas que habían sido sustraídos minutos antes de la chacra. Ante la evidencia fehaciente, ambos sujetos fueron detenidos y trasladados a los asientos de la Comisaría 48º para quedar bajo custodia policial.

En el sitio del suceso también se hizo presente el personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las diligencias periciales correspondientes y se encargaron de levantar rastros, realizar fijaciones fotográficas y documentar la situación para asegurar que la evidencia recolectada tenga validez dentro del proceso judicial que se les iniciará a los jóvenes.

La Fiscalía de turno, al ser informada sobre los pormenores del procedimiento, dispuso que los jóvenes ingresen a la unidad policial en calidad de detenidos bajo la carátula de delito de hurto. Actualmente, ambos permanecen alojados a disposición de la Justicia mientras se continúan las actuaciones administrativas y se esperan nuevas directivas para la formulación de cargos.

Personal de la Subcomisaría 67º de Stefenelli procedió a la detención de un hombre de 23 años que contaba con un pedido de captura vigente mientras circulaba por las calles de la localidad.

La intervención policial se originó a partir de un llamado de alerta proveniente de un establecimiento educativo de la zona, donde las autoridades escolares advirtieron sobre la presencia de una persona en actitud sospechosa merodeando el sector donde los alumnos dejan sus bicicletas.

Ante el aviso, los efectivos se desplazaron rápidamente hacia el lugar y, tras realizar una recorrida por las inmediaciones, lograron visualizar al joven caminando por la transitada calle Vintter. Según informaron fuentes policiales, al notar la proximidad del patrullero, el sujeto mostró una evidente actitud evasiva e intentó alejarse del lugar, lo que motivó su inmediata interceptación para realizar la identificación de rutina.

Al ingresar los datos personales del individuo en el sistema policial, los uniformados confirmaron que sobre él pesaba una orden de captura emitida por el Juzgado de Ejecución Penal N° 10 de General Roca. Inmediatamente, el joven fue aprehendido y trasladado a los asientos de la Subcomisaría local, donde quedó alojado en calidad de detenido a disposición de la magistratura interviniente para regularizar su situación procesal.

En el marco del procedimiento, se dio intervención a la Fiscalía de turno, desde donde se notificó formalmente al Juzgado de Ejecución N° 10 para coordinar los pasos a seguir. La magistratura dispuso que se gestionen los trámites necesarios para el traslado del detenido, con el fin de llevar adelante la audiencia judicial correspondiente en las próximas horas.