Judiciales
Constructora tardó en levantar la casa: Deberá pagarle una indemnización y el alquiler a la pareja que la contrató
Aunque el plazo de ejecución era breve, la entrega se demoró injustificadamente y, cuando finalmente se concretó el montaje, la vivienda no reunía condiciones mínimas de habitabilidad.
Una pareja soñaba con tener su propia casa. Para ello, invirtieron sus ahorros, vendieron su auto y contrataron a una empresa de viviendas industrializadas. Sin embargo, no resultó como esperaban: debido a demoras y fallas estructurales tuvieron que seguir pagando el alquiler durante mucho tiempo. Un fallo ordenó una indemnización.
La empresa había recibido como forma de pago un vehículo y se había comprometido a construir una casa de 42 metros cuadrados. Aunque el plazo de ejecución era breve, la entrega se demoró injustificadamente y, cuando finalmente se concretó el montaje, la vivienda no reunía condiciones mínimas de habitabilidad.
Según se acreditó en el expediente, las personas damnificadas tuvieron que destinar a gastos de alquiler el dinero que habían previsto para otros aspectos esenciales de su nueva vivienda, como la compra e instalación de un sistema de tratamiento de residuos cloacales.
Esta situación, según la sentencia, generó un perjuicio económico directo y también afectó emocionalmente a los compradores, quienes atravesaron un proceso de frustración, incertidumbre y angustia al ver que su proyecto de vivienda propia se dilataba por razones ajenas a su voluntad.
Los peritajes técnicos realizados durante el proceso judicial confirmaron que la construcción presentaba filtraciones en puertas y ventanas, fisuras en el revestimiento exterior, ausencia de aislación térmica e hidrófuga, rejas mal escuadradas y el uso de materiales inadecuados para ambientes húmedos, especialmente en el baño.
El informe profesional concluyó que era necesario rehacer varias partes de la vivienda para que esta pudiera ser utilizada en condiciones normales. A esto se sumó el hecho de que los propios compradores debieron encargarse de trabajos que eran responsabilidad de la empresa, como la nivelación interior, la pintura, y hasta la colocación de selladores en aberturas que no cerraban correctamente.
El fallo judicial ordenó a la constructora a pagar una suma en concepto de daño moral, en reconocimiento al sufrimiento emocional y a la desilusión generada por el incumplimiento. También impuso una indemnización por daño punitivo, como castigo ante la conducta negligente de la empresa, y exigió la reparación integral de todas las fallas detectadas. Además, la justicia ordenó que se reintegren los gastos de alquiler asumidos por los compradores desde el momento en que debió haberse entregado la vivienda.
El Tribunal enmarcó su decisión en la Ley de Defensa del Consumidor y en el principio de responsabilidad objetiva que rige en este tipo de relaciones contractuales. Subrayó que no sólo hubo un incumplimiento técnico, sino una actitud de desidia por parte de la empresa constructora Dimago, que actuó con una falta de diligencia incompatible con sus obligaciones como prestadora de servicios. Por eso, consideró justificada la aplicación de una sanción ejemplar que refuerce la protección de los derechos de las y los consumidores, reconocida incluso a nivel constitucional.
Judiciales
Se endeudó para llegara a fin de mes: Ordenan limitar el porcentaje de descuentos de mutuales y financieras a una docente roquense
Los descuentos de mutuales y financieras alcanzaron el 90 % de su salario.
Una mujer solicitó varios préstamos personales. Es docente, madre de una niña, y no recibe ayuda económica del padre de la chica. No tiene vivienda propia, por lo que paga un alquiler cada mes. Los descuentos de mutuales y financieras alcanzaron el 90 % de su salario.
El fuero Laboral de Roca hizo lugar a la medida cautelar autosatisfactiva solicitada por la mujer. Ordenó al empleador establecer un límite del 33% para las deducciones salariales. El Tribunal consideró el principio de no confiscatoriedad y el carácter alimentario del salario.
En su presentación, la mujer afirmó que no logró sostener su economía familiar. Además de su jornada laboral, asumió horas extras. También trabaja en limpieza de viviendas y, durante los feriados, elabora comidas que vende en ferias.
En la presentación la docente alegó que los descuentos violaban su derecho a una retribución justa y al carácter alimentario del salario. Además mencionó que en los últimos meses sólo percibió el concepto de asignación familiar.
El organismo empleador señaló que los préstamos fueron tomados voluntariamente por la mujer y que la Provincia solo actúa como ejecutora de los descuentos.
La jueza sostuvo que el caso cumple con los requisitos para admitir una medida autosatisfactiva: urgencia, daño irreparable y existencia de un derecho evidente.
El Tribunal concluyó que los descuentos resultan confiscatorios e irrazonables, y que dejan a la trabajadora sin medios para sostenerse a sí misma y a su hija. Señaló que, aunque no exista una norma provincial vigente, sí hay normas nacionales y principios constitucionales que establecen límites a la deducción del salario.
Judiciales
El padre falleció antes de reconocer a la niña: Se estableció la filiación por una prueba genética de los abuelos
El resultado marcó un 99,99% de probabilidad de que la niña fuese hija biológica del hombre.
Una mujer inició una demanda de filiación post mortem. Mantuvo una relación sentimental con el padre de sus hijos, pero el hombre falleció antes del nacimiento de su segunda hija. El primer hijo fue reconocido por el padre; sin embargo, la niña no obtuvo ese reconocimiento biológico.
La mujer solicitó el reconocimiento de la filiación de su hija y requirió la realización de una prueba genética con los abuelos paternos.
La jueza de Familia de Villa Regina hizo lugar a la demanda y estableció judicialmente la filiación entre los hermanos. Ambos niños pasarán a tener el mismo apellido. También se ordenó la inscripción correspondiente en el Registro Civil.
Del análisis de la pericia genética se concluyó que existía un 99,99% de probabilidad de que la niña fuese hija biológica del hombre fallecido. Resultó relevante también el testimonio de la mujer, quien declaró que la pareja reconocía a la niña por nacer como su hija.
Durante el proceso se designaron defensores de menores tanto para la niña como para el niño. Se ordenaron extracciones de ADN, efectuadas por el Cuerpo de Investigación Forense, y se realizaron diversas audiencias.
La sentencia se enfocó en el interés superior de la niña y en preservar su verdad biológica. También reafirma el valor probatorio de los análisis genéticos en juicios de filiación.
«El caudal probatorio que aporta la prueba biológica en las acciones de filiación es altamente significativo, y dada la probabilidad alcanzada en el presente caso, resulta razonable la procedencia del reclamo de filiación», concluyó la jueza.
Judiciales
¿Que consulta la gente cuando llega al Poder Judicial de Río Negro?
En Roca la mayoría de las consultas estuvo relacionada con casos de violencia familiar y de género.
¿Dónde acuden las y los rionegrinos cuando necesitan información sobre como iniciar un trámite judicial o resolver un conflicto en su comunidad? La respuesta está en las Oficinas de Atención a las Personas, espacios del Poder Judicial que en el primer semestre de 2025 recibieron 2.383 consultas en toda la provincia. Los datos surgen del Informe Estadístico del primer semestre de 2025, elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
La oficina de Viedma atendió 591 consultas, la de Roca 700, la de Bariloche 593 y la circunscripción que reúne Cipolletti y Cinco Saltos concentró 499. Estos números evidencian la importancia de los espacios de atención primaria que reciben de manera directa las inquietudes de la ciudadanía. La Corte Suprema mide periódicamente estos mecanismos de acceso a Justicia y mantiene a Río Negro entre los primeros puestos de ese monitoreo.
En Viedma predominó la demanda de información vinculada a trámites judiciales. En Roca la mayoría de las consultas estuvo relacionada con casos de violencia familiar y de género. En Bariloche se destacaron los planteos vinculados a garantías constitucionales y en Cipolletti junto con Cinco Saltos se concentraron principalmente los reclamos en materia de salud.
De esta forma, las Oficinas de Atención a las Personas consolidan su función como espacios de cercanía en toda la provincia, con un perfil de demandas que varía en cada ciudad pero con un mismo objetivo: garantizar a la ciudadanía un acceso rápido y confiable al Poder Judicial de Río Negro.
