El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, encabezó ayer (24/07) el encuentro de la Mesa de Salud provincial, que contó con la participación de los referentes de los gremios Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Asociación de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR), con quienes se avanzó en dos temas centrales: el Plan de desarrollo de seguridad sanitaria y el horario extraordinario de los agentes de salud pública.

En el encuentro estuvo presente la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, y representantes del Ministerio de Seguridad y Justicia, quienes informaron a los gremios el plan de desarrollo de seguridad sanitaria en general, tanto en relación con los empleados de los hospitales de la provincia como con los pacientes.

Se trata de un trabajo conjunto entre la cartera de seguridad y la de salud están trabajando con el objetivo de elaborar los protocolos de seguridad, ante los hechos de inseguridad que se registran en los hospitales de la provincia, como en todo el país.

El plan constará de dos etapas: la primera, que trabaje en los hábitos de seguridad, y la segunda etapa, con la implementación de tecnología mediante la instalación de cámaras, proyectando que la implementación se inicie en los hospitales del Alto Valle, para posteriormente trasladarlo al resto de los nosocomios.

En tanto que los gremios llevaron a la mesa de diálogo el horario extraordinario de los agentes de salud pública del organismo central, que las autoridades provinciales de salud determinaron el reordenamiento y readecuar a partir del mes de septiembre próximo, tal como lo expresó el ministro Thalasselis.

ATE y ASSPUR se declararon en estado de alerta y asamblea permanente en todos los hospitales

ATE valoró la Mesa de Salud a la que fue convocada ayer, pero se declaró en libertad de acciones y podría avanzar con medidas de fuerzas debido a la falta de respuestas concretas a las demandas de los trabajadores. Además, exigió el urgente llamado a paritarias.

«Venimos desde abril participando en las mesas de salud, donde, si bien hubo avances, todavía no se resuelven las demandas planteadas, como la solicitud para que se apliquen los aumentos de las guardias en la 1904 junto con los aumentos de sueldo, ya sea por porcentaje o por suma fija, y la actualización del valor de la 7° y 8° hora de la Ley 1844, así también la creación del pago de las jefaturas», señaló Carolina Suarez, referente del sindicato en el sector y destalló que, con cada paritaria tendría que reflejarse el aumento.

«Demandamos, además, que se ponga una fecha para la paritaria de manera urgente, para que actúe el aumento de los ítems: necesitamos ya un incremento en nuestros salarios», continuó.

Por su parte, desde ASSPUR indicaron que «una vez más, en la Mesa de Salud no logró avanzar en los temas acordados».

Agregaron que «Thalasselis fue tajante, declaró que la eliminación de las horas extras es una decisión tomada, sin posibilidad de marcha atrás. Como justificación, afirmó que los trabajadores no las realizaban y, aún más grave, que no cumplen con la jornada laboral establecida».

«Desde nuestro lugar, rechazamos enérgicamente estas afirmaciones, cuya veracidad no nos consta, y consideramos que configuran un grave desconocimiento del compromiso cotidiano del personal de salud. Hacemos responsable al ministro y al Gobierno Provincial por las medidas adoptadas y por las consecuencias que deriven de esta decisión», indicaron.

«Exigimos respuestas urgentes para resolver el salario de los trabajadores, el pago de guardias y horas extras», sostuvieron desde ASSPUR.

«La falta estructural de recursos humanos en los efectores de salud hace imprescindible el uso del recurso extraordinario de las horas extras para garantizar la atención a la población. Negar esta realidad es desentenderse del derecho a la salud de la comunidad. Nos declaramos en estado de asamblea permanente», concluyeron.

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) resolvió lanzar una serie de protestas y cortes de rutas en distintos puntos del país, ante la falta de acuerdo en la paritaria nacional del sector. El gremio denunció que las propuestas salariales ofrecidas por las patronales agropecuarias están por debajo de la línea de pobreza y calificó la situación como «insostenible».

El conflicto se agravó este miércoles (23/07), cuando debía llevarse a cabo una nueva audiencia en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). Sin embargo, los representantes de las entidades empresarias no se presentaron. «Fue la señal definitiva de que no hay voluntad real de negociar», señalaron desde el gremio.

La primera oferta salarial ya había sido rechazada de plano por UATRE. Según denunciaron, la propuesta incluía un 0% de aumento para junio, 1% para julio y otro 1% para agosto, más un bono no remunerativo de apenas $8.000. «Pretenden imponer aumentos miserables que ni siquiera alcanzan para cubrir la canasta básica», expresó el secretario general del gremio, José Voytenco.

La medida de fuerza se replicará en varias regiones productivas, incluido el Alto Valle, donde UATRE cuenta con fuerte presencia. Desde el sindicato advirtieron que el conflicto podría escalar si no hay una propuesta seria por parte del sector empresario. «No vamos a aceptar que se consolide la pobreza del trabajador rural», concluyó Voytenco. Además de Río Negro y Neuquén, las principales movilizaciones se realizarán en Entre Ríos, Villa María (Córdoba), Salta y Jujuy.

La Comisión Nacional de Trabajo Agrario está conformada por funcionarios del Estado, Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria (FAA) y Coninagro por la parte patronal, y la UATRE en representación de los trabajadores.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la oferta del Gobierno en la paritaria de la Administración Pública Nacional que consiste en un aumento de 7,5% en seis tramos. «Es una oferta miserable, inaceptable después de meses de congelamiento salarial», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

«Este Gobierno es el peor pagador de salarios de la historia. La propuesta ni siquiera contempla la compensación del poder adquisitivo perdido en el periodo anterior. Este es un acuerdo que condena a la indigencia a la mitad de los estatales, y a la pobreza a casi la totalidad. Además, los bonos ofrecidos son irrisorios y una extorsión porque no forman parte del salario y desaparecen en cualquier momento», apuntó el dirigente de ATE.

Los aumentos serán acumulativos y consisten en 1,3% para junio, 1,3% en julio, 1,3% en agosto, 1,2% en septiembre, 1,1% en octubre, y 1,1% en noviembre que, al ser acumulativos. También se otorgará en junio, julio y agosto una suma fija por única vez de $25.000 para cada mes, mientras que en septiembre, octubre y noviembre la suma será de $20.000.

En referencia al ofrecimiento semestral, el secretario general de ATE evaluó que «es llamativo el cambio de estrategia. Un Gobierno que venía discutiendo incrementos mensuales, ahora lo propone por seis meses. Nos vuelven a joder porque ponen en evidencia que después de octubre se viene una nueva devaluación que terminará de destruir todos los ingresos en el sector público. Si tenemos en cuenta la inflación proyectada a diciembre, incluso sin un corrimiento del tipo de cambio, esta propuesta semestral es menos de la mitad».

«Sigue siendo inentendible que exista otro sindicato que acepte semejante recorte en los sueldos de los empleados públicos. Creo que a la próxima negociación no nos va a convocar Julio Cordero, sino Andrés Rodríguez. A esta altura, forman parte de la patronal’, señaló Aguiar. Cabe destacar que el otro sindicato participante de la paritaria del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, UPCN, aceptó la oferta y los aumentos tendrán impacto en los próximos haberes de la Administración Pública Nacional.

«Sin dudas que el Gobierno apuesta al conflicto, y el conflicto va a aumentar en todo el Estado. No nos vamos a resignar a que nuestros salarios sean destrozados», concluyó Aguiar.

Durante el período paritario anterior (que comprende desde junio del 2024 hasta mayo del 2025), el aumento salarial para los empleados públicos fue de 20,8%, mientras que la inflación en ese lapso fue de 43,5%. Es decir, una diferencia del 22,7%.